Enrique Ortega |
La pandemia ha dejado muy “tocada” a la sanidad pública española, tras salvar muchas vidas y la economía. Ahora, tras superarse lo peor del COVID, aparecen los puntos débiles de una sanidad pública que, con todo, es de las mejores del mundo: colapso en muchos centros de atención primaria, falta de médicos y enfermeras, largas listas de espera para ir al especialista y operarse, atascos en urgencias y falta de medios para el seguimiento de pacientes graves, crónicos o depresivos, más escasa detección y prevención. Por todo ello, la sanidad era ya, en noviembre, la 3ª mayor preocupación de los españoles, según el CIS: la citan el 26,6% de los encuestados, sólo por detrás de la crisis económica (la 1ª preocupación para el 34,1% de los españoles) y el paro (la 2ª, para el 31,4%). A lo largo de 2021, la sanidad era la 4ª mayor preocupación (tras el paro, la crisis y el COVID), en 2020 era la 6ª (tras la crisis, el COVID, el paro, la política y los políticos). Y antes de la pandemia, en 2019, la sanidad era la 5ª mayor preocupación (del 17,2% de españoles), por detrás del paro (57,4%), la política y los políticos (49,5%), los problemas económicos (30,5%) y la corrupción (preocupaba al 20,7%), según los distintos Barómetros del CIS.
¿Cómo valoran los españoles la sanidad pública? Le dan un aprobado, pero más bajo que antes de la pandemia: la nota media ha bajado de 6,77 puntos en 2019 a 6,29 en junio pasado y 6,04 puntos en noviembre, según el último Barómetro elaborado por Sanidad y el CIS a partir de 7.800 entrevistas. La atención primaria obtiene 6,1 puntos, menos las urgencias de primaria (6,09) y las de los hospitales (6,01), recibiendo la peor nota los especialistas (5,90) y la mejor los servicios 061 y 112 (7,28 puntos) y la atención en los hospitales (7.08 puntos). Lo preocupante es que sólo la mitad de los encuestados (50,5%) valoran “positivamente” la sanidad pública (11,1% la ven bastante bien y el 39,4% bien), frente al 74,4% que lo hacían en 2019. Un 31,9% la ven “regular” y creen que “necesita cambios fundamentales” (sólo 21,4% en 2019), mientras otro 16,8% de españoles creen que la sanidad “funciona mal y necesita cambios profundos” (frente a sólo el 3,7% en 2019).
Otra Encuesta reciente, encargada en septiembre por el sindicato de enfermería SATSE, revela que el 48% de los españoles consideran que la sanidad pública “ha empeorado desde la pandemia”, dándole un aprobado raspado (5,2 puntos sobre 10). Y el 82% considera que “no tiene financiación suficiente”, culpando un 86% a los políticos de no cumplir las 250 medidas de mejora que aprobaron en el Congreso en 2020 (en pleno confinamiento). Lo que más les preocupa de la sanidad pública son las listas de espera (al 70,5%), la falta de profesionales (59%), la saturación de los Centros de Salud (al 54%), el escaso tiempo de atención (al 36%), el cierre de unidades y servicios (al 32,5%) y la atención no presencial (al 25%, sobre todo valoran negativamente la atención telefónica).
Las listas de espera, la principal preocupación de los españoles, señalan “el talón de Aquiles” de la sanidad pública, en beneficio de la sanidad privada (que pagan ya 11,5 millones de españoles). Lo que más chirría es el retraso “en la atención de primera línea”, en los Centros de Salud, para ver al médico de familia o al pediatra: dos tercios de los pacientes (el 67,5) no se atienden en el día y de ellos, al 44,1% les dan cita entre 2 y 6 días después y a más de la mitad (54,5%) les citan en su ambulatorio para dentro de 7 días o más, según el Barómetro Sanitario de noviembre 2022. Al final, el tiempo medio de espera en atención primaria es de 8,88 días, cuando en 2021 eran 5,8 días. Y además, cuando los pacientes consiguen cita, al 27,7% les hacen esperar más de una hora.
