Enrique Ortega |
El aumento del gasto farmacéutico es una obsesión de todos los Gobiernos en las últimas dos décadas y sobre todo de las autonomías, que tienen que pagar la mayor parte de la factura (la otra parte la pagamos los pacientes, con los copagos). Y además, la previsión es que este gasto farmacéutico crezca más en el futuro, por el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y los nuevos medicamentos (cada vez más caros). Además, en España, el deterioro de la atención primaria fomenta que los médicos (sin tiempo para atender a los pacientes) receten más, a lo que se une un abuso de los antibióticos, los ansiolíticos y la automedicación. De hecho, las recetas han pasado de 706 millones en 2004 a más de 1.000 millones que se financiarán este año 2022.
El gasto farmacéutico se disparó en 2009, con un récord de recetas (casi 1.000 millones) y 12.505 millones de gasto en recetas más otros 4.000 millones de gasto farmacéutico en hospitales. A partir de 2010, se empezaron a bajar año tras año los precios de referencia, un sistema creado en 1997 por el que la sanidad pública (el SNS) sólo financia un precio máximo por cada medicamento recetado y si el fármaco tiene un precio superior, el farmacéutico está obligado a suministrar al paciente un medicamento más barato, preferentemente genérico (con la patente caducada). Es una forma de presionar a la baja los precios de los medicamentos de marca y forzar la venta de genéricos, más baratos, que ya suponen en España el 41% de los medicamentos vendidos (65% en Europa) y el 21% de las ventas.
La rebaja de los precios de referencia, desde 2010, surtió afecto, pero poco, ya que el gasto en recetas sólo bajó a 11.135 millones en 2011. Al llegar Rajoy a la Moncloa, en 2012, estableció un copago farmacéutico (los pacientes pagaban del 10 al 60% de la receta), que fue bastante efectivo: el gasto en recetas se redujo drásticamente en 2012 (9.770 millones) y 2013 (9.183 millones). Pero luego, el gasto en recetas volvió a aumentar en 2014 (9.360 millones) y año tras año, hasta 2019 (10.793 millones). En 2020, con la pandemia, el gasto en recetas aumentó más (a 11.678 millones), pero sobre todo el gasto farmacéutico en hospitales (otros 7.883 millones, frente a 5.153 en 2014). Y en 2021, el gasto farmacéutico volvió a subir: 12.531 millones en recetas (+7,3%) y 8.425 millones (+6,9%) en hospitales, un total de 20.956 millones de euros, el 24% del gasto sanitario total. Y este año 2022, llevamos un gasto hasta septiembre de 16.122 millones, con lo que se podría cerrar el año con 21.500 millones de gasto farmacéutico en recetas y hospitales, todo un récord.
Frente a esta bola creciente del gasto farmacéutico, el Gobierno (este y los anteriores) han tomado dos medidas. Una, poco conocida, es la revisión mensual de precios de medicamentos, según van caducando las patentes y entran los genéricos: Sanidad envía una comunicación cada mes a los Colegios farmacéuticos con los precios que bajan, con el precio máximo que paga el SNS por un medicamento con receta. Y la segunda medida, a finales de cada año (en 2019 se hizo dos veces), es la publicación de una Orden con los nuevos precios de referencia y las nuevas agrupaciones de miles de medicamentos, que bajan de precio desde el 1 de enero, para ahorrar en el gasto en recetas y hospitales.
Esta vez, la Orden con los nuevos precios de referencia (BOE 28 noviembre) revisa los precios de 17.097 presentaciones de medicamentos, 13.552 dispensados en farmacias y 3.545 medicamentos hospitalarios, estableciendo los nuevos precios a los que se financian desde el 1 de enero de 2023. La medida supondrá un ahorro de 270,89 millones en la factura farmacéutica pública (sólo un 1,25% del gasto esperado), que se repartirá entre un ahorro de 229,14 millones para los hospitales y 41,75 millones para las recetas en farmacia (que ahorrarán en su mayoría las autonomías y poco los pacientes: pagaremos unos 4,7 millones menos en copagos en 2023). Este año, la rebaja de los precios de referencia es mayor que la hecha para 2022 (234,13 millones de ahorro) y para 2021 (170 millones).
Para la mayoría, los que compramos medicamentos con receta en la farmacia, esta nueva rebaja se va a notar poco, (ver listado con los nuevos precios). Veamos algunos ejemplos: crema Betnovate para la dermatitis (baja de 2,87 a 2,86 euros, -0,38%), Pulmicort, para el asma (baja de 3,08 a 3,06 euros, -0,65%), Climen para terapia hormonal menopausia (baja de 3,70 a 3,14%. -15%), Ursobilane para cálculos biliares (baja de 15,05 a 14,99 céntimos, -0,4%), heparina Clexane (baja de 40,62 a 38,29 euros, -5,73%), Equasym para el déficit de atención hipercinético (baja de 29,18 euros a 26,07, -10,6%) o Forsteo pluma recargada para la osteoporosis (baja de 317,27 euros a 252,16, -20,5%). Estos son los nuevos precios venta al público, no los que pagan los pacientes, que sólo abonan el copago (10% los jubilados y entre el 30 y el 40% del PVP los trabajadores). Así que en muchas de las 13.552 presentaciones rebajadas en las farmacias, la rebaja será de unos céntimos.
