Autonomías: la pelea por las herencias

Otras 6 autonomías han seguido a Madrid y han aprobado este año una drástica rebaja en el impuesto de sucesiones que se cobra a las herencias, una pelea fiscal por ver quien se lleva a los contribuyentes que legan y quien baja más los impuestos, cara a las elecciones de 2019. Resultado: las autonomías recaudarán 225 millones menos, en beneficio de las rentas medias y altas, mientras se quejan de que no tienen recursos y mantienen a 290.000 ancianos sin cobrar la Dependencia. Y nos suben otros impuestos para compensarlo, como el que se paga en la compraventa de viviendas. Hay una batalla política de fondo, encabezada por Ciudadanos, para suprimir este impuesto, que se cobra en la mayoría de países y que es la mejor vía para reducir la transmisión de la desigualdad, penalizando la riqueza que pasa de padres a hijos. Los expertos aconsejan mantenerlo y que haya condiciones homogéneas en toda España, sin privilegios. Y no hacer polítiqueo con los impuestos. 

enrique ortega

El impuesto sobre las herencias es uno de los más viejos del mundo y se remonta al Imperio Romano. En España, el antecedente es la llamada “manda pía forzosa”, un tributo sobre herencias, creado entre 1811 y 1845, para socorrer a las viudas y prisioneros de la Guerra de la Independencia: 12 reales de vellón que cobraban los sacerdotes en los entierros (recaudación “asegurada”). Durante el franquismo, en 1967, se estableció un impuesto de sucesiones que se modificó con la reforma fiscal de 1978, siendo un tributo estatal hasta que en 1983 se cede a las autonomías, que tienen competencias para fijar tipos y deducciones, con lo que en la práctica hay 17 impuestos de sucesiones distintos.

En 2017 se tramitaron en España 408.402 herencias, 1.119 diarias, según los datos de los notarios. En realidad, se trata de un impuesto marginal, que sólo recaudó 2.725 millones en 2017, un 3,5% del dinero que se llevaron las autonomías por el 50% del IRPF (les correspondió 38.500 millones) y un 4,2% de lo que ingresaron por el 50% del IVA (otros 31.800 millones). Y además, es un impuesto bastante estable, porque en los años buenos, como 2008, sólo recaudó un máximo de 2.915 millones. Pero aunque marginal, se ha convertido en un “impuesto escaparate”, que se utiliza políticamente para poner en marcha una campaña de “bajada de impuestos”. Primero lo hizo el PP, en la Comunidad de Madrid, y este año lo ha hecho Ciudadanos, forzando bajadas en otras 6 autonomías este año 2018.

En 2006, el gobierno de Esperanza Aguirre fue el primero que rebajó drásticamente el impuesto de sucesiones, aprobando una bonificación del 99% que hacía que muchas herencias no tributaran prácticamente nada. El impuesto se calcula aplicando un tipo a la base imponible que se hereda  (valor neto de lo que se transmite menos deudas y gastos deducibles), tipo que oscila del 7 al 34% según el importe y el grado de parentesco. Sobre el resultado a pagar, se aplican deducciones y bonificaciones y aquí es donde entra la bonificación del 99% de Madrid, que hace que finalmente sólo se pague el 1% de lo que corresponda.

Este año 2018, otras 6 autonomías han seguido a Madrid en una carrera por ver quién cobra menos a las herencias. La más importante, Andalucía, que ha elevado el mínimo exento de pagar sucesiones a 1 millón de euros (antes era 250.000), con lo que no pagarán nada el 95% de las herencias, gracias a la presión de Ciudadanos, que ha obligado a aceptarlo al PSOE para aprobar los Presupuestos 2018 (Susana Díaz llevaba años criticando la rebaja de Madrid). Otra autonomía gobernada por el PSOE que se suma a bonificar el 99% de las herencias es Extremadura, al igual que Asturias, que ha elevado el mínimo exento de 200.000 a 300.000 euros y que bonifica algunas herencias el 95%. La cuarta en rebajar sucesiones, con una bonificación del 90%, es Cantabria. Y las dos restantes, gobernadas por el PP, son Murcia (aumenta la bonificación del 60 al 99%, beneficiando a 15.000 herencias al año, que se ahorrarán 75 millones de euros) y Castilla y León, que además eleva el mínimo exento de 300.000 a 400.000 euros.

En esta carrera autonómica por ver “quien cobra menos a las herencias”, Madrid no ha querido quedarse atrás y la ex presidenta Cifuentes aprobó en marzo de 2018 otra rebaja a las herencias: una bonificación del 15% en sucesiones y donaciones entre hermanos y otro 10% a las herencias entre tíos y sobrinos (de haberse aprobado antes, el presidente de El Corte Inglés, sobrino del anterior, se habría ahorrado muchos millones. Pero ya habrá otros “sobrinos” que se beneficien...). Estos nuevos “regalos fiscales” en Madrid beneficiarán a 10.900 declarantes al año, que se ahorrarán 32,5 millones de euros.

Al final, con esta “carrera de rebajas” a las herencias, el panorama del impuesto es un galimatías, con 17 impuestos diferentes, como señala este informe del Consejo General de Economistas de España. Y demuestran que se paga muy distinto según donde se herede. Así, un soltero que hereda 800.000 euros (200.000 de una vivienda) no paga nada en Andalucía (antes del cambio, en 2017, pagaría 164.049 euros), sólo 134 euros en Canarias, 1.586 euros en Madrid, 1.587 euros en Extremadura (antes del cambio, en 2017, pagaría 158.796 euros) y 1.640 euros en Murcia (antes del cambio, en 2017, pagaría 65.619 euros), las 5 autonomías donde menos se paga por una herencia. Y donde más pagaría sería en Aragón (155.393 euros), Asturias (103. 135 euros este año, frente a 134.643 antes de la rebaja), Castilla y León (81.018 este año, frente a 125.643 antes), la Comunidad Valenciana (63.193 euros) y Castilla la Mancha (31.759 euros). En las cinco autonomías restantes, esta herencia pagaría entre 15.040 euros (Galicia) y 3.175 euros (La Rioja).

Al margen de estas rebajas, muy ligadas a que en 2019 habrá elecciones autonómicas, España tiene un impuesto de sucesiones en línea con Europa. En los países occidentales, hay impuesto de sucesiones en 19 de los 34 países de la OCDE y España es el 6º país con el tipo máximo más alto (34%), por detrás de Japón (55%), Corea del Sur (50%), Francia (45%), Reino Unido (40%) y EEUU (34%), muy por encima del tipo medio de la OCDE (15%), según un estudio de Tax Foundation. Pero estos son “tipos escaparate”, ya que luego entran en juego las deducciones y bonificaciones que rebajan drásticamente lo que se paga. Y por ello, resulta más revelador la comparación de lo que se ingresa por sucesiones: España ingresa un 0,2% del PIB, en la media de Europa, menos que algunos países como Bélgica (ingresa el 0,7% de su PIB por sucesiones), Francia (el 0,5% del PIB), Bulgaria y Holanda (0,3%), igual que Alemania, Dinamarca Luxemburgo, Malta o Finlandia (0,2% del PIB todos) y más que Irlanda o Grecia (ingresan por herencias el 0,1% del PIB), según Eurostat.

