Adiós a las minas y centrales de carbón

Este 31 de diciembre se cierran las pocas minas de carbón que hay en España, un sector que ya ha cerrado 226 empresas y perdido 50.000 empleos en los últimos treinta años, afectando seriamente a Asturias, León y Teruel. Sólo seguirán abiertas las minas que sobrevivan sin ayudas públicas, quizás 3 de las 8 empresas mineras supervivientes. Y en enero de 2019 se empiezan a desmantelar las primeras centrales térmicas: las de Compostilla (León) y Andorra (Teruel), a las que seguirán Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) y otras 6 centrales que cerrarán para 2020. Y la futura Ley de Cambio Climático prevé que ninguna de las 15 centrales térmicas de carbón existentes funcione en 2030. Son las dos consecuencias de la “guerra contra el carbón”, una energía responsable, con el petróleo, del Cambio climático. El objetivo es que en 2030, no obtengamos ya luz del carbón y el 70% sea renovable (hidráulica, eólica, y solar). Tendremos una luz más limpia y algo más cara.

enrique ortega

El carbón es, junto al petróleo, el combustible fósil que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y al Cambio Climático. A pesar de ello, su producción mundial sigue en auge y se extraen 5.000 millones de toneladas anuales, sobre todo en China y EEUU, seguidos de lejos por India, Australia, Sudáfrica, Rusia, Indonesia y Polonia, que proveen la demanda mundial de carbón, dirigida sobre todo a la producción de electricidad (el 39% de la luz mundial se genera con carbón), la fabricación de hierro y acero, la producción de cemento y como combustible para calentarse y cocinar en muchos paises. El carbón es un combustible “peligroso”, no sólo porque emite CO2 sino muchos otros gases de efecto invernadero (SO2, NOx, CO), partículas microscópicas y  sustancias muy nocivas para la salud, como mercurio, arsénico, plomo y cadmio. Y la minería de carbón es también una fuente de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el CO2.

En España, las centrales térmicas de carbón son responsables del 14% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero: 46,5 millones de Tm de CO2 equivalente en 2017, emisiones que aumentaron el año pasado por un mayor consumo de carbón en la generación de electricidad ante la falta de agua: el 17,2% de la luz se produjo con carbón (aportaba el 14,4% en 2013), la tercera fuente de generación eléctrica tras la energía nuclear (22,4% de la luz) y eólica (19,2%), según los datos de Red Eléctrica (REE). Y así, de las 10 instalaciones más contaminantes en España, 6 son centrales térmicas, según el Observatorio de Sostenibilidad: las centrales de As Pontes (A Coruña), Andorra 1,2 y 3 (Teruel), Compostilla (León), Carboneras (Almería) y Alcudia (Mallorca), las 5 de Endesa, y la de Aboño (1 y 2), en Gijón (Asturias), de EDP (antes Hidrocantábrico). Y entre las 30 centrales térmicas que más contaminan en Europa (una lista encabezada por Polonia y Alemania) hay dos centrales térmicas españolas: la gallega As Pontes (puesto 20) y la asturiana Aboño (puesto 30), con Endesa como la tercera empresa más contaminante de Europa.

A pesar de sus emisiones, el carbón ha sido una energía subvencionada, en todo el mundo y más en España. Las ayudas se han dirigido primero a las minas, para que pudieran competir con el carbón de importación, más barato y con más poder energético. Las ayudas públicas a las empresas mineras, con cargo al Presupuesto (contribuyentes) han sido de 22.000 millones de euros desde 1.992, según las estimaciones de Greenpeace España, aunque la patronal Carbunión sólo habla de los 524 millones recibidos desde 2011. Y luego hay que sumar las ayudas a las centrales térmicas, que son de dos tipos y las hemos pagado los consumidores en el recibo de la luz. Unas, las ayudas concedidas a 10 centrales térmicas españolas por consumir carbón nacional: 1.300 millones entre 2010 y 2014, según Greenpeace España. Y las otras, las ayudas concedidas a todas las centrales térmicas (usaran carbón nacional o importado) por estar disponibles, unos pagos que habrán rondado los 5.000 millones de euros en las últimas décadas. En total, más de 28.000 millones de euros en ayudas a empresas mineras y centrales térmicas que han salido de nuestro bolsillo. Y eso sin contar los costes sanitarios provocados por el carbón y que algunas fuentes cifran en 3.700 millones de euros más.

