Vivienda: suben ventas, precios y alquileres

La vivienda se reanima y llevamos año y medio con más ventas, 1.000 pisos diarios, menos de la mitad de los que se vendían en 2007. Al haber más demanda, los pisos están subiendo, tras caer más del 40% con la crisis. Y la mejoría se ha trasladado también a los alquileres. Ahora se espera que ventas, precios y alquileres sigan subiendo. Los expertos recomiendan comprar ya a los que se lo estén pensando y esperar un poco para vender. La clave para afianzar la recuperación de la vivienda está en la mejora del empleo (muy precario) y los salarios (bajos). También en que los bancos den más hipotecas: el euribor está en negativo, pero las turbulencias en los mercados afectan bastante a la banca, que mirará mucho a quien presta. Así que la vivienda despega, pero despacio. Y a muchos no les llega, por lo que el futuro Gobierno debería promover alquileres sociales.
 

enrique ortega

La vivienda se normaliza, pero no puede hablarse de “boom inmobiliario”, salvo en el sector de oficinas, hoteles y solares, por la especulación de la inversión extranjera. La venta de pisos consolida la recuperación iniciada en el verano de 2014, con un nuevo aumento en 2015: se vendieron 354.132 viviendas, un 11,1% más que en 2014 (el primer año en que subieron las ventas tras la crisis, un 2%), según datos del INE. Es el mayor aumento de ventas de los últimos 8 años, pero no olvidemos que esas casi 1.000 viviendas vendidas al día son menos de la mitad de las que se vendían en 2007 (775.300 viviendas). Y además, lo que tira son las ventas de viviendas usadas (78% del total), mientras caen las ventas de viviendas nuevas.

La venta de viviendas subió en 2015 en toda España, salvo en Navarra (-1,7%), destacando el aumento de ventas en el País Vasco (+17,2%) y Aragón (+16%), así como en Madrid, Barcelona, Valencia, Galicia y la zona cantábrica. Lo que más se vende son pisos de segunda mano de 80-90 m2, con tres dormitorios y situados en la periferia de las ciudades, con un precio medio de 130.000 euros. Y siguen aumentando los compradores extranjeros (17,3% del total) y los particulares y empresas que compran pisos como inversión, para alquilarlos, porque consiguen una rentabilidad del 4 al 6% que no encuentran en la deuda ni en la Bolsa (con la actual crisis en los mercados, aumentarán las compras de viviendas como inversión a medio plazo). Una prueba de que muchas viviendas se compran como inversión es que el 30,5% de los compradores pagan a tocateja, sin pedir una hipoteca, según los registradores.

La mayor demanda de viviendas, para vivir y para invertir, ha hecho subir los precios en 2015, un 4,5% anual en el tercer trimestre, según el INE, la mayor subida desde 2007 y el doble de lo que subió la vivienda en la eurozona (+2,3%). Y el Ministerio de Fomento dice que la vivienda subió un 1,8% en todo 2015. Con ello, el precio de la vivienda lleva ya año y medio subiendo, tras haberse desplomado un 42% entre 2007 y 2014 (mire aquí lo que ha caído el precio de los pisos en su ciudad) . Ahora, el precio medio de una vivienda de 90m2 ha subido a 133.000 euros. Pero la subida es muy diferente según las zonas: los precios aumentan más en Baleares y Canarias, Madrid y Cataluña, suben poco en la Rioja, Aragón y País Vasco y siguen cayendo (-5%) en muchas ciudades de Castilla la Mancha y Extremadura, además de Almería, Lérida y Castellón.

La recuperación de ventas y precios ha contagiado también al mercado del alquiler, con subidas del 3 al 3,6% en 2015, según los portales inmobiliarios Fotocasa y Enalquiler.com. El alquiler medio de un piso de 90m2 está ahora en 631 euros mensuales, aunque es más caro en Barcelona (997 euros), Madrid (883) o Bilbao (922) y más barato en Sevilla (614 euros), Valencia (500) o Zaragoza (603), según datos del portal Fotocasa. El hecho es que cada vez hay más españoles que alquilan (22%), pero también aumenta mucho la oferta de pisos en alquiler, por los particulares y empresas que compran pisos para alquilarlos. Pero esta mayor oferta no hace bajar los precios, porque los particulares buscan una rentabilidad mínima para alquilarlos (un 6%). Y como los precios de los pisos suben, para mantener ese porcentaje de rentabilidad, los propietarios suben también los alquileres.

