En diciembre, la industria del automóvil recibió un regalo de Reyes anticipado: el Gobierno Sánchez les permitió seguir rejuveneciendo sus plantillas, facilitando la jubilación parcial de sus trabajadores mayores a cambio de contratar a un joven. Suena bien. El problema es que sólo la industria puede hacerlo. El resto de españoles tienen que esperar a jubilarse a los 65 años y 8 meses en 2019, dos meses más tarde que en 2018. Y también suben 3 meses los años de cotización exigidos para cobrar el 100%. Pero como hay muchos mayores en paro y otros no se fían de lo que pase, siguen creciendo los que se jubilan anticipadamente, aún perdiendo parte de pensión, sin los privilegios del automóvil: serán 146.000 los que se jubilen en 2018 con menos de 65 años, el 42,7% del total. Urge facilitar la jubilación a los parados mayores de 60 años (154.300) y fomentar el rejuvenecimiento de todas las plantillas. Pero antes, hay que asegurar más ingresos para las pensiones, porque su factura alcanzó un récord histórico en diciembre y ya cuestan un 35% más que en 2010.
La mayoría de españoles con más de 50 años siguen muy preocupados por lo que va a pasar con su pensión. Y por eso, en cuanto pueden se jubilan, sin esperar a los 65 años, aunque pierdan dinero por anticipar su retiro. Es lo que viene pasando desde 2012, cuando el total de jubilaciones saltó a 308.400, tras la “reforma” (recortes) de Zapatero en 2011 (año con sólo 286.143 jubilaciones). Y luego dieron otro salto en 2013 (314.204, el récord), a raíz de la “nueva reforma” (más recortes) aprobada por Rajoy. Y así ha seguido, rondando las 300.000 jubilaciones anuales hasta 2017, año en que alcanzaron la segunda mayor cifra de la década: 309.709 jubilaciones. Y todo apunta a que este año 2018 se batirá el récord de jubilaciones, unas 330.000, a la vista de que van 309.472 jubilaciones hasta noviembre, según los últimos datos de la Seguridad Social.
Crecen las jubilaciones
pero sobre todo porque casi la mitad son
jubilaciones anticipadas, hechas antes de los 65 años: concretamente 132.275 jubilaciones hasta noviembre, el
42,74% de las jubilaciones hechas en 2018, un porcentaje que ha crecido en
los últimos años (eran el 41% de las jubilaciones en 2014, llegaron al 44,3% en
2016 y se mantuvieron en el 43,13% en 2017). El grueso de prejubilaciones
se da a los 61 años (55.084 hasta octubre), 63 años (41.675) y 64 años
(20.621), pero también las hay antes
(3.225 personas se han jubilado en 2018 con menos de 60 años), por trabajadores despedidos
por EREs. Con ello, la edad media de
jubilación en España está en 64,2 años (igual que en
2014), por debajo de la media de los 35 paises industrializados de la OCDE, que
se jubilan de media a los 64,3 años. Así que nos jubilamos antes y
como además vivimos más años que el resto de occidentales (salvo Japón),
nos crece más el gasto en pensiones año tras año.
Las causas de este aumento
de las jubilaciones son básicamente tres. Una, el envejecimiento de la población: los mayores de 65 años han
aumentado del 16,6% de los españoles en 2007 al 19,2% de la población
en 2018. La segunda,
que muchos mayores están sin trabajo
y sin perspectiva de que les contraten por su edad, con lo que se jubilan en
cuanto pueden. En septiembre de 2018 había en España 838.900 mayores de 50 años en paro, según la EPA, el triple que antes de la crisis
(281.600 parados mayores de 50 años en 2007). Y de ellos, hay 154.300 parados con 60 a 64 años, muchos de ellos sin cobrar el paro (algunos parados
con más de 55 años pueden cobrar 430 euros al mes hasta jubilarse), que son los
primeros que buscan jubilarse anticipadamente como sea.
Pero hay una tercera
razón que dispara las jubilaciones: el miedo a lo que pueda pasar con las pensiones, a la vista de lo que
se comenta y de la entrada en vigor de las reformas de 2011 y 2013. En 2018 han
crecido más las jubilaciones porque se sabía que el 1 de enero de 2019 entraba
en vigor un nuevo sistema de cálculo, el
llamado “factor de sostenibilidad”,
aprobado por Rajoy en 2013: se vincularán
las nuevas pensiones a la esperanza de vida de cada generación, que crece
cada año, con lo que la pensión inicial bajará año tras año
(“menos pensión durante más años”). Este “factor de sostenibilidad” iba a
recortar ya las nuevas pensiones en 2019 un 0,5%, según los expertos del BBVA. Y otro tanto en 2020 y 2021, para recortarlas
entre un 4 y un 6% hasta 2029. Al final, en abril de 2018, Rajoy firmó un pacto de pensiones con el PNV y se acordó retrasar este recorte hasta 2023.
