Coronavirus: 2 décadas pagando su factura

Comienza la fase 1 de la desescalada, aunque sólo para 29 provincias y el  51% de españoles, quedando fuera Madrid y la mayor parte de Cataluña, las dos Castillas y la Comunidad Valenciana. Crucemos los dedos: avanzamos casi a ciegas, sin saber cuántos contagiados asintomáticos hay y si sufriremos un repunte que nos haga perder lo ganado. Mientras, avanza la “emergencia económica”, aunque muy diferente a la de 2008. Primero, porque se han perdido 950.000 empleos en mes y medio, frente a 3.500.000 entre 2008 y 2014. Y eso, porque hay 3,4 millones de trabajadores “aparcados” en ERTEs, más 1.400.000 autónomos, que esta vez han salvado temporalmente su empleo. Y otra diferencia: hay 8 millones de trabajadores, autónomos y parados (más de 1 de cada 3 activos) que cobran una ayuda mensual, mientras en la otra crisis, la mitad de parados no cobraban nada. Y hay ayudas millonarias a empresas y autonomías. Una elevada factura, que tardaremos 2 décadas en pagar. Ya hay quien pide “ajustes” para los próximos años, por un déficit “insostenible”, del que culparán al Gobierno. ¿Les suena?

enrique ortega

El coronavirus avanza imparable por el mundo y en las últimas 2 semanas ha contagiado a 1,1 millones de personas más: hoy, a los 131 días de detectarse el primer caso, son ya 4.103.136 contagiados en 187 paises, con 282.726 muertos, según la Universidad Jhons Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en Europa (1.677.046 contagiados), pero donde más crece es en Estados Unidos, con 1.329.799 contagiados, seguido de España (224.390 contagiados), Reino Unido (220.449), Italia (219.070), Rusia (209.688), Francia (177.094), Alemania (171.879) y Brasil (162.699), que podría ser el epicentro de la pandemia en las próximas semanas. Una de cada cuatro muertes por coronavirus se han dado en Estados Unidos (79.528 muertos), seguido de lejos por Reino Unido (31.930 muertos), Italia (30.560), España (26.621 muertos), Francia (26.383), Brasil (11.123) y Bélgica (8.656), el país con más muertos por millón de habitantes (755), seguido de España (566). La letalidad (muertos/contagiados) es menor en España (11,9) que en Francia (18,9), Bélgica (16,3), Reino Unido (14,7), Italia (13,9), Holanda (12,8) o Suecia (12,4), según los datos de Sanidad.


Tras 8 semanas de confinamiento, en España sigue bajando el ritmo de contagios, aunque todavía crecen algo cada día (+621 ayer, un 0,27%), también porque ahora se hacen más test, aunque las cifras no siempre son homogéneas entre autonomías. También aumentan menos los hospitalizados (465 ayer, +0,38%) y los enfermos COVID en las UCIs (+36 ayer, un 0,31%). Y aumentan menos los muertos (143 ayer, un +0,54%, frente a los 950 del 1 de abril), el 86,6% mayores de 70 años. Un dato importante: 17.500 mayores han muerto en residencias de ancianos por coronavirus o síntomas compatibles con COVID19, el 68% de todos los muertos en esta pandemia, según este estudio de El País.


Otra semana más, los datos confirman que la pandemia se reduce de forma muy desigual por autonomías. El mapa de contagios demuestra que siguen concentrados en 6 autonomías, con más contagiados por 100.000 habitantes que la media española (32,70): Castilla y León (70,64), Cataluña (68,73), Navarra (51,97), Madrid (51,79), La Rioja (46,40) y Castilla la Mancha (36,11). Y hay muchas regiones con un nivel mínimo de contagios: Murcia (2,28 por 100.000 habitantes), Canarias (4,23), Andalucía (6,94), Baleares (8,35), Asturias (9,48), Melilla (10,41) y Ceuta (11,80), según los datos de Sanidad de ayer. Hay autonomías donde no hay apenas nuevos hospitalizados por COVID 19 (Ceuta, Melilla, Murcia, Canarias, Baleares, Cantabria, Navarra o la Rioja) mientras aumentan 123 en Madrid, 97 en Cataluña o 74 en Castilla y León. No hay nuevos ingresados en UCI por coronavirus en 10 autonomías, Ceuta y Melilla, de 1 a 3 en otras 4, mientras aumentan en 36 en Madrid y 12 en Cataluña. Y  hay 11 regiones con casi ningún muerto nuevo por COVID 19, mientras los fallecidos ayer se concentran en Madrid (46), Cataluña (25), Madrid (38), Castilla la Mancha (21), País Vasco (15) y Castilla y León (12), según los datos de Sanidad.