Este año 2016, se espera que las ventas, los precios y los alquileres sigan subiendo, despacio, para consolidar la remontada en 2017. La Comisión Europea vaticina una subida de la vivienda en España del 6% entre este año y el próximo, la mayor en Europa tras la de Irlanda (+6,5%).Pero la recuperación va a ir por zonas, dependiendo del stock de viviendas sin vender, que está muy desigualmente repartido. Actualmente, todavía hay 507.477 viviendas sin vender en España, según datos de Cepco, pero hay zonas donde apenas hay stock de viviendas sin vender y otras donde todavía hay muchas casas en venta. Así, en Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco, Navarra, Galicia y la cornisa cantábrica hay pocas viviendas para vender y por eso suben más los precios. Hay otras regiones con menos stock, como Andalucía, Extremadura, Baleares, Canarias y cinco de las nueve provincias de Castilla y León, donde las subidas son menores. Y luego hay una serie de ciudades donde sobran pisos sin vender, hay exceso de oferta, y por eso los precios siguen bajando: Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Ávila, Teruel, Lérida, Almería y, sobre todo, Castellón.

A medida que este stock de viviendas sin vender se reduzca, los promotores se animarán a construir viviendas nuevas en las zonas donde ya hay poca oferta, como las grandes capitales, Costa del sol y las islas. Eso explica que en 2015 se iniciaron más viviendas nuevas de las que se terminaron, por primera vez desde 2009. Y se espera que en 2016 se inicien entre 100.000 y 175.000 nuevas viviendas, concentradas en las zonas de mayor demanda.

En definitiva, la recuperación de la vivienda está en marcha, es indudable, pero será lenta y desigual, a dos velocidades según sean los stocks de viviendas sin vender. Con todo, la clave de esa recuperación está en el empleo: que se creen más empleos y que sean menos precarios y mejor pagados que los actuales. Porque aunque extranjeros e inversores tiren de las ventas y los precios, la consolidación de la vivienda pasa porque las familias vuelvan a comprar pisos, algo difícil con tanto paro (20,9%), un empleo tan precario (25,66% empleos son temporales) y salarios tan bajos (15.500 euros es el salario bruto más frecuente, según el INE).

Otro tema clave son las hipotecas. Tras un parón en la petición y concesión de hipotecas por la crisis, los bancos llevan 19 meses consecutivos dando más préstamos para vivienda, desde junio de 2014. Y a tipos más bajos, a un  2,21% de media. Y los tipos siguen bajando, por la política de tipos incluso negativos del Banco Central Europeo (BCE), que ha llevado al euribor a estar en negativo en febrero. Eso debería reanimar y abaratar las hipotecas, ya que el 90% están a tipo variable y se revisan anualmente con el euribor. Pero no pensemos que la banca va a llegar a “pagar por las hipotecas”. Primero, porque el tipo a pagar es un diferencial (del 1 al 1,5% de media) más el euribor, con lo que aunque este sea ligeramente negativo (-0,05%), la suma dará positiva, a pagar. Y segundo, porque la banca se cubrirá con nuevas clausulas para evitar tipos negativos, como ya han hecho tres entidades. La patronal bancaria AEB ya ha dicho que pagar a los clientes por prestarles “es un contradios”… Y es verdad.

Lo que está claro es que con la economía mundial y europea muy débil, todavía vamos a vivir unos años de tipos bajos, que harán más baratas las hipotecas. Pero los bancos, con el estancamiento de la economía, están preocupados por sus cuentas y su caída en Bolsa, por lo que seguirán mirando con lupa a quién prestan, dando hipotecas con cuentagotas. Y seguirá siendo difícil conseguir una hipoteca, sobre todo para los millones de españoles que tienen un contrato precario y sueldos bajos. Porque para muchas familias, pagar 810 euros mensuales de hipoteca (cuota para comprar un piso medio en Madrid) es imposible si se gana menos de 2.000 euros al mes (el banco no la da si la cuota supone más de un tercio de los ingresos). Y además hay que tener un 25% del valor del piso ahorrado, para la entrada (la hipoteca sólo cubre el 80% del valor del piso) y los gastos iniciales.

Eso descarta a muchas familias para poder comprar un piso hoy día y a casi todos los jóvenes, cuyo sueldo medio en España es de 890 euros, según la OCDE. Pero también para alquilarlo, ya que un alquiler medio en una gran ciudad ronda los 800 euros al mes (y encima, a fondo perdido, con lo que ahora, con los tipos tan bajos, compensa más la compra que el alquiler). A millones de personas, con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, sólo les queda alquilar con ayudas, viviendas promovidas para alquilar por el Estado, autonomías y Ayuntamientos. Viviendas que hoy apenas existen, por lo que es urgente que los poderes públicos creen parques de viviendas para alquilar, con viviendas no vendidas de los bancos y promoviendo otras nuevas en terrenos municipales, en colaboración con promotores privados. Ello reanimaría el empleo en la construcción y daría un respiro a familias y jóvenes que hoy día no pueden pagar más que un alquiler social, de 100 a 500 euros al mes.