Si es complicado conseguir que nos vea el médico o pediatra del ambulatorio, aún es más difícil conseguir cita con un especialista: han aumentado los pacientes en espera por 1.000 habitantes (de 61,84 en 2019 a 77, 23 en diciembre 2021 y 79,30 en junio 2022), con una demora media que ha bajado a 79 días (89 días en 2021 y 88 en 2019), aunque la mitad esperan más de 60 días. La mayor demora se da en Andalucía (107 días media), Canarias (101), Aragón (95), Navarra (87) y Cataluña (82), siendo más baja en Melilla (22), País Vasco (29), Ceuta y Rioja (32) y Madrid (51 días), según los últimos datos de Sanidad. En cuanto a la espera para operarse, eran ya 742.518 españoles en lista de espera quirúrgica en junio de 2022 (81.356 más que un año antes y 71.24 más que antes de la pandemia). Eso sí, la espera media ha bajado a 113 días (desde los 123 días de diciembre de 2021 y los 121 de 2019), aunque el 17,6% de los que esperan para operarse lo hacen más de 6 meses. La mayor demora se da en Aragón y Cataluña (151 días), Canarias (144 días), Extremadura (139), Cantabria (132) y Castilla y León (129 días), siendo menor la espera para operarse en Melilla (39 días), País Vasco (64), Madrid (65), Navarra (72) y Galicia (75 días).
El detonante de las últimas protestas de los sanitarios ha sido la atención primaria, con huelgas en Madrid, Cantabria y Canarias, aunque ya se han anunciado más movilizaciones, para enero y febrero, en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Andalucía, Navarra, Extremadura y Galicia. En casi toda España, los médicos y enfermeras han dicho ¡Basta¡ , motivados por la falta de profesionales y la inasumible carga asistencial , que les obliga a atender a más de 50 pacientes diarios, doblar turnos y multiplicar guardias, con unos contratos muy precarios (un tercio de los médicos son temporales y el 60% en Canarias, según CCOO) y bajos salarios (desde 1.200 euros mensuales al principio a unos 51.000 euros anuales de media, frente a 88.000 en Francia, 125.000 en Reino Unido o 165.000 en Alemania).
El primer problema de la atención primaria en España es que es “la pariente pobre de la Sanidad”, se lleva la menor parte del gasto sanitario, a pesar de ser “la 1ª línea de atención”, donde acaban la mayoría de personas varias veces al año: se lleva el 13,9% del Presupuesto total en Sanidad, muy por debajo del 25% del gasto que recomienda la OMS. Y a la cola de este gasto se sitúa Madrid (10,7% del gasto va a atención primaria), donde se ha primado la inversión en grandes hospitales y no en Centros de Salud, junto a Galicia (11,6% gasto en atención primaria), Baleares (12,1%), Castilla la Mancha (12,7%) y Cataluña (13%).
No sólo se gasta menos en Atención primaria que en el resto de la sanidad, también se gasta poco en personal: si la media en España es que el 44,9% del gasto sanitario vaya a personal, en Madrid es el 40,2%, siendo aún inferior el porcentaje en Cataluña (35,4%), Comunidad Valenciana (40,1%) y Galicia (43,9%, llevándose más de la mitad del gasto total en Aragón (53,2%), País Vasco (52,6%), Navarra (51,7%), Castilla y León (51,2%) y Canarias (50,4%). En general, faltan médicos y enfermeras, pero sobre todo en atención primaria. La ministra de Sanidad informó que en toda España ha aumentado la oferta de médicos de familia, un +36% entre 2017 y 2022, pero que en Madrid ha caído un -2%. Además, hay muchos médicos que no quieren trabajar en la atención primaria (en 2022 quedaron vacantes 200 plazas de MIR, por falta de incentivos), sobre todo en Madrid, y buscan irse a hospitales, a la privada o al extranjero (Sanidad estima que hay 7.738 médicos españoles trabajando fuera).
No se trata tanto de que falten médicos (España es el 4º país con más médicos por 1.000 habitantes de la OCDE) como de que faltan en Atención Primaria, por sus penosas condiciones laborales y su tremenda carga de trabajo, que no son incentivadas. Y además, el 60,2% de los médicos de familia tienen más de 50 años (en Castilla y León el 73%, en Asturias y Rioja el 69% y en Galicia el 67%), con lo que a finales de esta década tendremos una mayor falta de médicos en atención primaria, porque se jubilarán 9.000 de los actuales. Y respecto a enfermeras, somos el 7º país europeo con menos profesionales: 6,1 enfermeras por 1.000 habitantes, frente a 8,3 por 1.000 en la UE-27, 11,3 en Francia y 12,1 en Alemania.
