lunes, 27 de febrero de 2017

Vuelve fuerte la inflación


Los precios han escalado hasta el 3% anual en febrero desde el -0,1% que bajaban hace 6 meses, según el IPC conocido hoy. Vuelve la inflación, tras 3 años de bajadas de precios, un coste extra que pagaremos todos, pero sobre todo los pensionistas y asalariados, que perderán poder adquisitivo este año y el próximo. Además, esta alta inflación  recortará el consumo y frenará las exportaciones y el turismo, reduciendo el crecimiento y el empleo. Se echa la culpa al petróleo, pero esta inflación tiene mucho que ver con monopolios que imponen subidas, como las petroleras, eléctricas, telecos o banca: no es casualidad que paguemos los carburantes, la luz, los móviles o las hipotecas más caros de Europa. También hay precios que crecen por el camino, por exceso de intermediarios. Y empresas poco eficientes, que solo sobreviven con precios altos. Urge controlar cómo se forman los precios y fomentar la competencia. No permitir que ahora suba todo con la excusa del petróleo.
 
enrique ortega

Desde que España está en el euro (1999), los precios en España han subido casi siempre más que en Europa: 2,3% de media en 2008-2012 (frente a 2,1% en la zona euro) y 1,5% en 2013 (1,3% en la eurozona). Pero en 2014, los precios comenzaron a bajar, más en España que en Europa, gracias a la rebaja del petróleo, los bajos tipos de interés y un euro débil. Y así, hemos tenido en España inflación media negativa en 2014 (-0,2%), 2015 (-0,5%) y 2016 (-0,2%). La situación cambió en otoño pasado y el IPC subió por primera vez en septiembre de 2016 (+0,2%), con subidas posteriores y una inflación anual del 1,6% en diciembre, básicamente por la subida del petróleo y los carburantes. Pero en enero, la situación se agravó, con la fuerte subida de la luz, elevando la inflación anual al 3%, la más alta desde . Y en febrero se ha mantenido en ese 3% anual, según el IPC anticipado conocido hoy, gracias a la bajada de la luz (-10%), aunque subieron en febrero los móviles e internet, algunos alimentos y los alquileres. Con ello, tenemos la inflación más alta desde octubre de 2012.

La primera causa de esta alta inflación es la subida del petróleo, que ronda los 57 dólares por barril, más del doble que hace un año (22,77 dólares en enero 2016). Eso repercute directamente en la subida de los carburantes, agravada tras la decisión de la OPEP (30 de noviembre 2016) de recortar la producción de crudo para hacer subir los precios. Y así, estamos pagando la gasolina un 6,84% más cara que el 28 de noviembre y el gasóleo otro 6,76% más caro, lo que dispara el IPC (16% enero). También ha pesado mucho en enero la subida de la luz (un 26%), al dispararse el precio del kilowatio por la climatología y la ola de frío, que también han disparado los precios de las frutas y verduras y muchos alimentos. En febrero subieron también las tarifas del móvil e Internet (Movistar y Orange), que pesan mucho en el IPC. Y también los alquileres llevan meses subiendo en toda España, por encima del 10% en las grandes ciudades.

Ahora, los expertos auguran que la inflación siga alta hasta el verano, con precios altos de los carburantes y la energía, además de los alimentos y alquileres. Y que no bajen hasta septiembre, para cerrar el año con una inflación media del 1,5%, que la Comisión Europea eleva hasta el 1,9% en 2017 (y el 1,7% en 2018). Con ello, España sería este año el 5º país europeo con más inflación, sólo por detrás de Estonia, Letonia, Bélgica y Luxemburgo, por encima del 1,7% que subirán los precios en la zona euro en 2017. Y eso si el petróleo no dispara su precio o se encarece más porque baje más el euro con lo que lo pagamos.

Vuelve la inflación, hasta una subida media del 1,9% este año, y eso va a cambiar la vida de los españoles, que ya se habían medio acostumbrado a las bajadas de precios (2014 a 2016). Ahora, todo será más caro y la inflación aparece como el peor impuesto, porque “se come” los ingresos de todo el mundo pero sobre todo de los que menos tienen: los pensionistas y los que viven de un sueldo modesto.

Para los 8.647.825 pensionistas españoles, 2017 será el primer año en que perderán poder adquisitivo desde 2013, cuando ya habían perdido un 4,6% de poder adquisitivo desde 2011. Ahora, el Gobierno Rajoy les ha subido la pensión un 0,25% este año y como la inflación media subirá un 1,9%, perderán otro 1,65% de poder adquisitivo. Y perderán otro 1,45% en 2018. Todo apunta a que, a la vista de las maltrechas cuentas de la Seguridad Social, les seguirán subiendo ese 0,25% hasta 2040 (así lo vaticina el Banco de España) y como la inflación seguirá en el 1,8% anual, los pensionistas seguirán perdiendo poder adquisitivo: un 7% hasta 2022, según los cálculos de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef).

