1º mayo: el trabajo no es (ni será) lo que era

Viene otro 1º de mayo y aprovecharemos el “Día del trabajador” para coger puente y olvidarnos del trabajo, cada vez más difícil, precario e incierto. El que lo tenga, porque 1 de cada 7 españoles siguen en paro. España crece y las empresas ganan dinero, pero el poco empleo que se crea es temporal (90%), por semanas y mal pagado. Y más de un tercio, a tiempo parcial. España es el país con empleo más precario de Europa, un cáncer para la economía: los trabajadores precarios gastan menos, cotizan menos, pagan menos impuestos, no pueden tener familia ni piso y acaban “pasando” de la política o en las redes populistas y extremistas. Y encima, más de la mitad de los empleos actuales están en peligro por la tecnología y los robots, según la OCDE, que pide a los gobiernos una nueva estrategia para conseguir un empleo de calidad y más seguro. Urge que el próximo Gobierno Sánchez pacte una reforma laboral eficaz para conseguir empleos más dignos. Felices 1º de mayo... futuros.

enrique ortega

España lleva 5 años creciendo y las empresas aumentando sus beneficios, pero el empleo que se crea es precario y mal pagado. En 2018, el 89,75% de los empleos creados fueron temporales, casi igual que en plena crisis (92% empleos fueron temporales entre 2011 y 2015), según los datos de Trabajo. Y más de un tercio (el 35,8%) a tiempo parcial, por horas o días. Con ello, sólo el 6,5% de los empleos creados en 2018 (566.200) fueron “de calidad”, como deberían ser: empleos indefinidos y a tiempo completo, una “rareza” hoy día.

Como esta precariedad ha sido la tónica de la última década, vemos que una cuarta parte de los asalariados (4.419.500, el 26,86% del total) trabajan en España con un contrato temporal, según la EPA, el mayor porcentaje de temporales en Europa, por delante de Polonia (26,1%): son casi la mitad en la UE-28 (14,3%) y estamos peor que Francia (16,8% de temporales), Italia (15,5%), Alemania (12,9%) o Reino Unido (5,6%), según Eurostat. Y además de ser el país con más contratos temporales (sobre todo entre jóvenes, mujeres, inmigrantes y trabajadores no cualificados), somos el país con más contratos de menor duración: en España, el 60% de los contratos temporales son por menos de 6 meses (la cuarta parte, por menos de una semana), frente a sólo el 15% en Alemania, según la OIT. Y resulta además que un 85% de estos contratos temporales son “involuntarios” (se cogen porque no se encuentra un empleo indefinido), frente a un 75% en Italia, 30% en Holanda o 15% en Alemania.

Otro signo de precariedad son los contratos a tiempo parcial, por horas o días, que tienen ya un 14,8% de los trabajadores españoles, todavía menos que en Europa (19,4% de los contratos son a tiempo parcial en la UE-28), Francia (18,2%), Italia (18,5%), Reino Unido (24,9%) y Alemania (26,9%), según Eurostat. Pero la diferencia es que en esos paises hay gente que “busca” trabajos por horas o días, mientras en España es la única opción que tiene mucha gente para trabajar, sobre todo jóvenes y mujeres: aquí el 61,1% del trabajo a tiempo parcial es “involuntario” frente al 26,4% en la UE-28.

Lo más preocupante de esta alta precariedad es que no ha venido con la crisis sino que es estructural en España, viene de tres décadas atrás. Los “contratos temporales no causales” nacen en 1984, con el primer Gobierno de Felipe González, que los crea para fomentar la contratación con indemnizaciones más bajas que los indefinidos. En 1987 son ya el 23% de los contratos y en 1995 ya alcanzan el récord del 40%. Y en 2007, antes de la crisis, tenían un contrato temporal el 32% de los trabajadores, más que ahora. Con la recesión, las empresas empiezan a despedir por los temporales, con lo que su peso baja, al 29,98% en 2011 y al mínimo del 23% en 2012. Y ya en 2013 suben ligeramente (23,52%), hasta el 24% en 2014 y el 26,86% de 2018, todavía menor que en 2007 (32%). Esto significa que, con recesión o con recuperación, los empresarios apuestan por los contratos temporales y tienen “miedo” a hacer contratos fijos, aunque ahora sea más fácil y barato despedir, tras la polémica reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012.