Así que no es cierto que las herencias paguen más en España que en otros países: estamos en la media, aunque hay 15 países OCDE donde no pagan nada (como Suecia, Noruega, Austria, Portugal o Hungría, en Europa). Tampoco es cierto, como señalan los defensores de suprimir este impuesto, que los altos tipos hayan aumentado el número de herencias que se rechazan: 42.987 en 2017, un 10,5% del total, un porcentaje que ha bajado respecto a los peores años de la crisis (20% herencias rechazadas en 2012 y 2013). Muchos renuncian a una herencia porque son viviendas o negocios que llevan aparejadas deudas y no les compensa aceptarlas, no por el impuesto a pagar. Y otros, porque el renunciar a la herencia pasa directamente a los hijos y se reparte entre ellos, con lo que no tributan o pagan menos. Y también favorece los rechazos que sólo se dan 6 meses para pagar este impuesto.

Otra “leyenda urbana” de los opuestos a pagar por las herencias es que han motivado un trasvase de contribuyentes, de las autonomías que más cobran a las que menos. El PP andaluz dijo en 2017 que “40.000 andaluces se mudan cada año a Madrid para heredar sin tributar”. Si fuera cierto, Andalucía se habría despoblado en la última década (400.000). Además, la Ley establece que se aplica la norma tributaria de la autonomía donde el difunto haya vivido más tiempo “en los últimos 5 años”, no vale un cambio repentino.

Pero el hecho es que el impuesto sobre las herencias generó en 2017 un “movimiento social en contra”, apoyado en la Plataforma “Stop Sucesiones”, que organizó numerosas manifestaciones contra el impuesto en Andalucía y Asturias, antes de la rebaja, promovidas en muchos casos por Ciudadanos. “Es un impuesto obsoleto que hay que suprimir”, ha señalado Albert Rivera, quien asegura que es un impuesto que pagan las clases medias porque “los más ricos lo sortean”. Otra crítica es que el dinero heredado tributa dos veces, algo que no es así, según los expertos fiscales, porque el impuesto "grava una transferencia de riqueza que va de unas manos a otras”.

Un hecho demostrable es que suprimir el impuesto de sucesiones beneficiaría sobre todo a los más ricos. Los técnicos de Hacienda (GESTHA) hicieron un estudio en 2017 donde señalaban que la eliminación del impuesto beneficiaría sólo al 0,7% de los contribuyentes, a los herederos de los 181.778 españoles que más ganan (más de 60.000 euros anuales), con una herencia media de 3 millones de euros que ya no pagarían nada. Y perjudicaría al 72,4% de los contribuyentes, a los herederos de esos 14 millones de españoles que ganan entre 6.000 y 60.000 euros anuales.

Y sobre todo, los técnicos de Hacienda advertían de algo evidente: si las autonomías suprimen el impuesto de sucesiones o lo reducen al mínimo, tendrán que compensar esos 2.750 millones que ingresaron por herencias en 2017. Y lo harán subiéndonos otros impuestos, como ya están haciendo, por ejemplo en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que se cobra en las compraventas de vivienda: su recaudación ha subido de 5.637 millones en 2013 a los 9.000 millones previstos en 2018. 

Pero además, es un contrasentido que las autonomías se quejen al Gobierno central de que les falta financiación, de que no les llega con los impuestos cedidos cuando se dedican a una carrera de recortes en sucesiones, en las herencias, donde las rebajas de 2018 van a mermar la recaudación este año en 225 millones, hasta los 2.500 millones. Menos ingresos por querer beneficiar a algunos contribuyentes cuando les faltan recursos para casi todo. No es de recibo que Andalucía pierda este año 50 millones de euros de recaudación en herencias cuando tienen 88.676 ancianos con derecho a una ayuda a la dependencia que no la cobran. Y que Murcia pierda otros 26 millones cuando tienen 5.000 ancianos esperando ayudas (y 290.000 en toda España, según los datos del Imserso). Y lo mismo podría decirse de la falta de recursos en sanidad, educación y ayudas sociales.

España es un país que recauda poco por impuestos, 81.500 millones de euros menos cada año que la media europea, según Eurostat. Y por eso, es un lujo inadmisible que las autonomías se lancen a una carrera por bajar el impuesto de sucesiones a las herencias. Sobre todo, porque es una vía para “redistribuir la riqueza” y “luchar contra la creciente desigualdad”, uno de los pocos caminos para evitar que los hijos y los nietos de los muy ricos hoy lo sean también mañana y se mantenga o crezca la desigualdad. Por eso hay que mantener el impuesto, eso sí, con cambios, como han defendido los 21 expertos que realizaron, en julio de 2017, un informe sobre la futura financiación autonómica. Proponían introducir unos niveles mínimos de tributación, que debería fijar el Estado para toda España (entre el 4 y el 5% y entre el 10 y el 11%, según el grado de parentesco, y un nivel máximo (que no detallan). Homogeneizar el impuesto para que no haya tantas diferencias, pero no suprimirlo porque “tiene una gran capacidad de redistribución de la riqueza”, decían.

Lo mismo piensan los técnicos de Hacienda (GESTHA), que defienden una subida y equiparación de tipos, no una bajada, y piden más flexibilidad en el pago, para que no se tenga que pagar en sólo 6 meses y se pueda incluso fragmentar el pago. Y los sabios que propusieron en 2014 las bases de una reforma fiscal, proponían que aumentara el número de personas que pagan por las herencias aunque con tipos más bajos. Pero tampoco proponían suprimir el impuesto ni desvirtuarlo con bonificaciones, como han hecho varias autonomías y también Madrid con el impuesto sobre el Patrimonio (bonificado al 100%).

El debate sobre el impuesto a las herencias volverá en la primavera de 2019, cuando lleguen las elecciones autonómicas y todos se apunten a hacer rebajas fiscales, en este y otros impuestos. Pero en economía no hay milagros. Si se quieren servicios, y las autonomías gestionan los más importantes (sanidad, educación, dependencia y ayudas sociales), hay que pagarlos con impuestos. Y no se pueden hacer rebajas, menos a los más ricos. Y menos en las herencias, que es una forma de penalizar la desigualdad y reducirla para el futuro. No hagan politiqueo con los impuestos en beneficio de unos pocos, aunque digan lo contrario. Menos demagogia.

