Cumplidos ya 6 años
de crisis, la pobreza en España ha llegado a niveles intolerables: uno de cada tres españoles sufren problemas
de exclusión y 5 millones son pobres
marginales, según el último Informe Foessa. Y tenemos 2.306.000 niños pobres, según Unicef. Frente a este panorama, el Gobierno Rajoy ha congelado el gasto en
servicios sociales para 2015, tras haberlo recortado un 15% desde 2012. Y
eso, aunque 8,3 millones de españoles
acuden a los servicios sociales municipales
a pedir ayuda, desde ropa, medicinas o comida a un techo, un subsidio o un empleo. Y las
ONGs privadas están colapsadas y sin medios: Cáritas atiende ya a 2,5 millones de españoles. La situación va a empeorar por la reforma impuesta a los Ayuntamientos,
que dejaran de prestar la mayoría de los servicios sociales a finales de 2015.
Y porque Montoro fuerza a las autonomías
a más recortes este año y en 2015. La situación es insostenible: la pobreza necesita atención urgente ya.
enrique ortega |
Uno de cada cinco
españoles está en situación de pobreza,
según los datos oficiales del INE
(2013). Son 9.500.000 españoles (un
20,4% de la población) que se consideran “en el umbral de la pobreza”, porque ingresan menos del 60% que la media:
menos de 8.114 euros al año los solteros y
por debajo de 17.040 euros anuales
las familias con dos hijos. Son sobre todo familias con varios hijos, mujeres solas con hijos, inmigrantes,
jóvenes sin trabajo y ancianos. Y cinco autonomías tienen muchos más pobres que la media de España : Ceuta (40,8% de la población), Castilla la Mancha (31,3%), Extremadura (30,9%), Andalucía (29,1%) y Canarias (28,4%).
Para las estadísticas
europeas, en España hay aún más pobres,
hasta 12.700.000 españoles (un 27,3%
de la población), según el indicador
europeo AROPE (Eurostat), que incluye
tres conceptos: unos ingresos de pobreza
(el indicador del INE), la carencia
material severa (no comer carne o pescado cada 2 días, baja temperatura
vivienda, retraso pagos, no vacaciones…) y los
hogares con poco empleo o ninguno. Con ello, somos el
9º país europeo con más pobres, tras Grecia (34,6%), Italia (29,9%) y
seis países del Este. Y destacamos aún más en pobreza infantil: el 33,8% de los
menores de 17 años, 2.306.000 niños
pobres, según
UNICEF, el segundo país de Europa con más pobreza infantil, tras Rumanía.
Hay otras estadísticas
privadas aún más dramáticas. Así, el último informe
Foessa revela que sólo un tercio
de los españoles vive sin problemas económicos y que de los dos tercios
restantes, un 40,6 % se va hundiendo en
la precariedad y el 24,2% restante sufre ya una exclusión moderada, lo que
afecta a 11.746.000
españoles con problemas económicos (tres cuartas partes de empleo, dos
tercios de vivienda y la mitad de salud y medicamentos). Y de ellos, 5
millones se encuentran en situación de exclusión severa, en un mayor o
menor grado de pobreza. Y son ya 3
millones los españoles con pobreza severa, según Cáritas.
Hay tres colectivos
que conforman la nueva pobreza en España hoy. El que peor está, los parados
que no cobran ninguna ayuda, 3.036.557
en septiembre, un 56% del paro EPA, según datos
de Empleo. El segundo, los trabajadores
pobres, que tienen empleo pero ganan
el salario mínimo (645 euros) o menos, 2,2 millones de ocupados (un 13,4%
de todos los trabajadores), según
datos del INE. Y el tercer grupo,
los pensionistas que ganan menos de
600 euros al mes, 1.253.000 (1 de cada 6 pensionistas), según
los datos de octubre de la Seguridad Social. En total, 6,2 millones de españoles (y sus familias) que malviven. Pobres.
Y habría que sumar parte de los 2
millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan (los ni-nis,
un 25,79% de los jóvenes entre 15 y 29 años), los que no tienen una familia que
les acoja.
Frente a estos 7
millones de españoles pobres y sus familias, el Gobierno Rajoy ha optado
por congelar
el gasto estatal en servicios sociales para 2015 (12% del total), tras
haberlo recortado drásticamente desde 2012, como las autonomías (63% del gasto
social) y los Ayuntamientos (25% del gasto). En conjunto, las tres
administraciones públicas han reducido
el gasto social en unos 3.000 millones de euros, recortando un 15%, las
tres cuartas partes en ayudas
a la Dependencia (ancianos y
dependientes) y el resto en servicios
sociales. Estos recortes se han traducido en menos
ayudas para subsidios, comida, ropa, medicinas (842.000 personas, uno de cada tres atendidos por Cruz Roja, no pueden cubrir gastos médicos), pago de alquileres,
centros de acogida, formación y asistencia para el empleo.