Los que sí van a notar esta nueva rebaja de los medicamentos (y van 15 ya) son las 22.164 farmacias que hay en España, sobre todo las más pequeñas (3.000 venden menos de 300.000 euros anuales) y especialmente las 858 farmacias rurales “con viabilidad económica comprometida”. Ya sufrieron una caída de ventas en 2020, con la pandemia, y aunque se recuperaron algo en 2021, su facturación vuelve a estancarse o caer en 2022, con la menor venta de test COVID y mascarillas. Lo que sucede a la mayoría de las farmacias es que dispensan más recetas y facturan menos, porque los precios de los medicamentos financiados llevan bajando desde 2010, además de los “sustos mensuales” (revisión adicional de algunos precios). Eso pone en riesgo la viabilidad económica de muchas farmacias, claves en la atención sanitaria, como se ha visto con la pandemia: ven reducir su facturación mientras les aumentan los costes. Y tratan de buscar alternativas en las ventas sin receta (cremas y demás), que les suponen el 30% de los ingresos. Pero el núcleo de su actividad, las recetas (el 70% de las ventas) se resiente año tras año.
Otro riesgo de esta nueva bajada de precios de los medicamentos está en los laboratorios. Tras 15 años de rebajas de precios, los medicamentos en España son los más baratos de Europa, un 15% por debajo de la media de la eurozona. Y tras cada rebaja, los laboratorios (extranjeros y españoles) se ven desincentivados a vender en España, donde la mitad de los medicamentos cuestan menos de 3,50 euros, según Farmaindustria (y nosotros, con el copago, los pagamos entre 0,35 y 1,40 euros: más baratos que un café). Esta rebaja continuada de los precios de referencia provoca dos consecuencias: hay desabastecimiento de algunos medicamentos en España y cada vez más se desvían a otros mercados, sobre todo al centro y norte de Europa, donde los cobran más caros que en España.
El problema más serio es el desabastecimiento de algunos medicamentos en España, que se ha agravado en los últimos años, a pesar de que las últimas Órdenes de nuevos precios de referencia aplican excepciones y precios ponderados para determinados medicamentos esenciales, asegurando además un precio mínimo de 1,60 euros. Pero aún así, los farmacéuticos alertan que cada vez hay más medicamentos “en falta”, en concreto 637 hoy, según la web de la Agencia del Medicamento, que quita importancia al problema señalando que el desabastecimiento afecta sólo al 3,42% de las presentaciones. Pero la propia Agencia reconoce que el desabastecimiento de medicamentos ha crecido un 31% en el primer semestre de 2022. Según su informe, el 25,3% se deben a problemas de fabricación, otro 24,6% a déficit de capacidad en las plantas, un 22% a aumentos de la demanda y el 8% restante a problemas en el suministro de principios activos. Pero muchos expertos reiteran otra causa: con los bajos precios que tienen algunos medicamentos, a los laboratorios no les compensa producirlos. O les compensa más venderlos fuera de España, más caros.
Un indicador de lo que está pasando es el tremendo salto que han dado las exportaciones de medicamentos desde España, sobre todo en 2021 y 2022: ya saltaron de 7.162 millones de euros exportados en 2007 a 10.482 en 2012 y luego volvieron a saltar a 12.558 millones en 2020, para crecer más del 40% el año pasado y este: 17.646 millones exportados en medicamentos en 2021 y 20.017 en 2022, sólo entre enero y octubre, lo que duplicarán este año las exportaciones de medicamentos de antes de la pandemia. Los medicamentos son la 3ª mayor partida exportadora de España, tras los coches y los derivados del petróleo. Y las principales exportaciones han ido, en 2022, a Bélgica, Suiza, China y Francia.
Los recortes continuados en el precio de los medicamentos (que apenas suponen ahorro en la factura farmacéutica), no sólo ponen en peligro las cuentas de muchas farmacias y provocan desabastecimiento de medicamentos sino que además, desincentivan la llegada a España de nuevos fármacos innovadores. Los datos son muy explícitos. Por un lado, los españoles sólo accedemos a la mitad de los nuevos medicamentos que se autorizan en Europa: en 2022, solo estaban disponibles en España 85 de los 160 nuevos fármacos autorizados en Europa entre 2017 y 2020, según la patronal Farmaindustria. Un porcentaje (53%) que, además, baja año tras año (llegaron el 62% en 2018) y es muy inferior al de Alemania (llegan el 92% de los nuevos fármacos), Italia (79%), Reino Unido (68%) o Francia (62%). Y además de no llegar la mitad, los nuevos fármacos que llegan tardan 517 días en autorizarse su inclusión para financiarlos, frente a 337 días de media en Europa (y los 180 días que debería tardarse legalmente).
