 |
| Enrique Ortega |
El Gobierno esperó a la Cumbre europea del 24 y 25 de marzo para perfilar el Plan de ayudas contra los efectos de la guerra de Ucrania, porque esperaba que los dirigentes europeos aprobaran ayudas globales para los 27, como pasó con la COVID. Pero Holanda, Alemania y los paises ricos del norte ni se lo plantearon, porque tendrían que pagar la mayor parte de un nuevo Fondo de ayudas. Y decidieron que cada país haría frente a sus costes, con más ayudas los más ricos (Alemania ha presentado un primer paquete de 15.000 millones de ayudas). Eso sí, como excepción, aceptaron a regañadientes que España y Portugal (dos “islas energéticas”, que sólo importan el 2,8% de la luz) pongan un tope al precio del gas para intentar rebajar el precio mayorista de la electricidad.
Con este balance del Consejo Europeo, Sánchez volvió sabiendo que España estaba “sola”, sin ayudas externas frente a los costes económicos de la guerra. Y sabiendo también que el Presupuesto “no es de chicle” y que lleva más de 2 años con un gasto público elevado (y un déficit) para pagar los costes de la COVID y las ayudas aprobadas en 2020, 2021 y 2022, a familias y empresas. Así que echó cuentas y Hacienda le dejó claro que el tope de ayudas públicas “asumible” estaba en 6.000 millones de euros. A partir de ahí, se trataba de ver cómo repartirlo, porque los expertos y la OCDE recomendaban no ayudar de forma indiscriminada sino “concentrar” las ayudas en las familias y empresas más vulnerables: es más eficaz y no “alimenta” tanto la inflación como bajadas generalizadas de impuestos.
El problema eran los carburantes: no se podían bajar en función de la renta de cada español. Era descartable que hubiera que ir a echar gasolina con la declaración de la renta en la mano, lo que hubiera colapsado las gasolineras. Así que no quedaba más remedio que “hacer una bajada para todos”: 20 céntimos por litro, buscando además que de esa rebaja, las petroleras/gasolineras financiaran 5 céntimos, con lo que el coste de la rebaja (los 15 céntimos que paga el Estado) será de 1.423 millones de euros. La rebaja de esos 20 céntimos en todos los carburantes comienza el viernes 1 de abril y las gasolineras nos darán un ticket con el precio y el descuento, que ellos adelantan y luego les devuelve Hacienda cada mes (en un tercio de gasolineras, las que facturan menos de 750 millones anuales, los 20 céntimos de rebaja corren totalmente a cargo del Estado). Ojo: estos días, algunas gasolineras han subido 10 céntimos el carburante, para no pagar luego parte del descuento.
La otra ayuda “generalizada”, para los 29 millones de españoles que tienen un contrato de luz y para el 72,5% de las empresas y negocios, es mantener la rebaja de impuestos a la electricidad que ya aprobó el Gobierno en junio de 2021, para intentar frenar la subida del recibo: se mantiene la rebaja del IVA (del 21 al 10%), la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad (al 0,5% , el mínimo que permite Bruselas) y se suprime el impuesto sobre la generación de electricidad (un 7%, que pagan las eléctricas pero que nos repercuten después), tres rebajas de impuestos que se mantienen hasta finales de junio y que cuestan otros 1.573 millones de euros. Además, se mantiene que los consumidores de gas natural no podrán tener una subida mayor del 5% en el próximo trimestre. Y se limita un 2% la revalorización de los alquileres hasta finales de junio.
El resto de las ayudas ya son “selectivas”, dirigidas a los colectivos y empresas más vulnerables. Empezando por el “bono social eléctrico”, que permite descuentos en el recibo de la luz del 60 al 70%: se mantiene para los que ya lo tenían y se amplía a otros 600.000 familias más, al incluir a los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) y subir el umbral de ingresos para tener derecho (ahora, ganar menos de 16.000 euros anuales los solteros y menos de 20.265 euros las familias con dos hijos). Con esta ampliación (que cuesta otros 228 millones de euros), los beneficiarios del bono social eléctrico serán 1,9 millones de hogares.
Otra ayuda selectiva es la que aumenta un 15% lo que reciben las 360.000 familias que cobran el ingreso mínimo vital (IMV). Ahora les suben 73,74 euros al mes a los que perciben la ayuda mínima (que queda en 565,28 euros) y 162,24 euros a los que reciben la ayuda máxima (1.243,86 euros).
