2 meses de guerra "pinchan" la recuperación

Hoy es el día 61 en la guerra en Ucrania, que ya ha provocado un frenazo en todas las economías, especialmente en Europa, que crecerá casi un tercio menos (España, una quinta parte menos). El conflicto sigue subiendo los precios de casi todo y la inflación ronda el 10%, mientras suben mucho menos las pensiones (+2,5%) y los sueldos (+2%). Con esta pérdida de poder adquisitivo, mayor entre los que menos ganan, será imposible mantener la recuperación iniciada, a pesar del tirón del turismo. Si el conflicto se mantiene, creceremos poco y no superaremos la crisis de la pandemia hasta finales de 2023. No hay recetas mágicas: sólo moderar las subidas de precios (reduciendo los márgenes y beneficios empresariales) y subir con cuidado los salarios. Y mantener las ayudas selectivas a las familias y sectores más perjudicados. Bajar impuestos suena bien, pero sería contraproducente, injusto y peligroso, como dice incluso el FMI. Hay que ajustar gastos, costes y precios, vivir algo peor porque la guerra nos empobrece.

Enrique Ortega

La peor parte de esta guerra se la llevan los ucranianos: miles de muertos, 5 millones de refugiados en el extranjero, millones de desplazados internos, ciudades en ruinas y una economía que perderá el 35% del PIB este año, según el FMI. El resto de europeos también sufrimos la invasión de Putin, pero sólo en nuestros bolsillos: la guerra ha provocado una subida generalizada de precios, que se ha “comido” parte de nuestros sueldos, pensiones y ahorros, lo que reduce el poder adquisitivo de la mayoría y aumenta los costes de las empresas, recortando el consumo y la inversión. Y con ello, el crecimiento y el empleo.

El 2º mes de guerra en Ucrania ha disparado la inflación en todo el mundo, con récords históricos de subidas de precios: +7,9% en EEUU (la mayor inflación desde 1981), +7,8% en la UE-27 (récord desde 2002) y +9,8% en España (la mayor inflación en 36 años). La inflación mundial ya era alta desde septiembre de 2021, por el aumento de actividad tras lo peor de la pandemia, pero se ha agravado con la invasión de Ucrania, por tres vías: el aumento de los precios de la energía (petróleo y gas, lo que encarece los carburantes y la electricidad), la subida de las materias primas (alimentos y metales) y los atascos en el comercio mundial (por falta de chips y componentes, problemas de transporte y rebrote del COVID en China). Un aumento generalizado de costes que las empresas han trasladado en cadena a los consumidores.

En España, el primer causante de la actual inflación (que superará el 10% en abril) es la subida de la energía, en especial el petróleo (a 106,56 dólares el barril el viernes, un +9% más caro que el día antes de la invasión), que ha encarecido el gasóleo (a 1,613 euros litro, un +9% más caro que el 23-F) y la gasolina (a 1,590 euros litro, prácticamente el mismo precio que antes de la invasión), más que el gas natural ( 84,68 euros MWh el viernes, un 4,7% más barato que los 88,89 euros del 23-F), aunque el precio de la electricidad en el mercado mayorista varía mucho cada día (entre 85 y 240 euros la semana pasada) y cuesta hoy lunes 226,57 euros MWh, un 15,6% más que antes de la invasión (195,86 euros MWh). Estas subidas de los precios energéticos se han trasladado a algunas materias primas, como metales y cereales o aceites, donde las exportaciones de Rusia y Ucrania eran importantes.

Al final, las subidas de precios de la energía y materias primas por la guerra se han trasladado en España al transporte (sus costes han aumentado del 14%, el sector aéreo, al 20% el ferrocarril), la industria auxiliar de la construcción (+14% costes), las refinerías de petróleo (+12%), la pesca (+10%), la metalurgia (+8%) y la industria química (+7% subida costes), según un estudio de CaixaBank Research, que también destaca subidas importantes en los componentes de automóvil, maquinaria, aceites, piensos y fertilizantes. Al final de la cadena, es el consumidor el que carga con las subidas, sobre todo en carnes y lácteos, bebidas, hostelería, productos agrícolas y ganaderos, coches, ropa, hoteles y restaurantes.

Ahora, si sigue el conflicto en Ucrania, la previsión es que los precios sigan altos en mayo y junio, aunque la energía podría bajar este verano, pero no los carburantes (por la alta demanda en vacaciones). Con todo, las empresas españolas no parecen dispuestas a asumir una parte del aumento de costes (reduciendo sus márgenes), según anticipa la Encuesta que les ha hecho el Banco de España: el 40% de las empresas ha subido sus precios en el primer trimestre, otro 37,5% los subirán en el 2º y nada menos que un 60% de las empresas consultadas “esperan subir sus precios a un año vista”. En definitiva, que mientras el consumidor no retraiga sus compras, las empresas seguirán subiendo precios.

