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| Enrique Ortega |
España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación para optar a las ayudas y créditos europeos aprobados por la Cumbre europea de julio de 2020, un Fondo europeo (“Next Generation EU) de 750.000 millones de euros creado para paliar los efectos de la pandemia y la recesión posterior. El Gobierno Sánchez aprobó el Plan el 27 de abril de 2021, lo envió a Bruselas el día 30 y mes y medio después, el 16 de junio de 2021, lo aprobó la Comisión Europea, para ratificarlo los ministros de Economía UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”. Del total de Fondos europeos, 140.000 millones se adjudicaron a España, 70.000 millones como ayudas a fondo perdido y otros 70.000 millones como créditos en condiciones muy favorables, unos Fondos europeos a recibir entre 2021 y 2026, con cuatro objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género.
Tras el aprobado inicial, enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibía la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación” del Plan de recuperación. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos, 8 plazos de entrega de Fondos europeos hasta 2026, a cambio de que España justificara reformas e inversiones. Había que “sudar” para recibir cada entrega.
El primer desembolso oficial condicionado (tras la entrega inicial de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, la primera entrega oficial que hacía la Comisión a un país de la UE, tras confirmar que España había cumplido 52 “hitos” y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, la aprobación del Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo antes que firmar y aceptar, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una hoja de ruta para asegurar su buen funcionamiento.
España siguió con su calendario de inversiones y reformas y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó el segundo desembolso oficial a España (la 3ª entrega): 12.000 millones de euros, recibidos tras el cumplimiento de 40 hitos cumplidos para esa fecha, entre ellos la reforma laboral, la primera fase de la reforma de pensiones, la estrategia de movilidad sostenible y conectada, la hoja de ruta de la energía eólica marina, la Carta de Derechos digitales, la Ley de Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción de la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.
Y así llegamos al tercer desembolso condicionado (la 4ª entrega efectiva de Fondos), autorizada por la Comisión este 17 de febrero: 6.000 millones de euros, que llegarán el próximo 28 de marzo, y que se han concedido tras cumplir España otros 29 hitos y objetivos logrados en 2022, entre los que destacan la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de los autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde ha costado más porque España ha tenido que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantado para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, que han perfilado Hacienda y Economía con la Comisión Europea.
En total, con las 4 entregas autorizadas ya, España recibe 37.036 millones de Fondos europeos, el 53,8% del total de ayudas adjudicadas. Y ha cumplido en estos dos primeros años 121 hitos (objetivos y reformas), el 30% de los 416 hitos que España se comprometió a cumplir dentro del Plan de Recuperación hasta 2026.Con ello, España se consolida como el país europeo más avanzado en la marcha del Plan de recuperación UE. Por eso, la Comisión Europea ha vuelto a poner a España como “ejemplo”, con dos tuits escritos el viernes 17 de febrero, el día que autorizó el tercer desembolso condicionado (y la 4ª entrega).”Doy la enhorabuena a España. Que siga trabajando así de bien y que la Comisión está a su lado”, escribió la presidenta Úrsula Von der Leyen. “Enhorabuena a España. La Comisión avala la tercera solicitud de pago del Plan de Recuperación”, tuiteó el vicepresidente económico de la Comisión Europea, el halcón Valdis Dombrovskis.
Este apoyo explícito (reiterado) de la Comisión Europea a España tiene un segundo sentido: es un mensaje al resto de los paises, para que tomen nota y avancen en la puesta en marcha del Plan de recuperación europeo, que marcha con retraso. El balance es muy explícito: sólo España ha recibido 4 entregas de Fondos europeos, Italia lleva 3 entregas (la inicial y 2 pagos condicionados), Francia, Grecia, Portugal, Chipre, Croacia, Letonia y Lituania llevan 2 entregas (la prefinanciación y 1 solo pago condicionado); Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Eslovaquia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Malta y Rumania no han recibido todavía el primer pago condicionado (sólo la entrega de la pre-financiación inicial); y Polonia, Paises Bajos, Suecia, Irlanda, Bulgaria y Hungría no han recibido todavía nada, ni un euro de los Fondos UE, porque la Comisión no ha aprobado aún sus Planes de Recuperación. Por eso utilizan a España de “ejemplo y “conejillo de Indias”, para sistematizar el proceso de ayudas y los sistemas de seguimiento y vigilancia.
