43.275 dependientes muertos esperando ayuda

Sabíamos que el coronavirus se ha cebado con los mayores, el 86% de los muertos. Lo que no sabíamos hasta el lunes es que 43.275 dependientes han muerto este año sin recibir la ayuda a la que tenían derecho (27.116) o pendientes de valoración (otros 16.159). Un dato oficial (aunque no sale en los medios) que revela que casi 1 de cada 3 dependientes, 158 cada día, han muerto sin recibir una ayuda pública a la que tenían derecho. Un fracaso del sistema con unos mayores que han dado al país  lo mejor de su vida. Y todo por años de recortes, por el escaqueo del Estado y la falta de recursos de unas autonomías que “ahorran” en ayudas a los ancianos dependientes. ¡Basta ya!  Urge un Plan de choque para la Dependencia, con más recursos de los 600 millones extras que va a incluir el Presupuesto 2021. Que no muera un dependiente más sin ayuda. Y asegurarles servicios y residencias de calidad. Se lo debemos.

El sistema de ayudas a la Dependencia ya tenía graves problemas antes de la pandemia. En enero de 2020 cumplió 13 años, arrastrando el lastre de la falta de recursos con que nació en 2007: había 269.854 dependientes “en lista de espera” (+19.817 que un año antes), sin recibir una prestación a la que tenían legalmente derecho porque las autonomías, que gestionan la Dependencia, no tenían recursos suficientes, tras haber recortado el Estado central su aportación al sistema en -5.864 millones desde 2012. Y aunque las autonomías han tratado de aportar más (ahora financian ya el 80% de la aportación pública), no les llega para atender a los dependientes (1,8 millones). Y tratan de mantener el sistema con “trucos”, para atender a más dependientes con casi lo mismo: retrasan la resolución de los expedientes, mantienen listas de espera para ir escalonando las ayudas y buscan sistemas de atención “low cost” (teleasistencia, ayuda a domicilio, cheques…), para atender a más dependientes con los recursos disponibles. En definitiva, retrasos acumulados y una atención deficiente.

Pero el coronavirus ha empeorado las cosas, ha sido la puntilla para el deteriorado sistema de Dependencia: con el estado de alarma, se cerraron oficinas de atención y se retrasaron aún más los expedientes y las ayudas. Así, a 30 de abril, se habían reducido en 54.808 las solicitudes de ayuda (1.844.322 frente a 1.899.385 a finales de febrero), se habían reducido también las resoluciones (-13.837) y caía el número de beneficiarios: 1.375.740 a finales de abril, 12.974 menos que a finales de febrero (porque habían caído las entradas de expedientes y las resoluciones y habían muerto beneficiarios), según los datos del IMSERSO. Gracias a esta caída de solicitantes, se conseguía reducir las listas de espera, por primera vez en dos años: a finales de abril había 261.616 dependientes esperando una ayuda reconocida, 6.218 menos que en febrero.

El 21 de junio salimos del estado de alarma, volvió a funcionar la Administración, pero la gestión de la Dependencia siguió empeorando, según los últimos datos del IMSERSO. Así, a finales de septiembre, el número de solicitudes de ayuda era similar al de abril: 1.844.766, -54.619 menos que a finales de febrero. La resolución  de expedientes había empeorado (1.697.776), cayendo el triple que en abril (ahora -43.332 menos que en febrero). El número de beneficiarios de ayuda también siguió cayendo: 1.345.397 dependientes, -43.317 menos que en febrero (el triple que a finales de abril). También habían caído los que recibían ayudas: 1.111.492 dependientes, -9.387 menos que en febrero. Y lo único que ha mejorado es “la lista de espera”, los dependientes con ayuda reconocida que la estaban esperando: 233.905 a finales de septiembre, -33.930 menos que a finales de febrero. Un “milagro” fruto de que habían caído los beneficiarios y a que muchos habían muerto en estos meses.

