Presupuestos 2013: más recesión y más paro

Más de lo mismo. Los Presupuestos 2013 siguen con los recortes y la subida de impuestos: dos medidas que ahogan el consumo y las ventas, no hay inversión, no se crece y sube el paro. Y este sacrificio apenas recorta el déficit público, porque cae la recaudación más que los gastos. Y los mercados siguen temiendo cobrar su deuda. Los Presupuestos 2013 son increíbles, suicidas e inútiles. Increíbles porque la recesión será más profunda en 2013 y harán falta más ajustes para cumplir con el déficit prometido a Bruselas. Suicidas, porque agravarán la recesión y el paro (doble que en Europa) cuando lo urgente es reanimar la economía y crecer. E inútiles, porque mantienen la desconfianza en España, una economía que no ve salida mientras la mayoría sufre con desaliento los recortes. Pero Rajoy se fuma un puro.

enrique ortega

Los Presupuestos 2013 parten de unas previsiones increíbles: la economía va a caer más del -0,5% previsto por el Gobierno para el próximo año. Por dos razones. Primera, la subida de impuestos, la moderación de salarios, los altos precios (el IPC está ya en el 3,5%), el creciente paro (y los esperados despidos públicos), más los recortes, van a retraer más el consumo, la demanda y la inversión en 2013. Sin embargo, el Gobierno espera que la economía interna reste menos al crecimiento que en 2012 (-2,9% frente a -4%). Y la otra, que la recesión en Europa (donde van un 74% de nuestras exportaciones) y el menor crecimiento mundial (como augura el FMI) van a frenar el motor exterior, quizás con el problema adicional de un petróleo y un euro altos. Pero el Gobierno cree que el tirón exterior será casi igual (+2,3% frente a +2,5% este año).

Con ello, el “optimismo” del Gobierno apuesta porque la economía caerá -0,5% en 2013 (-1,5% en 2012), algo que no comparte casi nadie, salvo la Comisión Europea (-0,3%): el FMI estimó en julio una caída del -1,2% (va a rebajarla en unos días), la OCDE apuesta por -0,8%, los expertos privados esperan un -1,1% y la patronal CEOE habla de una caída del -1,6% en 2013 (la misma que augura para 2012). Si tienen razón, el Estado (y las autonomías y Ayuntamientos) recaudarían menos de lo previsto, habría menos ingresos públicos. Y para recortar el déficit lo previsto, habría que hacer más recortes de los anunciados o subir más los impuestos. Es lo que está pasando en 2012: la recaudación está cayendo y en agosto ya alcanzamos el déficit previsto para todo el año. Por eso, en julio, el Gobierno subió el IVA y metió más tijera. Y lo tendrá que repetir el verano que viene.

De momento, el Presupuesto 2013 recorta el déficit del Estado en 13.400 millones, algo más de la mitad (58%) recortando gastos y el resto subiendo impuestos, sobre todo el IVA (+6.966 millones), el IRPF (+1.109), la prórroga del impuesto sobre patrimonio (700 millones), haciendo pagar impuestos (20%, 824 millones) a los premios de la Lotería de más de 2.500 € (un 40%), y quitando deducciones a la compra de viviendas nuevas (90 millones) y en sociedades (2.371 millones, aunque las empresas, por la crisis, pagarán 2,9% menos de impuestos.

De los recortes sólo se salvan dos partidas: el pago de los intereses de la deuda (a los bancos alemanes, franceses y españoles, sobre todo), que se lleva 38.590 millones (+9.742)  y las pensiones, que subirán un 1% (la inflación prevista, otro dato increíble). Rajoy no ha querido congelarlas, aunque retrasa hasta después de las elecciones vascas y gallegas la decisión de revalorizarlas con la desviación de inflación de este año, como marca la Ley (lo que costaría entre 4.000 y 5.000 millones). A cambio, ha tomado dos decisiones polémicas: echar mano de la hucha de las pensiones para 2013 (se cogerán 3.603 millones) y dar marcha atrás en su promesa de bajar las cotizaciones (1.115 millones), una medida que podría reanimar las escasas contrataciones. Con todo, las pensiones tienen un problema de fondo y el Gobierno anuncia medidas antes de fin de año, como penalizar la jubilación anticipada y revisar el futuro del sistema.

En el resto del gasto, la tijera se mete a fondo, sobre todo en Sanidad (-22,6%), en la inversión en infraestructuras (-15%), tanto en ferrocarriles (- 26%) como en aeropuertos    (-16%) y carreteras (-6%), en Turismo e Industria (-21,3% el Ministerio), en subvenciones a la Ciencia (-341 millones), en Agricultura           (-13,2 %, destacando los recortes del -20% en obras hidráulicas - ¡luego hay inundaciones¡-  y el -43% en medio ambiente),en  Cultura (- 16%, sumando ya un -70% de recorte en cuatro años) y Deporte, en Educación (-17%) y becas (-47,8 millones)  , en Dependencia (-200 millones en un sector clave para los ancianos y para crear empleo), en transferencias a los Ayuntamientos para servicios sociales (-40%) , en ayudas a la Cooperación al Desarrollo (-23%) y en ayudas a los parados (-6,3%) Y en funcionarios, sus salarios se congelan por tercer año, bajan complementos y no se cubren jubilaciones : se recortan unos 10.000 funcionarios (serán de 480.000)  pero se mantiene el número de altos cargos.

Y faltan los recortes de las autonomías (que deben reducir su déficit otros 8.000 millones en 2013) y los Ayuntamientos (otros 300 millones). En conjunto, menos gasto, más impuestos y eso llevará a menos consumo, menos ventas, menos inversión y más paro. El Gobierno estima que volverá a perderse empleo en 2013, un -0,2% (unas 35.000 personas más), pero cree que el paro bajará algo (del 24,6% al 24,3%), porque habrá más “desanimados” (ya no buscan trabajo). Pero muchos expertos creen que subirá el paro y la patronal CEOE estima que alcanzaremos el 26,5% en 2013, superando así los 6 millones de parados.

Más recortes, más recesión, más paro, el resultado de unos Presupuestos suicidas para el país de Europa con más paro y menos crecimiento. Eso lo ven los mercados (Standard&Poors ha bajado su previsión para España del  -0,6% al -1,4% para 2013) y por eso vuelve la tensión en la deuda. Y más con Rajoy diciendo que supedita el rescate a la evolución de la prima de riesgo: es como enseñarle la sangre a los lobos. La realidad es que estos Presupuestos acrecientan el temor de los mercados a que España profundice su recesión y les sea más difícil cobrar. Y por eso, acelerarán la necesidad del rescate, que Rajoy retrasará (otra vez) por razones electorales, enturbiando aún más la confianza en España. Y con ello, podría verse obligado a ofrecer a Bruselas contrapartidas más duras, a aprobar más ajustes antes de fin de año. Y más al reconocer el Gobierno que no cumplirá el déficit pactado con Bruselas este año (será del 7,4% en vez del 6,3%), al tener que incluir las ayudas a la banca (16.600 millones), la mayoría pérdidas que pagaremos todos los contribuyentes. A ver qué dicen.

Al final, llevamos dos años y medio de recortes, casi 1.000 días, y seguimos en recesión, perdiendo empleo, viviendo peor y sin vislumbrar una salida. Y con los mercados más inquietos, sin haber generado confianza como país. Es el balance del fundamentalismo de los recortes, en Bruselas y en España, que ha llevado también a media Europa a la recesión. Y el Gobierno persevera por ese camino, en lugar de buscar otra vía, como defiende ya hasta el FMI: ajustar por un lado pero reanimar la economía por otro, para salir del agujero. Así no salimos de la crisis, como dice el Gobierno: nos hundimos más. Su ideología les ciega.

 

Los recortes llegan al deporte

Recortes en Educación, Cultura y…Deporte. El Ministerio al completo. El Gobierno ha anunciado a las Federaciones que para 2013 tendrán un 40 % menos de subvenciones, un recorte (40 millones) que se suma al tijeretazo del Estado desde 2008 (otros 74 millones). Eso  obliga a duros planes de ajuste de las Federaciones, con recorte de plantillas, competiciones y gastos, junto a subidas de tarifas a los federados. Además, autonomías y Ayuntamientos, los que más financian al deporte, han recortado un 50% sus ayudas desde 2008. Y sigue cayendo el patrocinio de empresas, bancos y Cajas. España ha recortado a la mitad las ayudas al deporte, lo que complica las Olimpiadas de Brasil 2016 y el deporte de base, desde el escolar al universitario y los clubes deportivos, en un país que practica y gasta menos en deporte que el resto de Europa.

enrique ortega

No hay dos sin tres. Tras los duros recortes hechos (ministro Wert) en educación y cultura, le toca el turno al deporte. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha advertido a las Federaciones deportivas que va a recortarles las subvenciones en 2013 un 40% de media (unos 40 millones). Un tajo que se suma a los recortes del CSD en 2012 (-24,5%) y 2011 (-8%). De hecho, el Estado ha rebajado el presupuesto del Deporte en un 35,6 % desde 2008 (-74 millones de ayudas). Además, el Gobierno va a cambiar el criterio de reparto de las subvenciones: tendrán más ayudas las Federaciones olímpicas y las que consigan mejores resultados en torneos mundiales y europeos.

Con ello, las más afectadas por el futuro recorte serán las  29 Federaciones no olímpicas, en especial las que reciben hoy más subvenciones: kárate (904.246 €, un 62% de su presupuesto), motociclismo (1,5 millones, el 44,6%) y patinaje (1 millón, el 55% de sus cuentas). Y dentro de las 28 olímpicas, las que han sacado peores resultados en Londres, sobre todo atletismo (7,3 millones de subvenciones y ninguna medalla), aunque también están preocupados en natación, gimnasia, hockey, tiro, judo, tenis  y voleibol. Y saldrán mejor parados taekwondo, windsurf y vela, gracias a sus recientes oros olímpicos.

Además, el CSD está pensando en quitar el dinero de las quinielas al fútbol profesional, a la LFP (32 millones en 2012) y destinar este dinero a pagar gastos de las Diputaciones. Una medida que no afecta a la Federación de fútbol, que se autofinancia y devolvió en 2012 su subvención de 3,3 millones (y  lo hará también en 2013). Pero sí a muchos clubs modestos entre los 42 de la LFP, que ven como les caen las entradas y los ingresos por TV.