Así que frente al triunfalismo del Gobierno Rajoy y muchos expertos (hablan de un nuevo “boom inmobiliario”), hay que decir que la recuperación de la vivienda es lenta y desigual, por zonas y por familias: las que pueden y no pueden comprar. De hecho, para los que pueden cambiar de casa o comprar su primera vivienda, el mejor consejo es que no esperen, que compren ya porque la vivienda va a seguir subiendo. Y a los que quieren vender, que esperen si pueden, porque mañana les van a pagar más. Pero a esos millones de españoles que ni piensan comprar, hay que darles una salida: la promoción pública de viviendas con alquileres accesibles y subvencionados. Sobre todo para los jóvenes: sólo el 10% de los jóvenes españoles viven en alquiler, frente al 58% en Alemania, el 47% en Francia o el 33% en Reino Unido. Y en consecuencia, los jóvenes españoles no se emancipan ni crean una familia: el 78,5% de los menores de 30 años (5,2 millones de jóvenes) viven con sus padres, según el Consejo de la Juventud (2014), frente a un 16% en Francia, un 21% en Alemania y un 30% en Reino Unido. Un drama para toda una generación.

En resumen, la vivienda se recupera, pero no para todos. Y para los muchos que no pueden comprar ni alquilar, el futuro Gobierno debe buscar una salida, con la colaboración de autonomías y Ayuntamientos: promover viviendas para alquilar, con ayudas y subvenciones públicas. Porque la vivienda es una necesidad y un derecho, no sólo un negocio.

Paraísos fiscales en medio de Europa

Cuando oímos hablar de paraísos fiscales, pensamos en países exóticos o islas del Caribe. Pero también están en medio de Europa. Lo saben bien multinacionales como Google, Amazon, Apple, Starbucks, Ikea o Inditex, que tienen acuerdos secretos con los gobiernos de Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Irlanda para pagar menos impuestos. La Comisión Europea ha abierto expedientes a estos países y acaba de aprobar medidas para frenar el fraude fiscal de las multinacionales, que supone 70.000 millones de euros, la mitad del Presupuesto de la UE. En España, las multinacionales también pagan menos que las pymes y eluden unos 8.500 millones en impuestos. Y mientras, EEUU se ha convertido en el paraíso fiscal del mundo. Los gobiernos europeos quieren aprobar este año una Directiva contra el fraude fiscal “legal” de las multinacionales, aunque será difícil porque exige unanimidad y nadie quiere arriesgarse a que se vayan. Pero Europa y España necesitan que las multinacionales paguen lo que deben para gastar más contra la crisis.
 

enrique ortega

Europa es un continente con una moneda única pero con 28 sistemas fiscales diferentes, con impuestos distintos en cada país, desde los impuestos personales (IRPF) a los del consumo (IVA, carburantes, alcohol, tabaco) y los impuestos que pagan las empresas (sociedades). El abanico del impuesto de sociedades en Europa es muy diferente, según un estudio de KPGM:  dentro de la zona euro, hay 5 países con un tipo de sociedades inferior al 20% (Irlanda y Chipre 12,5%, Lituania y Letonia 15%, Eslovenia 17%), otros 10 países entre el 20 y el 30% (Estonia y Finlandia 20%, Portugal 21%, Eslovaquia 22%, Holanda y Austria 25%, Grecia 26%, España 28%, Luxemburgo 29,22% y Alemania 29,65%) y los 4 restantes por encima del 30% (Italia 31,4%, Francia 33,33%, Bélgica 33,99% y Malta 35%). Y fuera del euro, también hay grandes diferencias entre el 10% que pagan las empresas en Bulgaria, el 19% en Polonia y Hungría, el 20% en Reino Unido, el 22% de Suecia o el 27% de Noruega.

Un galimatías de impuestos diferentes que hacen que las grandes empresas se dirijan a los países donde pagan menos. Pero esos son los “impuestos escaparate”, los teóricos, porque luego cada país tiene un abanico de deducciones y exenciones fiscales que hacen que finalmente los impuestos reales que se pagan son menores. Baste el ejemplo de España: el tipo de sociedades era en 2014 del 30% (ahora es el 28%), pero las grandes empresas pagaron de media un 7,3% de sus beneficios, según Hacienda, la mitad que las pymes (15%) y un tercio menos que la mayoría de los contribuyentes (20%). Y las multinacionales aún menos: Google, Apple, Amazon, Twitter, Facebook, eBay y Microsoft sólo pagaron en España 18,3 millones de euros de impuestos (entre todas) en 2014 (porque declaran que aquí ganaron sólo 48 millones de euros).