Pero no impidió que las jubilaciones crecieran un 22,7% en abril (el miedo previo al acuerdo) y luego un 10,3% en octubre y un 14,43% en noviembre.
Lo que no se ha cambiado es el endurecimiento de las jubilaciones en 2019, otro acicate más a que haya habido récord
de jubilaciones en 2018, para evitarlo. A partir de enero, se amplía en 2 meses la edad de jubilación,
hasta los 65 años y 8 meses, que irá
aumentando paulatinamente hasta los 67 años en 2027. Y se endurece también en 3 meses el periodo de
cotización exigible para cobrar el 100% de la pensión: 36 años y 9 meses.
Esto repercute en los que se quieran
jubilar anticipadamente, porque
este año tendrán que tener 63 años y 8
meses (2 meses más que en 2018), además del requisito de haber cotizado un mínimo de 35
años y de ellos 2 al menos en los últimos 15 años. Y por supuesto, los que se
jubilen anticipadamente deben saber que pierden
entre un 6,50% y un 8% de pensión
(según los años cotizados) por cada año que anticipen su jubilación (ver requisitos exigidos).
Estas son las condiciones de las jubilaciones y prejubilaciones de la gran mayoría de españoles, que
se van a endurecer año tras año con las reformas de 2011 y 2013 (jubilarse más
tarde y con menos pensión). Pero hay dos excepciones. Una, los afectados por los ERES de la pasada década (empleados de Telefónica, banca y grandes empresas), que han estado cobrando el paro estos años y que se
pueden jubilar este año 2019 sin los recortes aprobados por Rajoy en 2013,
gracias a un decreto-ley que ha aprobado
el Gobierno Sánchez a finales de diciembre para darles un año de prórroga. Algo que no convence a los afectados, porque fueron
despedidos con unas condiciones de paro y jubilación (muy beneficiosas) que se les cambiaron después, con la reforma de Rajoy de 2013: se fueron pensando
en poder jubilarse a los 63 años, por ejemplo, y de no haberlo cambiado ahora
el Gobierno, tendrían que esperar a tener 66 años en 2021… Pero sufrirán el
problema en 2020.
La otra excepción,
menos justificable, es el regalo que hizo en diciembre el Gobierno Sánchez a la industria del automóvil: otro decreto ley les permite seguir 4 años más con los contratos de relevo, una modalidad que se
terminaba el 1 de enero de 2019 y por la que pueden seguir rejuveneciendo plantillas a costa de la Seguridad Social. Estos
contratos de relevo eran muy habituales en España y suponen que un trabajador
mayor reduzca su jornada y a cambio entre a trabajar uno joven al que forma
antes de jubilarse. Lo normal es que el
trabajador mayor coja una jubilación
parcial, por la que cobra un 25% de sueldo y el 75% restante como pensión.
El “truco” es que, a raíz de una sentencia del Supremo, podrían concentrar las horas en unos meses o años, con lo que el trabajador mayor se acababa jubilando antes,
como si fuera una jubilación anticipada, sin
ninguna penalización (con el 100% de pensión) y sin tener que formar al joven
que le “releva”. Y con ello, muchas industrias utilizaban este sistema para
cubrir con esos jóvenes vacaciones y picos de producción.
Al plantearse la reforma de las pensiones de 2011
y 2013, se acordó acabar con esta jubilación
parcial encubierta porque era muy costosa. Baste decir que se han acogido a
ella unos 340.000 trabajadores entre 2003 y 2018 (el 70% en los servicios, no sólo en la
industria), con un coste para la
Seguridad Social de 30.000 millones de euros, según un estudio de FEDEA. Por ello, se dio a las empresas una prórroga para acabar con estas jubilaciones parciales el 1 de enero de 2019. Y así ha sido, con
una excepción: la industria y principalmente la industria del automóvil, a la que un decreto ley aprobado el 7 de diciembre permite seguir con estas
jubilaciones parciales 4 años más, hasta
enero de 2023. El resto de empresas españolas ya no pueden hacer estas
jubilaciones anticipadas sin penalización.
La industria del
automóvil llevaba meses pidiendo esta
excepción, siempre con el mismo argumento: la necesidad de rejuvenecer las
plantillas para que “no se ponga en
riesgo la competitividad futura de las plantas de fabricación y montaje”,
como hace suyo el propio texto del decreto-ley. En realidad es “un chantaje” en toda regla: o nos dejáis cambiar mayores por jóvenes a costa de
que la SS pague un 75% de sus horas o nos podemos llevar la fabricación de los
nuevos modelos a Europa del Este, Asia o México. Y lo pueden hacer.