El petróleo frena la recuperación

El petróleo ha sido clave para ayudar a la economía española a salir de la crisis, al caer su precio de 114 dólares en 2014 a 46 en 2015 y 28 dólares en 2016. Pero el petróleo sube desde el verano y ha superado los 80 dólares, mientras también cae el euro, con lo que el coste del barril se ha encarecido un 18% desde enero. El viernes, el crudo bajó a 76,50 dólares, ante el anuncio de Rusia y la OPEP de que podrían subir la producción, por temor a un colapso del mercado ante la crisis de Venezuela e Irán. Pero el petróleo seguirá caro y corre peligro la recuperación mundial y más en España, uno de los países más dependientes del crudo importado. El Gobierno estima que si sigue caro, la economía crecerá este año un 0,7% menos y se crearán 150.000 empleos menos. Porque suben los carburantes y la inflación, baja el consumo y suben los costes de las empresas y el país. Urge tomar medidas para reanimar la economía ahora que soplan vientos en contra desde fuera: petróleo, tipos de interés, proteccionismo, crisis en Italia, bajo crecimiento Europa... Y más con la inesperada crisis política en España. No vale esperar y ver. Pero no está el patio político para pensar en la economía.

enrique ortega

El mundo tiene una gran dependencia del petróleo y su precio agrava o mejora los ciclos económicos. En 2008, tras la crisis financiera en EEUU, el petróleo se contagió de los temores mundiales y saltó a 146 dólares el barril, el máximo histórico reciente, agravando la recesión. Luego, ante las medidas para reanimar las economías, suavizó su precio, por debajo de los 80 euros en 2009 y 2010. A partir de ahí volvió a subir, en torno a los 110 dólares en 2011 y 2014. Y tras marcar otro máximo en junio de 2014, 114,81 dólares por barril, empezó una bajada durante año y medio, a 46,59 dólares en enero de 2015 y 27,88 euros, el mínimo histórico reciente, en enero de 2016. Una caída del precio del 75% en año y medio, que ayudó decisivamente a la recuperación de la economía mundial, y, sobre todo, de España (junto a la bajada de tipos y del euro, no por la política de Rajoy, como dice).

El petróleo se mantuvo estable, en torno a los 50 euros, otro año y medio, todo 2016 y la primera mitad de 2017. Pero el verano pasado comenzó a subir y cerró el año en 66,7 dólares. Y la subida ha seguido este año 2018, sobre todo en mayo, cuando el día 17 superó los 80 dólares por barril, el precio más alto desde hacía tres años y medio (noviembre de 2014). Luego se mantuvo por encima de los 79 dólares, hasta que el viernes 25 bajó a 76,50 dólares barril, tras el anuncio de la OPEP y Rusia de que estudiaban producir más petróleo, "para evitar un shock del mercado", ante la crisis de producción en Venezuela e Irán. Aún con esta bajada, que podría continuar esta semana, el petróleo cuesta un 15,05% más que en enero. Y si añadimos que el petróleo hay que pagarlo en dólares y que el billete verde también ha subido (un 2,90% frente al euro desde enero), el barril nos cuesta ya un 18% más que en enero.

¿Por qué ha subido tanto el petróleo? El último detonante ha sido Donald Trump, al denunciar en mayo el acuerdo nuclear con Irán y anunciar nuevas sanciones, entre ellas la prohibición de comprarles petróleo. Irán es el 5º productor mundial (produce 3,82 millones de barriles al día) y, tras el acuerdo con Obama de 2015, estaba exportando entre 500.000 y 1,5 millones de barriles al día: la mitad podrían no llegar ahora al mercado mundial. Otro problema geopolítico que resta barriles es Venezuela (el 10º productor mundial, con 1,44 millones de barriles al día), con serios problemas de bombeo que le suponen producir 500.000 barriles diarios menos. Y también ayuda a recortar la producción mundial de crudo la tensión política en Yemen (con terroristas pro-iraníes que amenazan las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita), Libia (ha recuperado su producción de 1 millón de barriles al día, pero es un país muy inestable) y Angola (el 9º productor mundial), con serios problemas de bombeo que le han hecho perder 300.000 barriles al día desde finales de 2017.

Estos distintos problemas geopolíticos han agravado un problema anterior: el recorte de producción acordado por la OPEP y Rusia en 2016 y 2017. El 30 de noviembre de 2016, los 14 países de la OPEP (liderados por Arabia Saudita, el 3º productor mundial, tras EEUU y Rusia) y Rusia (el 2º) acordaron recortar la producción de crudo en 1,8 millones de barriles día desde enero de 2017. En mayo de 2017 extendieron el acuerdo y el 29 de noviembre de 2017, se sumaron a este acuerdo de la OPEP y Rusia otros 10 países productores no OPEP, entre ellos México, Nigeria y Libia, acordando extender ese recorte de la producción (-1,8 millones barriles/día) a todo el año 2018. Y lo están cumpliendo.

Así que el problema de fondo, más que la crisis con Irán o Venezuela, es que la oferta de petróleo se ha recortado drásticamente en el último año, mientras, a la vez, aumenta la demanda de crudo, un 5% en los últimos tres años, por el tirón de la recuperación. Y se prevé que la demanda crezca más este año 2018, superando los 100 millones de barriles al día, por primera vez en la historia reciente, según la Agencia Internacional de la Energía (AEI). Y además, los países y las empresas se encuentran con bajas reservas de crudo, con lo que el déficit oferta/demanda tira al alza de los precios. Y lo seguirá haciendo en los próximos meses, con lo que varios expertos auguran un petróleo a 100 dólares en 2019. La clave estará en lo que decidan la OPEP y Rusia en su Cumbre del 22 de junio, donde podrían "suavizar" sus recortes actuales y producir algo más en la 2ª mitad de 2018, porque tienen miedo "que el mercado colapse" por la caída de producción en Venezuela y las nuevas sanciones a Irán. 

Llegue a 100 dólares o se quede en torno a los 75 dólares,  el petróleo costará este año más de lo previsto (entre el 10 y el 15% más) y eso afecta muy negativamente a toda la economía mundial, a Europa y muy especialmente a España, porque somos uno de los países con mayor dependencia del petróleo importado. Así, España importa el 71,9% de toda la energía que consume, frente al 53,6% de media en la UE-28, el 35,3% de Reino Unido, el 47,1% de Francia, el 63,5% de Alemania y el 77,5% de Italia, según los últimos datos de Eurostat (2016). Y si nos centramos en la dependencia del petróleo, España importa el 99,2%, frente al 86,7% de media europea, el 33,9% de Reino Unido, el 91% de Italia, el 96,4% de Alemania y el 97,5% de Francia: somos el 2º país europeo más dependiente del petróleo, tras Grecia (importa el 99,6%).

Esta enorme dependencia del petróleo importado hace que España sea muy sensible a los vaivenes de precios. Y si entre 2014 y 2017 nos ahorramos 13.000 millones en la factura del petróleo (un regalo del 1,3% de crecimiento extra del PIB), ahora nos tocará pagar más: la factura del petróleo (que costó 30.326 millones de euros en 2017) podría subir hasta 9.000 millones más en 2018, si los precios siguen como hasta ahora. Y esta factura la pagaremos todos, sobre todo las empresas (más costes) y los ciudadanos (carburantes más caros y una subida generalizada de precios).

Las primeras consecuencias del petróleo caro ya las estamos sufriendo en los carburantes, que suben desde marzo. La gasolina roza los 1,40 euros por litro (1,38 euros la semana pasada), el máximo desde hace tres años. Y el gasóleo ronda los 1,30 euros por litro (1,28 la semana pasada), el precio más alto desde diciembre de 2014. Con ello, llenar un depósito cuesta ahora entre 5 y 8 euros más que hace unos años, un dinero que las familias no podrán gastar en otra cosa. Y la subida del petróleo, si se mantiene, también subirán los precios del transporte (sobre todo, los billetes de avión), el comercio (sobre todo online, por encarecerse las entregas), la industria y los alimentos, haciendo subir el IPC (en vez del 1,6% podría acabar el año por encima del 2%), con lo que salarios y pensiones perderían poder adquisitivo. Y a las empresas les subirán los costes, con lo que se reducirán sus beneficios, salvo que recorten otros costes (salarios) o frenen inversiones y empleo.

La subida del petróleo encarece costes y precios y la consecuencia es que las familias consumen menos y las empresas venden e invierten menos, con lo que se reduce el crecimiento y el empleo. El propio Gobierno ha estimado que si el petróleo sigue en torno a los 80 dólares barril, la economía española crecería este año un 0,7% menos de lo previsto (2% en vez de 2,7%) y se crearían 150.000 empleos menos (unos 300.000). Y eso en un escenario “moderado”, sin “sustos” en Irán, Corea del Norte o Venezuela. Además, con menos crecimiento, habrá menos recaudación y no se podrá recortar tanto el déficit público. Y con menos empleo, habrá poco aumento de cotizaciones para pagar las pensiones.

Pero no sólo el petróleo juega en contra de la recuperación. Otra amenaza es la subida de los tipos de interés en Europa, que está a la vuelta de la esquina tras varios años de tipos 0 que han ayudado a España (uno de los países más endeudados del mundo) a salir de la crisis. Ahora, si el petróleo dispara la inflación, EEUU volverá a subir los tipos (quizás en junio, tras subirlos 6 veces desde diciembre 2015) y el BCE podría adelantar la subida prevista para dentro de un año, lo que supondría otro frenazo en el crecimiento, sobre todo para España (encarecería los intereses de la deuda pública y los créditos de empresas y familias). Una subida del 1,25% en el precio del dinero podría reducir el crecimiento del PIB un 1% a medio plazo, lo que supondría crear otros 125.000 empleos menos al año.

Y también juega en contra de España la debilidad de la recuperación en Europa, donde Alemania creció sólo un 0,3% en el primer trimestre (la mitad que en los anteriores) y Francia un 0,3% (también la mitad), mientras Reino Unido sufre ya las consecuencias del Brexit (con un exiguo crecimiento del 0,1%) e Italia (+03% crecimiento) está paralizada por su política interna y el extraño Gobierno que han formado, que ya encarece su deuda (y la de España), con peligro de detonar otra crisis del euro. Y todo ello puede frenar las exportaciones españolas, que ya han caído en marzo (-2,4%), afectadas por la atonía europea y el aumento del proteccionismo en el mundo (promovido por Trump). Y recordemos que las exportaciones han sido otro de los motores de la recuperación en España, junto al petróleo y los tipos.

Así que el problema no es sólo que suba el petróleo sino que lo hace cuando empiezan a subir los tipos de interés, se frena la economía europea y crecen las tensiones comerciales que dificultan las exportaciones. O sea, que los vientos que nos han favorecido estos años, “soplando a favor de la recuperación, soplan ahora de frente”, en contra. Y por si no fuera suficiente, estalla la crisis política en España, a raíz de la sentencia del caso Gürtel y la moción de censura presentada por el PSOE, que provocan una enorme incertidumbre económica, otra amenaza (interna) para la recuperación.

Antes de este "shock político", el Gobierno Rajoy no hacía caso al cambio en los "vientos exteriores" y seguía con su política favorita: “esperar y ver”. Pero habría que tomar medidas porque la subida del petróleo y el resto de la incertidumbre económica internacional nos afectan muy directamente, recortando el crecimiento y el empleo y empobreciendo a los ciudadanos, tanto a los trabajadores (salarios) como a los pensionistas, que volverán a perder poder adquisitivo este año. Por eso, Gobierno y “oposición” deberían acordar un Plan de choque, para empujar la economía desde dentro ahora que “vienen mal dadas” de fuera. Pero claro, "no está el patio para pactos", aunque la pelea política agrave aún más los problemas económicos externos.

Pero si pasa la tormenta política, quien gobierne y la oposición deberían impulsar cuanto antes medidas urgentes. El Plan de choque debería  empezar por recaudar más, para poder financiarlo. Y eso pasa por subir el IVA (como acaba de pedir el Banco de España), reduciendo los artículos que pagan sólo el 10% y el 4%,  y subir los impuestos a los carburantes (como llevan años pidiendo la Comisión Europea, la OCDE y el FMI), no sólo para recaudar más sino para reducir las emisiones de CO2 (que han subido un 7,4% en 2017). Con ambas medidas se podrían conseguir 4.000 millones extras en un año y dedicar esos recursos a aumentar las inversiones públicas que hacen falta (tecnología, formación, infraestructuras, digitalización, ayudas a la exportación), tratando así de mantener el crecimiento y el empleo. Y en paralelo, habría que forzar una mayor subida de salarios (en torno al 3%), para que no caiga tanto el consumo con la subida de precios. Y a medio plazo, plantearse un Plan de ahorro energético, para sustituir petróleo por otras energías (en el transporte, generación de electricidad y viviendas), para que los vaivenes del petróleo no nos hundan periódicamente la economía.

En resumen, que el petróleo y otros problemas exteriores van a frenar la recuperación y habría que intentar contrarrestarlo, no sentarse a ver cómo evoluciona el barril, los tipos de interés, Italia, Irán, Corea o las guerras comerciales. Algo se puede hacer aquí para “empujar a la economía desde dentro”. Para eso están el Gobierno, los políticos y las empresas. Aunque ahora estén todos "en otras cosas". Pero ojo: peligra la recuperación.