Pero hay multinacionales que incluso pagaban menos en Europa, gracias a que habían firmado “acuerdos secretos” (tax rulings)  con varios Gobiernos para rebajarles su factura fiscal a cambio de que se instalaran en sus países. El escándalo lo destapó en noviembre de 2014 la web Luxleaks (del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), al denunciar que el Gobierno de Luxemburgo (presidido por el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker) había firmado acuerdos secretos entre 2002 y 2010 con 340 multinacionales para pagar menos impuestos. Posteriormente se supo que el gobierno de Holanda (cuyo ministro de Finanzas es Dijssembloen, el presidente del Eurogrupo, tan "duro" con Grecia y ahora con el déficit de España) también había firmado acuerdos fiscales secretos en 2008 con la multinacional Starbucks. Y que el gobierno de Bélgica  firmó pactos fiscales similares en 2005 con 35 multinacionales, un sistema llamado “Only in Belgium”. Y también el gobierno de Irlanda firmó un pacto secreto con Apple (seguro que hubo con otras), para que sólo pagara el 2,5% de impuestos por sus beneficios.

El escándalo Luxleaks obligó a la Comisión Europea a actuar contra unos pactos fiscales sobre los que habían hecho la “vista gorda”. En octubre de 2015, La Comisión ordenó a Luxemburgo recuperar 25 millones evadidos por Fiat, mientras mantiene abierta la investigación sobre Amazon y McDonald’s. Y a Holanda le exige recuperar los 30 millones evadidos por Starbucks. En enero de 2016, la Comisión ha abierto otro expediente a Bélgica para que recupere los 700 millones que evadieron 35 multinacionales desde 2005, pagando la mitad de lo que debían. Y mantiene otro expediente a Irlanda, por las escandalosas ventajas fiscales concedidas a Apple, que ha ahorrado 8.000 millones en impuestos.

Al hilo de estas actuaciones de la Comisión Europea, “se ha abierto la veda” contra las multinacionales en Europa. El  gobierno italiano ha reclamado, en enero de 2016, a Google el pago de 227 millones de euros por impuestos eludidos entre 2009 y 2013 (creen que los beneficios fueron 10 veces los declarados). Ya en diciembre de 2015, Apple accedió a pagar 318 millones extras al fisco italiano, tras reconocer que no había pagado impuestos durante 6 años. Mientras, en Reino Unido, la filial de Google accedió a pagar en enero 130 millones de libras en impuestos adicionales sobre los beneficios de los últimos 10 años, lo que ha levantado una gran polémica, porque esa sanción supone hacerle pagar a Google el 3% de sus beneficios en Reino Unido. Y el diario Finantial Times ha denunciado que las 7 grandes multinacionales (Apple, Google, Microsoft, Amazon, eBay, Yahoo y Facebook) pagaron sólo un 0,5% de su facturación en 2012, con lo que habrían evadido 400 millones de libras.

A raíz de todos estos escándalos, parece que la Comisión Europea se ha decidido a actuar contra la elusión fiscal (fraude “legal”) de las multinacionales, una provocación para los  ciudadanos europeos que pagan  impuestos y sufren duramente la crisis. Y además, puede ser una importante fuente de ingresos, en un momento en que Bruselas necesita invertir y gastar más para intentar revitalizar la economía europea. De hecho, la estimación del comisario europeo Moscovici es que las multinacionales evaden 70.000 millones de euros al año en Europa, una cifra tan elevada que equivale a la mitad del Presupuestod e la UE (145.000 millones en 2015). Sólo en España, si las multinacionales tributaran aquí como las pymes, Hacienda recaudaría 8.250 millones de euros más al año, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Con ese dinero, las pensiones enjugarían las dos terceras partes de su déficit, por ejemplo. O pagaríamos un subsidio anual a 1.600.000 parados que no cobran.

La Comisión Europea ha aprobado el 28 de enero pasado un Plan para atajar las principales vías que utilizan las multinacionales para evadir impuestos “legalmente” (elusión fiscal). El sistema más utilizado es transferir beneficios a filiales de países donde se pagan menos impuestos, utilizando para ello las compras y ventas entre filiales (para desviar las plusvalías a los países con menores impuestos). Una variante más “sofisticada” es lo que se llama “el sándwich holandés” y “el doble irlandés”, los sistemas que utilizan Google y Apple: facturan en España, por ejemplo, a través de una filial en Irlanda, que transfiere este dinero a una filial de Holanda (que no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial de Irlanda (por gestión del uso de la marca), que tampoco paga impuestos, y que transfiere los beneficios a una filial de Bahamas (paraíso fiscal). De hecho, en 2015, Google transfirió 11.000 millones de beneficios en Europa a las Bahamas, a través de su filial en Holanda (que no tiene empleados). Al final de este periplo, Google y Apple sólo han pagado un 2,4% de sus beneficios en Europa, la media que pagan las multinacionales USA fuera de EEUU.