La primera previsión tras la guerra, hecha la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), augura una subida generalizada de la inflación en todo del mundo este año, especialmente  en Europa (+5,3% de inflación media en 2022, frente a 2,6% en 2021), principalmente en Reino Unido (+7,4%), Alemania (+5,5%), Italia o España (+5,3% frente al 3,1% en 2021), más que Francia (+4,1%) o Portugal (+4% de inflación).

De cumplirse estas previsiones de inflación, que pueden ir a peor (si el conflicto se alarga  o se dispara más la energía), la mayoría de europeos perderán poder adquisitivo este año, “seremos más pobres” por los efectos de la guerra de Ucrania. Y más en España, donde los ingresos son más bajos y la inflación está subiendo algo más. Los más afectados (“la inflación sí entiende de clases”) serán las familias más vulnerables (porque gastan comparativamente más en energía y alimentos) y, sobre todo los trabajadores (cuyos sueldos están subiendo en torno al 2%, el 75% de los convenios sin clausula de revisión salarial frente a la inflación) y los pensionistas (que tienen una subida este año del 2,5% en sus pensiones), a quien no se compensará de la subida extra del IPC hasta enero de 2023.

En conjunto, se ha calculado que la inflación se va a “comer” este año 85.000 millones de euros de los ingresos de trabajadores (perderán unos 21.000 millones de poder adquisitivo), pensionistas (15.000 millones que puede costar la revalorización de 2023) y ahorradores (50.000 millones perdidos en sus depósitos por la inflación extra). Este es “el coste de la guerra” para los españoles de a pie, más el coste de las ayudas públicas y la pérdida de ingresos y beneficios de empresas y autónomos.

La consecuencia directa de esta pérdida de poder adquisitivo por la inflación es la caída del consumo y la inversión, los dos principales “motores” del crecimiento. Por eso, el FMI ha revisado a la baja el crecimiento de todas las economías: la economía mundial crecerá un 0,8% menos de lo previsto en enero (3,6% frente a 4,4%). Caerán menos la economía USA (-0,3%, creciendo un 3,7%) y China (-0,4%, creciendo un 4,4%) pero el “pinchazo” será mayor en Europa, que reducirá su crecimiento -1,1% (del 3,9 al 2,8%), en especial Alemania (-1,7%, crecerá sólo el 2,1%) , Italia (-1,5%, crecerá el 2,3%) y Reino Unido (-1%, crecerá el 3,7%, cayendo menos Francia (-0,6%, hasta crecer el 2,9%).

Para España, el FMI prevé una caída del -1% sobre el crecimiento previsto antes de la guerra, que bajará del 5,8 al 4,8%, con todo, el mayor crecimiento de los grandes paises occidentales. Esta semana, el Gobierno Sánchez tendrá que revisar a la baja su cuadro macroeconómico de septiembre pasado, que apuntaba un crecimiento este año del 7%. El Banco de España ha rebajado esta previsión al 4,5% (frente al 5,1% que crecimos en 2021) y otros expertos privados (Funcas, CaixaBank Research) lo rebajan al 4,2% (4,1% BBVA Research). Perder un 1% o más de crecimiento por la guerra de Ucrania frenará la recuperación y permitirá crear menos empleos (entre 200.000 y 300.000, frente a 840.000 empleos nuevos en 2021). Y sobre todo, retrasará la salida de la crisis del coronavirus: si pensábamos en recuperar el PIB de 2019 a finales de 2022, ahora se retrasará conseguirlo hasta septiembre de 2023.

La guerra de Ucrania nos hace más pobres, porque las subidas de precios se comen los ingresos de la mayoría. Y poco se puede hacer, salvo paliar con ayudas a las familias y sectores que más sufren esta nueva crisis, y tratar de no frenar de golpe el consumo, para lo que haría falta un “pacto de rentas”: a lo claro, que las empresas moderen sus márgenes (y beneficios) y que los salarios no suban demasiado, para no alimentar entre unos y otros la espiral de la inflación. Pero la realidad es que no hay un pacto de rentas porque la patronal ofrece una subida de salarios ridícula (+8% de subida en los próximos 3 años) y no renuncia en paralelo a subir precios (ya hemos visto que el 60% de las empresas piensan subir sus precios) ni a recortar beneficios ni dividendos. Un pacto de rentas sería “repartirse el sacrificio” de los costes de la guerra, unos en sus márgenes y otros en sus sueldos. Pero no hay intención por parte de la patronal, lo que podría provocar conflictos laborales.

Ante este panorama, alta inflación y menor crecimiento, el “nuevo” PP vuelve a viejas recetas: bajar impuestos. La propuesta enviada al Gobierno por Feijoo propone actuar por cuatro vías. Por un lado, ayudas directas de 200 y 300 euros a las familias que ganan entre 14.000 y 17.000 euros y que no declaran IRPF. Y a los que sí declaran y ganan hasta 40.000 euros, el PP propone descontarles la inflación de sus ingresos (“deflactarlos”), con lo que pagarán menos (unos 3.800 millones menos). La tercera medida sería rebajar el IVA eléctrico y del gas al 5% (el Gobierno lo ha bajado al 10%), lo que tendría que autorizar Bruselas. Y la cuarta, una rebaja en el impuesto de sociedades que pagan las empresas. En total, unas rebajas fiscales que costarían entre 7.500 y 10.000 millones y que se financiarían con el aumento de recaudación que está teniendo Hacienda por la subida de precios.