Nuestros datos, algo más protegidos

Mañana 25 de mayo entra en vigor el Reglamento europeo de protección de datos, que las multinacionales de Internet han intentado retrasar los últimos 6 años. Ahora, los usuarios tendremos más derechos sobre nuestros datos, pudiendo rectificarlos o suprimirlos. Y se exige más control a las empresas sobre los datos que manejan, con multas millonarias. Pero todavía está pendiente de aprobar otro Reglamento, el ePrivacy, más específico sobre Internet, donde empresas y Webs presionan al Parlamento europeo sobre cookies y envío de mails. Con todo, Europa será el lugar más avanzado del mundo en la defensa de la privacidad. Pero no hay que confiarse: nuestros datos son puro dinero y los gigantes de Internet no van a renunciar a usarlos y saber más de nosotros cada día, con el riesgo de que los datos se filtren (Facebook). Y controlarlo no es fácil, sobre todo si la Agencia de Protección de Datos (AEPD) tiene sólo 15 inspectores. Nosotros debemos cuidar más los datos que damos. 

enrique ortega

Cada día dejamos un enorme rastro en Internet, un reguero de billones de datos: cada vez que hacemos una búsqueda en Google, mandamos un correo electrónicos, buscamos un billete de avión o un hotel, hacemos una compra online, ordenamos una transferencia por la Red, buscamos un lugar en Google Maps, escribimos algo en Facebook o Twitter, subimos una foto a Instagram, enviamos un mensaje por WhatsApp, buscamos trabajo en InfoJobs, nos bajamos música en Spotify, vemos un vídeo en YouTube… Son acciones ya cotidianas que van dejando rastro de cómo somos, de lo que nos gusta y con estos datos, los grandes operadores de internet hacen negocio, vendiendo publicidad personalizada, que es la base de su negocio, a costa de nuestra “privacidad”. Su argumento es que es el precio de ofrecernos unos servicios “gratuitos”. No es verdad: los pagamos con nuestros datos.

Con más de 4.000 millones de internautas en el mundo y 39,42 millones en España (el 85% de la población está conectada), Internet se ha convertido en una gigantesca “mina de datos”, que crece imparable. Cada minuto se generan en el mundo 1.700 millones de datos (el 94% digital), que rellenarían 360.000 DVD. Y con los 6 megabytes de dados por persona que se generan cada día, se podrían grabar tantos DVD como para, puestos en fila, ir y volver a la luna, según el informe BSA Sata Study. Y este gigantesco volumen de datos se multiplica cada 1,2 años, siendo cada vez más barato almacenarlos. A partir de ahí, explotar estos datos, “refinarlos” es el objetivo de una potente industria, el big data, que factura ya 42.000 millones de euros anuales y se espera que facture el doble para 2020. “El negocio del siglo”

Esta potente industria generada con nuestros datos, el  big data, es la base del negocio de Google, que, con más de 1.000 millones de usuarios activos , facturó 95.400 millones de dólares en publicidad  en 2017, un 20% más que en 2016 (y el 84% de todos sus ingresos). Y Facebook ingresó otros 40.000 millones por venta de publicidad, un 49% más. Y eso son sólo los trozos más grandes del pastel publicitario que generan nuestros datos, a través de plataformas millonarias en usuarios como Facebook (2.167 millones de usuarios), YouTube (1.500 millones), WhatsApp (1.300 millones), Instagram (800 millones), Twitter (320 millones), Linkedln (260 millones), Snapchat (255 millones) o Pinterest (200 millones). Millones de personas produciendo datos que son un filón de negocio para los gigantes de Internet.

Las autoridades europeas llevaban años tratando de poner orden en este caos de datos personales que hacen multimillonarios a algunos. La Directiva Europea de protección de datos es de 1.995, cuando apenas había nacido Internet, y luego hubo otra en 2002 sobre comunicaciones electrónicas, pero ambas se ha quedado obsoletas. En 2012 empezó a gestarse un nuevo Reglamento de Protección de Datos, que tardó 3 años en aprobarse, por las enormes presiones de los gigantes de Internet y del gobierno norteamericano, que intentaron “torpedear” la norma. “Nunca había visto un lobby tan potente”, declaró en 2013 la  Comisaria europea de Justicia y vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding. Por fin, la Comisión europea aprueba el Reglamento en 2015 y en abril de 2016 lo aprueba el Parlamento europeo, pero las empresas consiguen una moratoria y que no se aplique hasta este 25 de mayo de 2018.

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) pretende dar a los ciudadanos europeos una mayor capacidad de decisión y control sobre los datos personales que facilitan a las empresas, no sólo a las europeas sino a las de otros países que actúan en Europa (como Google o Facebook, por ejemplo). El principio básico es que los usuarios son los dueños de sus datos y que las empresas sólo pueden usarlos con  su autorización e informando qué hacen con ellos.

El Reglamento establece 5 derechos del usuario, resumidos en este esquema de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El primero, el derecho a conocer: poder saber quién tiene tus datos, para qué los usa, a quién se los cede, cuánto tiempo se conservan, qué tratamiento automático se hace con ellos y qué perfiles se elaboran. A partir de ahora, al pedirnos los datos en un hotel, por ejemplo, nos tendrán que informar de todo esto. El segundo derecho es poder solicitar al responsable de los datos la suspensión (si son inexactos o falsos) o su conservación (si los necesitamos para litigar) y la portabilidad a otros proveedores (que se los pasen a otra teleco a la que nos hemos cambiado, por ejemplo). El tercer derecho es a rectificar los datos cuando son inexactos o incompletos. El cuarto, el derecho al olvido: poder solicitar la supresión de tus datos por tratamiento ilícito, porque ya no tiene sentido, porque revocas tu consentimiento o porque te opones a que los traten. Este derecho al olvido en Internet está apoyado en una sentencia de 2014 del Tribunal europeo de Justicia e incluye solicitar que los datos se bloqueen en buscadores. El quinto derecho es la oposición al tratamiento de datos: rechazo a que se traten los datos para marketing directo (llamadas y mails), salvo que quien los trata acredite “un interés legítimo”.

Pero quizás el mayor cambio del Reglamento es que obliga a las empresas a tener un consentimiento explícito del usuario para guardar sus datos: no vale como hasta ahora un consentimiento tácito, debe ser un consentimiento específico y quedar constancia de él en la empresa que lo recoge (debe poder probarlo). Y en el caso de menores de 14 años, este consentimiento lo han de dar sus padres. Y otro cambio importante es que las empresas que gestionan nuestros datos están obligadas a informar de las fugas o violaciones de datos en 72 horas, a la AEPD y al usuario si le afecta gravemente. Se podrían evitar así casos como el de Uber, que escondió durante un año el robo de datos a 57 millones de clientes, y tantas otras fugas de datos que se descubren con retraso. Por último, otra novedad importante es que el Reglamento permite acciones colectivas, por las que asociaciones de consumidores y usuarios podrán hacer reclamaciones en nombre de los usuarios e incluso hacerlo a escala europea, lo que fortalecerá la defensa de estos derechos ante autoridades y jueces.

El nuevo Reglamento supone un gran cambio para las empresas e instituciones, europeas y españolas, que tratan datos de clientes. Por un lado, han de modificar todo el sistema de recogida y tratamiento de datos, para asegurar que cuentan con el consentimiento de los clientes. Y por otro, habrán de tomar medidas internas para asegurar la privacidad y el correcto tratamiento de estos datos, con sistemas de control interno y una mecánica que han de seguir con rigor los empleados. Esto va a obligar a muchas empresas a realizar una auditoría interna para asegurarse cómo cumplir el Reglamento, aprobando inversiones en nuevos procesos de tratamiento y control de datos. Y en el caso de algunas empresas e instituciones, es obligatorio que contraten fuera o tengan en plantilla un delegado de protección de datos (DPO): los 20.000 organismos e instituciones públicas (incluidas Universidades y centros docentes), Colegios profesionales, las empresas que gestionan muchos datos (telecos, eléctricas, bancos, aseguradoras), medios de comunicación y empresas de publicidad, así como empresas que gestionan datos sensibles (hospitales, empresas de seguridad…).

En vísperas de la aplicación del nuevo Reglamento, sólo la mitad de las empresas españolas parecen haberse adaptado a él, según la consultora Gartner. Y la AEPD sólo ha recibido el nombramiento de 1.300delegados de protección de datos. Otro problema es que la mayoría de empresas no tienen Planes de ciberseguridad ni han invertido en gestionar la seguridad de sus plataformas y datos.  El mayor problema de adaptación lo van a tener los pequeños Ayuntamientos, las pymes y autónomos, aunque están siendo ayudados por las Cámaras de Comercio y la propia AEPD. En caso de incumplimiento, el Reglamento contempla multas por sanciones muy graves del 4% de la facturación y hasta 20 millones de euros (la cantidad mayor de ambas), multas importantes para los gigantes de Internet. En el caso de la fuga de datos de 87 millones de clientes de Facebook a Cambridge Analytics, la multa del 4% de la facturación anual habría sido de 1.380 millones de dólares, un 8,6% del beneficio anual de Facebook (15.934 millones de dólares en 2017). Como para que vigilen más…

El Reglamento supone un gran avance y coloca a Europa a la vanguardia mundial en la defensa de los usuarios frente a los gigantes que gestionan sus datos, muy por delante de EEUU. Pero el problema es que son derechos a defender frente a empresas muy poderosas (las 5 mayores empresas del mundo son tecnológicas), con miles de empleados dedicados a sacar la máxima rentabilidad de nuestros datos y, ahora, a ver cómo evitan las obligaciones del nuevo Reglamento. Seguro que intentarán “buscar las vueltas” a esta nueva normativa. Y medios les sobran.

Además, todavía faltan por aprobar otra norma europea muy importante, el nuevo Reglamento aplicable a la privacidad en el entorno digital, el llamado ePrivacy. El nuevo Reglamento de privacidad electrónica, que complementa el estrenado Reglamento de Protección de Datos, fue aprobado por la Comisión Europea el 10 de enero de 2017, con la idea de que entrara en vigor también este 25 de mayo. Pero no es posible, porque las presiones de los gigantes de Internet han retrasado su aprobación en el Parlamento europeo, donde hay dos grupos muy enfrentados (el PP europeo y los verdes). De momento, su aprobación podría retrasarse a principios de 2019 y no se aplicaría hasta 2020.

Este nuevo Reglamento, ePrivacy, contempla dos temas cruciales y muy polémicos. Uno, el tratamiento de las “cookies”, esos archivos que rastrean lo que vemos en Internet. El proyecto de Reglamento contempla que los gestores de webs sólo puedan utilizar cookies si los usuarios dan su consentimiento explícito, permitiendo que puedan seguir viendo los contenidos si no lo hacen. Y, lo más importante: el usuario tendrá que configurar su  navegador de Internet para que se puedan instalar cookies, porque por defecto deberá estar configurado para no recibirlas. Estas exigencias pueden reducir drásticamente el uso de las cookies y la publicidad en Internet (mueve 118.000 millones de euros anuales en Europa), según se quejan los editores de webs españolas, que han enviado una carta a Bruselas, argumentando que “desaparecería el modelo de negocio” en el que se sustentan las webs.

Otra cuestión polémica del futuro Reglamento ePrivacy es la regulación del marketing online: las empresas tienen que informar al usuario del tipo de información que va a recibir y de los datos personales que se van a almacenar, solicitando su consentimiento expreso para recibir mails comerciales. También se prohíbe la instalación de “puertas traseras”, para que accedan los Gobiernos a los datos personales de las compañías de Internet Y se hace más estricta la regulación del telemarketing, permitiéndolo solamente cuando las empresas revelen sus teléfonos o utilicen un código señalado como “promocional”. Precisamente, el Gobierno Rajoy estudia adelantar esta medida y prohibir ya en 2018 que las empresas de telemarketing llamen a los clientes desde móviles ocultos en vez de desde fijos o centralitas.

Mientras llega el ePrivacy y se pone en marcha el nuevo Reglamento de Protección de Datos, en el Parlamento español está pendiente de aprobación (con varios meses de retraso) la nueva Ley orgánica de Protección de Datos, aprobada por el Gobierno Rajoy en noviembre de 2017 y que sustituirá a la LOPD, la Ley de Protección de Datos de 1992, totalmente obsoleta. Con esta Ley y los dos Reglamentos europeos, es indudable que los usuarios estaremos mucho más protegidos legalmente. Pero hacen falta  medios para controlar y asegurar que las normas de cumplen. La propia presidenta de la Agencia de Protección de Datos (AEPD) los ha pedido, porque con los 15 inspectores que tiene es imposible controlar que se protegen los datos y derechos de casi 40 millones de internautas.

Con todo, la clave está en nosotros, en que nos preocupemos de los datos que cedemos y de lo que subimos a la Red, de gestionar los mails que recibimos y los mensajes de las webs que visitamos. Somos pequeños David frente a gigantes y cada vez será más difícil defender nuestra privacidad y nuestros derechos. Por eso, la mejor garantía es ser más cuidadosos y reducir nuestra exposición en Internet. Si no, luego no nos quejemos.

