Las autonomías son la clave en el Estado del Bienestar, para que funcionen la sanidad, la educación y los servicios sociales que tanto necesitamos. Por un lado, son los que gestionan estas competencias básicas. Y por otro, son los que las financian mayoritariamente, con los recursos que les transfiere el Presupuesto del Estado y sus propios ingresos. Así, las autonomías financian en España el 92% del gasto sanitario, el 85% del gasto educativo y el 74% de las ayudas a los dependientes. Pero resulta que las autonomías destinan cada vez menos recursos a los gastos sociales, tanto en importe total como en porcentaje de su gasto total, gastando más en otras cosas que no son el Estado del Bienestar (como la burocracia y el pago de la deuda), según un informe realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con datos comparativos entre 2009 y 2022.
Este balance del gasto social autonómico
es “escandaloso”.
Por un lado, revela que las autonomías
gastan menos ahora en sanidad, educación y servicios sociales que en 2009 en términos reales, descontando la
inflación: destinaron 139.100 millones de euros en 2022, frente a 116.900 en
2009, un +19,02%, inferior a la inflación
acumulada estos años (+28,9%).
A lo claro: en realidad están gastando
un -9,88% menos, según
sus Presupuestos. En Sanidad,
las autonomías gastan ahora 8.602 millones más que en 2009 (+13,40%), en Educación 7.897 millones más que hace
13 años (+19,37%) y en servicios
sociales 5.025 millones más (+48,13%, un aumento mayor por la entrada en
vigor de la Ley de Dependencia en 2007). Lo llamativo es que, en estos años,
hay otras partidas, como el gasto en personal o gastos corrientes que crecen
más y, sobre todo, se dispara el gasto
autonómico en pagar
los intereses de su deuda: este gasto financiero (que beneficia a los inversores
y bancos que compran esa deuda autonómica)
ha crecido en 34.645 millones entre 2009 y 2022, un +503,06% (su coste se
ha quintuplicado).
Pero no es sólo que el
gasto social real que hacen las
autonomías haya bajado (al “comérselo”
la inflación), sino que además, las
autonomías destinan ahora menos porcentaje de sus Presupuestos a financiar el
gasto social: si en 2009, dos
tercios del Presupuesto autonómico (el 66,89%)
se destinaba a sanidad, educación y servicios sociales, en 2019 ya sólo era el 61,8% y en 2022 (a pesar del COVID) bajó a
poco más de la mitad (el 58,78% del
gasto total de las autonomías), según
este informe de los Directores de Servicios Sociales. Incluso este 2023, el porcentaje ha bajado al 58,64% del gasto total. A lo claro: que
si hubieran mantenido la proporción de gasto social de 2009 en 2022, las
autonomías tendrían que haber gastado
20.344 millones más en sanidad, educación y servicios sociales, prestaciones
todas cortas de recursos. Y así se entienden mejor las listas de espera, el
fracaso escolar o las listas de espera de la Dependencia.
Hasta aquí la primera idea: todas las autonomías gastaron menos, comparativamente, en el Estado del Bienestar en 2022 que en 2009, tras una dura fase
de “recortes” en el gasto (de 2012 a 2014) y un escaso aumento de recursos
hasta 2019, que crecieron más en 2020 y 2021, por la COVID, pero que luego han
vuelto a bajar. Porque el
informe refleja otro dato escandaloso: el gasto sanitario por habitante,
que apenas había recuperado en 2019 (1.442 euros por persona) el nivel de antes
de los recortes (1.479 euros en 2012), subió en 2020 (a 1.657 euros) y 2021
(1.678 euros), pero bajó en 2022 (a
1.578 euros), a pesar de las importantes transferencias del Estado a las
autonomías. Y este año 2023, todavía
el
gasto sanitario por habitante será menor (1.645,39 euros) al de 2020, a
pesar de todos los problemas que arrastra sin resolver la sanidad pública.
Pero hay otro problema adicional al recorte del gasto
social de las autonomías: su reparto desigual por regiones, que
evidencia que unas han recortado el peso
del Estado del Bienestar más que otras. Así, mientras el conjunto de autonomías
aumentaron su gasto social en un +19,02%
(que se comió la inflación), hay 6 autonomías donde el gasto social creció (entre 2009 y 2022) menos que la media: Cataluña (+4,68%), Castilla la Mancha (+9,39%), Aragón
(+10,59%), Madrid (+14,70%), Galicia (+16,8%) y Castilla y León (+17,28%). Y otras donde creció más que la
inflación: Baleares (+48%), Valencia (40,46%) o Navarra (+34.48%), según
el informe de los Directores de Servicios Sociales.