Este empeoramiento de la Dependencia no ha sido igual en toda España, sino que hay autonomías que lo han sufrido más que otras. Así, la caída en el número de dependientes que reciben una prestación (-9.387 en toda España, entre el 28 de febrero y el 30 de septiembre) se concentra en 9 autonomías, Ceuta y Melilla, destacando la caída de dependientes con ayudas en Madrid (-8.736), Cataluña (-7.608), Castilla la Mancha (-3.546) y País Vasco (-1.449 dependientes con ayudas), según los datos del IMSERSO. Y por el contrario, hay 7 autonomías donde hay ahora más dependientes recibiendo ayudas que antes de la pandemia, en especial la Comunidad Valenciana (+3.716), Extremadura (+2.335), Canarias (+1.037), Baleares (+949) y Murcia (+879). 

Y en cuanto a las “listas de espera” (recordemos: 233.905 dependientes con derecho a una ayuda que no les ha llegado, el 17,39% de los dependientes con derecho reconocido), tampoco son uniformes. En cabeza siguen Cataluña (31,21% dependientes en espera, un porcentaje similar al de febrero), La Rioja (27,63% en espera, casi como en febrero), Canarias (22,72%, menos que el 28,5% de febrero), Andalucía (21,9%, mejor que el 24,7% de febrero), Cantabria (19,1%, peor que el 17,78% de febrero) y Madrid (17,74% dependientes en espera, similar a febrero).  Y siguen con una lista de espera mínima Castilla y León (0,22%, frente al 1,22% en febrero), Ceuta (3,7%), Navarra (4,57%), Galicia (7.76%), Castilla la Mancha (7,78%) y Baleares (9,46%).

Lo dramático es que si hoy tenemos 33.930 dependientes menos en lista de espera para recibir ayuda que a finales de febrero es, básicamente, porque muchos dependientes han muerto estos meses, más que nunca antes por la pandemia. Así, el IMSERSO publicó el lunes los datos de dependientes muertos este año, obtenidos a partir del MoMo (sistema de monitorización de la mortalidad) que elabora el Instituto de Salud Carlos III. Y el resultado es escalofriante: han muerto 132.654 dependientes entre enero y septiembre (36.505 fallecidos más de lo habitual, por la COVID 19) y de ellos, casi un tercio, 43.275 dependientes muertos estaban a la espera de recibir una ayuda (27.116 de la “lista de espera”) o pendientes de valorar su dependencia (16.159 dependientes más).

Son 158 dependientes muertos cada día en espera de ayuda este año, una cifra tremenda, que casi duplica la cifra de fallecidos pendientes en 2019, 85 dependientes al día, según estimaban los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS). Y aquí también, el reparto de dependientes muertos en espera de ayuda o valoración  (esos 43.275 fallecidos) es desigual por autonomías, según los datos del MoMa/IMSERSO: 11.160 dependientes en espera han fallecido en Cataluña (2.880 estaban en “lista de espera”), 9.110 en Andalucía (4.018 de la “lista de espera”), 4.324 en Madrid (21 en “lista de espera”, 4.110 en la Comunidad Valenciana (2.396 de la “lista de espera”), 2.514 en Canarias (1.724 en “lista de espera”) y 1.922 en el País Vasco (247 en “lista de espera”). Así que estas 6 autonomías concentran el 76,5% de todos los dependientes muertos sin atender.

De paso, la estadística del MoMa y el IMSERSO revela que la pandemia se ha cebado sobre los dependientes: han muerto este año 82,9 de cada 1.000 beneficiarios de la dependencia, unos 31.800 más que otro año, por el COVID. Y lo peor lo han sufrido los dependientes reconocidos que vivían en residencias: han muerto 180,1 de cada 1.000, casi 1 de cada 5, frente a 56,8 por cada 1.000 que han muerto entre los que recibían la ayuda a domicilio. Y lo más estremecedor: han muerto más los dependientes que menos se podían valer, los que tenían una dependencia grave (grado III), 225,7 de cada 1.000, casi 1 de cada 4 dependientes graves en residencias. Y sobre todo en Cataluña (3.594 muertes “extras” en residencias sobre un año normal), Madrid (+2.842 muertes extras), Castilla la Mancha (+1.528), País Vasco (+580) y Andalucía (“exceso de 516 muertes sobre lo habitual). Y eso a pesar de que este año, hasta septiembre, la ayuda a dependientes en residencias ha sido la que más ha caído con la pandemia: de recibirla el 12,05% en febrero al 11,02% a finales de septiembre, porque unos se han muerto y otros han vuelto con su familia.