Otros “paganos” del repunte de la inflación serán los 2,5 millones de funcionarios públicos. Tras perder un 14% de poder adquisitivo de 2010 a 2015 (por la bajada de sueldos del 5% en mayo de 2010 y la congelación salarial de 2011 a 2015), en 2016 recuperaron algo (los sueldos les subieron un 1% y la inflación media bajó el 0,2%), pero ahora van a volver a perder poder adquisitivo, ya que se espera que les suban el sueldo un 1% este año (con la inflación anual al 1,9%, perderían un 0,9%, más de lo ganado en 2016). Y con una subida similar, volverán a perder poder adquisitivo (-0,4%) en 2018.

Y lo mismo les pasará a la mayoría de los trabajadores que viven de un sueldo. Si bien en los últimos tres años han ganado poder adquisitivo, por la inflación negativa, a pesar de las mínimas subidas de sueldos de 2014 (+0,57%), 2015 (+0,48%) y 2016 (+1,09%), este año 2017 lo perderán: la patronal CEOE defiende subidas del 1 al 1,2 % (máximo 1,5%), insuficientes para cubrir la esperada subida de la inflación (1,9%). De hecho, la Comisión Europea, en sus recientes previsiones de invierno, calcula que los trabajadores españoles perderán poder adquisitivo en 2017 (-0,3%) y 2018 (-0,4%). Y eso es más preocupante porque España tiene los salarios más bajos de Europa: el salario medio por hora (sin cotizaciones) era en España de 15,8 euros en 2015, frente a 19 euros en la UE-28 y 22 euros en la zona euro, según Eurostat. Y si comparamos los salarios medios, el salario bruto es de 1.640 euros en España, frente a 1.995 euros en la UE-28, un 17,8% menos, según el IV Monitor de salarios de Adecco (datos 2015). O sea, tenemos menos salarios y más inflación.

La primera consecuencia del repunte de la inflación, en Europa pero más en España, es que las subidas de precios se comerán parte de las pensiones y salarios, reduciendo el consumo de millones de españoles. Y con menos gasto, las empresas venderán menos, invertirán menos y crearán menos empleo. Además, la alta inflación tiene otros efectos negativos. El más inmediato, que encarece el dinero, porque los inversores piden más por su ahorro ahora que se come una parte la inflación. De hecho, el coste de la deuda pública ya ha subido y también las empresas tienen más caro financiarse, a la vez que han subido las hipotecas. Dado que España es un país muy endeudado, que necesita 350.000 millones de financiación este año, la mayor inflación nos encarecerá este dinero: pagar un 1% más supone, al Estado, las empresas y familias, pagar 3.500 millones más de intereses. Un dinero que tendrá que salir de otro sitio, obligando a más recortes del Presupuesto y del gasto de empresas y hogares.

Pero hay más. Una alta inflación penaliza a los ahorradores, ya que "se come" una parte de los intereses que reciben, hoy en mínimos. Así, los hogares españoles tenían 771.200 millones en depósitos bancarios, a finales de 2016, por los que recibían entre un 0,07% (a 1 año) y un 0,13% (a más de 2 años), intereses mínimos que ahora se comerá la inflación.

La subida de precios será también muy negativa para el turismo, el principal motor de crecimiento de la economía española estos años. Ahora, España será un país un 1,9% más caro y eso se traducirá en menos turistas o en los mismos turistas que vienen menos días (ya se ha reducido la estancia media a 7,9 días) o gastan menos. Pero lo peor puede ser el efecto negativo de la inflación sobre las exportaciones, otro de los motores de nuestro crecimiento. España ganó competitividad entre 2014 y 2016, porque tuvimos menos inflación que en la zona euro, pero eso ha empezado a cambiar. En enero de 2017, la inflación anual en España era del 3% frente al 1,8% en la zona euro, el mayor diferencial desde agosto de 2013. Y tenemos ahora el doble de inflación que Francia (1,6) o Italia (1%), dos de nuestros competidores en Europa, lo que supondrá un freno a nuestras exportaciones (que batieron récords en 2016). Y si el euro sigue alto, por encima de 1,05 dólares, eso dificulta además nuestras ventas fuera de Europa, ya complicadas con las amenazas de proteccionismo de Trump.

