El servidor central
de los Juzgados de Sevilla se
colapsó a primeros de octubre porque ya no admitía más documentos de los casos
ERE y Formación. Es sólo un ejemplo del colapso
en la Justicia, con el 85% de los Juzgados trabajando por encima
de su capacidad y con 1.700 asuntos al año por cada juez, según un
reciente informe del CGPJ. Así pasa:
toneladas de carpetas sin informatizar, retrasos de años en las vistas y
sentencias y macro causas por corrupción
y delitos económicos que avanzan a paso lento. Un caos judicial fruto de
la falta de medios, personales y
materiales, agravado por los recortes del Gobierno Rajoy y las autonomías en
los presupuestos de Justicia, donde España
gasta la mitad que Europa. Faltan
jueces, juzgados, funcionarios, peritos y expertos, informática y una mejor
organización de la Justicia, agrupando esfuerzos. Los ciudadanos, las
empresas y toda la economía sufren una
justicia lenta, ineficaz, cara e injusta, que exige medidas urgentes.
enrique ortega |
El colapso de la
Justicia es vox populi, pero
ahora tenemos unos datos muy reveladores: 1.695 órganos judiciales, el 84,8% de todos los Juzgados tienen
una carga de trabajo superior a la que pueden asumir,
según el último
informe (2013) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo peor: 864
juzgados, casi la mitad del total (43,5%)
soportan una carga de trabajo del 150%, es decir están
sobresaturados. Son casi
todos los Juzgados de 1ª instancia
(el 95,65%), los Mercantiles (93,75%
y 45 de los 46 Juzgados de lo Social
sin ejecuciones (el 97,83%). La mayor saturación se da en los Juzgados de la
Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña, sobre todo en los Juzgados
de lo Social, por la avalancha de demandas a raíz de la reforma laboral
(febrero 2012): en Sevilla hay juicios
por reclamación de salarios e indemnizaciones señalados para 2017 y en Madrid, Andalucía o Galicia se han
duplicado las causas laborales, retrasando sentencias de uno a dos años.
El colapso de los
Juzgados se acaba cebando en jueces y funcionarios,
entre los que han aumentado infartos y enfermedades. De hecho, el 92,66 % de los jueces declara padecer
estrés por exceso de trabajo, según una encuesta
de Jueces por la Democracia. No es extraño si cada juez ha de ver 1.699,3
asuntos por año (2.227 en Penal) y dicta 309,2 sentencias anuales, en asuntos
cada vez más complejos. Y de los 45.000 empleados
de la Justicia, un 20% son interinos,
los que más sufren los recortes y la rotación.
El colapso judicial
se debe en primer lugar al gran número
de litigios que entran cada año en los Juzgados, aunque se han reducido
desde 2009, por la menor población, el mayor coste de litigar y las medidas
para limitar las apelaciones adoptadas
en octubre de 2011. A pesar de ello, en 2013 entraron en los Juzgados 8.636.016 asuntos (931.000 menos que en
2009), de los que estaban pendientes a finales de año 2.680.933
asuntos (545.000 menos que en 2009), según la
Memoria del CGPJ. Un volumen ingente de casos para juzgar (el 75% de
carácter penal, lo que indica una alta conflictividad social), cada vez más complejos, sobre todo los
casos relacionados con la delincuencia económica y la corrupción. Hay que decir
que España tiene el
doble de litigios que Europa (183,2 pleitos por 1.000 habitantes,
frente a menos de 100 en la UE), algo que algunos atribuyen al carácter español, otros a nuestra organización económica y social, y bastantes al exceso de abogados (285 por cada 100.000 habitantes frente a 127 abogados en la UE-28).
Sea por lo que sea, hay
muchos
pleitos y pocos medios para la Justicia, menos con los recortes
implantados por el Gobierno Rajoy desde 2012.Así, el gasto en Justicia es en
España el 0,35% del PIB, frente al 0,50%
en UE-28. Y se ha recortado, tanto en las autonomías (12
tienen las competencias de Justicia y afrontan dos tercios del gasto) como
en el Estado, donde el Ministerio de Justicia ha perdido 331,42 millones en los
últimos cuatro años (de 1.804,32 en 2010 a 1.472,90 en 2014). Con ello, España
gasta en Justicia 76,4 euros por habitante (2013), muy por debajo de los
grandes países europeos (166,92€ Alemania, 134,68€ Italia, 123,32€ Francia
e incluso 166€ Portugal). Y hay cinco
autonomías que gastan
en Justicia casi la mitad que el conjunto de España: Navarra (38,2 € por habitante), Asturias
(42,1€), Galicia (45,8 €), Cantabria (47,9) y la Comunidad Valenciana (48,7€).
