Curso escolar 2021-22: presencial y con recortes

Niños y adolescentes han vuelto a colegios e institutos en este tercer Curso escolar en pandemia, que se espera sea mejor: enseñanza presencial, casi todos los profesores vacunados  y más de la mitad de los alumnos de 12 a 19 años con 2 dosis, aunque seguirán las mascarillas, la distancia de seguridad y el riesgo para los menores de 12 años (4,5 millones). El objetivo es recuperar el temario perdido los años anteriores, pero los centros chocan con los recortes: la mayoría de autonomías van a contratar este curso menos profesores de refuerzo (entre 12.500 y 15.000 menos), a pesar de que el Gobierno les han transferido más dinero para afrontar  la COVID, tanto el curso pasado (+2.000 millones para educación) como este (+13.500 millones para todo). Lo gastarán en otras cosas, a pesar del deterioro de la educación con la pandemia. Urge que centros y familias lo eviten. Es un problema más prioritario que otros también importantes (jueces, delitos de odio, subida de la luz…): en la enseñanza nos jugamos el futuro.

Enrique Ortega

Este Curso escolar 2021-2022 se espera que vuelvan a crecer los alumnos de las enseñanzas no universitarias, un +0.9%, y que estudien en colegios e institutos 8.370.000 alumnos, según Educación, algo menos en la Educación infantil (1.720.000), que ha bajado por la pandemia, y en Primaria, por la menor natalidad (se esperan 2.850.000 alumnos), aumentado los alumnos de Educación especial (casi 40.000), ESO (2.050.000), Bachillerato (rondarán los 700.000) y, sobre todo, en Formación Profesional, la enseñanza que más crece y donde se llegará al millón de alumnos, aunque faltan 50.000 plazas en centros públicos, según los sindicatos, sobre todo en Cataluña (-10.000 y Madrid (-6.938). El alumnado de estas enseñanzas no universitarias sube en todas las autonomías, salvo en Castilla y León y Extremadura, donde cae por la despoblación, y se estanca en Castilla la Mancha y Canarias. Dos de cada tres alumnos (67,1%) estudia en centros públicos, una cuarta parte (25,6%) en la enseñanza concertada (su peso aumenta curso a curso) y el 7,3% en centros privados.

Los 28.624 centros de enseñanza no universitaria (y sus 725.000 profesores) afrontan este nuevo Curso escolar con menos incertidumbre que los dos pasados. Por un lado, este año están vacunados casi todos los profesores (del 92% en Cataluña al 95% en Extremadura). Y por otro, están inmunizados con las 2 dosis (muchos con sólo 1 están inmunizados, porque se contagiaron este verano) más de la mitad de los alumnos de 12 a 19 años (el 55% el 9 de septiembre) y las tres cuartas partes (78,4%) tienen 1 dosis y se va a agilizar su vacunación total estos meses. Esto va a facilitar las clases en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, aunque todavía no se ha autorizado ninguna vacuna para los 4,5 millones de alumnos menores de 12 años (infantil y primaria), donde seguirán “los grupos burbuja”.

Esta mejor defensa de profesores y alumnos ante el COVID 19 permitirá que la enseñanza no universitaria sea este curso totalmente presencial, salvo situaciones especiales, aunque los alumnos seguirán acudiendo a clase con mascarilla y con distancia de seguridad (1,2 metros en vez de los 1,5 metros del curso pasado), escalonando las entradas a los centros escolares y ventilando frecuentemente las aulas. También compartirán bibliotecas y salas multiusos y se retoman las actividades extraescolares, deportes y educación física. En líneas generales, las medidas anti-COVID pactadas entre Educación y las autonomías para este curso son más estrictas que en la mayoría de Europa: en Reino Unido y Paises Bajos no es obligatoria la mascarilla en los centros, la ventilación es sólo una recomendación en Italia y en muchos paises (como Alemania o Francia) no se fija una distancia mínima entre los alumnos ni se reducen los alumnos por clase…

