La Dependencia, en la encrucijada electoral

Las ayudas a la Dependencia (ancianos y jóvenes discapacitados) dependen, en sus dos terceras partes, de las autonomías, mientras el Estado central aporta cada vez menos y las familias más. Pero las autonomías gestionadas por el PP (salvo Castilla y León) se han distinguido por “racanear” con los dependientes, siendo la mayoría “suspendidas” por los profesionales del sector, sobre todo la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Baleares, Galicia, Cantabria y Madrid. Ahora, con las elecciones del 24 de mayo, esto podría cambiar, porque el PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPyD están a favor de aumentar la financiación a la Dependencia, que ha perdido beneficiarios en 2014 y en el primer trimestre de 2015. Pero la clave estará en las elecciones generales de diciembre, porque el futuro de la Dependencia exige un gran pacto político para asegurar más recursos. Y más cuando en julio deberían empezar a recibir ayudas 315.000 dependientes moderados. En este año electoral, la Dependencia se la juega.
 

enrique ortega

Los últimos datos de la Dependencia siguen siendo preocupantes. En el primer trimestre de 2015, se han reducido los dependientes con ayuda reconocida (-13.536 sobre diciembre) y los que reciben efectivamente ayudas (-2.907, casi mil menos por mes), según los últimos datos del IMSERSO. Una bajada que sigue la tendencia de 2014, año en que la Dependencia perdió beneficiarios con ayuda reconocida (-50.623) y también dependientes que reciben ayudas (-8.122 sobre diciembre de 2013). Y durante esta Legislatura de Rajoy, el balance de la Dependencia es muy pobre: hay 880.186 dependientes con el derecho reconocido (164.000 beneficiarios menos que en diciembre de 2011) y 742.813 dependientes que reciben ayudas (sólo 4.226 más que al llegar el PP al Gobierno). En comparación, el gobierno Zapatero duplicó con creces los dependientes reconocidos (de 442.509 en 2008 a 1.044.528 en 2011) y más que triplicó los dependientes que recibían ayudas (de 228.613 a 738.587).

La Ley de Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones), entró en vigor el 1 de enero de 2007. Y ahora, tras cumplir ocho años, se encuentra estancada: hay 1.200.000 españoles que tienen oficialmente reconocida algún grado de dependencia y sólo 742.813 dependientes reciben alguna ayuda (económica o de servicio), según el IMSERSO. O sea, que hay más de un tercio de dependientes sin ayuda (38,1%), según el último análisis de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Mientras, el Gobierno Rajoy presume que ha bajado la “lista de espera”, los dependientes con derecho reconocido que no cobran: han bajado de 305.941 dependientes en diciembre de 2011 a 148.002 a finales de marzo de 2015. Eso es cierto, pero también que buena parte de esta menor lista de espera se debe no a mejoras de gestión sino a que los dependientes que esperaban se han muerto: 117.000 ancianos que habían solicitado ayudas han fallecido desde diciembre de 2011, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y no es extraño: un 53,42% de los dependientes que solicitan ayudas tienen más de 80 años. Y hoy por hoy, entre el tiempo que se tarda en reconocer la ayuda (Rajoy ha subido el plazo de 2 a 2,5 años) y el que se tarda en recibirla efectivamente (se incumple el plazo legal de 6 meses), el dependiente y su familia pueden llegar a esperar hasta tres años y medio o cuatro. Y claro, muchos se mueren por el camino. Así bajan los beneficiarios y las “listas de espera”.

El origen de la mayoría de problemas de la Dependencia está en los recortes, que Rajoy inició a los nueve días de tomar posesión: empezó dejando fuera a los dependientes moderados (165.000), primero hasta 2012 y luego hasta julio de 2015. Luego, en 2012, recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia y  aprobó un decreto con cambios profundos, para facilitar a las autonomías un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la cotización a la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayudas a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, bajando las ayudas) y subió el copago de las familias de los dependientes.