Otra vía de elusión fiscal son las marcas y patentes (royalties): las multinacionales registran la propiedad de sus marcas en paraísos fiscales y desde otras filiales transfieren allí dinero como pago por uso de marca. Es lo que hace Starbucks: cada vez que nos tomamos un café, una parte del dinero va a una empresa de Irlanda que gestiona su marca y que no paga por este dinero desviado. Ikea también gestiona su marca a través de dos filiales en Holanda y Luxemburgo, pagando impuestos en Liechtenstein (otro paraíso fiscal europeo), con lo que se ha ahorrado 1.000 millones en impuestos entre 2009 y 2014, según un informe de los Verdes en el Parlamento Europeo . Y McDonald’s creó una filial en Luxemburgo que gestiona el 5% de la facturación en España, gracias a lo que se ha ahorrado pagar aquí 68,5 millones en cinco años. El caso más llamativo es Inditex: a través de dos filiales en Holanda y Suiza factura al resto de países por gestión de marca y consultoría (2.000 millones entre 2009 y 2013), con lo que la multinacional española se ha ahorrado así 325 millones en impuestos, según Intermón Oxfam.

La tercera vía de elusión fiscal son los préstamos entre filiales de una misma multinacional: como los intereses suelen ser deducibles, los concentran en las filiales de los países con más impuestos y buscan que la filial que presta lo haga en países donde el cobro de intereses esté exento o tribute poco. Además, las multinacionales tienen legiones de abogados especialistas en aprovechar las incongruencias fiscales entre países, para obtener las mayores ventajas en unos y otros (y a veces en varios a la vez). Otra vía de elusión fiscal  es la tributación de dividendos: ciertos ingresos (dividendos o ganancias de capital) que entran en Europa desde otro país y que están exentas de tributar aunque no hayan pagado en el país de origen.

Al final, son sistemas de evasión de impuestos conocidos y “legales”, que se van sofisticando según los países cierran vías de escape. El Plan de la Comisión es actuar contra estas estrategias fiscales, permitiendo que un país (España) grave los beneficios desviados hacia otro (Irlanda), gravando las transferencias por royalties, suprimiendo la exención a los dividendos y neutralizando las maniobras fiscales más habituales. Pero, sobre todo, la futura Directiva quiere obligar a las multinacionales a presentar anualmente un informe de actividades país por país (lo que facturan, ganan y pagan en cada país), informe que conocerían las oficinas fiscales de los 28 países UE . Y además, Europa creará una lista negra de “paraísos fiscales” con los países que no colaboren en la lucha contra el fraude fiscal.

El proyecto de la Comisión es un gran avance, aunque se quede “corto”, según Intermón Oxfam (porque sólo afecta a las empresas que facturen más de 750 millones de euros y los informes fiscales no serán públicos). Pero ahora hace falta que apruebe esta Directiva el Consejo Europeo, los gobiernos de los 28, esta primavera. Y hace falta unanimidad. Algo difícil de conseguir, sobre todo porque hay países que van a resistirse a dejar de ser paraísos fiscales, sobre todo Holanda, Luxemburgo e Irlanda. Hoy día, en Holanda, los holdings (grupos empresariales) no tributan y no pagan impuestos por los dividendos y ganancias que reparten sus filiales. Y Luxemburgo se ha especializado en atraer capitales, con una bajísima tributación. La mejor prueba de lo que hacen es que un 40% de toda la inversión extranjera que ha llegado a España entre 2008 y 2015 procede de empresas instaladas en Holanda y Luxemburgo, muchas de ellas de origen norteamericano, alemán, francés o británico.

Mientras Europa trata de poner coto a las multinacionales, la OCDE aprobó en noviembre  de 2015 un Plan de 15 medidas (Proyecto BEPS) para intentar frenar el fraude fiscal a nivel mundial, obligando a una mayor transparencia de empresas y países. A finales de enero pasado, 31 países (España entre ellos) han firmado en París estos acuerdos, que obligan a las empresas de más de 750 millones de euros y a los bancos a informar sobre sus operaciones e impuestos. Y todos los países tendrán que informar anualmente a los demás de las cuentas, valores e inmuebles de los extranjeros en su país, una obligación que entrará en vigor en 2017 (con los datos de 2016).

Pero, de momento, Estados Unidos no ha firmado estos acuerdos de la OCDE, por el veto del Congreso USA y la presión de los lobbys financieros. EEUU aprobó en 2010 una Ley (la FATCA) para obligar a todos los bancos a informar de las cuentas y posesiones de ciudadanos norteamericanos en el extranjero (para evitar el fraude de sus empresas y ciudadanos) pero no tiene interés en evitar el fraude de los extranjeros que invierten en EEUU. Es más, desde que se supo que el Congreso USA no firmaba el acuerdo de la OCDE, los grandes bancos de inversión se han dedicado a captar inversiones extranjeras que buscan la opacidad, para ofrecerles instalarse en EEUU, sobre todo en Nevada, Wyoming o Dakota del Sur, los estados con menor fiscalidad. Y con ello, Estados Unidos se ha convertido en el paraíso fiscal más apetecible, atrayendo capitales que estaban en Suiza, las Bahamas o las islas Vírgenes. Además, el secretario del Tesoro USA a enviado una carta a la Comisión Europea quejándose de las medidas fiscales anunciadas por la UE y añadiendo que hay una "actuación desproporcionada" contra las multinacionales norteamericanas. En realidad, temen que si pagan más en Europa, paguen menos en EEUU. 