Un segundo bloque de ayudas va dirigido a los sectores y empresas que más están sufriendo el aumento de costes por la invasión de Ucrania. Las mayores ayudas son para el sector transportes, con un coste para el Estado de 1.050 millones de euros. Además de la rebaja general del carburante de 20 céntimos por litro (ahorrarán unos 700 euros al mes por camión), se añaden ayudas directas (450 millones), que serán distintas según el vehículo (1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgonetas o ambulancias y 300 por taxi o VTC), más ayudas para abandonar la profesión, devolución mensual del gasóleo profesional y la promesa de aprobar antes de finales de julio una Ley para que no trabajen por debajo de costes.
Otras ayudas importantes (cuestan 488,6 millones) van dirigidas a industrias que consumen mucha electricidad y mucho gas (1.600 empresas), como las del cemento, siderurgia, aluminio, papel, cartón, vidrio y cerámica. De distintas maneras, se les rebaja la factura de la luz y se les compensa el coste de las emisiones de CO2. Otras ayudas directas se conceden al sector agrario (192 millones para agricultores y ganaderos y 169 para el sector lácteo) y pesquero (68 millones), eximiendo además a los agricultores de la obligación de dejar en “barbecho” (sin cultivar) un 5% de sus tierras: ahora se podrán destinar 2,76 millones de hectáreas más a plantar cereales y leguminosas, para que esta mayor producción compense sus mayores costes y el alza de algunos alimentos. Además, se exime a los agricultores del canon del agua y a los pescadores de las tasas portuarias.
Además de estas ayudas directas (a fondo perdido) a las empresas y sectores más vulnerables, el Plan de choque incluye 1.000 millones de euros de créditos ICO, como los que se concedieron por el COVID, a muy bajo interés y con un año (o dos) de carencia (se pagan solo intereses, no el principal). Podrán solicitarlos las empresas afectadas por el aumento de costes derivado de la guerra de Ucrania y aquí el coste para el Estado es bajo, porque sólo tendrá que asumir los avales de los que no paguen (muy pocos). Además, como llueve sobre mojado, el Plan amplía los plazos de devolución de los que ya tenían créditos ICO y ahora tengan más complicado pagar intereses o devolverlos.
A cambio de estas ayudas directas o créditos, el Plan “prohíbe” que las empresas beneficiarias despidan personal, al menos hasta finales de junio, dándoles la posibilidad de aprobar un ERTE (como durante el COVID) si necesitan reducir horarios o personal. Pero no pueden despedir si han recibido dinero público para salir adelante, como ha justificado la ministra de Trabajo, una medida que critica el presidente de la patronal CEOE.
El último bloque del Plan de choque incluye medidas para intentar abaratar el recibo de la luz, medidas que tardarán en surtir efecto. La primera y más efectiva, será el cambio en el sistema de retribución a las renovables: hasta ahora, se les liquidaba las ayudas cada 3 años y ahora se hará anualmente. Y como han recibido más ayudas de las pactadas, el Estado podrá recuperar 1.800 millones que va a destinar a bajar un 55% los costes fijos del recibo de la luz. Resultado: sólo por eso, el recibo bajará 6 euros al mes. Otra medida importante es que el Gobierno vuelve a poner un impuesto a las eléctricas para que paguen lo que cobran de más por el precio disparado del gas, los llamados “beneficios caídos del cielo”. Esta medida ya se aprobó en octubre pasado, pero tuvo que rehacerla 2 veces y al final quedó en el aire, por falta de cobertura legal. Ahora, tras haber avalado esta medida el último Consejo Europeo, el Gobierno volverá a aplicarla, aunque no en el mercado mayorista, sino en los contratos a plazo bilaterales e intragrupo: cuando una eléctrica firme un nuevo contrato (a partir del Plan) con un gran cliente, no podrá repercutirle más de 67 euros por MWh de gas que utilice. Si repercute un mayor precio, Hacienda se cobrará la diferencia vía impuestos.