Eso sí, con la pandemia, las autonomías han seguido concentrando las ayudas a los dependientes en los servicios más baratos (“low cost”), que les permiten atender a más beneficiarios con el mismo dinero, según los datos del IMSERSO: teleasistencia (cuesta unos 35 euros al mes y suponía el 17,66% de las ayudas en septiembre), la ayuda a domicilio (17,51%), los cheques a las familias para que busquen ayuda (prestación vinculada a servicio, una especie de “privatización” del servicio que reciben un 10,96% de los dependientes pero un 47% en Extremadura, un 31% en Castilla y León o un 26,38% en Canarias) y los centros de día (6,45% de las ayudas), aunque todavía es mayoritaria (31,49% del total) la ayuda a las familias (de 153 a 387 euros al mes, según grado de dependencia),para que atiendan ellos a sus dependientes.

La pandemia y las muertes de dependientes han hecho saltar todas las alarmas en un sistema de Dependencia que ya tenía graves deficiencias antes. Los dependientes y sus familias no pueden seguir así, sufriendo las consecuencias de una gestión autonómica que utiliza los retrasos en los expedientes  y la utilización de servicios “low cost” para paliar la falta de recursos. Urge un Plan de choque, para dotar a la Dependencia de recursos públicos suficientes, sobre todo de una mayor aportación del Estado central, que ahora financia un 20% del gasto público en Dependencia, lo que obliga a las autonomías a aportar el 80% restante (cuando la Ley fijaba que ambas administraciones aportarían el 50/50). Y que obliga a las familias de los dependientes a unos copagos crecientes (el 19% del gasto total en dependencia) y a “buscarse la vida”  pagando cuidadores en casa o residencias privadas, muy caras y con deficientes servicios (como se ha visto con el COVID 19).

El Gobierno ha presentado a las autonomías, el 2 de octubre, un Plan de choque por la Dependencia, que quiere incluir en el Presupuesto 2021. Propone destinar 600 millones más a la Dependencia el año próximo, lo que permitirá reducir la “lista de espera” y crear 24.000 empleos. Además, propone mejorar el sistema de ayudas (establecer las cuantías mínimas que había en 2012), agilizar los procedimientos administrativos, establecer la teleasistencia como un derecho generalizado y aumentar el servicio de ayuda a domicilio.

El Plan del Gobierno “suena bien” pero es insuficiente. Para acabar con las listas de espera harían falta 1.500 millones de euros, según una reciente estimación de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con los que se podrían crear 70.000 empleos. Y además, piden que las autonomías agilicen trámites y simplifiquen ya procedimientos, sobre todo mientras dure la pandemia. Y además creen que hay que modificar la Ley de Dependencia, para permitir compatibilizar prestaciones y aumentarlas, lo que exige destinar más recursos públicos a la Dependencia: si ahora gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más (no sólo los 600 millones extras prometidos para 2021). Y en paralelo, reordenar y mejorar la calidad de las ayudas, con un Plan específico de construcción de residencias de ancianos públicas (el 73% de las plazas son privadas): harían falta 100.000 plazas públicas, coordinadas con una mejor atención hospitalaria de los residentes.

La pandemia ha desvelado las debilidades del sistema de Dependencia, como también lo ha hecho con nuestra sanidad, educación, protección social y modelo económico. Hay que aprovechar esta catástrofe para apuntalar las ayudas a los dependientes, con inversiones en cuidados que pueden ayudarnos a reconstruir la economía y el empleo, máxime cuando el creciente envejecimiento español va a duplicar el número de dependientes en 2050, según el CSIC. Hay que reforzar la Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), para proteger a los más débiles ante la pandemia y ante cualquier otra crisis futura. Es inadmisible que 158 dependientes mueran diariamente sin recibir una ayuda a la que tienen derecho, tras toda una vida trabajando. Deberían ser una prioridad en la reconstrucción del país. Se lo debemos.