El Consejo Superior de Deportes ha pedido a las Federaciones que les presenten un plan de ajuste para el 31 de octubre, con un recorte de gastos y un plan de ingresos y financiación alternativa. Esto va a obligar a recortes de gastos (menos directivos, menos sueldos, menos viajes y menos facturas con la VISA federativa...) pero también a despidos, reducción de competiciones (irán menos al extranjero) y subida de tarifas a los federados, además de fusiones entre Federaciones similares (hay 3 en tiro, 4 en lucha y artes marciales, tenis y tenis de mesa…). Y podrían anularse algunos de los campeonatos previstos en España: Mundiales de balonmano y ciclismo de 2013, Mundiales de baloncesto de 2014, Universiada de Granada 2015 o los Juegos del Mediterráneo de Tarragona de 2017.

Entre las 66 Federaciones deportivas (3,5 millones de licencias y 60.000 clubes), las que más sufrirán estos recortes son las 9 a las que la subvención del CSD les supone más de la mitad del presupuesto, las más “dependientes”: remo (2,3 millones de subvención, un 76,95% de su presupuesto), hockey (2,9 y 76,3%), piragüismo (4,2 y 75,4%), natación (6,04 y 74%), gimnasia (3,2 millones y 70,5%), vela (4,4 y 66,2%), judo (2,4 y 64,2%), tiro olímpico (2,6 y 62,4%) y ,sobre todo, atletismo (recibe la mayor subvención, 7,3 millones, un 54,7% de su presupuesto). Pero el recorte no afectará sólo a las Federaciones, aunque un 64% del presupuesto  del CSD va a financiar el deporte de élite: se recortarán las ayudas al deporte escolar y universitario, ya en apuros.

Más grave que este recorte del Estado al deporte es el que han hecho autonomías y Ayuntamientos, las que más ayudan al deporte. Las autonomías gastarán en deporte este año 440 millones (unos 8,42 euros por habitante), un 35,48% menos que en  2011, con fuertes recortes en Madrid y Andalucía, según la revista Deportistas. Y los Ayuntamientos unos 1.475 millones (31,45 € por habitante), un 28% menos que en 2011, con fuertes descensos en las grandes capitales (-98% en Zaragoza, -40% en Barcelona, -49% en Valencia, -47% en Sevilla o -50% en Bilbao), salvo Madrid (-7%). Y lo peor: autonomías y ayuntamientos han reducido sus ayudas al deporte más de un 50% desde 2008.

En conjunto, las subvenciones públicas al deporte rozan los 2.000 millones (un 50% menos que antes de la crisis), un 0,2% del PIB, un gasto inferior a la media europea. Y se agrava por la caída del patrocinio privado, por la crisis en bancos, empresas y Cajas (Obra social): el gasto en patrocinio deportivo fue de 420,9 millones en 2011, un tercio menos que en 2007. Y de momento, el Gobierno Rajoy ha parado la Ley de Mecenazgo (por razones fiscales), que pretendía conceder incentivos al patrocinio cultural y deportivo.

Con este panorama, hacer deporte en los próximos meses tendrá menos ayudas y será más caro, lo que reducirá las fichas federativas (sólo el 24% de españoles hacen deporte en un Club, el 6% en la empresa y el 68% por libre). Habrá menos becas y ayudas para los deportistas de élite y también para los niños y jóvenes que hacen deporte cada semana: sólo el 73% de los niños y el 53% de las niñas, según una encuesta. Y también les costará más a sus padres, que gastan menos y hacen menos deporte que el resto de europeos (lo practican habitualmente el 49% hombres y 31% mujeres).

Si toca hacer recortes (una política que agudiza la recesión y el paro), el deporte no se iba a quedar al margen. Pero hay que valorar las consecuencias, sobre la economía (el deporte aporta el 2% del PIB y del empleo), sobre el turismo (aporta visitantes y divisas), sobre la salud y sobre todo, sobre la educación de niños y jóvenes, a los que el deporte ayuda a formar y a escapar de la marginación, las drogas y la delincuencia.  Un alto precio para tanta tijera.

Las pensiones, en el punto de mira

Rajoy dice que no va a tocar las pensiones. Y 8 millones de pensionistas se echan a temblar, recordando que también dijo que no iba a tocar los impuestos, la sanidad, el IVA…La cuestión no es creerle o no, sino que a la Seguridad Social no le salen las cuentas: cada mes hay menos cotizantes y más pensionistas, lo que crea problemas de liquidez. En julio, ya tuvo que tirar de la hucha de las Mutuas para pagar la extra a los pensionistas. Y antes de fin de año podría necesitar su propia hucha, para hacer frente a un agujero de 10.500 millones. Por eso, se temen recortes, empezando por no actualizar las pensiones con el IPC, como obliga la Ley. Luego, congelar las pensiones para 2013 y penalizar la jubilación parcial y anticipada. Y a medio plazo, acelerar la edad de jubilación a los 67 años, como pide Bruselas. Mientras no se cree empleo (2014), las pensiones están en el alero.

enrique ortega

El pago de las pensiones es el mayor gasto del Presupuesto (115.825 millones en 2012), muy por delante del pago de intereses de la deuda (28.848 millones) y desempleo (28.805). Este año, el problema es que caen las cotizaciones (por el cierre de empresas y aumento del paro) y crece el gasto en pensiones, con lo que la Seguridad Social tiene problemas. Tras pedir varios anticipos a Hacienda, en julio tuvo que recurrir a la hucha de las Mutuas (pidió 4.400 de sus 4.646 millones), para pagar a los pensionistas la extra. Y no descartan tirar de la propia hucha de las pensiones (67.948 millones) antes de fin de año, para pagar la extra de Navidad o la desviación por el mayor aumento del IPC.

Al Gobierno no le están saliendo las cuentas de las pensiones que presentó en abril con los Presupuestos 2012. En ingresos, porque están cayendo las cotizaciones con la crisis y porque se hicieron una trampa con sus cuentas: estimaron una caída de cotizaciones del 3,7% (como la caída prevista del empleo), pero sobre el Presupuesto inicial 2011, no sobre lo que realmente recaudaron el año pasado (4.867 millones menos). Y así, pretenden el milagro de recaudar este año 968 millones más cuando esperan que haya 630.000 empleos menos.

Por el lado de los gastos, se han pagado hasta finales de agosto 58.884 millones en pensiones contributivas (por las que se cotiza), un 4,4% más que el año pasado, cuando el Presupuesto 2012 prevé que el gasto crezca casi la mitad (+2,9%). Esta desviación (+ 2.478 millones) se debe a un aumento de pensionistas (+1,3%) y, sobre todo, a un aumento de la pensión de los nuevos pensionistas, que han cotizado más tiempo y por bases más altas que los antiguos. Con todo, la pensión media está en 831,54 euros, un 3,1% más que hace un año.

Con esta desviación de ingresos y gastos, la Seguridad Social podría cerrar 2012 con un agujero de 8.500 millones (-4.867 millones de ingresos y +3.700 millones más de gastos), a los que habría que sumar el coste de revisar las pensiones (en enero 2013) por la mayor subida del IPC  este año (3% en vez del 1% previsto), otros 2.000 millones este año (y 2.000 más en el gasto de pensiones de 2013). Eso supone un agujero de 10.500 millones en la Seguridad Social este año, que habría que tapar (Bruselas obliga) con la hucha de las pensiones y recortes inmediatos.

A corto plazo, la primera decisión es qué se hace con las pensiones en el Presupuesto 2013, que se aprueba el 27 de septiembre. Todo apunta a que Rajoy las congelará (eso ahorraría unos 1.600 millones), tras haberlas subido un mísero 1% este año. Y que se suprimirá la clausula de actualización con el IPC, aunque para ello habrá que cambiar la Ley de Seguridad Social de 1.997, que obliga a los Gobiernos a la revalorización automática de pensiones. Con ello, este año y en 2013, los 8 millones de pensionistas perderían poder adquisitivo. Pero haría falta tomar medidas también en los ingresos, en las cotizaciones. De entrada, poco se puede hacer, porque el Gobierno aprobó en julio bajar las cotizaciones un 1% en 2013 y 2014 (ingresa 3.200 millones menos cada año), mientras Portugal ha subido las cotizaciones a sus trabajadores. Y también decidió subir las bases máximas (+5%) y las mínimas de los autónomos (+1%). Pero algo más subirá.

A medio plazo, el Gobierno planteará al Pacto de Toledo algunas medidas para recortar el gasto en pensiones: retrasar y penalizar la jubilación parcial (trabajar menos horas y cobrar una parte de pensión a partir de los 61 años), penalizar la jubilación anticipada e incentivar que las personas sigan trabajado (y cotizando) después de la jubilación). Pero esto puede ser insuficiente y el Gobierno, presionado por Bruselas ante el segundo rescate, puede abordar una reforma más a fondo de las pensiones, con tres medidas clave: acelerar el retraso en la edad de jubilación a los 67 años (la ley Zapatero establece empezar en 2013 y acabar en 2027), endurecer antes las condiciones para acceder a una pensión ( en 2027 serán necesarios 37 años de cotización y computar 25 años de vida laboral para acceder al 100% de pensión) y adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad, un palabro que quiere decir que se revisa el sistema de pensiones cada 5 años, según evoluciona la esperanza de vida. La reforma Zapatero fijaba la primera revisión en 2032 ( a los 5 años de los cambios de 2027) y Bruselas exige que se haga antes.

Al final, tendrán que aprobar varias medidas, por el lado del gasto y de los ingresos, para ahorrar en pensiones y tapar el agujero, lo que afectará más a los futuros pensionistas que a los actuales. El problema es que la recesión está ahí, este año y el que viene, con lo que el Gobierno no espera crear empleo hasta 2014. Y para que se cree empleo “significativo” habrá que esperar a 2018, según el FMI. Y sin empleo, no salen las cuentas de las pensiones: las están pagando  los que trabajan, con sus cotizaciones, y sólo hay 2 trabajadores cotizando por cada pensionista. Así, sin que crezca apenas el empleo, resulta difícil que las pensiones aguanten hasta 2018. Por eso, diga lo que diga Rajoy, tendrá que “tocarlas” y no una sino varias veces antes de que acabe la Legislatura. La otra opción sería cambiar de política, en Europa y en España, reactivar la economía como ha hecho por tercera vez EEUU, y crear más empleo para pagar mejor las pensiones. Pero no están por la labor.

Universidad: contrarreforma(y tasas)por decreto

Este curso, el Gobierno Rajoy ha puesto patas arriba la Universidad: fuerte subida de tasas, recorte drástico de becas, menos profesores, anulación de oposiciones y una contrarreforma por decreto-Ley que invalida la autonomía universitaria. Y todo con un objetivo: ahorrar como sea, aunque España gasta menos en Universidades que la media de Europa. Pero siguen sin afrontarse los problemas de la Universidad, en especial conseguir que formen a los estudiantes para trabajar y no sean una fábrica de parados: tenemos el doble de paro entre universitarios que Europa. Sobran Universidades y titulaciones y faltan prácticas y una enseñanza más ligada a las empresas y al empleo. Y los recortes sólo agravan el problema. Si hay que hacer reformas, no se pueden imponer a estudiantes, profesores y rectores.

enrique ortega

Revolución en la Universidad este nuevo curso, porque a los recortes de años pasados se ha sumado el real decreto Ley 14/2012 (20 de abril), que supone un golpe de Estado a la autonomía universitaria, lo que ha provocado duras protestas de los rectores, incluido un plante al ministro. Con la excusa de reducir el déficit público, el Gobierno obliga a ajustar los presupuestos de las Universidades (con un 66% de subida en las matrículas), aumenta las horas lectivas de los profesores (se triplica en algunos casos su carga docente), se congela el empleo (anulándose después, por orden de Hacienda, las oposiciones ya convocadas este año en 17 Universidades) y, sobre todo, se anuncia un futuro Reglamento para reestructurar desde el Gobierno el mapa universitario: se endurecerán los requisitos para crear y mantener Universidades y titulaciones.

Drásticos cambios que han soliviantado a la Universidad, afectada en los últimos tres años por recortes de un 10% en su Presupuesto. Este curso, las 78 Universidades españolas sufren otro drástico recorte de ingresos: las 28 privadas, por las menores ayudas de empresas y las 50 públicas por el drástico recorte de las autonomías (-10%), que financian el 70% de las Universidades públicas. Con ello, el gasto en educación universitaria (20% del gasto educativo) bajará de los 10.000 millones, con menos profesores y menos medios en otro año récord de alumnos (unos 170.000). Y España seguirá con un gasto universitario por debajo de la media europea (1,07% del PIB frente al 1,14%), por debajo de Francia (1,24%) y Alemania (1,21%), aunque mejor que Italia o Reino Unido (0,84%).

Con todo, lo más polémico de este curso son las drásticas subidas de las tasas universitarias, una media de 540 euros por matrícula (+66%), según el ministro Wert. Y no es tanto la subida como que se cambia el sistema: si antes el Ministerio fijaba una subida máxima anual (el IPC más 4 puntos), ahora busca vincular el precio de su matrícula al coste, con lo que se liberalizan las matrículas y se incentiva que las Universidades compitan en precios. El objetivo es, para el curso 2014-2015, que las tasas pasen de pagar el 15% del coste de la matrícula al 25% para la primera matrícula, del 30 al 40% para la segunda, del 60 al 75% para la tercera y del 90 al 100% para la cuarta. Y para ello, subirán con fuerza estos años (+10% anual).

El problema es doble. Por un lado, se sube sin una base de coste cierta, ya que las Universidades no tienen contabilidad analítica y no conocen el coste real de cada titulación. De hecho, un estudio del Observatorio del Sistema Universitario revela que en el curso 2008-2009, las matrículas ya pagaban un 19,88% del coste, 1.038 euros de media, con lo que España sería ya el quinto país europeo con las tasas más caras, frente a los 300 € en Francia, los 580 en Bélgica, los 1.250 en Italia o Portugal y los 4.800 € en Reino Unido.

Por otro lado, las tasas son ya muy diferentes entre las autonomías para una misma carrera (hasta el triple) e incluso entre las distintas titulaciones en una misma Universidad (cuestan  más las carreras con prácticas, como las sanitarias). Este curso, las autonomías que más suben sus tasas son las más caras: Cataluña (de 1.300 a 2.180 €, +66% de media), Madrid (de 1.038 a 1.608 €,+52%), Valencia (de 1.110 a 1.478, +69%) y Aragón. Y las que menos suben (el IPC, un 2%) son las cinco que ya las tienen más bajas: Andalucía (795 €), Canarias, Galicia, País Vasco y la Rioja. Con estas diferencias, estudiar 1º de medicina, una de las carreras más caras, costará este año hasta el triple en unas Universidades que en otras: desde los 840 euros en Granada o Tenerife a 1.478 en Valencia, 1.662 en la Complutense de Madrid y 2.510 euros en la Autónoma de Barcelona o 2.550 en Girona.

El problema no es sólo lo drástico de estas subidas en plena crisis para las familias (por eso las rechazan los rectores y el Consejo Escolar del Estado), sino que se acompañan de un recorte doble en las becas. Por un lado, el Gobierno recortó 166 millones en todas las becas para 2012. Pero además, en junio, cambió los requisitos para acceder a las becas universitarias, para ahorrar otros 190 millones: sube la nota que se exige en la selectividad (del 5 al 5,5 en  las becas de matrículas y al 6 en las becas salario) y exige aprobar más porcentaje de asignaturas, obligando a devolver la beca a los que no aprueben la mitad. Con estos criterios, las Universidades creen que un 15% de alumnos perderán su beca matrícula y un 40% su beca salario. Y eso cuando los umbrales de ingresos que marcan el acceso a becas están ya por debajo del salario mínimo, lo que reduce los potenciales beneficiarios. Y mientras España dedica a becas la mitad de recursos que la OCDE (0,1% del PIB frente al 0,2%).

Todos estos recortes y cambios no afrontan el verdadero problema de la Universidad: hay muchos universitarios (un 29%, frente al 27% en Europa) pero no hay empleo para ellos. Cada año se licencian 200.000, que acaban en el paro (1.162.300 parados son universitarios, un 20% de los casi 6 millones de parados EPA y España tiene un 12,3% de paro entre universitarios, frente al 5,2% en Europa) o subempleados: un 25% de los universitarios hacen un trabajo de menor cualificación frente a un 12% en los países OCDE. Y eso después de que el país ha invertido durante 20 años en su formación.

Este es el grave problema que hay que afrontar, fomentando la Formación profesional y poniendo orden en la Universidad : menos campus y menos titulaciones con pocos alumnos, más prácticas y más investigación, y una enseñanza más ligada a las empresas, cobrando más por ella a los que puedan pagarlo pero con más ayudas a las familias con problemas. Pero todo esto no puede hacerse por decreto, sino con diálogo y pactos entre politicos, rectores, profesores y alumnos. No se puede imponer el futuro.

Carburantes en máximos: se buscan culpables

Los carburantes, el gasóleo y la gasolina, están en precios máximos, tras un agosto de fuertes subidas y el aumento del IVA en septiembre. El Gobierno está preocupado porque los carburantes han desbaratado el IPC y ha lanzado una cruzada contra las petroleras, acusándolas de tener altos márgenes. Pero es una ofensiva demagógica, ya que el margen es de céntimo y medio por litro, mientras los impuestos suponen casi la mitad del precio de los carburantes y volverán a subir en enero. Eso sí, a las petroleras hay que culparlas de poca competencia y de que retrasan las bajadas de precios. Pero el problema de fondo es que España consume e importa el doble de gasóleo que Europa y somos muy dependientes de un carburante que va a seguir subiendo. Hay que hacer otra política energética.

enrique ortega

Con las vacaciones subieron los carburantes, entre un 12% y un 16% este verano. Y la subida del IVA en septiembre, del 18 al 21%, fue la puntilla: +3,50 céntimos cada litro de gasóleo y +3,60 céntimos las gasolinas. Con ello, septiembre empezó con máximos históricos en los carburantes: más de 1,522 € litro la gasolina y 1,444 el gasóleo, que siguen altos esta semana (1,518 la gasolina y 1,441 el gasóleo). Precios que suponen pagar 10 euros más por llenar el depósito que hace un año.

Las alarmas han saltado en el Gobierno, tras conocer que los carburantes fueron culpables de más de la mitad de la subida del IPC de agosto (0,33 del +0,6 %), que subió la inflación anual al 2,7% (lo que obligará, si no se corrige, a gastar unos 4.000 millones en revisar pensiones). Y se han lanzado a una cruzada para bajar precios (unos días después de subir el IVA), echando la culpa a los márgenes de las petroleras, a las que han pedido que contengan precios y les amenazan con tomar medidas: facilitar la apertura de más gasolineras y ponerles más impuestos.

Lo de los márgenes elevados suena popular, pero no es verdad: las petroleras ganan un céntimo y medio por litro, el chocolate del loro en estas subidas. Los culpables hay que buscarlos en otros sitios, tras analizar los tres principales componentes (ver gráfico) del coste de los carburantes: los precios de la energía, los impuestos y los costes y márgenes.

Casi la mitad del precio de los carburantes (44,6% en gasolinas y 48,5% en gasóleos) lo determina el precio de la energía, pero no el petróleo, sino la cotización de los gasóleos y las gasolinas en dos mercados, el de Marsella (70% del precio) y el de Rotterdam (30%). Este verano, el petróleo Brent subió de 90 a 114 dólares (11 cts. por litro), pero subieron más los precios internacionales del gasóleo (12 cts.) y la gasolina (13 cts.), por la mayor demanda ante las vacaciones, el embargo a Irak y la crisis de Siria, la paralización de algunas refinerías en Estados Unidos y Venezuela, las bajas existencias de carburantes en EEUU y la bajada del euro (-7% de mayo a agosto), que encarece unos carburantes que se pagan en dólares.

Pero casi la mitad del precio de los carburantes en España son impuestos ( 47,7 % en gasolinas y 42,7% en gasóleo), que no han parado de subir : +2,9 céntimos de impuestos especiales en junio 2009, aumento del céntimo sanitario que cobran 11 autonomías (+4,80 céntimos por litro y + 7,20 céntimos en Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Castilla y León), más dos subidas del IVA, una en julio 2010 (del 16 al 18%) y otra ahora (al 21%). En total, 18 céntimos por litro en tres años, una subida del 42% en gasóleos (y 34% gasolinas).

Y queda el tercer bloque, otros costes y margen (7,6% del precio en gasolinas y 8,6% en gasóleos). Aquí, las petroleras incluyen los costes de transporte, almacenamiento, reservas estratégicas (92 días), comercialización, gastos financieros, incorporación obligatoria de biocarburantes, margen de la gasolinera y margen de la petrolera, que estiman en un 1%, un céntimo y medio por litro. O sea, que pagamos menos de un euro (82,5 céntimos) de beneficio bruto a la petrolera cada vez que llenamos el depósito (55 litros, unos 80 euros), mientras pagamos 38 euros por el combustible, 35 euros de impuestos y 6 euros por otros costes.

Aclarado el escandallo, sí hay que achacar a las petroleras dos culpas. Una, que tienen mucho poder (entre Repsol, Cepsa y BP tienen el 64% del mercado) y hay poca competencia entre ellas: incluso, en 2009, la Comisión de la Competencia (CNC) les puso una multa de 7,9 millones por acuerdos para fijar precios. Y la otra, que en ocasiones retrasan el traslado a los conductores de las bajadas de los precios internacionales (“los precios suben como cohetes y bajan como plumas”), algo que niegan. Ahora, el Gobierno ha encargado a la CNC que haga un nuevo informe para ver si hay competencia y transparencia.

Con todo, los carburantes en España tienen un precio en la media europea. Antes de impuestos, la gasolina es la 4ª más barata de la zona euro (tras Francia, Irlanda y Austria) y el gasóleo el 7º más barato, siendo más caro en Alemania, Finlandia, Italia, Grecia y Portugal, por ejemplo. Y si contamos los impuestos, menores que en la mayoría de Europa, la gasolina es la 2ª más barata de la zona euro  (tras Luxemburgo) y el gasóleo, el 3º más barato en los paises euro (tras Luxemburgo y Francia).

El problema es que, aunque los carburantes estén “a precio europeo”, consumimos e importamos más, con lo que España es muy dependiente: importamos el 38% del gasóleo, frente al 10% en Europa. Y eso porque tenemos un mayor consumo de gasóleo (80% de los carburantes frente al 55% en Europa), por nuestro mayor parque de diesel (52% frente al 37%  UE), por el mayor peso del transporte de mercancías por camión (83% en España frente al 45% en UE-27). O sea, somos más vulnerables a las subidas de precios, que van a continuar este otoño (por la mayor demanda del gasóleo de calefacción) y a las subidas de impuestos: en enero, los carburantes subirán entre 3,5 céntimos por litro (gasolina) y 4,5 (gasóleo), al desaparecer las exenciones fiscales a los biocombustibles.

Frente a cruzadas mediáticas contra las petroleras, el Gobierno debía cambiar la política energética: reducir el consumo y la importación de gasóleo (acelerando la reconversión de nuestras refinerías),ayudar a renovar el parque de vehículos (el 40% tienen más de 10 años y consumen un 15% más que los nuevos) y fomentar de verdad el coche híbrido y eléctrico (testimonial) y la utilización del transporte público (que sube sin parar). Sólo así podremos reducir de verdad nuestra carburodependencia, que se lleva cada mes más parte del sueldo. Es urgente. 

Un banco malo para salvar la banca

El Gobierno aprobó a finales de agosto su tercera reforma financiera, impuesta por Bruselas a cambio de los 100.000 millones del rescate bancario de junio, del que todavía no ha llegado un euro. Ahora, bancos y Cajas estarán estrechamente vigilados por Bruselas y el BCE, que forzarán cambios, despidos y hasta la liquidación de algún banco o Caja. Y el Gobierno pondrá en marcha un banco malo, una inmobiliaria mala donde irán los créditos y viviendas embargadas. La reforma financiera nos costará más de 200.000 millones, entre ayudas créditos y avales, más que todos los recortes hechos. Y no servirá para reanimar el crédito: bancos y Cajas estarán un año empantanados con esta reforma, necesitados de recursos y sin demanda solvente: no se piden créditos y crecen los morosos. La mejor reforma financiera sería hacer otra política y salir de la recesión.

enrique ortega

La crisis de Bankia forzó la petición del rescate bancario de junio y sus 100.000 millones para tapar un agujero inicial de 50.000 millones: 19.000 en Bankia más otros 30.000 en las otras tres entidades intervenidas (CatalunyaCaixa, NovaGalicia Banco y Banco de Valencia). Ahora, Bruselas y el BCE han impuesto a España una nueva reforma financiera, la tercera del Gobierno Rajoy y la quinta en los dos últimos años. Se busca detectar la situación real de bancos y Cajas, su agujero, y a partir de ahí, poner en marcha duros planes de ajuste que supondrán cierres de oficinas, despidos, reajuste de depósitos y créditos, cambios de directivos, fusiones y ventas y, si se ve conveniente, el cierre de alguna entidad (lo que negó inicialmente el Gobierno). De momento, no ha llegado un euro de Bruselas, que espera conocer antes las auditorías externas solicitadas (podrían estar a mediados de septiembre) y mandar entonces el primer dinero en octubre.