El total de medidas ha supuesto un recorte a la Dependencia de 2.236 millones entre 2012 y 2014, un tercio del presupuesto de 2011, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Con ello, el Gobierno Rajoy ha estrangulado financieramente a la Dependencia, ahora más en manos de las autonomías y las familias: si en 2011, el Estado central financiaba el 40% de la Dependencia, en 2013 ya sólo financiaba el 13%. Y su vacío lo han tenido que cubrir (sólo en parte) las autonomías (han pasado de financiar el 50% al 63%) y las familias de los dependientes (el copago cubría el 10% de la Dependencia en 2011 y en 2013 era ya del 19%). Los pagos de las familias de los dependientes han subido un 68% desde 2009, desde los 960 euros anuales que pagaban a 1613 euros de media en 2013. Y hay autonomías, como la valenciana, donde las familias de discapacitados psíquicos han pasado de no pagar nada por una residencia a pagar 1.000 euros al mes.

A pesar del mayor esfuerzo de las familias y de las autonomías, no han podido cubrir los recortes del Estado central a la Dependencia. Y por ello, el gasto por beneficiario ha caído una quinta parte (-20,4%), de 8.648 euros por dependiente (2009) a 6.879 euros (2013). Al contar con menos recursos (mientras aumentaban las solicitudes de dependientes), las autonomías (que gestionan la Dependencia) han tenido que “buscarse la vida” para cuadrar las cuentas, reduciendo el gasto por varias vías, según el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes, tanto el reconocimiento como la concesión de las ayudas (con la vergüenza de que haya 148.002 dependientes en “lista de espera”, con derecho reconocido que no reciben ni ayuda ni servicios). La segunda, ser más rígidos a la hora de valorar a los dependientes: en febrero de 2012 se endurecieron los requisitos, con lo que han bajado los que tienen gran dependencia (grado III) y subido los dependientes severos (grado II), que son “más baratos” (el Estado paga por ellos 82,84 euros/mes frente a 177,86 a los de grado III). Y la tercera vía de ahorro es revisar “de oficio” las valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja el grado, lo que ha multiplicado las denuncias de familias en los tribunales (las suelen ganar, pero dos años después).

Una cuarta vía de “ahorro” que usan las autonomías es ofrecer dinero y no servicios a los dependientes, porque es más barato darle 450 euros a un cuidador familiar (el 40% de los dependientes reciben prestaciones económicas), o incluso la teleasistencia (12,4% dependientes), que pagarles una residencia (14,5% dependientes), un centro de día (7,88% dependientes) o enviarles ayuda a domicilio (14,26%). Y también, algunas autonomías gestionadas por el PP  (Extremadura, Castilla y León, Aragón y Galicia), han optado por la privatización de la ayuda: ofrecer un cheque servicio (de 426 a 715 euros) para que las familias se busquen por su cuenta una residencia o un servicio privado.

En todos los casos, las autonomías han tratado a “atender a más dependientes con menos recursos”, para que salgan menos mal las estadísticas. Y así, hay 6 autonomías (Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia) que reconocen que no cumplen con la Ley y tienen muchos dependientes en lista de espera  “por falta de recursos”, según un informe de 2014 del Tribunal de Cuentas sobre la Dependencia.

El otro gran problema de la Dependencia, junto a los recortes, son las enormes diferencias entre autonomías, en unos casos porque tienen más viejos y en otros por sensibilidad política. El hecho es que hay 6 autonomías con un porcentaje de dependientes reconocidos en” lista de espera” mayor que la media nacional (15,6%): Aragón (31% dependientes reconocidos sin ayuda), Murcia (28,34%), Galicia (25,46%), Andalucía (22,64%), Comunidad Valenciana (22,18%) y Castilla la Mancha (19,32%), cinco de las seis gestionadas por el PP. Y enfrente, hay autonomías sin casi dependientes en “lista de espera”: Castilla y León (0,40%), Madrid (5,3%), Canarias (5,6%), Asturias (6%) o la Rioja (8,8%).