Estas diferencias en contagios, hospitalizados, enfermos en UCIs y muertos han sido el factor más determinante para decidir si una autonomía (sus provincias y zonas sanitarias) podían pasar hoy a la fase 1 de la desescalada, que supone abrir parcialmente terrazas y comercios, permitir visitas y grupos de 10 personas y realizar muchas actividades culturales y económicas con precaución. Pero Sanidad y el Comité de expertos han añadido otros criterios, entre los que destacan 2  indicadores sanitarios claves (poder disponer en 5 días de entre 1,5 y 2 camas de UCI para enfermos COVID por 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas hospitalarias para enfermos agudos de coronavirus) y un sistema de detección precoz de los nuevos contagios a través de atención primaria, que permita realizar test PCR a los pacientes con síntomas y detectarlos y aislarlos en 48 horas. Y protocolos para las residencias de ancianos. Además, Sanidad tiene en cuenta la capacidad de rastreo y seguimiento de los contagios de las autonomías, su movilidad y datos socioeconómicos (actividad y empleo).


Teniendo en cuenta estas exigencias, todas las autonomías pidieron a Sanidad pasar a la fase 1 desde hoy, salvo Cataluña y Castilla y León, que reconocían no estar preparadas en la mayor parte de su territorio. La sorpresa la dio Madrid, que pidió pasar a la fase 1, en contra de la opinión de su directora de salud pública, que dimitió antes de firmar la solicitud, por considerar que Madrid  no estaba preparado para un rebrote, tras ser el epicentro de la pandemia, con 1 de cada 3 contagiados, hospitalizados y muertos en España. Sanidad se ha resistido a la presión (del gobierno de Madrid, los empresarios, el PP y Ciudadanos) y retrasa la entrada de Madrid en la fase 1, como parece lógico dado el tremendo alcance de la epidemia en la capital. Pero la presidenta Díaz Ayuso (ver foto portada El Mundo ayer) lo ha tomado como "una crítica política" a su gestión sanitaria (ver aquí un balance), que el líder del PP, Pablo Casado, elogió el 2 de mayo como "lo que haríamos para toda España". 


Al final, Sanidad ha decidido que pasen hoy a la fase 1 un total de 29 provincias, donde viven el 51% de los españoles (ver mapa). Quedan todavía en la fase 0 y no pasan Madrid y  la mayor parte de Cataluña (6 de las 9 zonas sanitarias, entre ellas Barcelona, Girona y parte de Lleida), de Castilla y León (salvo 26 zonas sanitarias en todas las provincias, menos en Segovia), de Castilla la Mancha (no pasan Toledo, Ciudad Real y Albacete), de la Comunidad Valencia (sólo pasan 10 zonas sanitarias, 1 en Castellón, 3 en Valencia y 6 en Alicante) y  tampoco Málaga y Granada en Andalucía. Estas 21 provincias “suspendidas” pueden  solicitar durante esta semana pasar a la fase 1 el lunes 18, si mejoran su situación y corrigen las deficiencias. 


Ahora, con media España en la fase 1 de desescalada, habrá que “cruzar los dedos” para que no se produzca un rebrote de contagios y muertes. La estrategia para evitarlo exige un comportamiento ejemplar de los ciudadanos (evitar contactos, desinfectar y limpiar manos y zonas comunes, utilizar guantes y mascarillas) y, sobre todo, hacer más test (se han hecho ya 1.625.211 PCR y 842.550 test serológicos, según el presidente Sánchez, aunque de forma muy desigual según las autonomías) y rastrear los contagios y sus contactos, dos tareas en las que deben centrarse ahora los Centros de salud, los médicos y enfermeras de atención primaria, que carecen de personal y medios, a pesar de los nuevos contratos prometidos y del dinero transferido a las autonomías.