La otra exigencia de Bruselas ha sido que España cree un banco malo, más bien una inmobiliaria mala, donde irían los muertos del ladrillo, los créditos incobrables, el suelo y las viviendas embargadas que tienen bancos y Cajas, unos 175.000 millones de euros. Esta inmobiliaria mala se empezará a crear, antes de tres meses, con las cuatro entidades nacionalizadas, que tienen 75.000 millones en activos tóxicos: Bankia (43.500 millones), CatalunyaCaixa (16.367), NovaGalicia Banco (8.189) y Banco de Valencia (5.131).Y luego se incorporarían los activos tóxicos de las entidades con ayudas, mientras los grandes bancos y Cajas deben crear por su cuenta una o varias inmobiliarias malas para sanear sus activos del ladrillo. Al final, estas inmobiliarias malas tendrán entre 10 y 15 años para vender.

El primer problema del banco malo es quien quiere meterse en esta inmobiliaria mala, donde el Estado sólo podrá tener el 49,99%. Se buscan con prisa (el Gobierno irá a venderlo por Europa) inversores (bancos, fondos, agencias), para que se metan en esta aventura, cuyo éxito dependerá del precio al que se le vendan los créditos, solares y viviendas de bancos y Cajas: si es bajo, pueden venderlo en unos años con beneficios y si no, será un negocio ruinoso. Se habla de un descuento medio del 60%, pero eso podría aumentar más las pérdidas de bancos y Cajas, que sólo tienen provisionado un 35% de esos activos. El dilema es: o pierde la banca o pierde el banco malo o los dos. Al final, en uno u otro caso, lo pagaremos todos nosotros.

El Gobierno insiste en que esta quinta reforma financiera se va a hacer sin coste, pero las cuatro anteriores ya nos han costado 150.000 millones entre créditos, ayudas y avales (95.637). Y ahora habría que sumar otros 62.000 millones (mínimo), de los 100.000 que nos presta Bruselas (y que nos costarán unos 2.250 millones al año), un rescate que ya nos ha costado el superajuste de Rajoy en julio, con la subida del IVA y múltiples recortes (65.000 millones). Y a eso habrá que sumar las ayudas (fiscales y financieras) al banco malo para que salga adelante.

Pero hay otros costes. Empezando por los laborales: Bruselas impondrá el cierre de miles de sucursales y el despido de unos 20.000 empleados, que se suman a los 30.172 despedidos y 5.700 oficinas cerradas en los últimos años. Los accionistas de las cajas y bancos intervenidos perderán la mayor parte de su inversión, lo mismo que los que tienen preferentes o créditos participativos. Y también sus acreedores. Además, Bruselas puede forzar al cierre de algún banco o Caja (el Banco de Valencia tiene todas las papeletas), con lo que sus clientes sólo tendrían asegurados 100.000 euros por cuenta y perderían el resto. Y Bruselas dará un tajo a la Obra Social de las Cajas (1.125 millones en 2011), con lo que se perderán muchas ayudas asistenciales, sanitarias y culturales, sobre todo de Bankia.

Un alto coste para una reforma de la que se van a beneficiar cuatro grandes bancos (Santander, BBVA, Popular y Sabadell) y la Caixa, por el proceso de compras y fusiones, con ayudas públicas. Con ello, de 10 bancos y 45 Cajas hace tres años pasaremos a tener 7 bancos (dos grandes y dos medianos) y 5 Cajas (una grande y las demás pequeñas). Y todo ello, sin que los gestores culpables de esta crisis hayan asumido responsabilidades penales y con el abuso de directivos de Cajas intervenidas que se han llevado más de 100 millones en finiquitos.

Al final, la reforma financiera es otra exigencia de Bruselas para calmar los mercados aunque se vende como el camino para quitar los muertos del ladrillo a bancos y Cajas y que así puedan dar créditos a empresas y familias. Pero eso no va a pasar, al menos en el próximo año: las entidades estarán enfrascadas en los ajustes y en el inmenso papeleo que les exigen, buscando desesperadamente capital y digiriendo fusiones. Y además, no tienen quien les pidan créditos: las empresas no están para invertir y las familias tampoco, por la recesión. Y hay muy poca demanda solvente, con la morosidad en máximos históricos (9,4%). La opción sería crear un banco público con las cajas nacionalizadas y ponerlo a prestar a pymes y empresas, pero eso suena a anatema entre los fundamentalistas de Bruselas y Madrid.

Al final, llevamos dos años largos de reformas financieras, inútiles y muy costosas, para que no haya crédito ni perspectivas de tenerlo. Y la duda es que, con otro año más de crisis, bancos y Cajas pueden necesitar más ayudas, porque se les van a deteriorar sus cuentas. Ayudas que  acabaremos pagando todos, para salvar a la banca, a lo que quede de ella. A costa de recortes y de no salvar otras empresas e inversiones. Mal negocio.