En diciembre de 2010, el Consejo Europeo decidió cortar las ayudas al carbón que estaban pagando todos los paises europeos, como una medida clave para reducir emisiones y frenar el Cambio Climático. La Decisión 2010/78/UE estableció que ninguna mina de carbón europea podía recibir ayudas públicas a partir del 31 de diciembre de 2018. En 2016, y por presión del Gobierno Rajoy, la Comisión Europea aprobó el último paquete de ayudas a la minería española: 2.130 millones a distribuir entre 22 minas para cubrir sus pérdidas, pagar indemnizaciones y cotizaciones y cubrir los gastos de seguridad y rehabilitación tras el cierre. Al aproximarse la fecha de cierre, el Gobierno Rajoy y el sector minero trataron de conseguir una nueva tregua en Bruselas, pero la Comisión lo dejó claro en 2017: las minas españolas tendrán que cerrar el 31 de diciembre de 2018 y si no lo hacen tendrán que devolver las ayudas recibidas desde 2011. Y las que sigan, lo harán sin ayudas públicas. Este 21 de diciembre, Alemania cerró su última mina de carbón en la cuenca del Ruhr.

Ante esta disyuntiva europea, la mayoría de las pocas minas españolas aún abiertas (sólo hay 8 empresas mineras en funcionamiento) cerrarán este 31 de diciembre, porque no son económicamente viables y menos si tienen que devolver las ayudas recibidas desde 2011. Solo dos empresas mineras privadas, Hijos de Baldomero García (León) y Sanca (Aragón) han manifestado su intención de seguir abiertas, negociando la devolución de las ayudas, además de la empresa pública Hunosa (que mantendrá abierto sólo1 de sus 3 pozos: la Nicolasa en Mieres). Para hacer frente al cierre de las empresas y minas restantes, el Gobierno Sánchez pactó en octubre, con los sindicatos  y la minería privada (se ultima el Plan de Hunosa), un Plan para dar cobertura a los mineros que se queden sin trabajo (indemnizaciones, prejubilaciones con al menos 48 años y una bolsa de empleo para tratar de recolocarlos) y para intentar reactivar las comarcas afectadas, con una dotación de 250 millones de euros (poco) para proyectos económicos alternativos en Asturias, León, Teruel y Ciudad Real, las zonas mineras más afectadas por el cierre. Zonas donde hace 10 años que se sabe que el carbón va a morir y donde no se han conseguido empleos alternativos sino que ha aumentado su declive y su paro. El Plan cuenta con unos primeros 100 millones de euros, tras un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona.

El Plan de transición de la minería 2019-2027 es un intento de paliar la muerte del carbón, que no es de ahora, sino que lleva al menos dos décadas gestándose, por la incapacidad de las minas españolas de competir con el carbón extranjero y la caída de la demanda de las centrales térmicas, que en 2017 compraron fuera el 87% del carbón que quemaron, sobre todo en Colombia, Rusia, Indonesias y Sudáfrica. Baste decir que si en 1990 había en España 234 empresas mineras, que empleaban a 45.212 trabajadores, en 2017 sólo quedaban 8 empresas (Hunosa, que supone la mitad del sector y las privadas Hulleras vasco-leonesa, Uminsa, Mineroastur, Carbonar, Hijos de Baldomero García, Samce y Compañía General Minera), que empleaban a 2.197 trabajadores, según la patronal Carbunión. Y si en 1990 se extraían en España 19,32 millones de Tm de carbón, en 2017 se extrajeron 2,78 millones. Y en los próximos años, la minería desaparecerá.

También desaparecerán las centrales térmicas que se alimentan de este carbón y del importado. Todos los paises, sobre todo China e India, están tratando de reducir su consumo de carbón y Europa quiere dar ejemplo suprimiendo el consumo de carbón para 2030. La pelea en el seno de los 28 ha sido ardua, porque Alemania y la Europa del Este están entre los mayores productores y consumidores de carbón del mundo (en Alemania, el 40% de la electricidad procede del carbón). Pero en diciembre de 2017, en la Cumbre del Clima de Bonn, una Alianza (“Powering Past Coal Alliance”) integrada por 25 paises (Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, Holanda, Finlandia y Canadá entre ellos) acordó cerrar minas y centrales de carbón para 2030. Una decisión a la que no se sumó el Gobierno Rajoy ni Alemania o Polonia, aunque ahora el Gobierno Sánchez lo apoya.

En lo que sí hubo acuerdo en Europa, en 2010, es en aprobar una Directiva para obligar a las 293 centrales térmicas europeas a realizar inversiones para reducir sus emisiones y sobre todo los gases y partículas más peligrosos. Y si no, las centrales de carbón más contaminantes tendrán que cerrar el 30 de junio de 2020. Algunas eléctricas echaron las cuentas y concluyeron que no les compensaba mantener abiertas algunas centrales de carbón, no sólo por las enormes inversiones que tenían que hacer antes de 2020 para que fueran más limpias sino porque generar luz con carbón se ha hecho más costoso al haber subido los derechos de CO2 que tienen que pagar los que contaminan (el coste de la Tm. de CO2 ha pasado de 6 euros en agosto 2017 a más de 20 y podría cerrar este año 2018 en 25 euros).