Esta relajación de las medidas anti-COVID ha sido aprovechada por la mayoría de autonomías para aumentar el número de alumnos por clase (de 20 a 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 (hasta 38) en Bachillerato, con lo que se ahorran parte de los profesores de refuerzo contratados el curso pasado para atender a los desdobles de clases. De los 40.000 profesores de refuerzo contratados por las autonomías el curso pasado, desaparecen este curso 12.500 profesores, según CCOO (y hasta 15.000, según el sindicato CESIF). Según la información aportada por cada autonomía, sólo 5 autonomías mantienen los profesores de refuerzo del Curso pasado: País Vasco, Cataluña. Castilla y León, Castilla la Mancha y Navarra. Baleares dice “que lo va a intentar” y Cantabria los mantiene el primer trimestre del nuevo curso. El resto, 8 autonomías, aprovechan para reducir profesores: -8.000 profesores contratadas este curso en Madrid, -1.900 en Canarias, -1.500 en Murcia, -1.000 en Andalucía, -1.050 en Galicia, -500 en Asturias, -150 en Extremadura y un recorte indeterminado en La Rioja.

Centros y profesores se quejan de estos recortes, porque este Curso deben intentar reforzar la formación de sus alumnos y recuperar el temario perdido, tras el cierre de colegios en marzo de 2020 y el curso semi presencial 2020-21. Y reiteran que han aumentado, con la pandemia, los alumnos rezagados y que necesitan refuerzo, por lo que consideran inadmisible perder entre 12.500 y 15.000 profesores, máxime cuando las plantillas ya eran cortas antes de la pandemia, por los recortes en la educación hechos entre 2010 y 2015 (se perdieron 45.000 empleos, según UGT). Su temor, además, es que al haber menos profesores y más alumnos por clase, aumenten los repetidores y el abandono escolar.

El Gobierno y muchos expertos denuncian que estos recortes de profesores este Curso están injustificados porque las autonomías reciben más dinero público que nunca para la educación, por la pandemia. La ministra de Educación ha recordado a las autonomías que el año 2020 recibieron 16.000 millones extras para combatir el COVID, de ellos 2.000 millones transferidos sólo para educación. Y este año 2021, el Gobierno central aprobó en agosto una partida de 13.458 millones para ayudar a las autonomías, con dos prioridades fijadas: servicios sociales y educación. Una parte de este dinero ya se ha transferido en septiembre y el resto se les enviará en noviembre. Una cifra global que supone 2.357 millones extras para Andalucía, 2.170 para Cataluña, 1.863 millones extras para Madrid o 1.400 millones para la Comunidad Valenciana. Y además, las autonomías contarán este año con otros 1.486 millones más para educación, 1.398 de ellos del Fondo europeo de recuperación, que deben destinarse a digitalización, libros y refuerzo alumnos vulnerables.

Así que las autonomías están recibiendo más dinero público, también para enseñanza, pero muchas aprovechan que se flexibilizan las medidas anti-COVID en los centros escolares para despedir profesores. Ante eso, la Plataforma estatal para la escuela pública (sindicatos, padres, estudiantes y profesores) ha anunciado movilizaciones para exigir que no haya despidos e incluso se contraten más profesores. Y el PSOE ha registrado una proposición en el Congreso para instar al Gobierno a llegar a un acuerdo con las autonomías para reducir de forma permanente los ratios (alumnos por clase) en centros “de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa”.

La pandemia dejó al descubierto lo vulnerable que es la enseñanza no universitaria, escasa de medios y profesores por un recorte continuado del Presupuesto educativo. España ha recortado el gasto público en educación, año tras año, desde 2009: entonces el gasto público en educación suponía el 5,04% de la producción del país (PIB) y fue bajando, año tras año, hasta un mínimo del 4,21% en 2018, apenas mejorado en 2019 (4,26% del PIB en educación), el último año del que Educación publica estadísticas. Eso significa que si el gasto público en educación era en 2009 de 53.895 millones, en 2019 era de 53.053 millones, todavía menos. Y eso nos coloca a la cola del gasto en educación en Europa, según la última estadística (2018): gastamos 6.006 euros por alumno de primaria y 1ª etapa de secundaria, frente a 6.359 de media en Europa, 6.622 euros en Italia, 6.700 en Francia, 7.663 en Alemania o 8.030 euros por alumno en Finlandia, el país puntero en educación. Y en Secundaria 2ª etapa, gastamos 7.400 euros públicos por alumno frente a 7.762 de media en la UE-27, 7.579 en Italia, 10.190 en Francia o 10.291 euros por alumno en Alemania.