Además, es un “detalle” del Gobierno
Sánchez ante una industria que se siente amenazada por el fin del diesel y
la gasolina en 2040. La medida, que salió adelante en la convalidación del Congreso
gracias a la abstención del PP, Ciudadanos y Podemos, podría beneficiar a 24.015 trabajadores jóvenes hasta 2026 y costará 1.778 millones a la Seguridad Social, aunque otros cálculos estiman que
será más (sólo en 2017, el contrato de relevo en el automóvil costó a la SS
unos 2.200 millones de euros).
Los sindicatos
apoyan este contrato de relevo, pero critican
que rompe la equidad de trato con el resto de empresas y han pedido por carta al presidente Sánchez que se extienda a todas las empresas
del país, como herramienta para luchar contra el elevado paro juvenil (hay
934.500 parados con menos de 30 años, el 28% del total). Está claro que
rejuvenecer plantillas y cambiar
empleados mayores por jóvenes en paro bien formados sería una buena medida para mejorar la
competitividad de la economía y reducir el paro juvenil de España, el 2º
mayor de Europa. Y no sólo en la industria, sino en sectores muy envejecidos, como la sanidad, la educación y las plantillas
públicas (los Ayuntamientos tienen un personal con 60 años de media), así
como en el transporte, el comercio, la
hostelería, las oficinas y los trabajadores de la limpieza, sectores donde
la mayoría de trabajadores tienen más de 50 años.
Pero hay un gran problema para generalizar este
contrato de relevo: su elevadísimo coste. Se estima en 120.000 euros de media por jubilado, lo que significa que relevar a 100.000 trabajadores mayores costaría a la Seguridad Social
12.000 millones de euros. Y
probablemente, si se abriera la mano, se
querrían ir más de un millón, lo que haría quebrar a la Seguridad Social.
Así que la medida es buena, pero no se puede pagar y menos con una SS que tiene un déficit crónico (será de -17.000 millones de euros en 2018).
Así que lo lógico sería no hacer excepciones (automóvil) y
si se hacen sea con un Plan para todos los sectores, estableciendo prioridades
y haciendo que las empresas beneficiadas paguen una parte. Y en paralelo, dar una salida a los españoles que necesitan
jubilarse anticipadamente, en especial a los parados de 60 a 65 años (154.300 en septiembre, según la EPA).
Y no olvidarse de los parados de 52 a 55 años, que siguen sin poder cobrar un subsidio de
paro desde que se lo quitó Rajoy en 2013. Ya hay un acuerdo, incluido en el pacto del Gobierno y Podemos,
para que esos 114.000 parados puedan cobrar un subsidio asistencial (430 euros al mes) hasta
que se jubilen, como hacen los parados mayores de 55 años, y para que se cotice
por ellos el 120% de la base mínima hasta que se jubilen (Rajoy lo bajó al
100%), dos medidas que cuestan 323 millones al año. Pero el problema es que para aplicarlo, al Gobierno Sánchez no le vale
un decreto Ley sino que necesita incluirlo en el Presupuesto para 2019, cuya aprobación es casi imposible.
Recopilando, vemos que las
jubilaciones siguen creciendo y que casi
la mitad se anticipan, antes de los 65 años y 8 meses legales, porque la gente
tiene miedo de esperar y mañana jubilarse peor. Y mientras, la industria del automóvil se beneficia en
solitario de unas ayudas para jubilar parcialmente a sus trabajadores mayores
que vendrían bien a todas las empresas e instituciones
del país, pero no se puede pagar. Por eso, rejuvenecer plantillas y dar
empleo a los jóvenes exige aumentar los ingresos de la Seguridad Social, no sólo para pagar unas pensiones
dignas y asegurar las futuras sino para que más trabajadores mayores, empleados
o en paro, puedan jubilarse. Está todo
unido y pasa por aumentar
cotizaciones (empresas y trabajadores pagan menos que la media europea) y por
transferir más ingresos públicos a la SS, lo que exige una reforma fiscal, no para que paguemos más
la mayoría, sino para que paguen más los que pagan poco: grandes empresas, bancos, multinacionales y ricos.
Pero iniciamos nuevo
año, con la factura de las pensiones en máximos históricos (9.317 millones en diciembre 2018, un 35,6% más que en diciembre de 2010) y sin que nadie aporte
soluciones ni se aborde una reforma de las pensiones, sólo “parches”
como la subida del 1,6% o la “paguilla” para compensar la deviación del IPC en
2018 (3.000 millones más de gasto extra en pensiones para 2019). Es
irresponsable dejar pasar los meses sin abordar la reforma de las pensiones,
mientras los españoles “se buscan la
vida”, jubilándose en cuanto pueden por
lo que pueda pasar. Si hay elecciones, 2019
será otro año perdido para las pensiones. Y si no las hay, el ambiente de enfrentamiento
político constante impide cualquier pacto,
la única salida posible. Hagan algo,
por favor.
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