Gracias a este mayor y menor aumento del gasto social en los
últimos 13 años, llegamos al mapa actual
(2022), donde hay una tremenda
desigualdad en el gasto social por habitante según donde uno vida. La media española es de 2.939,8 euros de gasto por
persona en sanidad, educación y servicios sociales (+404 euros que en
2009), pero es mucho mayor en Navarra
(3.901 euros por habitante), País Vasco
(3.708), Extremadura (3.629),
Asturias (3.473), Cantabria (3.391), la Rioja (3.257), Castilla y León (3.185),
Comunidad Valenciana (3.150), Galicia (3.065) y Aragón (3.007). Y están a
la cola del gasto social por habitante 5 autonomías: Madrid (2.399
euros), Cataluña (2.781), Andalucía (2.992), Canarias (2.804), Murcia (2.823) y Baleares (2.924). Ojo, el dato es de
2022, cuando gobernaban estas 5
autonomías “menos sociales” el PSOE (2), el PP (2) y los nacionalistas (1)…
Y así llegamos al dato clave, la desigualdad en el gasto sanitario autonómico en 2022, con un
gasto medio en España de 1.538,66 euros
por habitante (+146 euros que en 2009). Hay 5 autonomías a la cola del gasto sanitario (2022): Madrid (la que menos gasta: 1.248,97
euros por persona), Cataluña
(1.362,50), Murcia (1.435,62), Andalucía (1.435) y Comunidad Valenciana (1.521,86). Y en cabeza del gasto sanitario se sitúan Asturias
(1.997 euros por habitante, un 38% más que Madrid), País Vasco (1.989),
Extremadura (1.904), Navarra (1.891) y Castilla y León (1.817 euros), según
el informe de los Directores de Servicios Sociales.
El 2º mayor gasto
social de las autonomías es la
Educación, que supuso en 2022 el 35% del gasto social autonómico
(similar porcentaje al 34,9% de 2009) y el
20,57% de todo el gasto autonómico (era el 23,34% en 2009). Este gasto
educativo autonómico ha crecido en 13 años en +7,897 millones, un +19,3%. Pero
ese aumento fue mucho mayor en la Comunidad Valenciana (+38%), Navarra
(+36,65%), La Rioja (+35,25%) o Baleares (+33,75%) y mínimo en Castilla y León (+5,94%),
Castilla la Mancha (+6,88%), Galicia (+9,91%) y Asturias.
Y así llegamos a otra desigualdad, en el gasto autonómico en educación por habitante,
que alcanzó en España una media de 1.028
euros en 2022 (+144 euros que en 2009). Hay 7 autonomías
que gastan en educación menos que la media: Madrid (otra vez el farolillo rojo, con 826,98 euros de gasto
educativo por habitante), Asturias
(934,12), Canarias (942,05), Castilla y León (969,38), Baleares
(981,68), Aragón (989,66) y Galicia (998,50). Y en cabeza del gasto educativo
se sitúan el País Vasco (1.426 euros
por habitante, un 48% más que Madrid), Navarra
(1.342), Comunidad Valenciana (1.124.40), Extremadura (1.169), Cantabria
(1.160), la Rioja (1.087) y Murcia (1.007), según los Directores de Servicios
Sociales.
Y queda el tercer
gasto social, los servicios sociales,
donde destaca el gasto en Dependencia, gestionado y financiado mayoritariamente
(74%) por las autonomías. En 2022 supuso el
12,7% del gasto social autonómico (10,2% en 2009) y sólo el
7,44% de todo el gasto autonómico
(era el 6,80% en 2009). Esta partida ha crecido en 5.721 millones desde 2009,
un +48,13%, por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2007. El gasto
medio por habitante (en servicios sociales) es de 372,23 euros (2022) y hay 8
autonomías que gastan mucho menos. A la cola están Baleares (237,62),
Canarias (276,71) y País Vasco (292 euros), pero los
Directores de Servicios Sociales advierten que es un dato engañoso, porque
tanto en las islas como en Euskadi, una parte de los servicios sociales los
cubren los consejos insulares, cabildos y Diputaciones, cuyo gasto no se
incluye aquí. Así que en realidad, lideran
el furgón de cola del gasto en servicios sociales Murcia (309,49 euros por habitante), Andalucía (318,33), Madrid (323,36),
Aragón (336,19) y Galicia (364,06). Y están en cabeza Navarra
(666,90 euros por habitante, el doble que Madrid), Extremadura (555), Asturias
(506,63) y la Rioja (498,61).
