Residencias de ancianos: pocas, caras y malas

La pandemia se ha cebado sobre los mayores que viven en residencias: 30.145 muertos oficiales hasta marzo (4 de cada 10 fallecidos por COVID-19). Y ha revelado la precariedad de medios y deficiente atención en esas residencias, el 74% privadas: 7 de los 9 mayores grupos en manos de inversores extranjeros. Además, las residencias son escasas y faltan 106.000 plazas para cumplir con los estándares de la OMS. Por eso, algunos mayores dependientes (50.000 ahora) esperan año y medio y más para encontrar una plaza pública o concertada, que les cuesta 650 euros y más (casi su pensión). Y si no pueden esperar, tienen que pagar una residencia privada, que cuesta 1.900 euros al mes (y más, según donde vivan). Urge un Plan nacional para construir residencias públicas (harían falta 335.000 nuevas plazas para 2050), homogeneizar servicios y precios, vigilar la calidad de la asistencia y asegurar su atención sanitaria. No podemos volver a dejar “tirados” a nuestros mayores. Y pronto nos tocará a nosotros.

Enrique Ortega

España es uno de los paises más envejecidos de Europa, con 1 de cada 5 personas mayor de 65 años: 9.303.068 el 1 de julio de 2020, según el INE. Pero somos uno de los paises europeos con menos residencias para mayores, que hacen falta porque un tercio acaban necesitando ayuda o cuidados. Concretamente, hay 389.031 plazas en residencias de mayores, según el último censo recién publicado por el IMSERSO, con datos de finales de 2019. Son una media de 4,22 plazas por cada 100 mayores, muy lejos de las 5 plazas que recomienda tener la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y estamos por debajo de la media europea, que está en 4,6 plazas por cada 100 mayores, pero sobre todo lejos de las plazas en residencias que tienen los paises ricos del norte de Europa: 6,96 Suecia, 5,51 Francia, 5,31 Alemania o 5 el Reino Unido, según la consultora CBRE.

El problema no es sólo que tengamos pocas plazas en residencias para mayores. Lo más preocupante es que esas plazas han perdido peso, porque en la última década han crecido más los mayores que las plazas nuevas: entre enero de 2010 y enero de 2020 han aumentado en 1,2 millones los mayores de 65 años y se han creado sólo 20.226 plazas en residencias, según los datos del IMSERSO. Con ello, la tasa de plazas sobre ancianos ha caído de las 4,56 plazas (368.805) por cada 100 ancianos en 2010 a 4,22 en 2019.

Lo que se ha producido además en la última década es una recomposición en la oferta de plazas residenciales: ha caído drásticamente el peso de las residencias públicas (por los recortes y la falta de inversión en nuevas residencias) y han aumentado las plazas en residencias privadas, sobre todo en residencias concertadas (las financian las autonomías) y privadas, un nuevo negocio para inversores extranjeros y españoles. Los datos son muy explícitos: hay 5,542 residencias en España, 4.107 privadas (74,11%) y 1.435 públicas (el 25,89%), según el IMSERSO (2019). Pero de las 389.031 plazas disponibles, el 62% son plazas residenciales con financiación pública (la mayoría en residencias de gestión privada) y el 38% plazas privadas, que sólo pagan los usuarios.

Hay menos plazas en residencias de las que debería haber (según la OMS: el 5% de los mayores) en toda España, salvo en Castilla y León (7,8%), Castilla la Mancha (6,91%), Aragón (6,67%), Extremadura (6,65%) y Asturias (5,62%), las 5 únicas regiones con una oferta suficiente. En las 12 autonomías restantes faltan plazas, sobre todo en Andalucía (faltan 28.457), Comunidad Valenciana (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Madrid (9.283), Canarias (7.594), Murcia (6.502) y País Vasco (6.074), según cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS). En total, para cumplir el porcentaje de plazas que recomienda la OMS, España tendría que tener 106.344 plazas más en 12 autonomías. El mayor déficit de plazas en residencias se da en las grandes ciudades, sobre todo en zonas céntricas de las capitales.

Esta falta de residencias hace que los mayores y sus familias tengan problemas para encontrar una plaza, sobre todo en las residencias públicas (pocas) o en las residencias privadas concertadas. De hecho, hay unos 50.000 mayores dependientes (con dependencia severa o gran dependencia, grados III y II) a los que se les ha reconocido su derecho a una plaza subvencionada (pública o concertada) y que llevan meses esperando, en las listas de espera de la dependencia, una media de 460 días (y más de 2 años en Canarias). El problema es que, como más de la mitad (53,4%) tienen más de 80 años, muchos se mueren esperando plaza: unos 11.850 mayores murieron en 2020 esperando entrar en una residencia, según la estimación de los Directores de Servicios Sociales.