Además, los profesionales del sector denuncian que hay muchas diferencias entre autonomías a la hora de valorar el grado de dependencia, por las ayudas y los servicios que ofrecen  y el gasto que hacen en Dependencia: desde los 174 euros por habitante de Cantabria (153 euros la Rioja, 149 el País Vasco o 140 Castilla León) a los 39 euros por habitante de Canarias (56 de Baleares, 62 de Valencia o los 84 de Murcia). Y por todo ello, el Observatorio de la Dependencia (directores y gerentes de servicios sociales) sólo da buena nota a Castilla y León (10 puntos sobre 10), País Vasco (7,5) y Andalucía (7,1). Aprueban Extremadura (6,7), La Rioja (6,3) y Castilla la Mancha, Asturias y Navarra (todas con un 5 raspado). Y suspenden en Dependencia 9 autonomías, más Ceuta y Melilla: Comunidad Valenciana, Canarias, Ceuta y Melilla (las cuatro, con 1,7 puntos sobre 10), Aragón (3,3), Baleares (3,8), Galicia, Madrid y Murcia (las tres, 4,2 puntos), Cantabria y Cataluña (4,6 puntos). Entre las 11 suspensas, 9 son autonomías gestionadas por el PP.

Por eso, las elecciones autonómicas del 24 de mayo son claves para el futuro de la Dependencia: aún con los recortes de Rajoy, hay autonomías que gestionan mejor que otras la Dependencia. Y cinco de los partidos con más posibilidades de llegar a los futuros gobiernos autonómicos (PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPyD),  han apostado en sus programas por dedicar más recursos y más ayudas a la Dependencia. Incluso en Castilla la Mancha, estos cinco partidos han firmado un pacto donde se comprometen a revertir los duros recortes de Cospedal en Dependencia si llegan al gobierno autonómico.

Con ser muy importante el 24-M, la clave va a estar en las elecciones generales de diciembre. Porque si vuelve a ganar el PP, pocas mejoras pueden esperarse: a Rajoy nunca le gustó la Ley de Dependencia de ZP, llegando a decir (noviembre 2011) que “no es viable”. Y ahora sus recortes la han llevado a una situación límite. El colapso puede ser mayor en julio, cuando entren en el sistema los dependientes moderados (grado I), unos 315.000, a los que también habrá que pagar ayudas y servicios. Y para los que no hay Presupuesto: el de 2015 no incluye ni un euro más para ellos, aunque necesitarán 84 millones extras.

Por todo ello, el propio ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, Alfonso Alonso ha pedido a todos los grupos parlamentarios “alcanzar a partir de julio un acuerdo que refuerce la Dependencia como pilar del Estado de Bienestar”. Ojalá fuera así, aunque suene a “gancho electoral” tras tres años y medio de recortes. Pero el acuerdo político, a pocos  meses de las elecciones generales, no parece factible. Y sin embargo, urge acordar un sistema de financiación suficiente y estable para la Dependencia.

Eso supondría, como propone el Observatorio de la Dependencia, que el Estado central duplicara su aportación, de los 1.317 millones actuales (2015) a 2.634 millones. Y también que creciera la aportación de las autonomías, para recuperar entre todos los 2.236 millones perdidos desde 2012. Sería un Plan de choque, para ponerse al día y acabar con las “listas de espera”. Pero cara al futuro, hay que buscar una financiación estable (40% Estado, 40% autonomías y 20% familias) y suficiente, en base a impuestos, recargos de IVA o cotizaciones adicionales, medidas propuestas en su día por la Comisión de expertos que informó al Congreso. Bastaría con recabar entre 8.000 y 10.000 millones anuales para la Dependencia, bastante más barata que los otros tres pilares del Estado del Bienestar, las pensiones (120.000 millones), la Sanidad (88.000 millones) o la Educación (50.000 millones).

Los dependientes y sus familias llevan años lanzando un SOS: la situación es insostenible. Y será peor a partir de julio, cuando entren los dependientes moderados. Y aún peor en el futuro, porque somos un país muy envejecido: en 2050 tendremos 7 millones de dependientes, según el CSIC. Hay que afrontar el problema y asegurar la atención futura de los dependientes. Tienen derecho por Ley y es un deber que tenemos con nuestros mayores. Una obligación moral, al margen de las elecciones. ! Atiendan mejor a los dependientes ¡ .