Sube la luz el 1 de
octubre, la cuarta vez este año, tras otra muy reciente en agosto. Dicen que subirá el recibo un 3,1 %, pero 5 millones de familias pagarán
bastante más, porque en julio el
Gobierno aprobó cambios que suben la luz por triplicado a muchos
usuarios: cambia el sistema de cobro, se
restringe el bono social y se penaliza la autoproducción. Tras esta subida,
la luz se ha encarecido un 17,85% en
estos dos últimos años y un 76% desde
2008. Pero el déficit de tarifa, el agujero eléctrico, sigue creciendo,
porque los costes reconocidos a las eléctricas
siguen inflados. En lugar de
afrontar el problema, rebajando unos costes excesivos, el Gobierno ha aprobado
una reforma eléctrica que carga esos
extracostes en nuestro recibo, en el
Presupuesto y en las energías renovables. Así no evitará que la luz siga subiendo,
otro 7% en 2014.
enrique ortega |
Nueva subida de la
luz en el cuarto trimestre, un 3,1%,
tras subir en agosto otro 3,2%. Y
sube, aunque cae la demanda de
electricidad, porque las eléctricas
nos cargan una serie de sobrecostes
que quedan fuera del control del Gobierno:
compensación por la dispersión de precios en las distintas horas, pagos por
capacidad (por tener centrales de gas disponibles, aunque no se usen) y por
usar carbón nacional. Otro trimestre más, sufrimos
el tener un mercado eléctrico poco transparente, donde las compañías “manipulan los precios”, como ha
denunciado la Comisión Nacional de la
Energía (CNE), aunque reconoce que no puede multarles porque realizan
sus “triquiñuelas” al amparo de la
regulación. Estas maniobras supusieron un sobrecoste
en el recibo del 8% en 2012, según la CNE. Y otro tanto en 2013.
Esa es la subida “oficial”,
el 3,1%. Pero para 5 millones de usuarios, uno de cada
cuatro recibos, la subida del próximo
recibo será mucho mayor. Y eso porque han entrado en vigor tres cambios que el Gobierno aprobó en julio. Uno, un cambio
en el recibo de la luz: sube un 36% la ponderación de la potencia (lo
que se contrata), para compensar a las eléctricas la caída del consumo, y baja
un 40% la ponderación del consumo. Con ello, se penaliza a los clientes que gastan poco (segundas viviendas y
viviendas vacías), unos 2 millones de recibos. El segundo cambio afecta al bono
social, un descuento del 30% en
el recibo al que tienen derecho pensionistas (con pensión mínima), familias
con todos en paro, familias numerosas y clientes con menos de 3kw de potencia. Ahora, se les pone un tope de renta (34.689
para una familia con 3 hijos), lo que supondrá que más de la mitad de los que reciben este bono social (3 millones
familias) lo pierdan. Y además se les revisa la tarifa, congelada
desde 2009, a todos. Y en tercer
lugar, se pone un impuesto a los usuarios
que auto-producen electricidad
con paneles solares o molinos, encareciendo su factura un
27%.
Así que para estos 5
millones largos de familias, el recibo subirá mucho más del 3,1 % (hasta
el 45%). Y se sumará a las subidas
de agosto (+3,2%), julio (+1,2%)
y enero 2013 (+3%), no compensadas con la bajada de marzo (-6,6%). Y al 13,95% que subió la luz en 2012, con lo
que ya va un aumento del recibo del 18%
en estos dos últimos años, diez veces la subida de salarios.
Con ello, ya hay un 10% de familias que
no pueden pagar el recibo, 4,6 millones de españoles que han caído
en la pobreza energética, según un
estudio de ACA. De hecho, Iberdrola y Endesa cortaron
la luz por impago a 1,12 millones de clientes en 2012.