Podría pensarse que las empresas utilizan los contratos temporales para “probar” a sus trabajadores, en el camino a hacerlos luego fijos. Pero la realidad es que sólo el 8% de los contratos temporales se hicieron fijos en 2017, casi la mitad que en Europa (el 24% de los temporales se hacen fijos en la UE-28). Y esto tampoco ha cambiado con la recuperación, porque siempre han sido pocos los trabajadores  temporales que pasaban a fijos: si eran un 18/20% en los años de bonanza, bajaron al 15/16% en los años de crisis y ahora se mantienen en el 14,6%, según el Banco de España. Lo que hacían y hacen las empresas es contratar a mucha gente para un mismo puesto, una gran rotación: en 2018 se hicieron 5,2 contratos temporales por cada empleo, cuando en 2007 se hacían 3,4 contratos. A lo claro: se reparten los trabajos entre más gente y por eso hay más gente trabajando (en precario).

“El uso generalizado de los contratos temporales supone un freno para el potencial de crecimiento y la cohesión social en España”, alertó en febrero de 2019 la Comisión Europea, en su último informe sobre España. Y es que la precariedad laboral no sólo es algo injusto para los que la sufren sino que además es un cáncer para la economía y toda la sociedad: los trabajadores precarios ganan menos (un 23% son “pobres”) , gastan menos (menos consumo y menos crecimiento), cotizan menos (más déficit pensiones), pagan menos impuestos (peor Estado del Bienestar), no pueden emanciparse y formar una familia (baja natalidad) y tienen un menor arraigo social y político, lo que favorece su “pasotismo” o su extremismo, dificultando la cohesión social y política como advierte Bruselas.

Como se ve, el trabajo fijo y estable es una entelequia del pasado lejano y a la precariedad laboral actual se suma la preocupación por el futuro, porque la tecnología, la digitalización y los robots van a revolucionar el trabajo en las próximas décadas, como revela el reciente estudio de la OCDE “Cómo es la vida en la era digital”. El dato es muy impresionante: un 52% de los actuales empleos en España están en riesgo por la tecnología y la automatización (un 30,2% sufrirán cambios importantes y un 21,7% podrían desaparecer), frente al 45,6% en la OCDE (donde el 14% de empleos podrían desaparecer y un 30,2% cambiar). España (ver informe OCDE 2019 sobre futuro del empleo) es el 9º país más afectado de la OCDE (36 paises desarrollados), sólo por detrás de Eslovaquia, Lituania, Turquía, Grecia, Japón, Alemania, Chile y Eslovenia (con el 60-70% de sus empleos en riesgo). Y estamos lejos de Noruega o Nueva Zelanda (sólo tienen un 30% de empleos en riesgo), Reino Unido (35%), Francia e Italia (50% de empleos en riesgo).

El dato llama a la reflexión y a tomar medidas, como propone la OCDE, básicamente en el terreno de la educación y la formación, para adaptar a los jóvenes actuales a esos empleos futuros que imponen la digitalización y robotización de todas las economías. La OCDE plantea a los Gobiernos, en su reciente informe “Buenos empleos para todos en un mundo cambiante” una estrategia laboral que ayude a trabajadores y empresas a adaptarse a ese mundo laboral futuro, impulsando más empleo, de calidad e “inclusivo”, que no deje atrás parados sin futuro. La propuesta de la OCDE es que si antes se hizo hincapié en la flexibilidad laboral (década 1990) y en el fomento del empleo (década 2000), ahora hay que hacer hincapié en un empleo de calidad, combinando “eficiencia” y “equidad”. Y pone como ejemplo de esta estrategia a cuatro paises nórdicos: Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega.

El problema de España es que su punto de partida para lograr ese triple objetivo (más cantidad de empleo, de calidad e “inclusivo”) es peor que el de otros paises, según el análisis que nos hace la OCDE. En cantidad de empleo, el dato de España es bajo: trabajan el 65,5% de los mayores de 20 años, sólo mejor que Turquía (55,3%) y lejos de la media OCDE (72,1%) y del mejor país, Islandia (trabajan el 87,2%). En tasa de paro, también somos el 2º peor (14,3%), tras Grecia (18,5%) y muy lejos de la media OCDE (5,2% de paro). Y en población laboralmente “subutilizada” (inactivos, parados o con trabajos por horas), España es también el segundo peor país de la OCDE, con un 39,3% de adultos “subutilizados”, sólo por detrás del Grecia (44,8%), lejos del 27,2% de la OCDE y del 12,6% de Islandia.