Al final, el mundo no tiene fronteras para el dinero, que busca dónde pagar menos. Por eso es importante que los acuerdos internacionales contra el fraude fiscal se cumplan, sin excepciones que den lugar a nuevos paraísos fiscales. Y Europa debe dar ejemplo, aprobando este año una normativa realista, que cierre las vías de fraude legal a las multinacionales. España no puede hacerlo sola, aunque nos haga mucha falta ese dinero: hace falta tener esa Directiva europea, para que las multinacionales no se vayan a otro país. Pero también hace falta voluntad política y más medios: Hacienda creó en 2013 la Oficina de Fiscalidad Internacional , pero sólo cuenta con 50 personas, que poco pueden hacer frente a la ingeniería fiscal y los poderosos bufetes que asesoran a multinacionales, bancos y grandes empresas. Pero hay una cosa clara: si España quiere crecer más, crear más empleo y mantener el Estado del Bienestar, necesita ingresar más. Y al menos 8.250 millones extras se pueden recaudar de las empresas multinacionales. A ello.

Empleo precario: un cáncer para la economía

España lleva casi dos años creando empleo, pero muy precario: en 2015, el 92% de los nuevos trabajos fueron temporales y el 35% por horas. Somos el segundo país de Europa con más empleo temporal, tras Polonia : 1 de cada 4 trabajadores tienen contrato con fecha de caducidad. Muchos dirán: mejor un trabajo precario que estar en paro. Sí, pero cuidado: tanto empleo precario no sólo perjudica a los que lo tienen, sino a todo el país: tira hacia debajo de los sueldos, hay más riesgo de quedarse en paro, se cotiza poco y las pensiones tienen un peligroso “agujero”, se compran y alquilan menos viviendas, los jóvenes no se emancipan, nacen menos niños, hay más desarraigo social y político y los trabajadores precarios son menos productivos, consumen poco y se crece menos. El trabajo precario es un cáncer para la economía. Urge mejorar la calidad del empleo, no sólo por dignidad, también para conseguir un crecimiento mayor y más estable. Nos importa a todos.
 

enrique ortega

La precariedad en el empleo no es algo exclusivo de esta crisis: España la lleva sufriendo 30 años. Los contratos temporales surgieron con fuerza en la crisis de los años 80, cuando el Gobierno de Felipe González aprobó, en 1984, el contrato temporal no causal, con una indemnización más baja que la de los contratos indefinidos. En 1.987 ya hay un 23% de contratos temporales y siguen creciendo en los años 90, hasta llegar a un récord del 40% de contratos temporales en 1995. Y en 2007, España tenía un 32% de contratos temporales, el segundo porcentaje mayor de Europa, tras Polonia. Al estallar la crisis, las empresas empiezan a despedir primero a los trabajadores temporales y por eso baja su porcentaje, al 24,98% en 2011. Pero después, suben con la reforma laboral de Rajoy (2012), hasta el 25,66% en 2015, porque casi todo el empleo que se ha creado en los dos últimos años es temporal.

En 2015, el 91,87% de todos los contratos firmados fueron temporales y sólo un 8,13% fijos. Y lo peor, además, es que cada vez son contratos por menos tiempo: los contratos por 7 días o menos fueron la cuarta parte del total y un tercio fueron por menos de un mes. En la industria, por ejemplo, antes de la crisis se firmaban contratos temporales por 6 meses de media y ahora se firman por menos de dos meses. O sea que si antes se hacían 2 contratos al año por puesto, ahora se hacen 6. Pura rotación: cada vez hay más personas por cada empleo.

El otro problema de los contratos temporales es que no se convierten en contratos fijos: entre 2013 y 2014, sólo un 11% de los que empezaron con un contrato temporal consiguieron después un contrato indefinido, según los datos de Empleo. En Europa, esa tasa de conversión de temporales en fijos es el doble, el 28% en la UE-28, aunque en Reino Unido se hacen fijos el 61% de los contratos temporales, en Alemania el 28%, en Italia el 21% y en Portugal el 18%. Así que somos el segundo país de Europa que menos transforma contratos temporales en fijos, sólo por detrás de Francia (10%).