Sobre los test, la novedad es que los médicos de atención primaria tienen que hacer test PCR a los pacientes con síntomas de coronavirus, lo que debería detectar nuevos casos. Hasta ahora, sólo se hacían a sanitarios, residencias de ancianos y personal de riesgo, pero ahora deben generalizarse. Y parece que hay test PCR suficientes, una vez que la industria farmacéutica española “se ha puesto las pilas” y fabrica ahora 3 millones de test PCR al mes (100.000 diarios), según asegura la patronal Fenin. Además, la multinacional catalana Grifols ha descubierto un nuevo test para detectar el COVID 19, del que va a fabricar 1 millón a la semana en San Diego (USA), y dará prioridad de suministro a España. En paralelo, las grandes empresas están haciendo test PCR (5.800 Seat) y serológicos (Endesa e Iberdrola) a sus empleados, a través de laboratorios privados, “al margen” de Sanidad, que teme que empresas y trabajadores se crean así seguros y descuiden las medidas de protección.


Pero no basta con detectar nuevos casos de coronavirus. Es importante rastrearlos, hacer un trabajo de investigación para detectar el origen  de los contagios y, lo más importante, descubrir todas las personas con las que ha estado en contacto, para hacerles un test y aislar a los contagiados asintomáticos. Para este trabajo, que los epidemiólogos consideran clave, España sólo cuenta con unos 500 sanitarios destinados a vigilancia epidemiológica, cuando necesitaríamos 14.000 “rastreadores”, según estima el Instituto Johns Hopkins, que deberían salir de nuevos contratos de médicos y enfermeras jubilados o estudiantes. Y en paralelo, urge contar ya con alguna aplicación informática para móviles que ayude a detectar contactos de posibles contagiados. Y, de cara a detectar posibles rebrotes, hay una herramienta nueva, que se ha probado con éxito en Holanda y la Comunidad Valenciana: el análisis de las aguas residuales, que detectan 16 días antes la emisión de restos de virus en las heces.


Mientras se intenta evitar el rebrote de la pandemia, sus daños económicos son más patentes cada día. La Comisión Europea acaba de publicar sus previsiones de primavera y confirma lo que ya habían dicho el FMI, el Banco de España y el Gobierno: los efectos de la pandemia van a ser más graves en España, porque tenemos un modelo económico y un exceso de precariedad laboral que nos hacen más vulnerables. La economía caerá un -9,4%, más que la media UE (-7,4%), Francia (-8,2%) o Alemania (-6,5%) y como Italia (-9,5%). El paro aumentará mucho más, al 18,9% en España (+4,8%), frente al 11,8% en Italia  (+1,8%), el 9% en la UE-27 (+2,3%), el 10,1% en Francia (+1,6%) y el 4% en Alemania (+0,8%). Y lo más preocupante, se disparará en España el déficit público (del -2,8% al 10,1% del PIB) y la deuda pública (del 95,5 al 115,5%: 117.868 millones más en un año). O sea, que el coronavirus no sólo nos daña más ahora sino que nos hipoteca para el futuro. 


Y eso, porque la crisis del coronavirus se ha afrontado de una forma distinta que la crisis de 2008. Hay 2 diferencias importantes. Una, que se ha tratado de salvar el empleo. Basten dos datos. En 2009, la economía cayó un -3,8% y se perdieron 1.210.800 empleos. Ahora, la economía se ha desplomado un -5,2% en el primer trimestre y se han perdido 947.896 empleos (898.822 entre el 12 de marzo y el 31 y sólo 49.074 en abril, tras “prohibirse” los despidos por el Gobierno a finales de marzo). Y entre 2019 y 2013, la economía española cayó un -8,8% y perdió -3.560.000 empleos, mientras ahora se espera que el PIB caiga -9,4% en 2020 y se pierdan -1.737.000 empleos, según la Comisión Europea. Esto es porque se han evitado despidos con los ERTES, donde hay “aparcados” 3,4 millones de trabajadores y 1,4 millonesde autónomos, la cuarta parte de la población ocupada en España.