Remontándonos más
atrás, la luz ha
subido desde 2006 un 88% para
los consumidores domésticos y un 60% para las empresas, según Eurostat,
con lo que los españoles somos el tercer país europeo que más paga por la
electricidad, tras Irlanda y Chipre: pagamos
un 32% más que la media de los consumidores europeos (y un 21% las
empresas). A pesar de pagar más cara la luz, el recibo no paga los costes reconocidos
a las eléctricas. Y por eso, se ha producido, desde 2002, un déficit
eléctrico, un agujero que en mayo 2013 superaba los
26.000 millones de euros. Una deuda que tenemos los consumidores
con las eléctricas, una hipoteca
que tenemos que pagar hasta 2027 y
que nos cuesta unos 3 euros al mes en cada recibo. Y un déficit que sigue creciendo, a pesar de las subidas del recibo: este
año, hasta julio, la deuda ascendía a 4.100
millones de euros.
El Gobierno
quiere parar esta bola del déficit y
para ello aprobó en 2012 y 2013 cinco
paquetes de medidas, que, básicamente, consistían en tapar el agujero eléctrico con subidas
de tarifas, el Presupuesto (también lo pagamos los ciudadanos) y cobrando
impuestos verdes a las eléctricas (que nos
acaban cargando en las tarifas). Ahora, en septiembre, ha aprobado una Ley
del sector eléctrico que pretende reducir
a cero el déficit de tarifa para 2014. Para ello, fija un sistema por el
que tapa el agujero eléctrico (unos
4.500 millones cada año) por tres
vías: subida extra de
tarifas (900 millones), crédito
extraordinario (900 millones) y recorte
de ayudas a las eléctricas (1.350 millones por distribución y transporte) y
a las energías renovables (otros
1.350 millones). Y si no se cubre, nos subirían más las tarifas.
Esta reforma es otro
parche, porque no afronta el problema de fondo del déficit: que a las eléctricas se les reconocen unos costes excesivos, inflados, y así no hay tarifas que los cubran. El
origen está en la Ley eléctrica (LSE) de 1997, aprobada por Aznar, que fijaba un doble sistema de precios.
Por un lado, los precios de mercado:
se paga por la luz lo que cuesta producirla en la central más cara (térmicas de
gas y fuel), lo que beneficia a las centrales con menos costes (hidráulicas y
nucleares). Es como pagar lo mismo por la
carne picada al que la hace con pollo o con chuletón. Y como con esos
precios, la mayoría de las centrales (todas, menos hidráulicas y nucleares)
apenas cubrían costes y no inversiones, se
les compensa con otros ingresos, los
pagos regulados, que aprueba el
Gobierno: primas, pagos por capacidad, costes de transporte y distribución,
incentivos, disponibilidad…
Ahora, el Gobierno y
su reforma
quieren recortar esta segunda parte,
los precios regulados, sin tocar
los precios reconocidos, que están
inflados para las centrales hidroeléctricas y nucleares. Y centran el
recorte en lo más fácil, las primas a las energías
renovables, donde España es una potencia mundial y que pueden ayudarnos
a reducir la desmesurada factura
del petróleo. Pero no entra en
el fondo del problema: desinflar los
costes reconocidos a las eléctricas, sobre todo a las centrales
hidroeléctricas y nucleares, que nos
venden carne picada hecha con pollo (luz que les cuesta menos) como si fuera de ternera. No en vano, las eléctricas españoles son las más
rentables de Europa y ganan
el doble que las grandes europeas (un 6,78% sobre ventas frente al 2,62%).
En resumen, pagamos
la luz un tercio más cara que en Europa porque a las eléctricas españolas se
les reconocen unos costes
que están inflados, sobre todo para
la luz que se produce en centrales hidroeléctricas y nucleares. Y el
Gobierno, para no enfrentarse al poderoso lobby eléctrico, no recorta estos costes
(ya amortizados), sino que busca poner un parche al agujero eléctrico con
subidas extras del recibo, créditos del Presupuesto y recortando primas a las
renovables, las energías que ahora necesitan
ayudas hasta consolidarse. Y tampoco afronta una urgente reestructuración del sector, estallando la “burbuja eléctrica”:
sobran
la mitad de las centrales, por la fuerte caída de la demanda.
Menos centrales y una luz más barata. El Gobierno debe hacer
una auditoría
de costes, para que paguemos la
luz por lo que cuesta, no por lo que piden. Esa es la reforma que hace
falta, para que familias y empresas no paguemos facturas infladas. Ya está bien.
No hay comentarios:
Publicar un comentario