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| enrique ortega |
España es “el
único país del mundo que ha sufrido la adicción a la deuda durante 5 siglos” y el país que
tiene “un mayor historial de bancarrotas
e impagos” de la deuda desde el siglo XVI, según explica el profesor
Francisco Comín en su interesante libro
“La crisis de la deuda soberana en España 1500-2015”, un repaso histórico a
los episodios de deuda e impagos desde Carlos V hasta Rajoy. Tras la deuda con
los Austrias y los Borbones, con múltiples suspensiones de pagos y una “leyenda
negra” como país mal pagador, el primer
récord “moderno” de deuda pública se alcanzó en 1879
(con el general Martínez Campos y Alfonso XII), cuando la deuda española alcanzó el 165% de la producción del país
(PIB). En 1898, al acabar la Guerra
de Cuba, seguía en el 124% del PIB y
empezó el siglo XX con el 101% de
deuda en 1909. Luego bajó, tras la I Guerra Mundial (39%) y la II (59% del PIB), y más tras la Guerra Civil, hasta un
22,4% de deuda en 1944 y un mínimo del
siglo en 1.975, al morir Franco:
la deuda era sólo de 39.819 millones de euros de hoy, el 7,3% del PIB español.
Con la democracia y la Transición, aumentaron las demandas
de gasto y la deuda pública se triplicó en tres años, hasta el 22,2% del PIB en 1977.
Se duplica para 1993 (56,1% del PIB), tras los fastos del 92 (Olimpiada y Expo)
y la crisis, alcanzando un máximo del 67,4% en 1996. A partir de ahí, se
suceden “los años de vacas gordas” y
la deuda alcanza un mínimo en 2007:
384.662 millones, el 35,6% del PIB. Pero
viene la crisis y Zapatero aumenta el gasto público y con él la deuda, que deja
al irse, en 2011, en 744.323 millones, el 69,5% del PIB. Rajoy reduce el déficit pero aumenta la deuda año tras año,
superando otra vez el 100% del PIB en
marzo de 2016 (100,8%), casi como en
1909. En 2017, la deuda cerró
con 144.425 millones (98,3% del PIB)
y en junio de 2018, un mes después
de irse Rajoy, alcanzó un récord histórico en cantidad: 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB, según el Banco de España. Era un tercio más (+419.562 millones, un 56% más) de la deuda que
recibió Rajoy de ZP en 2011. Eso supone que debemos 25.000 euros por
español.
Con esta deuda
pública (97% del PIB en 2017),
España es el 18º país más endeudado del
mundo, por detrás de Japón (debe el 224% de su PIB), Grecia (180%), Líbano
(142), Yemen (136%), Italia (131%), Portugal (128%), 9 paises en desarrollo,
Bélgica (104% del PIB) y Canadá (98%), según CIA World Factbook.
Y somos el 7º país de Europa con más
peso de la deuda pública en junio de 2018
(98,3% del PIB), tras Grecia (179,7%),
Italia (133,1%), Portugal (124,9%), Bélgica (106,3%), Chipre (104%) y Francia
(99,1%), según los recientes datos de Eurostat, que fija la deuda media de la UE-28 en el 81% del PIB comunitario.
¿Quién ha contraído esta deuda en España? Más de las tres cuartas partes de la deuda pública
española la tiene la Administración Central (1.032.903 millones en junio 2018),
que ha triplicado su deuda con la crisis (318.869 millones en 2007) y la ha
casi duplicado con Rajoy (624.238 millones deuda Administración Central en
2011). La cuarta parte de la deuda
española la tienen las autonomías
(293.246 millones en junio 2018), que tenían sólo 61.960 millones de deuda en
2007 y 145.879 en 2011. Las autonomías más endeudadas son Cataluña (78.489 millones), Comunidad Valenciana (46.322
millones), Andalucía (34.329 millones) y Madrid (34.009 millones) Luego hay
otros 29.413 millones que deben los Ayuntamientos, los únicos que han reducido
deudas (debían 36.819 millones en 2011) y 34.888 millones de deuda de la
Seguridad Social, que se ha duplicado (17.169 millones debía en 2011), según los datos del Banco de España. Al final, la suma de estas deudas da más de la cifra
global, 1.163.885 millones de deuda
pública, que es la que cuenta, porque hay traspasos de deuda entre
administraciones que hay que depurar después.
¿Por qué la deuda pública ha aumentado en un tercio con Rajoy, si su
Gobierno redujo el déficit público del 9,64% del PIB (2011) al 3,1% (2017)? Básicamente,
porque la deuda no sólo aumenta por
financiar con ella el déficit público. Según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 25% del aumento de deuda pública con
Rajoy (+419.562 millones) se debe a la debilidad de las cuentas públicas (con
la crisis, caen los ingresos públicos), otro 21% a gastos derivados de la
crisis (203.874 millones del Fondo de liquidez autonómica y 41.800 millones del
Plan de pago a proveedores de autonomías y Ayuntamientos, más 30.000 millones de deuda por el déficit de tarifa eléctrico), un 8% por el pago de intereses de la deuda (85.000
millones), un 7% por las ayudas a la banca, un 4% para pagar los rescates de
Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre y un 6% más (25.192 millones) de los préstamos hecho en 2017 y 2018 a la Seguridad Social para tapar su déficit. El
Gobierno Rajoy rebajo el déficit con los recortes, pero otros gastos los pospuso
vía deuda.
Cara al futuro, parece muy
difícil rebajar la deuda pública heredada de Rajoy. La última previsión de la Comisión Europea (julio 2018) estima que España sólo rebajará su
deuda del 98,3% del PIB en 2017 al 97,6% en 2018 y el 95,9% en 2019, año en que todavía seríamos el 5º país europeo con
más deuda, tras Grecia (170,3% del PIB), Italia (129,7%), Portugal (119,5%) y
Bélgica (100,2%). El Gobierno Sánchez,
en los escenarios presupuestarios que ha enviado a Bruselas, apuesta por bajar más la deuda,
al 95,2% del PIB en 2019, para
dejarla en el 89,1% en 2021, casi el triple que antes de la
crisis (35,6% en 2007) y muy por
encima del tope del 60% del PIB que fija
la UE para los paises del euro. La AIReF estima que España no alcanzará ese
nivel de deuda del 60% hasta 2034 (dentro
de 15 años) y eso si los Gobiernos cumplen con la reducción del déficit
pactada con Bruselas…
El problema de la
deuda es que hay que pagarla,
amortizando cada año una parte y sobre todo, pagando intereses anuales a los que la tienen: el 44% son
inversores extranjeros (fondos y bancos), el 22% el BCE, el 16% bancos
españoles y el resto inversores institucionales y particulares españoles. Y estos
intereses son “sagrados”, más desde 2011, cuando Zapatero y Rajoy pactaron una reforma exprés de la Constitución para incluir que los pagos de
intereses de la deuda “gozarán de prioridad absoluta” (artículo
135). Eso quiere decir que hay que pagar los intereses de la deuda lo
primero de todo, antes incluso que las pensiones, la sanidad o la educación,
que no tienen esa prioridad constitucional. Una exigencia de Alemania, Francia y sus inversores y bancos, para asegurarse que España siempre va a pagarles...
El pago de esos intereses de la deuda supone ya la
segunda partida más importante de los Presupuestos del Estado, tras las
pensiones (144.834 millones en 2018): se llevan 31.547 millones de euros en 2018 (el pago de intereses era la mitad, 16.609
millones en 2008), más del doble
que el gasto en los parados (17.702 millones para subsidios) y tanto como el
gasto en investigación (6.041),
educación (2.600), Sanidad (4.251), servicios sociales (2.512),
infraestructuras(5.675), subvenciones al transporte (2.108), Industria y
energía (5.768) y Justicia (1.780 millones) juntos. O sea, que si tuviéramos
la mitad de deuda y pagáramos la mitad de intereses, podríamos gastar más en
servicios públicos. Baste un dato espectacular: entre 2008 y 2018, España ha pagado intereses por su deuda a inversores y
bancos por un importe de 290.000
millones de euros, lo que da para pagar casi 2 años de pensiones.
De cara a 2019, el
problema de la deuda se va a agravar aún más para España. Primero y
fundamental, porque el 1 de enero, el Banco Central Europeo deja de comprar deuda pública de los paises, una ayuda
inestimable que el BCE inició en marzo de 2015 y que ha permitido asegurarnos
la colocación de una parte de nuestra deuda (250.711 millones, una media de
80.000 millones al año), además a tipos bajos. Ahora, ya no tenemos este “colchón”
del BCE, muy tranquilizador, y España tendrá que colocar su deuda en el
mercado, buscando inversores que confíen en el país y no pidan demasiado interés. Y somos un
país muy vulnerable, porque España tendrá que emitir 220.000 millones de nueva deuda en 2019, para cubrir las amortizaciones
y pagos necesarios más financiar el déficit previsto en 2018 (2,7% del PIB). Mucha deuda para financiar un año en que además de los nervios de
los mercados (por la situación en Italia y el estancamiento en la zona euro)
habrá una subida de los tipos de interés, después del verano. Y se estima que una subida de tipos del 1% le cuesta a España 3.600 millones más en el pago de
intereses de la deuda.
Así que si la deuda
es una pesada hipoteca, en los próximos meses y años nos va a
costar más pagarla. Por eso, tanto la Comisión
Europea como el FMI y la OCDE llevan años pidiendo a España que reduzca su deuda pública, porque nos hace muy
vulnerables, al depender demasiado de inversores extranjeros (los
famosos “mercados”) que se pueden poner nerviosos y no financiarnos o pedirnos
más rentabilidad, a costa de tener que recortar otros gastos públicos
necesarios. Ahora, la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha sumado a este coro de expertos y ha señalado que “la
deuda pública es uno de los tres grandes problemas estructurales de España,
junto al paro y a la pobreza”. Y tan estructural, como que lo arrastramos desde Carlos V…
Entonces como ahora, el problema es el mismo: España
gasta más de lo que ingresa y por eso tiene que endeudarse. Así que la
solución es doble: o gasta menos o ingresa más. Gastar menos es posible, pero no
parece fácil, dadas las enormes demandas sociales sin resolver y sobre todo
porque España gasta mucho menos que el
resto de Europa: el 41% del PIB frente al 45,8% de media en la UE-28, el 56,5%
en Francia, el 48,9% en Italia el 43,9% en Alemania o el 41,1% en Reino Unido, según Eurostat. A lo claro: que gastamos unos 56.000 millones menos cada año
que la media de europeos. La otra opción es ingresar más, lo cual debería ser posible, porque recaudamos bastante
menos que Europa: el 37,9% del PIB (2017) frente al 44,9% en la UE-28, el 53,9%
en Francia, el 46,6% en Italia, el 45,2% en Alemania o el 39,1% en Reino Unido,
según datos de Eurostat. A lo claro: que si recaudáramos como europeos, ingresaríamos 81.650 millones más cada año.
Como para reducir el déficit y la deuda y además poder gastar más.
Así que reducir la
deuda es posible, siempre que se haga un gran Pacto político y social, con
el objetivo, por ejemplo, de rebajarla
al 60% del PIB en 10 años, para 2028, 6 años antes de lo que estima la AIReF.
Eso puede hacerse si aumenta la recaudación entre 20.000 y 40.000 millones anuales los
próximos años y dedicamos la mitad de esos ingresos extras a amortizar deuda. Y
se puede aumentar la recaudación si se consigue que paguen más impuestos los que hoy pagan pocos (grandes empresas, multinacionales y
los más ricos), si se racionaliza el IVA (quitando tantos tipos reducidos y parte
del fraude) y el IRPF (quitando tantas exenciones), además de conseguir nuevos ingresos con los impuestos verdes y tecnológicos. Como no puede reducirse la deuda es bajando
impuestos, como defienden PP y Ciudadanos. Salvo que apliquen más recortes drásticos del gasto, que
es mucho menor al europeo.
Al final, el gran problema de la deuda es que las tres
cuartas partes es deuda a largo plazo y los intereses se estarán pagando hasta
2050 y después. O sea, que la deuda que
hemos generado nosotros la pagarán nuestros hijos y nietos. Esa es la gran injusticia de la deuda, la pesada losa que les dejamos en herencia: el pago obligado de intereses año
tras año, a costa de que no puedan gastar en otras cosas. Por eso, por justicia con las futuras generaciones,
hay que recortar la deuda pública como sea.
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