La otra gran diferencia con la crisis de 2008 es que se ha tratado de ayudar a los afectados (“no dejar a nadie atrás). Y así, además de que todos los 947.896 parados nuevos cobren el paro (al margen de lo cotizado), cobran también ayudas los afectados por ERTEs (3,4 millones), los autónomos que han cesado su actividad (1,4 millones)  y la mayoría de empleadas de hogar (250.000 que cotizan de las 400.000). En total, son 8 millones de personas que cobran ayudas públicas desde que se inició el estado de alarma y hasta nueva orden (se han prorrogado los ERTES hasta finales de junio). Algo que contrasta con la crisis de 2008: con Zapatero, cobraron ayudas el 78,68% de los parados en 2009, el 76,70% en 2010 y el 69,20% en 2011, según los datos del SEPE. Y con Rajoy y sus recortes, la cobertura bajó al 64,3% en 2012, al 61,43% en 2013 y al 57,88% de 2014. Y si contabilizamos los parados estimados por la EPA (5.896.300 en 2013, el peor año de la crisis), menos de la mitad cobraban un subsidio (el 47,5%). Y aún bajaron al 45,11% en 2014. 


Al final, las ayudas a estos 8 millones de trabajadores afectados hoy por el coronavirus cuestan cada mes (mitad de marzo, abril, mayo y seguro junio) 4.512 millones, a los que sumar 2.000 millones en pago de cotizaciones y 750 millones en moratorias y aplazamientos de cuotas, 6.750 millones al mes, según Trabajo. Y a eso hay que sumar el resto de ayudas a empresas y autónomos, más las ayudas para alquileres y los fondos para la sanidad y gastos sociales. Todo ello suma ya 36.000 millones de euros, según el Gobierno, a los que sumar el nuevo Fondo de 16.000 millones aprobados la semana pasada para las autonomías (10.000 para sanidad), que se les da sin tener que devolverlo. Todo esto y más que habrá que gastar después, en la reconstrucción de la economía. Por eso, la Comisión Europea cree que el déficit público subirá este año al -10,1% (+69.337 millones).


Un agujero en las cuentas públicas que habrá que tapar con más ingresos (difícil con una economía en recesión), con ayudas europeas (será difícil que nos den ayudas a fondo perdido, sólo créditos: más deuda) y básicamente, con más deuda pública, que ya era muy elevada por la anterior crisis : pasará del 95% del PIB en 2019 al 115,6% en 2020 (+117.868 millones) y se mantendrá en el 113,7% en 2021, según las previsiones de la Comisión Europea. Una “hipoteca” que será una losa para la reconstrucción, no sólo porque nos obligará a pagar unos 50.000 millones al año en intereses (dos tercios del gasto en sanidad), sino porque nos deja a merced de los inversores, de los “mercados”. Y si nos suben la deuda sólo un 1%, serían 35.000 millones extras.


Ya se han alzado voces que hablan de una deuda “insostenible”. La Autoridad Fiscal independiente (la AIReF) ha publicado este informe donde indica que, aún con ajustes (10.000 millones al año, como hizo Rajoy desde 2012), el déficit público de España no volverá al nivel previo al coronavirus (2,8% del PIB en 2019) hasta 2028. Y la deuda, que se reduce más lentamente, no bajaría al nivel de 2019 (95% del PIB) hasta 2038. Así que saldar la factura del coronavirus nos costará 2 décadas. Y eso, con ajustes.


Este es un debate que vendrá en unos meses, cuando ya no haya muertos por el coronavirus y sólo se hable de la reconstrucción, de la mano de “expertos económicos” y  “fundamentalistas”de la austeridad, en Alemania, Holanda, Austria, Finlandia y buena parte de la Comisión Europea. Y en España, de la mano del PP (quizás con ayuda de Ciudadanos), que aprovecharan el debate de los Presupuestos 2021 para tumbar al Gobierno (tiene una mayoría muy débil), forzar elecciones anticipadas y llegar al poder para “sanear la economía y las cuentas públicas tras una gestión desastrosa de los socialistas”. ¿Les suena? 


Ahora, el reto es otro: salvar vidas y empleos, cueste lo que cueste. Eso obliga a mantener los ERTEs y las ayudas lo que haga falta, seguir prohibiendo los despidos y evitar que las cifras del paro se disparen como en la crisis de 2008. Y ayudar a los que se quedan sin ingresos, a esas nuevas familias que han caído en la pobreza y triplican sus peticiones  a Cáritas y la Cruz Roja. Hay que vencer al virus y ayudar a los que sufren la pandemia, lo que haga falta y durante el tiempo que haga falta. Ya afrontaremos después cómo pagarlo, solos o con ayudas de Europa. Y por supuesto, sin nuevos recortes.