Este pobre balance de los Planes de Recuperación en Europa y la enhorabuena a España de la Comisión a España, chocan con la actitud crítica del Partido Popular, que lleva año y medio poniendo en cuestión la ejecución y la transparencia del Gobierno Sánchez con los Fondos europeos. Primero criticó la gestión en España y luego ha llevado sus críticas a Bruselas y al Parlamento Europeo, alimentando las “dudas” de una parte de los populares europeos (alemanes y holandeses, sobre todo) a los que no les gusta mucho el Fondo Europeo de Recuperación, básicamente porque les toca pagar (a los paises “derrochadores” del sur…). Además, una parte de la “familia popular europea”, el ala más “ultra (encabezada por el alemán Manfred Weber, de la CSU) quiere utilizar los Fondos Europeos y a España para atacar a presidenta Von der Leyen (de la democristiana CDU), cuyo puesto quiso ocupar.
Así se explica que la presidenta del Comité de Control Parlamentario del Parlamento Europeo, la eurodiputada alemana de la CSU Mónika Hohlmeier, brazo derecho del crítico Weber, organizase una visita a España el 21 y 22 de febrero, dos días después de que la Comisión autorizara el último pago, para una misión de “control y auditoría” de los Fondos europeos, acompañada de eurodiputados españoles. Y la propia Hohlmeier “calentó la visita”, al declarar unos días antes sus “dudas sobre la transparencia en la ejecución de los Fondos europeos en España”. Tras dos días de reuniones con Hacienda, Economía, autonomías, empresarios y sindicatos, analizando proyectos e inversiones (“hasta el detalle de movimientos de tesorería”, reconocieron), la delegación del Europarlamento abandonó España señalando Hohlmeier que “no ha encontrado fraude ni incumplimientos legislativos” en el despliegue de los 31.000 millones recibidos. La misión ha constatado que “España cumple”.
Así que España supera de momento la campaña política (interna y externa) para sembrar dudas sobre la transparencia en el gasto de los Fondos europeos. Otra cosa distinta son las críticas de algunos expertos y empresas a la gestión del Plan de recuperación, que fue al principio lenta pero que parece haberse agilizado en 2022, a la vista del III Informe de Ejecución de los Fondos europeos, presentado por la vicepresidenta Nadia Calviño el 16 de febrero. El resumen: España ha autorizado hasta esa fecha el 90% del dinero de los Fondos Europeos incluidos en los Presupuestos de 2021 y 2022 (42.271 millones de euros). Y ya se han ejecutado el 75% de esos Fondos UE hasta finales de 2022, concretamente 39.333 millones. Además, en enero de 2023, se han autorizado 9.200 millones más, un tercio de todo lo previsto para este año. En conjunto, se están financiando más de 190.000 proyectos de empresas, centros de investigación, ciudadanos y administraciones en toda España.
Del total de Fondos europeos ya ejecutados (39.330 millones), la mitad (20.600 millones) se han traspasado a las autonomías, tres cuartas partes (15.500 millones en proyectos autorizados con ellas (y elegidos en 139 Conferencias sectoriales celebradas) y otros 5.100 millones son proyectos pilotos decididos por el Gobierno y de gestión autonómica (todos ligados a ámbitos de su competencia: educación, vivienda, sanidad y políticas sociales). Y otros 4.900 millones de Fondos europeos los gestionarán los Ayuntamientos (rehabilitación de edificios, zonas de bajas emisiones, digitalización). De momento, las autonomías con más Fondos adjudicados son Andalucía (3.262 millones), Cataluña (3.039), Madrid (2.256), Comunidad Valenciana (1.965), Castilla y León (1.283) y Galicia (1.219 millones).