Falta Presupuesto y
falta personal, desde funcionarios, peritos, secretarios judiciales a fiscales
y jueces. Nada más llegar Rajoy al poder, Ruíz
Gallardón suprimió
los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos
Juzgados). Y después, no se han cubierto jubilaciones (sólo 10%) ni convocado
plazas. Así hay 5.211
jueces (2013), 11,1 jueces por
cada 100.000 habitantes frente
a 19 en Europa (25 en Alemania, 19 en Portugal y 23 en Grecia), con lo
que somos el cuarto país europeo con
menos jueces. Y lo mismo en fiscales (5,3 por 100.000 habitantes). Por eso,
la petición del sector es unánime: faltan
jueces y fiscales, además del resto de personal judicial. Lo denunció
incluso el Fiscal
General del Estado en el Congreso, el 23 de abril: faltan medios legales, materiales
y personales.
Y esta falta de medios se agrava en los casos de delincuencia
económica (han crecido un 50% desde 2009) y corrupción
(hay más de 1.600 casos abiertos, con unos 500 políticos implicados), sumarios
muy complejos donde no sólo faltan fiscales y jueces sino sobre todo peritos
y expertos en temas económicos, financieros y fiscales. La Fiscalía
Anticorrupción ya pidió refuerzos
en 2013 (sin conseguirlos apenas) y la Audiencia
Nacional, con 6 juzgados, apenas puede hacer frente a 3.000
causas, de las que 77 son macroprocesos muy complejos (desde el caso
Gürtel a la Operación Púnica, pasando por Bankia, Eurobank, Nueva Rumasa, SGAE,
Fórum Filatélico, Afinsa, Pescanova o el hijo de Pujol). Y también están
colapsadas la Agencia
Tributaria y la Policía
Judicial, con pocos medios para apoyar con sus informes.
Hace diez días, ante la indignación ciudadana por la
corrupción, el Gobierno
Rajoy aprobó crear 112 nuevas plazas (ojo: JpD dice que no
son nuevas) de magistrados, 167 de jueces territoriales y 2 jueces más
para la Audiencia Nacional (donde el
“superjuez” Ruz, cargado de causas, lleva desde 2010 “en comisión de
servicios” en el Juzgado nº 5, una plaza que debe salir a concurso). Pero es
insuficiente. Habría que crear 815
plazas de jueces, según Jueces para la Democracia. Y muchas más de
fiscal y personal judicial. Y aumentar
el Presupuesto de la Justicia, volcándose en informatizar
los Juzgados, en el expediente
electrónico, un fracaso desde 2003: hay
hasta 10
aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles.
Pero no es sólo
cuestión de dinero y personal. Conseguir una justicia más ágil pasa también
por cambios
en la organización y la aplicación de la justicia. Empezando por promover
las acciones colectivas, las demandas
de muchos afectados, como las
preferentes y las clausulas
suelo, múltiples demandas individuales que están colapsando muchos
Juzgados. Las asociaciones de consumidores y muchos expertos critican que
muchos jueces “tienen aversión a admitir a trámite acciones
colectivas”, en unos casos porque estos “macrocasos” les exigiría contar con jueces de apoyo que no
tienen y en otros porque los jueces cobran complementos de productividad por el
número de causas resueltas… Otra vía de acelerar la justicia sería promover los
arbitrajes, los acuerdos sin llegar a juicio, más cortos (6 meses) y
baratos (60€). Además, los abogados se quejan de la mala
organización de la justicia, con muchos juicios que empiezan con
retraso o se suspenden (un 9% de los juicios se suspenden en Cataluña sin
aviso) y con vistas solo tres mañanas a la semana. Parece clara también la
necesidad de una mejor
coordinación de los juzgados y compartir medios
y personal.
Al final, los ciudadanos, las empresas y toda la economía pagamos
el coste de tener una justicia lenta
(hasta 39, 3 meses de duración en los Juzgados de lo Mercantil, 9 meses y más en
lo Social, 7 meses en 1ª instancia y
un año en el Supremo), cara
(hasta 12.220
euros si se lleva al Constitucional una reclamación) e ineficaz: en España hay 3 casos pendientes por cada 100 habitantes,
el país europeo con peores resultados tras Italia, Croacia, Grecia, Portugal y
Eslovaquia, según el Cuadro
de Indicadores de la Justicia de la UE. Una Justicia que los españoles
creen que funciona mal o muy mal (el
48% de los encuestados, según el barómetro
del CIS de 2011) y a la que suspenden,
con un 3,1 de nota (Módulo de Bienestar INE 2014).
En definitiva, pocas cosas funcionan tan mal como la
justicia y los últimos datos confirman que el
colapso
de los juzgados es muy grave. No
se puede esperar más. Hay que gastar
más, poner más jueces, más fiscales y más personal especializado, volcarse en la informática y poner
orden en la aplicación diaria de la
Justicia, despolitizándola
y facilitando a los españoles que defiendan sus derechos, reduciendo las
tasas de Gallardón. Y darla
medios para enfrentarse a la corrupción y los delitos económicos,
cada vez más escandalosos. Se tardará, pero hay que empezar ya, porque tenemos una justicia decimonónica en pleno siglo
XXI. Y así no podemos seguir.
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