La otra cara de la precariedad son los contratos a tiempo parcial, por horas, que también han batido todos los récords en 2014 y 2015. El año pasado, un 35,58% de los contratos firmados fueron por menos tiempo de la jornada normal (y el 89% eran además temporales). Son contratos por horas o por días, aunque en muchos casos es un fraude y el empleado trabaja 8,10 o 12 horas y cotiza por 4 (algo habitual en hostelería y comercio). Las mujeres son las más afectadas: fueron por horas la mitad de los contratos conseguidos en 2015 (47,28%), mientras eran sólo la cuarta parte de los hechos a los hombres (26,5%).

Aumentan los que trabajan menos horas, pero a cambio, para compensarlo, los demás trabajadores hacen muchas más horas extras, sobre todo con la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy (febrero 2012): se hacían 5.937.100 horas extras semanales a finales de 2015, según la EPA, 600.000 más que a finales de 2011. Y la mayoría, el 54% no se pagan (cuando en 2011 sólo el 49% no se pagaban). Del total de asalariados (15 millones), 727.600 trabajadores hacen horas extras y al 51,6% no se las pagan. Otra forma de precariedad.

Y también hay más “precariedad” en los contratos fijos. En 2015, para crearse un puesto de trabajo indefinido hubo que firmar 1,45 contratos fijos, cuando en 2007 eran 1,18 contratos. O sea que la crisis y la reforma laboral han provocado también que haya más rotación en el empleo indefinido: es necesario firmar más contratos fijos para consolidar un empleo permanente. O sea, que también los contratos indefinidos son ahora más inestables.

Al final, el aumento de la precariedad desde 2011 configura  un mercado laboral donde el 25,66% de los trabajadores tienen un contrato temporal, el segundo mayor porcentaje de Europa, tras Polonia (28% de temporales), casi el doble que en Europa (14%) y por delante de Reino Unido (7%), Alemania (13%), Italia (14%), Francia (16%) o Portugal (22%), según datos de Eurostat. Y el 15,71% de los trabajadores españoles tienen un contrato a tiempo parcial, por horas, aún por debajo de la media europea (19,5% en UE-28), pero con dos importantes diferencias: aquí la mayoría de estos contratos por horas son temporales y no se eligen, sino que se cogen porque no hay otro trabajo. El 62% de los españoles con estos contratos querrían un contrato a tiempo completo, según la EPA, mientras sólo lo tenían “obligados” un 32% en Francia, un 17,5% en Reino Unido o un 13,7% en Alemania, según la OCDE .

Como se ve, los datos de la precariedad laboral en España son apabullantes. Un problema que afecta sobre todo a los trabajadores precarios (1 de cada 4), pero también al resto de trabajadores y a todo el país. La primera consecuencia de la precariedad son los bajos salarios, porque es un empleo peor pagado: un trabajador con contrato temporal gana un 37% menos que uno con contrato fijo y un trabajador a tiempo parcial gana la tercera parte que uno a jornada completa, según los datos del INE. Pero además, esos bajos salarios de los precarios “tiran a la baja” del resto de los salarios, provocando que los sueldos de todos los trabajadores bajen (2012-2014) o apenas suban (2015). Y el que no quiera ya sabe: hay 100 esperando por ocupar su puesto ganando la mitad. El resultado es que, con tanta precariedad, el salario más corriente ha bajado a 15.500 euros brutos (unos 1.000 euros netos en 14 pagas), según el INE. Y que el 40% de los asalariados (5,9 millones de trabajadores) ganan menos del salario mínimo (655,20 euros al mes), según UGT.

La segunda consecuencia de la alta precariedad es el riesgo de perder el empleo, dado que el 89% de los contratos temporales no se convierten en fijos. Y ese riesgo aumenta si vuelve la crisis, contagiando también a los empleos fijos: la tentación de cambiar empleos fijos por temporales, jóvenes mejor formados y con la mitad de sueldo es muy grande para las empresas. Y además, si estos trabajadores precarios se quedan sin trabajo, cobran menos paro que los trabajadores fijos, porque han cotizado menos.

Precisamente, la tercera consecuencia de la alta precariedad es el “agujero” que está haciendo a las cuentas de la Seguridad Social: los trabajadores precarios cotizan menos (menos sueldo) y en consecuencia, aunque en 2015 hubo 530.000 cotizantes más, los ingresos subieron un 1,3%. Resultado: volvió a crecer el déficit de las pensiones (-12.000 millones), por quinto año consecutivo y hubo que echar mano de la hucha (sólo queda ya la mitad) para pagarlas. Y en el futuro, esta legión de trabajadores precarios seguirá cotizando poco, en perjuicio de sus pensiones futuras, que serán más bajas que las de los fijos.