Suena bien, pero el “Plan” fiscal del PP es “contraproducente, injusto y peligroso”. Incluso el FMI criticó esta receta el mismo día que Feijoo presentó públicamente su propuesta: “no deben hacerse rebajas indiscriminadas de impuestos ni subsidios generalizados”, mientras llamaba a los Gobiernos a la “prudencia generalizada” ante el “limitado espacio fiscal” (elevados déficits públicos y mucha deuda en la mayoría de paises, entre ellos España) y “los mayores riesgos para las finanzas públicas por la guerra y la inflación”. A lo claro: no están las finanzas de los paises para gastar mucho más. Hay que concentrar las ayudas en los más vulnerables, lo mismo que dijo la OCDE el mes pasado. O sea, ayudas limitadas. Y "nada de bajadas de impuestos a la energía", señala en una carta a los paises el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

Pero hay más. Los expertos, desde el FMI a la OCDE, creen que bajar impuestos ahora es “contraproducente” porque alimentaría más la inflación: si la gente tiene más dinero disponible, gastará más y eso hará que las empresas suban sus precios sin resistencia. Además, subvencionar los carburantes y bajar el IVA de la energía va en contra del Cambio climático: lo que hay que hacer es subir los impuestos a los carburantes que emiten CO2, no bajarlos. En segundo lugar, la bajada de impuestos es “injusta” porque beneficia siempre más a los más ricos y aumenta la desigualdad. Y más en el caso de bajar el IVA. La tercera crítica, la más de fondo, es que la rebaja de impuestos es “peligrosa”: el Estado ha tenido que gastar millones en ayudas durante los dos años de pandemia y ahora tiene que seguir haciéndolo con la guerra, con lo que corremos el riesgo de disparar el déficit y la deuda demasiado. Y si eso pasa, las bajadas de hoy serán mañana recortes.

El debate de los impuestos debería ser “económico” y no ideológico: la derecha siempre lo utiliza para captar votantes, pero es poco realista. Por una cuestión de datos, no de política: España recauda menos que la mayoría de Europa. Entre 2011 y 2020, los ingresos públicos en España han sido del 38,7% del PIB, frente al 46,1% de media en la UE-27, el 52,8% en Francia, el 47,1% en Italia o el 45,5% en Alemania. Eso quiere decir (“a lo claro”) que España recaudó en 2019 (sin pandemia) 92.000 millones menos que la media de Europa. Y 175.000 millones menos que Francia, 104.500 millones menos que Italia y 97.000 millones menos que Alemania. Y así cada año, desde hace décadas. Por eso también gastamos menos (44,9% del PIB frente al 48,6% en la UE-27) y tenemos más déficit público.

España recauda menos que Europa en todos los impuestos (hay demasiadas deducciones, mucho fraude y se ingresa mucho menos en sociedades, por las grandes empresas: 23 multinacionales españolas sólo pagan el 2,6% de sus beneficios, según Hacienda). Y eso nos lastra para poder gastar lo que necesitamos (sanidad, educación, gastos sociales, empleo,  inversiones públicas, tecnología…) y atender a situaciones excepcionales como la pandemia o la guerra (donde las ayudas de España son inferiores a las de Francia o Alemania, que recaudan proporcionalmente más que nosotros). Así que los datos deberían forzar a España a recaudar más (como propone el Comité de Sabios encargado por Hacienda), no menos. Y a ser muy prudentes con las ayudas y bajadas de impuestos, porque tenemos poco fuelle. Y si no tenemos cuidado y la crisis se alarga, habría que volver a los recortes (que ya hizo el PP de Rajoy en 2012). En definitiva, no se puede soplar y sorber a la vez.

Ahora, entramos en el tercer mes de guerra y si el conflicto se enquista, para el verano habrá un nuevo recorte de previsiones, se retrasará la recuperación y harán falta más ayudas (españolas y europeas). Por eso hay que ser prudentes y tratar de repartir al máximo los costes de la guerra (tener conciencia de que “somos más pobres”), entre empresas, trabajadores y consumidores. Por ahora, los que más pagan la invasión son los ucranianos y los europeos más pobres. Es hora de un pacto de rentas entre empresas y trabajadores, para moderar no sólo los salarios sino también los márgenes (precios), beneficios y dividendos. Y compensar no sólo a  las familias y sectores más vulnerables, como ahora, sino también a las pensiones más bajas, que no pueden esperar a 2023. Se trata de ajustar el shock de la guerra, con solidaridad y prudencia, sin caer en soluciones “milagrosas” como la bajada de impuestos. La realidad es más compleja.