Queda pendiente el gran problema: poner un tope similar al precio del gas que se utiliza para fijar el precio de la luz en el mercado mayorista, para los consumidores de a pie. El Consejo Europeo aprobó la excepción para España y Portugal (no quiere hacerlo a nivel europeo porque tendría que “compensar” a las eléctricas y no quieren pagar más), pero ahora hay que concretarlo. Esta semana, España y Portugal enviarán a Bruselas su propuesta conjunta, que pasa por poner un tope al precio del gas, que sólo aporta el 15% de la electricidad producida pero pone el precio a toda la luz (también a la que se produce con energía hidroeléctrica, nuclear, carbón o renovables, mucho más baratas), con lo que pagamos toda la luz al precio del gas. El Gobierno no quiere desvelar el precio tope al gas que pide (“el más bajo posible”) y que tendrá que negociar con la Comisión Europea, pero podría ser inferior a 50 euros (el precio medio en 2021, tras ser 20 euros la media en 2020), sobre 35 euros/MWh. Eso permitiría bajar sensiblemente el precio de la luz en el mercado mayorista, hasta los 120 euros/MWH, la mitad del precio que tiene para hoy jueves (239,37 euros/MWh).
Pero esta rebaja en el precio mayorista de la luz (que supone el 50% del recibo, el resto son costes regulados e impuestos) tardará en notarse en el recibo, ya que la Comisión Europea retrasará 3 o 4 semanas su decisión final, que luego tendrá que plasmar el Gobierno español en un decreto. Y ahí tendrá que decidir cómo se compensa a las empresas por el tope al gas, aunque el Gobierno ha dicho que se financiará “con cargo al sistema”, no con más ayudas públicas o con nuestro recibo. Habrá que verlo. Pero en cualquier caso, no estará listo hasta mayo y lo notaríamos en el recibo que llegue a primeros de junio. Primero, los 11 millones de consumidores que tienen la tarifa regulada (tarifa PVPC). Y más tarde, cuando les toque renovar su contrato, los 18 millones de clientes con “precio libre”, que han aumentado en el último año por la campaña de las eléctricas para trasvasar clientes al mercado “libre” (+1,2 millones en 2021).
Bueno, hasta aquí el detalle del Plan de choque contra la inflación extra provocada por la invasión de Ucrania. Ahora, el Gobierno tiene que convalidar el decreto en el Congreso, en un mes, para lo que busca el mayor apoyo posible. El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijoo se “estrena” con esta decisión (y con la entrada de VOX en el gobierno de Castilla y León) y se debate en un dilema: apoyar o abstenerse, justificando su futura decisión en que el Gobierno debe “bajar impuestos”, que es lo que Sánchez prometió en la Cumbre de presidentes autonómicos de la Palma. Hay que decir, primero, que ha bajado los impuestos a la luz y la rebaja de carburantes es como bajar impuestos. Pero sobre todo, que tanto la OCDE como el Banco de España han reiterado que es mejor apostar por ayudas dirigidas a las familias y sectores vulnerables que bajar impuestos generalizadamente. Primero, porque esa rebaja es socialmente injusta: beneficia más a los que más tienen. Y segundo, porque una bajada masiva de impuestos aumentaría aún más la inflación.
Pero hay otra razón, que apenas se esgrime: España no se puede permitir el lujo de bajar impuestos. El rechazo no es por razones ideológicas, sino prácticas: España recauda mucho menos que el resto de Europa (88.000 millones menos cada año que la media UE, según Eurostat) y sin embargo tiene que paliar una crisis mayor, primero por la COVID (el PIB cayó un -10,8%, frente al -5,9% en la UE-27) y ahora por la invasión de Ucrania, con mucho menos “músculo fiscal”, porque el déficit público ha crecido al -6,9% (frente al -3,7% de la UE-27). Por eso es mucho más arriesgado bajar los impuestos en España: no nos llega como para pagar lo que necesitamos y recortar el déficit. Como para tener menos ingresos. Esta es la realidad de las cifras, que ni PP ni Ciudadanos quieren ver con su ideología. Lo que habría que hacer, cuando se pueda (no ahora) es subir impuestos (ojo, a los que pagan poco), para recaudar como el resto de europeos y salvar el Estado del Bienestar.
De momento, lo que estamos haciendo es gastando impuestos y endeudándonos, para salir del doble bache de la COVID y la guerra de Ucrania, con ayudas moderadas (las que podemos) y concentradas en las familias y empresas que más lo necesitan. Ahora, la clave está en lo que dure la guerra: si no hay un alto el fuego y se enquista, los precios seguirán subiendo imparables y estas medidas del Plan de choque serán insuficientes. Y habrá que pensar en más ayudas, porque además de la inflación nos caerá encima un pinchazo en el crecimiento y el empleo, se pondrá en peligro la recuperación, en Europa y en España. Y eso limitará aún más la recaudación y disparará las necesidades. Por eso, y por lo que está sufriendo el pueblo de Ucrania, necesitamos que se acabe la guerra. Cuanto antes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario