Más viejos y pocas ayudas a la Dependencia

España es el segundo país del mundo, tras Japón, donde más años se vive: 83,2 años, casi el doble que en 1941. Una buena noticia, con un lado malo: cada vez hay más viejos que viven más años y menos jóvenes para trabajar, cotizar y pagar impuestos. Si ahora la proporción es de 2 activos por cada anciano o niño, en 2052 habrá 1 español trabajando por  cada español retirado o niño. Así será difícil financiar los servicios públicos y las pensiones. Y además, al haber más ancianos longevos, muchos no podrán valerse por sí mismos: habrá 7 millones de mayores dependientes, el triple que ahora. Un serio problema porque ya hoy, con muchos menos ancianos, la Dependencia está colapsada: hay casi 400.000 ancianos y discapacitados con derecho reconocido esperando la ayuda, por falta de recursos, que Rajoy ha recortado drásticamente. Tras las elecciones, urge un Pacto de Estado para atender mejor a nuestros mayores y que no se mueran sin ayudas.
 

enrique ortega

España ha dado un gran vuelco en dos generaciones, gracias al desarrollo económico, la mejora de la sanidad y un estilo de vida más sano, que ha aumentado drásticamente nuestra esperanza de vida: si al acabar la Guerra Civil (1941), los españoles vivían una media de 50 años, al morir Franco (1975) ya vivíamos 73,94 años, en 2011 ya llegábamos a 82 años y ahora superamos los 83,2 años de esperanza de vida (2013), según el INE. Con ello, España es el segundo país del mundo donde más años se vive, sólo por detrás de Japón (83,4 años), tras haber adelantado a Suiza (82,6 años), Italia (82,4 años) y Francia (82,1 años), según los últimos datos de la OCDE (38 países), donde la media de vida son 80,5 años.

La esperanza de vida ha mejorado sensiblemente en los últimos años (en el 2.000, España era el 6º país en el ranking de longevidad), gracias a nuestro clima y estilo de vida, la alimentación y la sanidad españolas, aunque la OCDE revela dos factores que van en contra de la salud de los españoles: fumamos más que en otros países (29% de adultos, frente al 20% en la OCDE) y hay más niños obesos (26%), lo que puede “pinchar” nuestra longevidad futura, junto a la crisis y los recortes en la sanidad. Pero el INE no lo cree así y prevé que vivamos aún más años en el futuro: 83,87 años en 2021, 85,70 años en 2031, 89,37 en 2044, 91,17 años en 2054 y 92,63 años en 2063. Y más las mujeres (94,32 en 2063).

Al vivir más años y caer la natalidad (menos mujeres en edad fértil que tienen menos hijos), la consecuencia será un drástico envejecimiento de la población española, según las previsiones demográficas del INE: si en 2012 había un 17,3% de españoles con 65 o más años (8.029.674 personas), a mediados de este siglo (2052) habrá un 36,58% de mayores, más de un tercio de la población española tendrá 65 años o más (15.203.850 personas, casi el doble). O sea que si ahora son mayores 1 de cada 6 españoles, en 2052 serán más de 1 de cada 3. Y lo más llamativo es que se triplican los mayores de 80 años, los que necesitan más ayuda: si en 2012 eran sólo 1,1 millones, en 2052 serán 3,74 millones.

Ya en 2021, España será el país más envejecido de Occidente (por encima incluso de Japón), con un 25% de su población que superará los 65 años (9.276.000 personas), según datos de la ONU. Viviremos más años que nadie y eso es una buena noticia,  pero también supone una enorme hipoteca para España: habrá menos activos para sostener las pensiones y el Estado del Bienestar. La previsión del INE es que si ahora (2012) hay 2 personas en edad de trabajar (16-64 años) por cada inactivo (niño o mayor de 65 años), en 2052 haya sólo 1 activo (trabajando o parado) por cada inactivo (niño o jubilado).

Un dato preocupante, por un doble motivo. Por un lado, habrá menos activos para trabajar, crear riqueza y pagar impuestos con los que mantener el Estado del Bienestar, desde la sanidad a la Dependencia, pasando por la educación o los servicios públicos. Y por otro, habrá menos jóvenes y adultos cotizando a la Seguridad Social, con lo que tendremos más problemas para pagar las pensiones futuras, máxime si crece drásticamente el número de pensionistas: se prevé pasar de los 9 millones de pensionistas actuales a 15 millones de pensionistas en 2052, con un fuerte crecimiento de las pensiones a partir de  2023, cuando empezarán a jubilarse los nacidos a principios del “baby boom”, a finales de los años cincuenta, y el número de pensionistas irá aumentando durante los siguientes quince años, que es lo que duró la explosión demográfica de la segunda mitad del siglo XX. Más pensionistas, más gasto, pero menos jóvenes y adultos para cotizar y pagar sus pensiones.

El envejecimiento de la población española no sólo aumentará el gasto en pensiones. Obligará a destinar más ayudas a los ancianos dependientes, los que no se pueden valer por sí mismos, cuyo número aumentará drásticamente al vivir cada vez más años: si ahora hay casi 3 millones de españoles con algún tipo de dependencia, en 2050 tendremos 7 millones de dependientes (anciano y discapacitados), según el CSIC. Y esto sí que es un gran reto de futuro, porque la actual Ley de Dependencia (ZP 2007), tras casi 9 años de existencia, no ha conseguido atender ni a 800.000 dependientes al año y hay casi 400.000 en lista de espera, con lo que muchos se mueren antes de recibir las ayudas.

Las ayudas a la Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), se pusieron en marcha el 1 de enero de 2007, con una Ley que concedía derechos pero que no contaba apenas con Presupuesto. Avanzó con firmeza al principio, incluso con la crisis, y en la Legislatura de Zapatero se triplicaron los beneficiarios, pasando de 228.613 dependientes atendidos en 2008 a 752.005 en 2011. Pero al llegar al poder Rajoy, que no creía en el sistema (“no es viable”, declaró un mes antes de las elecciones de 2011), empezaron los recortes, a los nueve días de tomar posesión: dejó fuera a los dependientes moderados (165.000), primero hasta 2012 y luego hasta julio de 2015. Luego, en 2012, recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia y aprobó un Decreto con cambios profundos para facilitar a las autonomías un drástico recorte del gasto: dejó de pagar la cotización a la SS a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayudas a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, bajando las ayudas) y subió el copago a las familias.

El total de medidas supuso  un recorte a la Dependencia de 2.236 millones entre 2012 y 2014, un tercio del presupuesto de 2011, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Con ello, el Gobierno Rajoy ha estrangulado financieramente a la Dependencia, ahora más en manos de las autonomías y las familias: si en 2011, el Estado central financiaba el 40% de la Dependencia, en 2013 ya sólo financiaba el 13%. Y su vacío lo han tenido que cubrir (sólo en parte) las autonomías (han pasado de financiar el 50% al 63%) y las familias de los dependientes (el copago cubría el 10% de la Dependencia en 2011 y en 2013 era ya del 19%). Los pagos de las familias de los dependientes han subido un 68% desde 2009, desde los 960 euros anuales que pagaban a 1613 euros de media en 2013.

Al contar con menos recursos (mientras aumentaban las solicitudes de dependientes), las autonomías (que gestionan la Dependencia) han tenido que “buscarse la vida” para cuadrar las cuentas, reduciendo el gasto por varias vías, según el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes, tanto el reconocimiento como la concesión de las ayudas. La segunda, siendo más rígidos al valorar a los dependientes: en febrero de 2012 se endurecieron los requisitos, con lo que han bajado los que tienen gran dependencia (grado III) y subido los dependientes severos (grado II), que son “más baratos” (cobran 82,84 euros/mes frente a 177,86 a los de grado III). Y la tercera vía de ahorro ha sido  revisar “de oficio” las valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja el grado, lo que ha multiplicado las denuncias de familias en los tribunales (las suelen ganar, pero dos años después).

El balance de la Dependencia en la Legislatura de Rajoy es muy negativo y más desde julio de 2015, en que entraron finalmente en el sistema los dependientes moderados (unos 315.000). Con ellos, a finales de octubre había 1.178.483 dependientes (ancianos y niños discapacitados) con derecho reconocido a ayudas, 120.987 más que cuando Rajoy llegó al poder. Y de ellos, 779.373 dependientes recibía alguna ayuda (servicio o dinero), sólo 27.368 más que hace cuatro años. Y lo peor, hay 399.110 dependientes a la espera de recibir ayuda, uno de cada tres con derecho reconocido, 93.619 más en “lista de espera” que cuando llegó Rajoy al poder. Y eso que 100.000 dependientes ya no esperan ayuda porque se han muerto en estos años, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El balance de la Dependencia es aún peor en algunas autonomías, la mayoría de ellas gobernadas por el PP hasta mayo pasado. Así, el porcentaje de dependientes que reciben ayudas está muy por debajo de la media (1,59% de la población en toda España) en Canarias (0,52%), Comunidad valenciana (0,86%), Baleares (0,93%), Ceuta y Melilla (1,20%), Madrid (1,23%), Galicia (1,26%) y Navarra (1,27%), autonomías que también tienen los mayores porcentajes de dependientes en lista de espera desde 2011.

Algo hay que hacer y con urgencia, porque más de la mitad de los dependientes que solicitan ayudas tienen más de 80 años y muchos se mueren antes de que les lleguen. Urge que los distintos partidos acuerden, tras las elecciones del 20-D, un sistema de financiación suficiente y estable para la Dependencia. Y más si sabemos que habrá en España el triple de ancianos dependientes a mediados de este siglo.

Lo primero sería que el futuro Gobierno aprobara un Plan de choque para ponerse al día y acabar con las listas de espera, que recibieran servicios o cobraran algo las familias de los casi 400.000 dependientes que esperan desde hace meses. Eso supondría recuperar al menos  los 2.236 millones perdidos en esta Legislatura, aportándolos entre el Estado y las autonomías, con un crédito extraordinario. Pero sería sólo un parche. Cara al futuro, hay que buscar un sistema de financiación estable (40% Estado, 40% autonomías y 20% familias) y suficiente, en base a impuestos (se puede y ser debe recaudar más), posibles recargos de IVA o cotizaciones sociales adicionales, medidas propuestas en su día por la Comisión de expertos que informó sobre la Ley de Dependencia en el Congreso. Bastaría recabar entre 8.000 y 10.000 millones anuales para financiar la Dependencia, bastante más barata que los otros tres pilares del Estado de Bienestar, las Pensiones (120.000 millones), la Sanidad (88.000 millones) o la Educación (50.000 millones).

La mayoría de partidos prometen más recursos para la Dependencia si llegan al poder, incluso piden que sea un derecho incluido en la Constitución (PSOE). Pero hay que concretar de dónde va a salir el dinero, porque las familias de los dependientes ya han visto lo que pasa cuando se prometen derechos sin recursos, como hizo Zapatero: el sistema se colapsa. Hay que ponerlo en marcha, con perspectiva de futuro, para que atienda a una población española más envejecida, donde  9 de cada 100 españoles vivirán más de 80 años. Seremos más longevos, pero por eso necesitaremos más cuidados. Y eso tiene un precio, que hay que pensar en cómo pagar desde hoy. Porque pronto, los dependientes no serán nuestros padres: seremos nosotros.