Un inciso sobre el
principal gasto en servicios sociales, la
Dependencia, el otro escándalo al que me refería al principio de este Blog.
Desde su inicio (2007), la Dependencia ha sufrido una falta de financiación, agravada por los recortes de Rajoy en 2013.
Para subsanarlo, en enero de 2021, el Gobierno Sánchez y las autonomías pactaron
un Plan de choque, con el compromiso de que el Presupuesto estatal aportaría un 44% más a la
Dependencia (+3.600 millones) entre 2021 y 2023. Y eso hizo, Pero el primer
año, hubo 11 autonomías que aprovecharon
esta mayor aportación estatal (+608 millones) para “hacer caja” y
aportar ellos menos (-188,7 millones). Y en 2022 volvió a repetirse el “truco”:
el Estado aportó otros 669 millones más y 9
autonomías aportaron - 203,4 millones menos: Cataluña (-57,3 millones), Andalucía
(-51,6), Comunidad Valenciana
(-40,6), Madrid (-15), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria
(-8,7), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1), según acaban
de denunciar los Directores de Servicios Sociales. Algo especialmente grave
si tenemos en cuenta que hay 350.000
dependientes “en lista de espera” y que muchos son ancianos y mueren antes de llegarles las ayudas
(45.360 dependientes murieron esperando sólo
en 2022)…
Visto el panorama, está claro que el Estado del Bienestar no se
consolida y quienes han de financiarlo y gestionarlo (las autonomías),
gastan menos cada año, en dinero real y en porcentaje. Y eso, a pesar de que España gasta menos que la mayoría de Europa en sanidad, educación y gastos sociales. En Sanidad, España gastó 94.694 millones en 2021 (el 7,8% del PIB), 2.001 euros por habitante, frente a
4.785 euros Alemania (11% del PIB), 4.019 euros en Reino Unido (10,36% del
PIB), 3.852 euros Francia (10,4% del PIB) y 2.141 euros Italia (7,1%) del PIB),
según
Sanidad. En Educación, gastamos
11.123 dólares por estudiante, frente a 12.275 la UE-25 y los 12.647 dólares de
la OCDE, según
el Panorama de la Educación 2023 (OCDE). Y en Servicios sociales, España gasta el 4,7% del PIB, frente al 6,5% de
media que gasta la UE-27, según Fedea.
Así que España gasta menos y encima las
autonomías, los gestores del gasto social, le dan cada año menos peso en sus Presupuestos.
Lo más preocupante de este panorama es que refleja
la situación en 2022 y el deterioro desde 2009, un periodo en el que “la
izquierda” ha gobernado la mayoría de las autonomías, salvo Madrid, Murcia,
Galicia, Castilla y León, Cataluña y Euskadi.
Ahora, tras las elecciones de mayo,
el
PP gobierna 11 autonomías (6 con el apoyo de VOX), lo que hace
temer que le den aún menos prioridad al gasto social, a la recomposición de la sanidad, la
educación y los servicios sociales, dado que defienden el trasvase de
recursos públicos a la sanidad privada y a la educación concertada (y privada),
considerando que son las familias las que deben cubrir el gasto en Dependencia
y no priorizan los servicios sociales.
Además, hay otro
motivo de preocupación: la
bajada generalizada de impuestos que las autonomías del PP (y VOX) han prometido para 2023, tras las rebajas
que ya hicieron algunas en 2022. Eso supondrá
menos ingresos públicos y, en consecuencia, se teme que vuelva a caer el gasto
social. De hecho, el Gobierno central ha
enviado a Bruselas unas previsiones presupuestarias donde reflejan que las autonomías van a tener menos recaudación por la bajada de
impuestos aprobadas o anunciadas: -801,9
millones en 2023 y -2051 millones en 2024. Unos menores ingreso que podrán
compensar con una mayor transferencia de
recursos desde el Presupuesto del Estado, que lleva años recaudando
más (por el aumento del empleo y la actividad) y transfiriendo más fondos a las autonomías. Así, las
autonomías recibirán en 2023 26.130 millones más del Estado que en
2022 (+24%). Y así viene pasando
en los últimos años: han
recibido 178.750 millones adicionales
en los 5 años completos de Gobierno Sánchez (2019-2023) sobre los recibidos en
los cinco años anteriores completos del Gobierno Rajoy (2013-2017). Pero como
se ve, no los han dedicado a gastos sociales. Y el temor es que ahora,
con más autonomías gestionadas por la
derecha, el Estado del Bienestar se
debilite aún más. Esto es lo que deberíamos vigilar: que gasten en lo que importa.
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