Por todo esto, en noviembre de 2017, Iberdrola anunció su decisión de cerrar todas sus centrales de carbón en el mundo y entre ellas las dos que tiene en España, la de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Y sorprendentemente, el ministro Nadal se opuso, amenazando a la eléctrica y al resto con aprobar un decreto-ley para “prohibir cerrar centrales”, argumentando que eso iba a encarecer el recibo de la luz. Al final, el Gobierno Rajoy no contó con el apoyo del PSOE para convalidar el decreto y no lo aprobó, pero provocó el rapapolvo de Bruselas, que “advirtió de oficio” al Gobierno español. Y de paso, investigó las últimas ayudas públicas aprobadas en 2007 (8.750 millones durante una década), para que las centrales instalaran filtros de SO2, “no tienen finalidad medioambiental ni son compatibles con la legislación comunitaria”. Y le pidieron al Gobierno Rajoy que en lugar de decretos anti-cierre, asegurara que las centrales más contaminantes se cerraran en 2020.

Ahora, con el Gobierno Sánchez, sumado a la “guerra contra el carbón”, las eléctricas ya están perfilando su estrategia de cierres e inversiones en las 15 centrales térmicas que hay en España. Endesa ha comunicado al Gobierno que el 1 de enero empieza el desmantelamiento (se tarda de año y medio a 2 años en cerrarlas) de dos centrales térmicas, la de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), abriendo los correspondientes EREs. Y tiene un plan de inversión para que las centrales de As Pontes (A Coruña) y Carboneras (Almería) puedan seguir funcionando después de 2020, mientras su central de Alcudia (Mallorca) está en cuestión porque el Gobierno balear quiere su cierre en 2019. Iberdrola seguirá adelante con el cierre de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). EDP tiene aprobada su inversión para que continúen las centrales asturianas de Aboño y Soto de la Ribera. Y Viesgo ha aprobado inversiones para su central de los Barrios en Cádiz, mientras estudia qué hacer con la central de Puente Nuevo (Espinel, Córdoba).  Y Naturgy (Gas Natural-Unión Fenosa) ya tiene decidido cerrar la central de Anllares (León), aunque todavía estudia el futuro de las centrales de Meirama (Cerceda, A Coruña), la Robla (León) y Narcea (Asturias).

Pero las centrales térmicas que no mueran en 2020 lo harán después. Aunque en el borrador de Ley contra el Cambio climático no hay fechas para cerrar las centrales térmicas de carbón, el Gobierno Sánchez se suma a los paises que quieren cerrarlas para 2030 y la ministra de Transición Energética ha hablado incluso de cerrarlas para 2028, mientras 30 organizaciones ecologistas han pedido que se cierren para 2025. La estrategia para poder hacerlo es sustituir la electricidad que generan (el 14,5% de toda la luz en el último año, según REE) por energías renovables, en especial eólica y solar. Con el objetivo, señalado en el borrador de Ley de Cambio Climático, de que el 70% de la luz sea de origen renovable en 2030 (hidráulica, eólica, solar, cogeneración) y el 100% en 2050.

Para conseguirlo harán falta más que palabras y manifiestos contra el carbón y el petróleo. Harán falta fuertes inversiones: el coste de la reconversión energética puede suponer unos 10.000 millones anuales de aquí a 2050, el 65% en el sector eléctrico, según un estudio de Deloitte. Un coste que habrá que financiar vía tarifas (la luz más limpia será más cara), impuestos (subiendo impuestos al diesel y la gasolina y creando impuestos medioambientales más potentes), ayudas públicas (españolas y de la UE) y con inversiones públicas y privadas, que apuesten por infraestructuras, empresas, transportes, cultivos y hogares menos contaminantes como algo rentable. Y con esta certeza científica, reiterada por los expertos: no hay otro camino que crecer de forma sostenible si queremos salvar la economía y el Planeta.

Así que adiós al carbón, aunque muera con él una parte de nuestra historia y la forma de vida de muchos pueblos, a los que no se ha sabido dar alternativas. Y adiós a esas centrales térmicas que contaminan amplias zonas de Asturias, león, Galicia, Teruel o Andalucía, envenenando el aire y provocando enfermedades que cuestan vidas y millones. Eso sí, hay que paliar el coste humano y económico de estos cierres. Y asegurar las inversiones necesarias para que en 2030 tengamos luz suficiente y más limpia.