Otra grave consecuencia es que los trabajadores precarios (en su mayoría jóvenes y mujeres) no pueden hacer planes de futuro, porque ganan muy poco y además no saben si mañana les renovarán el contrato. Esto les afecta a todos los órdenes de la vida, desde casarse (hay un 22% menos de matrimonios que en 2007) y tener hijos (más tarde, a los 31,8 años, y menos, 1,32 hijos por mujer) a alquilar un piso (hay que tener 620 euros extras para pagar un alquiler medio) o comprarlo, algo imposible para la gran mayoría de trabajadores precarios (sin un trabajo fijo, no hay hipoteca ni ingresos para pagarla). Resultado: el 78,5% de todos los jóvenes españoles (6,6 millones entre 16 y 30 años) viven con sus padres, sin poder emanciparse. Y  muchos, por culpa del paro o de trabajos precarios, no están integrados social ni políticamente, “pasan de todo” y son presa de “populismos” y extremismos.

Pero las consecuencias de la precariedad no acaban aquí. A nivel de empresas, los trabajadores precarios son menos productivos, porque les faltan incentivos (es difícil trabajar con ganas sabiendo que es un empleo por una semana) y porque las empresas no invierten en su formación, lo que reduce su eficacia y su empleabilidad futura. Y mirando la economía, los trabajadores precarios gastan menos, con lo que las empresas y el país crecen menos. Cuanto más mileuristas haya, menos crecerá la economía y el empleo. Es de cajón.

Por todo ello, la enorme precariedad no es sólo una gran injusticia sino también un disparate económico que frena la recuperación. Urge mejorar la calidad del empleo que se crea. Y aquí hay dos recetas. Una, la de los empresarios y los economistas neo-liberales, que culpan de la precariedad a los contratos fijos: como tienen mucha protección y altas indemnizaciones, los empresarios hacen casi en exclusiva contratos temporales. Pero no es verdad: ni la protección frente al despido ni las indemnizaciones son más altas en España que en el resto de Europa, según este estudio de Antonio González. La diferencia está en que las empresas españolas han abusado del contrato temporal y por horas, utilizándolos para trabajos que son fijos, indefinidos y a tiempo completo. Y más tras la reforma laboral de 2012.

La receta de la patronal CEOE para crear más empleo es aumentar la precariedad: pidieron en 2015 ampliar el uso de los contratos temporales, para que puedan encadenarse más de 24 meses y refundir el contrato por obra con el eventual, en un contrato temporal “sin causa”, con una duración máxima de 2 años (un contrato “cajón de sastre”, con el que se pueda contratar temporalmente para casi todo…). Y en paralelo, los empresarios insisten en pedir los “contratos basura” para jóvenes, con un sueldo inferior al salario mínimo y 12 días de indemnización por año trabajado (los mini-jobs). O sea, piden más precariedad.

Entre tanto, los partidos plantean otras opciones. Ciudadanos defiende el contrato único: que todos los contratos sean indefinidos y con una indemnización menor al principio que vaya creciendo. Suena bien, pero muchos expertos critican que eso sólo serviría para “precarizar todos los contratos”: reduciría la indemnización de los actuales contratos fijos y en el futuro todos los contratos serían igual de precarios que ahora los temporales (“contrate fijo y despida cuando quiera porque será más barato que ahora”). Mientras, el PSOE defiende en su programa de investidura que haya sólo tres tipos de contratos (indefinido, temporal y de relevo) y medidas para perseguir la precariedad, con la inspección, penalizando las cotizaciones de los contratos temporales y favoreciendo su conversión en fijos.

La principal medida contra los contratos precarios es aplicarla Ley: que no se hagan contratos temporales o por horas para trabajos que son fijos y a jornada completa. Y para eso, hace falta una legislación más estricta, con multas más elevadas para las empresas, y desincentivar los contratos temporales con cotizaciones más altas. Y vigilar más el fraude, con más inspectores de Trabajo (hay 1.878 funcionarios, la mitad por trabajador que en Europa), que se dediquen más a luchar contra el fraude en los contratos: hoy, los inspectores se dedican a vigilar si el trabajador está dado de alta o comete fraude al desempleo y sólo el 1,13% de su trabajo se dedica a averiguar si los contratos son fraudulentos.

En resumen, la precariedad es un cáncer que se ha adueñado del empleo y daña seriamente a nuestra economía. No podemos seguir compitiendo en base a empresas que hacen trampas y eluden la Ley para rebajar sus costes laborales, empobreciendo a los trabajadores. Y que deterioran la productividad, las pensiones, la familia, la natalidad, el consumo y el crecimiento. Hay que apostar por un nuevo modelo laboral, donde las empresas compitan y ganen dinero con empleos de más calidad, en línea con Europa y no con China o Marruecos. Y eso obliga a una “política de palo y zanahoria”: más inspecciones y más multas a las empresas que “malcontraten” y ayudas e incentivos a las que contraten de forma estable. Es una de las tareas urgentes del futuro Gobierno. La precariedad nos destruye como personas y como país.