El reto de gestión es enorme: los 140.000 millones de Fondos europeos (subvenciones y créditos) previstos en 6 años son tantos como todo el dinero recibido de los Fondos europeos de 1986 a 2020 (34 años). Y habrá Ministerios que tendrán que gestionar inversiones de 2.000 millones cuando hasta ahora gestionaban 100. Lo importante es que se ha puesto en marcha una maquinaria de gestión, donde España y la Comisión Europea tienen un sistema bilateral de seguimiento diario (online) que se completa en España con un sistema de seguimiento (ver web) que lidera una Comisión interministerial presidida por el presidente del Gobierno y donde destacan los controles de Economía (gestión) y Hacienda (auditoría) y autonómico (menos perfilado).
Ahora, España trabaja con la Comisión Europea en el cuarto desembolso de Fondos europeos (la 5ª entrega de Fondos), otros 10.000 millones de euros, que se quieren recibir en el 2º semestre de 2023. Ello exigirá avanzar en la ejecución de inversiones y reformas, en especial la aprobación de la 2ª reforma de las pensiones, que debería haberse aprobado en 2022 y para la que España ha recibido una prórroga. El ministro de Seguridad Social quiere aprobarla “antes de Semana Santa” y para ello negocia “a tres bandas”: con Bruselas (que quiere consolidar los ingresos de las pensiones a medio plazo), con los sindicatos y patronal (que rechazan ampliar el plazo de cómputo de pensión de 25 a 30 años y la subida de cotizaciones a los sueldos más altos) y con el resto del Gobierno (Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díez), e medio de un año electoral. Pero sin esta 2ª reforma de las pensiones, España no recibiría el 4º desembolso de Fondos europeos.
El Gobierno Sánchez está dispuesto a seguir cumpliendo con Bruselas e incluso quiere ir más allá: conseguir más Fondos y créditos europeos, a cambio de más inversiones y reformas. Por eso, el 20 de diciembre pasado, el Consejo de Ministros aprobó una “adenda”, un añadido, al Plan de Recuperación, que envió días después a Bruselas. La petición a la Comisión Europea es triple. Por un lado, que nos adjudiquen los nuevos 7.706 millones de ayudas a fondo perdido que nos corresponden (la recesión en España fue mayor de lo previsto en 2020, al aprobarse el reparto de los Fondos europeos, así que en vez de 69.528 millones nos corresponden 77.234 millones de ayudas, más que los 69.041 millones que le tocan a Italia). Por otro lado, la Comisión aprobó en 2022 un nuevo Fondo europeo para diversificar el abastecimiento energético, el Plan REPowerEU, con 20.000 millones, de los que 2.586 millones corresponden a España y quiere gastarlos. Y en tercer lugar, España quiere disponer ya de los créditos contemplados en el Plan de Recuperación (84.000 millones), para poner en marcha proyectos con financiación subvencionada dado que los tipos están subiendo.
La propuesta del Gobierno español es seguir con la ejecución de las ayudas directas y disponer ya de las nuevas ayudas directas y de los créditos subvencionados para abarcar más proyectos y más inversiones, ofreciendo a cambio a la Comisión Europea avanzar en 30 nuevos hitos y reformas, que no han detallado. Se trata de aprovechar estos meses que quedan hasta las elecciones generales de diciembre para comprometer más fondos y créditos europeos, aunque su ejecución la tenga que culminar el próximo Gobierno. Es una oportunidad de oro para modernizar la economía y conseguir un crecimiento extra, que compense la crisis desatada por la pandemia, la guerra y la inflación. La importancia de conseguir y gastar estos Fondos europeos se refleja en dos datos que maneja el Gobierno: la mitad de lo que España crecerá esta década, entre 2021 y 2031, será gracias a los Fondos europeos, que permitirán por sí solos un crecimiento extra del PIB del +2,6 al +3% anual. Y además, estiman que el Plan de Recuperación creará en España 800.000 nuevos empleos sólo en los tres primeros años, entre 2021 y 2023.
Así que nos jugamos mucho con los Fondos europeos, lo que exigiría dejar de utilizarlos como arma política y electoral y centrarse todos (desde el Gobierno central a las autonomías, Ayuntamientos, empresas y particulares) en gastarlos bien, para modernizar la economía española y dar un salto en productividad y eficiencia como país, mejorando el crecimiento, el empleo y el nivel de vida en esta década. No podemos perder este tren.
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