Los que consiguen plaza en una residencia pública o concertada tienen que pagarla con una gran parte de su pensión (o incluso no les llega). Las autonomías fijan un precio para las plazas públicas y otro para las concertadas, que son muy diferentes según las regiones. Así, en 2019, el precio medio fijado para una plaza en una residencia pública era de 20.685 euros y de 19.324 euros en una plaza concertada (lo que pagan a las empresas que la gestionan). Pero luego hay grandes diferencias. En las residencias públicas, Madrid paga 28.144 euros por plaza, el País Vasco paga 26.318 euros, Castilla y León 14,537 y la Rioja 10.460 euros, según los datos del IMSERSO. Y lo mismo pasa en las residencias concertadas: 32.771 paga por plaza el País Vasco, 21.900 la Comunidad Valenciana, 19.807 Cataluña y 14.537 euros al año Castilla y León (no hay datos de Madrid, Galicia o Extremadura).

Este es el precio máximo que permiten cobrar las autonomías en las residencias que financian (públicas y concertadas). Pero no es lo que pagan los mayores residentes, que están subvencionados y sólo abonan una parte del coste, entre el 36,3% (en las públicas: 7.500 euros anuales de media) y el 40,4% (en las subvencionadas: 7.809 euros), según los datos del IMSERSO. Y otra vez, hay grandes diferencias por autonomías. Así, un residente paga 13.109 euros al año (1.092 euros al mes) en una residencia pública del País Vasco, 8.184 euros (682 al mes) en Aragón o 5.889 en Madrid. Y en las residencias concertadas, el coste al usuario va de 13.210 euros en País Vasco (40,3% del coste) a 8.184 en Aragón (42,1%), 7.220 en Castilla y León (49,7%) o 6.599 euros en Andalucía (33,4%), a falta de datos de Madrid y 6 regiones más en las estadísticas del IMSERSO.

Dada la falta de plazas, las autonomías sacan periódicamente concursos para financiar plazas concertadas, ya que apenas se hacen residencias públicas (como tampoco viviendas públicas). Y lo que está pasando es que las empresas privadas que construyen o compran residencias privadas (hay un enorme mercado) pujan a la baja, “tirando precios” para ganar los concursos, como denuncian expertos del sector. Y eso es posible porque reducen al máximo el personal, escaso, precario y poco formado, para pagarlo poco: hay residencias donde el coste del personal no supera el 50% de los ingresos, cuando debería ser el 75%. Resultado: residencias con servicios low cost y  poca calidad en la atención, para asegurar márgenes.

Los mayores que no encuentran plazas subvencionadas (públicas o concertadas) tienen que pagar una residencia privada, sobre todo en las regiones con pocas residencias con financiación pública: es el caso de Madrid (sólo el 43,2% de las plazas son públicas o concertadas, la mayoría son privadas “puras”), Canarias (41,5% plazas de financiación pública y la mayoría restante privadas) y Galicia (40,9% plazas subvencionadas y 49,1% privadas), según los datos del IMSERSO, que destaca como las autonomías con mayor porcentaje de plazas subvencionadas a Ceuta (94,5%), Castilla y León (80,4%), País Vasco (74,4%) Murcia (73,8%), Castilla la Mancha (73,5%) y Cataluña (71,2% de las plazas).

Si no queda más remedio que pagar una residencia no subvencionada, el coste es muy alto y se lleva por delante la mayoría de las pensiones (recordemos: la pensión media de jubilación es de 1.140 euros y la de viudedad es de 713 euros). El coste medio de una residencia privada es de 1.900 euros mensuales, según la plataforma Cronoshare. Pero depende mucho de las regiones. Son más caras en el País Vasco (2.496 euros mensuales), Canarias, Navarra o la Rioja (2.233-2.221), Madrid (2.045) y Cataluña (2.014). Y más “baratas” en Castilla la Mancha (1.420 euros), Extremadura (1.450), Comunidad Valenciana (1.586), Castilla y León (1.645), Aragón (1.648) y Andalucía (1.748). Y si están en ciudades, cuestan un 20% más.

La falta de plazas, la gran demanda y los altos precios han atraído al negocio de las residencias de ancianos a importantes inversores, primero extranjeros y después nacionales, que buscan repartirse un mercado que facturaba 4.500 millones de euros en 2018, según la consultora DBK, y que ya superará ya los 5.000 millones anuales. Un negocio muy concentrado, donde los 5 mayores grupos copan el 23% del mercado, y un negocio dominado por inversores extranjeros, que controlan 7 de los 9 mayores grupos privados de residencias.