Los dos problemas, nuevos medicamentos que no llegan y otros que tardan demasiado en poder recetarse, tienen una causa común: los bajos precios que se pagan en España. Hay una negociación permanente entre Sanidad y los laboratorios para fijar el coste de los nuevos fármacos, donde algunos laboratorios intentan “abusar” con los precios que piden y Sanidad intenta “ahorrar en la factura farmacéutica” retrasando la autorización, a costa ambos de los pacientes que esperan un nuevo fármaco para sus dolencias (muchas graves).
Además, el racaneo en los precios de los nuevos medicamentos (una parte justificado y otra no) disuade también a los laboratorios para investigar en España, máxime cuando el proceso de crear un nuevo medicamento tarda de 10 a 12 años y sólo 3 de cada 10 nuevos medicamentos generan retornos suficientes como para compensar la inversión realizada en la investigación, según Farmaindustria. Eso sí, España compensa a los grandes laboratorios por su excelente sanidad hospitalaria y el potencial investigador de nuestras Universidades, lo que se traduce es que somos el país líder en Europa en ensayos clínicos de nuevos medicamentos y el 2º del mundo, tras EEUU. Y esta es una baza que utiliza Sanidad, la aportación pública a la investigación, para intentar pagar menos por los nuevos fármacos.
Otro factor a tener en cuenta, según la industria farmacéutica, es que la inversión en nuevos medicamentos acaba ahorrando costes al sistema sanitario: por cada euro invertido en fármacos innovadores, se ahorran entre 2 y 7 euros en prestaciones sanitarias (consultas, ingresos hospitalarios e intervenciones), según algunos estudios. Eso sí, en España, las bajadas de precios y los intentos de ahorro han reducido el peso de los fármacos innovadores (los que tienen menos de 10 años): tenían un 32,5% de cuota en 2013 y bajaron al 28,3% en 2018, según el último dato de Farmaindustria. Y los propios médicos se quejan de que no disponen de fármacos nuevos para muchas enfermedades.
Al final, hay una oportunidad de mejorar la oferta de medicamentos a un precio asumible: potenciar la industria farmacéutica, aprovechando las ayudas europeas. Es lo que pretende Europa, para ser más autosuficiente tras el “susto” de la pandemia: en noviembre de 2021, el Parlamento Europeo aprobó la Estrategia Farmacéutica Europea, que contempla ayudas públicas a la investigación farmacéutica para conseguir nuevos fármacos “europeos” a precios asequibles, potenciando las compras públicas, como se hizo con las vacunas. A partir de ahí, las multinacionales ya han empezado a posicionarse, para trasladar sus actuales fábricas de Asia a la Unión Europea. En esta carrera, España quiere adelantarse, para lo que aprobó, ya en noviembre de 2021, un Plan, el PERTE de Salud de Vanguardia, para movilizar y financiar la fabricación de medicamentos y terapias innovadoras, destinando a ello 982 millones de Fondos europeos entre 2022 y 2023. El PERTE pretende digitalizar el sistema sanitario y parte de la atención sanitaria y potenciar terapias avanzadas en el tratamiento de enfermedades (en especial la diabetes, enfermedades degenerativas y el ELA) y el desarrollo de fármacos innovadores, en colaboración con la industria farmacéutica, los investigadores y los grandes hospitales, buscando que España sea un país atractivo para las multinacionales farmacéuticas y sus ensayos clínicos.
La semana pasada, el PERTE de Salud de Vanguardia consiguió un gran logro: los directivos de las 14 principales multinacionales farmacéuticas y de los mayores laboratorios españoles acudieron a La Moncloa para ofrecer al presidente Sánchez su colaboración para convertir a España en un polo europeo de producción de nuevos medicamentos, al igual que somos el 2º mayor fabricante europeo de automóviles: se comprometieron a invertir 8.000 millones de euros entre 2023 y 2025 para impulsar la investigación y producción de fármacos en España y contratar a 4.500 jóvenes al año para sus 103 plantas españolas. Y creen que el Gobierno español puede atraer a otros paises a seguir este camino, promoviendo una potente industria farmacéutica europea. Por su parte, el presidente Sánchez se comprometió a elaborar un Plan Estratégico para la Industria Farmacéutica, para reforzar el abastecimiento, facilitar el acceso a nuevos fármacos y colaborar en la sostenibilidad del sistema sanitario.
En definitiva, que parece que se abre el camino para que España sea un país puntero en la producción de medicamentos innovadores, que facilite la investigación y asegure nuestro suministro a precios asequibles. Eso obligará a respaldar esas inversiones de futuro con precios razonables y financiables, huyendo del racaneo que apenas ahorra y provoca desabastecimientos. Por nuestra salud y nuestra economía.
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