Los salarios no se recuperan

Mañana 22 de mayo, los sindicatos han convocado movilizaciones para exigir mejoras salariales, tras subir los sueldos un 0,5% en 2017 y perder el -6,30% de poder adquisitivo desde 2008. La economía lleva 4 años largos creciendo y las empresas ganan ya 100.000 millones más que antes de la crisis, pero los salarios han perdido 10.000 millones. Y ahora, la patronal ofrece subidas del 1,2 al 2%, mientras los sindicatos piden el 3,1%. Es hora de subir más los salarios, tras seis años de sacrificios, no sólo por justicia sino porque ayudaría a la economía y al empleo: las familias podrían consumir más y aumentaría el crecimiento, ahora que lo pueden frenar el petróleo y la subida de tipos. Y además, mejoraría la recaudación fiscal y las cotizaciones, ayudando a pagar las pensiones. Y no perjudicaría a la competitividad de España, porque tenemos salarios un 32% menores que la Europa del euro. Hay que competir con productos, tecnología y calidad, no siendo la China de Europa.

enrique ortega

Hasta finales de abril, los convenios firmados en las empresas han acordado subidas salariales del 1,56%, según los datos del Ministerio de Empleo, en línea con la subida de convenios de 2017 (+1,47%). Pero estos datos no son representativos de lo que están subiendo de verdad los salarios, porque cada vez se firman menos convenios (221 estos 4 primeros meses y 1.703 en todo 2017) y afectan a menos trabajadores (408.381 este año y 3.850.000 trabajadores en 2017, frente a 16 millones de asalariados que hay en España). Y es que la mayoría de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no negocian convenios y hay muchos trabajadores (temporales, por horas, eventuales, becarios, en prácticas...) que están “fuera de convenio”.

Por eso es más representativa la subida salarial que refleja el INE (Estadística) en su Encuesta trimestral de coste laboral. Y los datos son preocupantes: en 2017, con la economía creciendo fuerte (+3,1%), los salarios subieron sólo un 0,5%, la cuarta parte que la inflación media (2%), con lo que perdieron poder adquisitivo (-1,5%). Y en 2016, los costes salariales bajaron incluso el -0,8%, según el INE. Con ello, el coste salarial ordinario (sin cotizaciones ni horas y atrasos) en España fue de 1.641,91 euros en 2017, sólo 64,26 euros más alto que en 2008 (1.577,65 euros), según el INE. Eso significa que contratar ahora a un trabajador ha subido un 4,1% en 10 años (0,41% al año). Pero como en esos años ha subido más la inflación, los salarios de los españoles han perdido un 6,30% de poder adquisitivo desde 2008.

Este es el coste de los salarios medios (1.641,91 euros brutos al mes, unos 1.345 euros netos).Pero hay grandes diferencias según tipo de contrato, antigüedad, edad y sexo (las mujeres ganan un 22,86% menos), así como por sectores: los trabajadores de los servicios (donde trabajan tres de cada cuatro españoles) ganan un 17% menos (1.593 euros) que los de la industria (1.919 euros), según el INE. Y así, el salario medio (bruto) en la hostelería es de 990 euros al mes, en el comercio de 1.425 euros, en la construcción de 1.688 euros, en la industria de 1.919 euros, en la Administración pública de 2019 euros, en las finanzas de 3.068 euros y en la energía de 3.541 euros. Y también hay muchas diferencias regionales: en Extremadura (1.348 euros) y Canarias (1.383 euros), los trabajadores ganan un 30% menos que en el País Vasco (1.915 euros) y Madrid (1.909 euros).

Con estos sueldos, España se aleja aún más de los sueldos europeos. En salario hora, la medida que se utiliza para comparar entre países, los trabajadores españoles cobraban 15,9 euros/hora en 2017, frente a 20,3 euros/hora los trabajadores de la UE-28 y  a los 23,60 euros/hora que cobran los trabajadores de los países euro, según datos recientes de Eurostat. Con ello, España es el país nº 16 con los salarios más bajos de Europa, tras Chipre, Grecia, Portugal, Malta y 11 países del Este. Y nuestros sueldos (15,9 euros/hora) quedan muy lejos de los países con los que competimos: 26,4 euros por hora Alemania (+39,8% más que España), 24,2 euros/hora Francia (+34,3%), 21,3 euros/hora Reino Unido (+25,3%) y los 20,4 euros por hora de Italia (+22%). Y lo peor es que la brecha salarial, la diferencia de sueldos con Europa se ha agravado durante la crisis: si en 2008 era del -14,3% con la UE-28, en 2017 es del 21,66%. Y la diferencia salarial con los países del euro ha pasado del -23.1% en 2008 al 32,6% en 2017, según los datos de Eurostat.

¿Por qué no suben más los salarios? Hay varias razones que lo explican. La principal, el elevado paro: con 3.796.100 parados estimados (EPA 2018), 1 de cada 6 españoles sin trabajo, las empresas tienen mucha mano de obra donde escoger pagando poco. Y como los contratos son muy precarios (el 95% temporales y por horas), pues también están mal pagados. Sobre todo los jóvenes y las mujeres, que tienen los peores sueldos.  Además, la mayoría del empleo se crea en los servicios (el 60% de todo el empleo creado en 2017), donde ya trabajan el 75% de los asalariados y que es el sector peor pagado. Y tampoco ayudan los nuevos empleos low cost, ligados a nuevos negocios y plataformas tecnológicas (Amazon, Deliveroo, Globo, Uber…), que están tirando los sueldos a la baja por su gran poder de contratación. Y por supuesto, han sido claves para tirar a la baja de los salarios dos factores más: la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy en 2012 (que daba más poder a los empresarios para fijar sueldos) y el menor poder de los sindicatos, unido a un menor peso laboral de las grandes empresas y un enorme peso de las pymes (99%), con poco “poder de negociación” de los trabajadores.

Ahora, en 2018, los salarios siguen sin recuperarse, aunque la economía siga creciendo. De hecho, la Comisión Europea prevé que los costes laborales en España crezcan el 1,1% este año, el 2º país con menos subida de sueldos de Europa tras Grecia (+0,8%), muy por detrás de la subida de sueldos prevista para la UE-28 (+2,8%), la zona euro (+2,4%) y los países con los que competimos: Alemania (+3,1%), Francia (+2,3%), Italia (+2,1%) e Italia (+2,9%). Eso supondría que los trabajadores españoles volverían a perder poder adquisitivo este año, dado que se espera una inflación media del 1,4 al 1,6%.

Por eso, los sindicatos han dicho ¡basta¡ y se van a movilizar para defender una subida de salarios del 3,1% para 2018 (1,6% para compensar la inflación y 1,5% para compensar la pérdida de poder adquisitivo de 2017). Enfrente, la patronal CEOE se enroca en una subida del 1,2 al 2%, en línea con lo que están subiendo los pocos convenios firmados este año (+1,56%, sólo para 408.381 trabajadores). Y aceptarían añadir otro 1% más ligado a mejoras en la productividad, aunque se niegan a firmar clausulas de revisión ligadas a la subida del IPC, como piden los sindicatos (que no se fían de los precios y menos con el petróleo subiendo). Todo apunta a que otro año más no habrá acuerdo y que las grandes empresas y los sectores que van mejor subirán los sueldos en torno al 1,6% y el resto de pymes mucho menos, con lo que la subida anual rondará el 1%, perdiéndose otra vez poder adquisitivo.