Los más afectados son los servicios
sociales municipales, que han visto recortados sus ingresos (del Estado
central, autonomías y sus propios presupuestos) y su personal, habiendo perdido
unos 3.000 empleados de casi 50.000. Y con
menos medios, atienden a 8.319.000
españoles (2013), un millón y medio
más que antes de la crisis, según un documentado
informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales
(ADGSS). Y estos servicios municipales recibirán
sólo 27,41 millones del Estado en
2014, 3
euros por persona atendida,
una miseria que se mantiene para 2015. Y también se congelará la aportación de
autonomías y Ayuntamientos, mientras las ONGs
privadas no dan más de sí, con Cáritas
atendiendo a más de 2,5 millones de españoles, 600.000 más que en 2012.
El problema no son sólo los recortes y el escaso
presupuesto para atender a los españoles más pobres. Lo más grave es que la
ayuda está muy mal repartida,
con un esfuerzo muy desigual entre autonomías (que hacen el 63% del gasto
social): mientras el País Vasco gasta en servicios sociales 541,24 euros por
habitante/año en servicios sociales (306,91€
es la media de España), la Comunidad valenciana gasta menos de la mitad
(196,13 euros). Y con esta disparidad de gasto, se produce una gran
disparidad en la atención: hay 127 plazas para personas sin hogar por
100.000 habitantes en Navarra frente a 17 en Extremadura; 1 trabajador social
por 720 habitantes en Navarra frente a 1 por 7.916 habitantes en Madrid; y cobran las rentas mínimas de
inserción (cuatro veces más altas, además) 1 de cada 17 habitantes en el País
Vasco frente a 1 por cada 355 habitantes en Castilla la Mancha. Hay cientos de
ejemplos: lo malo no es sólo ser pobre sino dónde te toque serlo.
La consecuencia es que 8
autonomías suspenden en servicios sociales, según
la nota de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales: Comunidad Valenciana (0,60 puntos sobre
10), Murcia (2,10), Canarias (2,60), Galicia (2,85), Madrid
(3,70), Baleares (3,85), Andalucía (4) y Extremadura (4,15 puntos). Mala
atención social precisamente cuando cuatro de estas autonomías suspensas
son donde
más ha crecido la pobreza con la crisis, según el INE: Extremadura, Canarias, Andalucía y Comunidad
Valenciana.
Lo malo no es solo el
deterioro de la asistencia social por los recortes sino que aún
puede empeorar en el futuro, por
dos motivos. Uno, por la nueva
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013),
que trasfiere
la prestación de los servicios
sociales municipales a las autonomías (en ciudades de más de 20.000
habitantes) o a las Diputaciones (pueblos con menos de 20.000 habitantes), a partir de diciembre de 2015. Con ello,
los Ayuntamientos sólo quedarán para detectar necesidades y atender la
asistencia social más urgente. El problema es que las autonomías no tienen recursos (ni las Diputaciones), por lo que
existe el riesgo de que nadie
preste en el futuro los servicios que hoy prestan los Ayuntamientos. Y
hay otro motivo de preocupación: las autonomías aún han de recortar
gastos este año y en 2015, para recortar el déficit como ha prometido
Rajoy.
El Gobierno aprobó en diciembre de 2013 un Plan contra la
pobreza 2013-2016 que apenas contaba con recursos nuevos y sólo
aglutinaba viejas acciones en marcha en distintos Ministerios, según la crítica
de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y se retrasa la
aprobación de un subsidio para los
parados que no cobran nada, prometido
por Rajoy para octubre. Al margen de nuevas promesas ante las próximas elecciones, la lucha contra la pobreza exige un abanico de decididas actuaciones en varios
frentes. Por un lado, hay que considerar la pobreza (y la desigualdad)
como un
indicador clave de la marcha del país, como lo que crece el PIB, el
paro o el déficit público. Y hay que fortalecer
la protección social, aumentando el gasto estatal, autonómico y local (con mayores
ingresos fiscales obtenidos de los que más tienen) y destinando más ayudas
a los grupos
más desfavorecidos (los parados que no cobran, las familias con hijos,
los ancianos y los jóvenes desprotegidos, en especial los niños pobres).
Además, hay que homogeneizar la protección social, estableciendo un catálogo nacional
de ayudas y servicios sociales mínimos, para que no
dependan de donde uno viva.
Al final, queda claro que la crisis se ha cebado más
en los que menos tienen, agravando
la pobreza
y la desigualdad. España y todos nosotros tenemos la obligación
moral de ayudar a los que peor lo están pasando, para que sobrevivan
dignamente y no pierdan el tren del futuro. A más pobreza, más ayudas, no menos. Por decencia moral y social.
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