Lo peor no es sólo que estemos a la cola europea en el gasto educativo. Es que además, hay enormes diferencias en el gasto según las autonomías, derivadas del diferente ajuste hecho tras la anterior crisis. Así, hay 7 autonomías que gastaban menos en educación en 2019 que en 2009: Castilla la Mancha (-15,7%), Cataluña (-12%), Castilla y León (-8,1%), Galicia (-4,2%), Canarias (-3,1%), País Vasco (-1,1%) y Asturias (-0,6%), según el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y las otras 10 autonomías gastaron más en educación que en 2009, sobre todo Baleares (+15,8%), Comunidad Valenciana (+17%) y Cantabria (+8%). Con ello, tenemos “dos Españas” educativas. Por un lado, 8 autonomías que gastan en educación más que la media (863,50 euros por alumno): País Vasco (1.274,63 euros), Extremadura (1.006,17), Cantabria (998,04), Comunidad Valenciana (989,98), Murcia (965,68), Andalucía (890,38) y Galicia (867,01). Y 9 autonomías que gastan menos: Madrid (723 euros por alumno, casi la mitad que Euskadi) y Cataluña (771,67 euros), las dos regiones más ricas, Asturias (782,92), Castilla la Mancha (810,17), Castilla y León (829,08), Aragón (837,53), Baleares (841,68) y la Rioja (862 euros por alumno).

Este recorte del gasto público en educación, confirmado por las estadísticas entre 2009 y 2019, ha obligado a que las familias españolas gasten más cada año para compensarlo. De hecho, las familias gastaron en educación en 2019 un total de 11.417 millones de euros, un 56% más que en 2004. Y con ello, la enseñanza es la tercera partida de gasto familiar que más ha crecido en estos 15 años, tras los gastos en vivienda (+187%) y en salud (+181%). El resultado es que las familias financian ya el 12,3% del gasto educativo (frente a 86,7% el Estado y un 1% otros), lo que convierte a España en el país europeo que menor porcentaje de recursos públicos destina a la enseñanza y el 2º país donde más pagan las familias (12,8% del gasto en Alemania, 7,8% en Francia, 5,3% en Italia y sólo el 0,8% en Finlandia), según la OCDE.

En resumen, tenemos una enseñanza con pocos recursos públicos, menos en comparación a la riqueza del país que hace una década, un gasto desigualmente repartido por autonomías y donde las familias cada vez pagan más. Y esta falta de financiación pública más una gestión política discutible y con muchos vaivenes (se han aprobado 8 Leyes educativas en la democracia) nos ha llevado a una educación bastante deficiente, como lo demuestran tres indicadores: tenemos récord de repetidores (el 28,7% de los alumnos de 15 años, frente al 13% de media en Europa), récord en abandono escolar temprano (16% jóvenes de 18 a 24 años no completan la 2ª etapa de secundaria, frente al 10,2% en Europa) y nuestros jóvenes sacan bajas notas frente a los de otros paises  en comprensión lectora, ciencias y matemáticas en los Informes PISA. Y otro indicador aún más preocupante: los jóvenes españoles (menores 25 años) tienen más del doble de paro (35,1%) que los europeos (16,2%) y cuatro veces más que los alemanes (7,5% de paro juvenil), según Eurostat.

La pandemia ha agravado los problemas de la enseñanza, tensionando la falta de medios y aumentando los alumnos con problemas o que necesitan refuerzos, sobre todo en los barrios y familias más afectados por la crisis derivada del COVID19. El curso pasado se trató de paliar con más medios y profesores, pero ahora se recorta de nuevo, cuando las necesidades siguen ahí y encima las autonomías reciben más financiación. Hay que aprovechar la pandemia y los Fondos europeos para reforzar la educación en España, en especial la no universitaria, que adolece de muchos problemas de fondo. Y eso exige retirar los recortes anunciados, gastar más en educación (5% del PIB) y pactar la aplicación concreta de la última Ley de educación aprobada, la Lomloe, que entrará en vigor el próximo curso 2022-2023, el primero sin pandemia. Debería ser la gran prioridad ahora, junto al reforzamiento de la Sanidad y el buen uso de los Fondos europeos para reconvertir la economía. La renovación del CGPJ, los delitos de odio, la subida de la luz o la integración política de Cataluña son temas importantes, pero más la educación, aunque se hable menos de ella. Ahí nos jugamos el futuro.