Los salarios deberían subir más, en torno al 3% este año. Primero, por pura justicia. Porque la economía española ha entrado en su 5º año de crecimiento, produce ya más que en 2008 y sin embargo, el reparto del pastel del crecimiento beneficia a las empresas y no a sus trabajadores. Así, los beneficios empresariales aumentaron en 98.680 millones de euros entre 2008 y 2017 (+82.811 millones se han quedado en las empresas y +15.663 millones han ido a sus accionistas, en forma de dividendos) y los salarios totales son hoy 10.214 millones de euros menos que en 2008. Con ello, las empresas han mejorado su trozo del pastel de la renta con la crisis: si en 2008 se llevaban el 41,7%, en 2017 se llevan el 42,5%. Y los trabajadores se llevan menos de la riqueza generada en España: si en 2008 se llevaban el 50,1%, en 2017 han bajado al 47,3%, según el INE (el resto, hasta el 100% de la renta, se lo llevan los impuestos, el 10,3% en 2017).

A lo claro, esto significa que la crisis ha servido para que las empresas ganen más que antes y los trabajadores menos. Y con ello, España es el país nº 12 en Europa con un menor peso de los salarios en la riqueza, según Eurostat: un 47,6% en 2016, muy por detrás de Dinamarca (52,3% de la riqueza se la llevan los salarios), Francia (52%), Alemania (50,8%), Bélgica (49,9%), Reino Unido (49,4%), Eslovenia y Estonia (49,3%), Luxemburgo (49,1%), Finlandia y Holanda (48,4%) y Austria (48,1%).

Pero no sólo es injusto que los salarios no se recuperen y los beneficios empresariales sí. Es que además, con la crisis ha aumentado la desigualdad entre los salarios de los altos directivos y los trabajadores normales: los ejecutivos de las empresas del IBEX ganaron 98 veces lo que sus trabajadores en 2017 (36 veces en 2008), según un detallado estudio de El País. Una media de 5,03 millones al año, sin contar lo guardado para sus pensiones millonarias futuras. Y hay empresas con salarios de altos directivos escandalosos, como Inditex (ganan 445 veces lo que sus empleados), Acciona (356 veces), Abertis (278), Indra (211) y Santander (171 veces).

Por si esto no fuera escandaloso e injusto, veamos otro dato: crecen los trabajadores pobres, los españoles que tienen un trabajo pero aún así son pobres porque su salario es paupérrimo. España es el país europeo con más trabajadores pobres: el 14,8% de los hogares (2,75 millones de familias) tienen alguno de sus miembros bajo el umbral de la pobreza, ganando menos del 50% de los ingresos medios del país, según la OCDE, frente a una media del 8% en Occidente, el 5,9% de hogares con trabajadores pobres en Reino Unido, el 7,1% en Francia o el 3,7% en Alemania, por delante incluso de Grecia (13,1% de trabajadores pobres), Italia (12,2%), Portugal (9%) y todos los países del Este.

Pero los salarios no sólo deberían subir más por justicia sino también porque sería bueno para la economía y los españoles. Y para las empresas. Porque unos trabajadores mejor pagados son trabajadores más motivados, que trabajan mejor. Y los salarios más altos atraen el talento y la creatividad, mejorando la innovación y la productividad de las empresas. Pero además, subir más los salarios mejoraría el consumo y las ventas de las empresas, en definitiva, sus beneficios y su posibilidad de invertir y expandirse. Y en la medida que crezca el consumo, la economía española podría crecer más y crear más empleo, sobre todo en un momento de incertidumbre exterior, por la subida del petróleo (se acerca a los 80 dólares barril, lo que restará 0,7% de aumento al PIB) y la esperada subida de tipos.

Pero además, subir más los salarios permitiría al Estado recaudar más, lo que hace mucha falta para gastar más en empleo, pensiones, educación, sanidad, Dependencia, ayudas sociales, tecnología, infraestructuras y tantas cosas que nos hacen falta. Y ayudaría a tapar el “agujero” de las pensiones (-17.500 millones este año), porque salarios más altos son más cotizaciones para la Seguridad Social. Y permitiría a los jóvenes independizarse, formar una familia y tener hijos, que bastante falta hacen a un país envejecido que pierde población.

El riesgo, señalan algunos, es que subir más los sueldos dificulte a España competir fuera y exportar. Pero recordemos que hay margen, porque los sueldos españoles son un 32% más bajos que los de la Europa del euro, según Eurostat. Y aún así, España ocupa el puesto 34º del mundo en competitividad y somos el 15º país menos competitivo de Europa, por detrás de Suiza (1º), Holanda (4º1), Suecia (7º), Reino Unido (8º), Finlandia (10ª), Noruega (11º), Dinamarca (12º), Austria (18º), Luxemburgo (19º), Bélgica (20º), Francia (22º), Irlanda (24º), Islandia (28º) y República Checa (31º), según el Foro Económico Mundial (2018).

Y es que para ser competitivos no sólo hay que mirar los salarios, sino otros costes y factores. Como los costes de la energía, más altos en España (la luz para la industria es un 21,7% más cara en España que en la UE-28, según datos de Industria), y los costes financieros, también más altos para las empresas españolas. Y a la hora de competir, juegan en nuestra contra el menor tamaño de nuestras empresas (más pymes), la menor industria y el mayor peso de los servicios, la menor innovación y tecnología, la peor formación de los adultos, el coste extra de estar en un extremo de Europa, los mayores desequilibrios regionales y el menor peso de la exportación. Factores todos ellos que lastran más la competitividad que unos sueldos que están a la cola de Europa.

Es hora de que suban más los salarios. Lo dicen muchos expertos y lo pidió en noviembre de 2017  la Comisión Europea, como requisito para “apuntalar la recuperación incompleta de la zona euro”, que por cierto sólo ha crecido un 0,4% este primer trimestre de 2018 (frente al 0,7% los tres trimestres anteriores), según Eurostat. España también ha enfriado algo su crecimiento este 2018 (un 2,9% anual frente al 3,1% de 2017). Haría falta acordar tres medidas. Una, pactar subidas salariales del 3% para los próximos dos años. Dos, subir el salario mínimo más de lo previsto, hasta los 1.000 euros en 2020 (en Alemania y Francia está ya hoy en 1.480 euros). Y tres, aprobar un Plan urgente contra la precariedad laboral, reduciendo los contratos temporales y por horas, que están detrás de muchos sueldos miserables. Y sobre todo, cambiar la mentalidad de las empresas, para que concilien sueldos decentes con beneficios decentes. No vale malpagar a los trabajadores como el camino elegido para conseguir beneficios desmesurados y sueldos escandalosos a los directivos. Urge conseguir un crecimiento más justo.