El líder es DomusVi, propiedad del grupo francés SRS y el fondo británico ICG, el tercer mayor grupo de residencias de Europa, que llegó a España en 2015 y tiene ya 142 residencias con 21.988 camas (el 56% concertadas). Le sigue otro grupo francés, Orpea, filial del grupo Orpea y con la participación  del fondo canadiense CPPIB, que opera en España desde 2006 y tiene 49 residencias y 8.992 camas (35% concertadas). El tercer grupo es Vitalia, fundado en 2010 y controlado por el fondo británico CVC (presente en Naturgy y Deloleo), con 55 residencias y 8.235 camas. Y el cuarto, otro grupo francés, Amavir, filial del grupo Maison de Famille (que controla Alcampo, Leroy Merlin y Decatlón), con 43 residencias y 8.000 plazas. El quinto es Ballesol, el primero con capital español (75% la aseguradora Santa Lucía), con 48 residencias y 7.000 camas. El 6º es Sanitas Residencial, de la británica BUPA, con 46 residencias y 6.302 camas. Le sigue Clece, la división de residencias de ACS (Florentino Pérez), con 80 centros y 4.600 camas. En 8º lugar, La Saleta, del grupo francés Colisée, el 4º mayor operador de geriátricos de Europa, con 45 residencias y 4.500 plazas.  Y en 9º lugar, Caser Residencial, del grupo asegurador suizo Helvetia, con 20 residencias y casi 3.000 camas.

En los últimos tres años, antes de la pandemia, se produjo un verdadero “boom” de compra de pequeñas residencias y construcción de otras nuevas, promovido por inversores extranjeros,  Fondos de capital riesgo (como Azora, el fondo buitre que compró viviendas sociales en Madrid y que está ya en el negocio de las residencias, con Orpea y con residencias propias ) , Sociedades de inversión mobiliaria (SOCIMIs como Adriano Care, que invierte en DomusVi y ha comprado residencias), constructoras y hasta el grupo ONCE (que tiene 7 residencias y 802 plazas a través de Ilunion Sociosanitario).  Saben que hay un tremendo mercado potencial (hacen falta 106.000 plazas) y precios altos, con los que buscan una rentabilidad del 5 al 10% de su inversión. Y saben que el negocio tiene un gran futuro: en 2050 habrá 15 millones de mayores de 65 años y harán falta 335.000 plazas más de las que existen hoy.

Sobre este boyante “negocio” cayó en 2020 el tsunami de la pandemia, provocando un cataclismo. El virus evidenció la realidad de las residencias y sus escasos medios, agravando los contagios y dificultando la actuación frente a la pandemia. Máxime en las residencias privadas, que suelen ser más grandes y tener más concentración de mayores (habitaciones dobles) y menos personal cualificado (también las públicas). Y agravado todo por la falta de supervisión de las autonomías, que en algunos casos agravaron el caos: está demostrado que Madrid prohibió a las residencias derivar enfermos graves a los hospitales, condenándolos a la muerte. Y la desatención ha provocado numerosas denuncias de familiares en los Juzgados, que tenían abiertas 441 diligencias a finales de 2020 (112 en Madrid), el 52% archivadas después.

El balance de la pandemia en las residencias  es estremecedor: han muerto 30.145 residentes por coronavirus o síntomas compatibles hasta el 28 de marzo, según Sanidad, un 40% de todos los muertos por la pandemia. Eso evidencia que se ha gestionado mal y lo vulnerables que son las residencias, más las privadas, por los medios, el personal y el mayor tamaño de los centros: durante la primera ola, hubo más mortalidad en las residencias de gestión privada de 8 autonomías (Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, Murcia, Cantabria, Baleares y Canarias) y en las residencias públicas de otras tres (Cataluña, Castilla la Mancha y Extremadura), según el seguimiento hecho por Manuel Rico, el autor del impresionante libro “Vergüenza. El escándalo de las residencias”.

A la vista de lo que ha pasado, es más urgente que nunca poner orden en el sistema de las residencias de ancianos, con un Plan que prepare el Gobierno con las autonomías. Hacen falta dos cosas: más residencias y homogeneizar los servicios, garantizando una atención asistencial y sanitaria decente. Urge construir residencias públicas (como viviendas públicas), para cubrir parte del déficit actual de plazas (106.000 plazas) y futuro (335.000 para 2050), sobre todo en las regiones con más déficit de plazas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, Madrid y Canarias). Y luego, hay que aprobar unos requisitos mínimos para todas las residencias: medios físicos, tipo de habitación, personal, especialistas, asistencia sanitaria… Y homogeneizar las ayudas, para que no haya tantas diferencias entre lo que paga un residente en unas regiones que en otras. Y después, crear un sistema de seguimiento y vigilancia, con sanciones más elevadas y que sean públicas, para primar las residencias que no sean multadas y tengan determinadas estándares de calidad. El libro de Rico denuncia que sólo hay 219 funcionarios para controlar 5.552 residencias y que en los últimos 5 años sólo se han puesto 10 multas de más de 100.000 euros…

Realmente, hay pocas cuestiones tan decisivas y preocupantes como el futuro de las residencias de ancianos en España. La pandemia debería habernos alertado sobre su vulnerabilidad y las urgencias pendientes. Hay que conseguir más residencias, más baratas y de más calidad. Cueste lo que cueste, que para eso nuestros mayores han trabajado y pagado impuestos y cotizaciones  toda su vida. Se lo debemos: que vivan tranquilos y cuidados si no pueden estar en casa. Y también por puro egoísmo: cualquier día nos puede tocar a nosotros vivir en una residencia. Que sean dignas y seguras.