En calidad del empleo, ya hemos visto que somos líderes en precariedad y estamos peor que  la mayoría de la OCDE en calidad de ingresos (salarios/hora), seguridad laboral y tensión laboral. Y en “inclusividad”, somos el 2º país con más trabajadores con bajos ingresos (tras Grecia) y uno de los paises OCDE  con menos empleo de los grupos sociales más débiles (madres con hijos, jóvenes poco formados, mayores de 55 años y discapacitados).

Así que conseguir crear más empleo, de calidad y para todos (“inclusivo”), los tres grandes objetivos que marca la OCDE para las próximas décadas, nos va a costar más que a otros paises. Y más porque la OCDE señala otra característica preocupante en España: nuestra economía tiene menor capacidad de resistencia (“resiliencia”) ante las crisis, la peor de la OCDE. Así, señala el informe, una caída del 1% del PIB aumenta la tasa de paro en los 3 años siguientes un 0,9% en España, frente al 0,4% que lo aumenta en la OCDE y el 0,1% en Luxemburgo. Esta menor “resistencia” de la economía española contra el paro tiene mucho que ver con nuestro modelo económico (más servicios y menos industrias), la baja tecnología, el exceso de pymes (las grandes empresas aguantan mejor la crisis) y, sobre todo, 2 factores claves: la elevada precariedad (los trabajadores temporales son más fáciles de despedir) y la baja formación (el 40,9% de adultos españoles tienen sólo la ESO o menos, frente al 21,8% en la OCDE y el 19,8% en la UE-22, según el informe Panorama de la Educación 2018 de la OCDE).

Así que España tiene una gran tarea por delante para conseguir mejorar el empleo y que llegue a más gente. Para conseguirlo, la gran receta de la OCDE es “invertir en un sistema de educación y formación eficaz, que dote a los trabajadores de las competencias que piden las empresas y les formen a lo largo de toda su vida laboral”. Además, el informe de la OCDE propone “mejorar la protección social”, para que todas las personas estén cubiertas por regulaciones laborales básicas y tengan derecho a prestaciones sociales, “al margen del tipo de contrato o empleo que tengan”, ampliando los subsidios no contributivos y las prestaciones sociales (incluida una posible renta básica). Una propuesta que tiene un gran sentido en España, donde casi la mitad de los parados EPA no cobran nada: sólo hay  1.844.843 parados con subsidio, el 55,83% de los españoles que se declaran en paro, según Trabajo. Y de ellos, la mayoría  (1.053.869 parados) cobraban  un subsidio asistencial, de 430 euros al mes, mientras los 790.974 restantes cobran un subsidio contributivo, 824,80 euros de media (con grandes diferencias, según autonomías, sexo y trabajo que hayan tenido). Y el 44,17% de parados restante no cobran nada.

Al margen de estas propuestas a medio plazo, urgen medidas a corto plazo para reducir la precariedad laboral, que entorpece la recuperación. Para ello, el futuro Gobierno debería actuar en 2 frentes. Por un lado, hacer cumplir la Ley, reforzando la inspección de Trabajo para descubrir y multar a las empresas que utilizan fraudulentamente los contratos temporales (sólo en 2018, la inspección forzó la transformación de 195.000 falsos temporales en indefinidos) y los falsos contratos a tiempo parcial (contratos por horas que encubren jornadas completas sin cotizar ni pagar por ellas), elevando las multas en ambos casos (hoy son muy bajas y a las empresas les compensa arriesgarse). Y por otro, pactar con sindicatos y patronal una nueva reforma laboral, que simplifique la contratación y penalice con un aumento de cotizaciones a las empresas que abusen de los contratos precarios. Una reforma laboral que debe incluir a las nuevas plataformas digitales, donde la falta de legislación está multiplicando la precariedad y los abusos laborales sobre muchos jóvenes.

El trabajo ya no es como era y lo será menos en unas décadas, por la creciente competencia global y la tecnología. Pero no se puede dejar al mercado laboral y a las empresas a su aire, sino que hay que anticiparse a esos cambios con formación y con normas legales, para evitar la precariedad laboral y los abusos. Y como dice la OCDE, los Gobiernos deben anticiparse, de la mano de unos sindicatos que han de reconvertirse y de unas empresas que tienen que olvidarse de competir a base de precariedad, que han de ganar dinero sin explotar a sus trabajadores. Este es el gran pacto social que hay que configurar en Europa y en España, con fuertes inversiones en educación y formación y con ayudas a trabajadores y empresas para afrontar mejor el futuro. Porque si no, el trabajo en el siglo XXI será “una nueva esclavitud”  y destrozará la cohesión social y política conseguida. Trabajar sí, pero más dignamente.