Al final, la sanidad española sufre las consecuencias de una baja financiación durante años, un gasto sanitario público inferior al europeo: en 2020, último dato publicado, el gasto sanitario público fue de 1.907 euros por habitante, frente a 2.299 euros de media en la UE-27. Y el gasto sanitario de las autonomías, responsables de financiar el 93% de nuestra sanidad, sólo ha crecido un 3,49% entre 2019 y 2021, a pesar de las mayores necesidades por la pandemia, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y lo peor: hay 4 autonomías que gastaron menos en Sanidad en 2021 que en 2019: Madrid (-874,7 millones, un -9,96%), Murcia (-231 millones, un -9,58%), Cataluña (-969 millones, -9,10%) y Canarias (-6,3 millones, -0,19%). Con estos mimbres, no es de extrañar el colapso…
Y para 2023, las autonomías siguen en esta línea, de “racanear” en el gasto sanitario: los Presupuestos autonómicos aprobados o pendientes de aprobar para el año que vienen contemplan un aumento del gasto sanitario per cápita del +7,7%, inferior al +8,6% que se espera aumenten los precios este año, según la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FEDSP). Y esta “racanería sanitaria” es más chocante porque, en 2023, las autonomías van a recibir los mayores ingresos de su historia, 134.335 millones del Estado (+26.130 millones que en 2021), gracias a la mayor recaudación (por la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento de la economía) y a que el Gobierno les permite aumentar el déficit (del -0,1 al -0,3% del PIB, otro “colchón” de 2.580 millones). En total, tendrán 28.710 millones más para gastar en 2023, que apenas van a dedicar a la sanidad (+6.150 millones).
Además, esos Presupuestos previstos para 2023 consolidan la tremenda desigualdad en el gasto sanitario según autonomías. A la cola del gasto sanitario (1.809 euros por habitante, de media) sigue Madrid (1.446 euros por habitante previstos para 2023, un -20% que el conjunto de España), Cataluña (1.456 en 2022, a falta de aprobar el Presupuesto 2023), Murcia (1.535) y Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.655 euros por habitante). Y en cabeza del gasto sanitario siguen Asturias (2.133 euros/habitante para 2023, un +18% que la media española), País Vasco (2.130), Extremadura (2.092), Navarra (2.020) y Castilla y León (1.999 euros/habitante 2023).
Gastar más es importante para tener mejor sanidad, pero también hay que gestionar bien el personal y los medios, año tras año. Por eso, la FEDSP lleva haciendo desde 2009 un ranking de la sanidad por autonomías, valorando distintos criterios: gasto por habitante, camas y quirófanos disponibles, médicos y enfermeras por 1.000 habitantes (en atención primaria y especialidades), listas de espera, gasto farmacéutico, privatización de la sanidad y valoración ciudadana. Sobre estos criterios y una puntuación de 32 a 130, nos aportan un mapa con 4 Españas sanitarias: 3 autonomías con “buena” sanidad (País Vasco 95 puntos, Navarra 93 y Asturias 90), 5 autonomías con una sanidad “regular” (Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha y Extremadura, con 88 puntos, y La Rioja 86), 6 autonomías con una sanidad “deficiente” (Galicia 79 puntos, Aragón 76, Baleares 75, Valencia 72, Madrid 71 y Andalucía 70) y otras 3 autonomías con “peor” sanidad (Canarias 66 y Cataluña y Murcia, a la cola con 63 puntos). Y lo más preocupante es que Canarias y Murcia eran también las peores en 2009. Así que ya sabemos dónde es mejor y peor ponernos enfermos…
¿Qué se puede hacer para mejorar la Sanidad? La Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FEDSP) ha hecho 20 propuestas para mejorar la atención primaria, que se resumen en tres: gastar más (un 25% de todo el Presupuesto sanitario: +10.000 millones en varios años), contratar más profesionales (+8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos) y reorganizar la atención para que el 95% de las consultas en Centros de Salud se atiendan en 48 horas máximo. Además, proponen convocar más plazas de MIR en atención primaria, recuperar las consultas presenciales, ampliar la capacidad diagnóstica de los Centros de Salud, restablecer las áreas sanitarias, coordinar la atención de residencias y dependientes, fomentar la prevención y contar con unidades de apoyo de fisioterapeutas, protésicos odontólogos, psicólogos y matronas en la atención primaria.
Al final, el gran reto es reforzar la sanidad pública, muy debilitada por la pandemia y apoyar a médicos y enfermeras sobrepasados por la presión asistencial. Y hay que empezar a hacerlo por la primera línea, la atención primaria, para seguir después reforzando las especialidades, hospitales y urgencias, sin olvidar la prevención y la investigación. Esto obliga a un gran Pacto por la Sanidad, entre Gobierno y autonomías, con la colaboración imprescindible de médicos, enfermeras y pacientes. Un Pacto que debería asegurar un mayor gasto sanitario público en esta década (el 10% del PIB, por ejemplo, como Francia o Alemania: serían 24.000 millones más de gasto cada año), gobierne quien gobierne, la contratación de más profesionales con trabajos y sueldos dignos y una organización más eficiente, desde Centros de Salud a hospitales y urgencias. No es mucho pedir, porque la salud debería ser la gran prioridad de todos. Pero hay elecciones a la vista y el acuerdo parece imposible. Así que nos esperan más protestas y colapsos en la atención sanitaria.
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