Así que la alta inflación frena el consumo y las ventas, aumenta la factura de los intereses, penaliza el ahorro, entorpece el turismo y las exportaciones. En definitiva, reduce más el crecimiento, que ya se estimaba bajo para este año: un 2,3% según la Comisión Europea, frente al 3,2% de 2015 y 2016. Y eso se traduce en menos empleo, lo que más debería preocuparnos especialmente: se espera crear 370.162 nuevos empleos este año 2017, según las previsiones de la Comisión Europea, menos de los 413.900 creados en 2016 y de los 525.100 creados en 2015. Así que la alta inflación es “la puntilla” para el empleo en un año de grandes incertidumbres económicas y políticas en el mundo y en Europa.

¿Qué se puede hacer? El Gobierno Rajoy “le echa la culpa al petróleo”, dice que los precios bajarán en el segundo trimestre y mientras intenta dar la imagen de que “hace algo”, aprobando el 3 de febrero un decreto para desarrollar la llamada Ley de Indexación, aprobada sin aplicarse en 2015. Se trata de prohibir “actualizar con el IPC precios y tasas públicas, con la excepción de la luz, el gas, el butano y algunos contratos públicos. En teoría, significa que no subirán las tarifas públicas que dependen del Gobierno (como peajes, trenes, tarifas postales, etc.), que ya han subido o no iban a subir (autopistas). Y mientras, las empresas privadas pueden subir lo que quieran. Una medida “de cara a la galería”, poco efectiva para frenar de verdad la inflación.

Lo efectivo sería que el Gobierno controlara los precios de los sectores dominados por oligopolios, pocas empresas que imponen precios. Es el caso de las petroleras (las grandes controlan el 62% de las gasolineras), las eléctricas (las 3 grandes controlan el 92% de los consumidores), las telecos (el triopolio de Movistar, Orange y Vodafone controlan el 84% de los móviles y el 93% de los accesos a Internet) o la banca (los 3 grandes controlan el 44% del mercado y los 6 mayores bancos el 69%). Y no sólo pactan y acuerdan precios, sino que los disparan, ante el descontrol del Gobierno. Por eso pagamos la 2º gasolina más cara de Europa (sin impuestos), la 3ª luz más cara (sin impuestos), el 5º ADSL más caro o las nuevas hipotecas más caras de la zona euro. Y lo mismo en muchos otros sectores: la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto expedientes a 80 sectores, desde las petroleras a las telecos, pasando por las empresas de recogida de basuras, cementeras, concesionarios de automóviles y hasta las funerarias, por pactar precios (al alza, claro). Y siguen haciéndolo.

En otros casos, el problema es la larga cadena de distribución de los productos (los alimentos, por ejemplo), con una legión de intermediarios que suman comisiones y encarecen el precio final. Otras veces, las más, se trata de empresas poco eficientes (por su pequeño tamaño o su escasa competitividad), que se ven obligadas a vender a precios altos para sobrevivir, porque “no subsisten sin inflación”. Y en muchos sectores (como los servicios), el problema es la falta de competencia, de nuevas empresas y de más comercio online.

En todo ello debería intervenir el Gobierno, porque el petróleo cuesta igual a todos pero España tiene ahora la tercera mayor inflación de Europa. Y eso es porque nuestras empresas y nuestra economía son menos eficientes, tienen más costes (y más beneficios en el caso de los oligopolios) y  lo pagamos los consumidores. Habría  que crear un organismo de verdad independiente, no la Comisión de la Competencia (ineficaz por sus peleas internas y su dependencia del Gobierno), para analizar sector a sector, garantizar la competencia efectiva y ver qué subidas de precios están justificadas y cuáles no. Teóricamente es el mercado el que fija “libremente” los precios, pero sabemos que no es así, que hay sectores y empresas que “manipulan” los precios, como explica el libro “La economía de la manipulación”, de los Nobel Akerlof y Shiller. Y por eso vuelve la inflación a poco que suba el petróleo, atacando a los más débiles, al crecimiento y al empleo. Demasiado coste para no hacer nada y esperar a que la inflación “baje sola”. Muchos salen ganando.

jueves, 23 de febrero de 2017

España, paraíso inmobiliario


España lleva dos años batiendo récords de inversión inmobiliaria, en oficinas, Centros comerciales, hoteles, naves industriales y viviendas de lujo y turísticas. El motor  de este nuevo “boom” del ladrillo son los extranjeros: Fondos de inversión norteamericanos y europeos junto a millonarios chinos, árabes, mejicanos, indios, coreanos, turcos, japoneses o filipinos. España es un gran “casino inmobiliario” y quizás por eso acaba de desembarcar el dueño de Pokerstars (apuestas online). También hay inversores y millonarios españoles apostando por el ladrillo: incluso algunos jugadores del Madrid y Barça se preparan a invertir juntos en inmuebles, buscando altas rentabilidades, mayores que la deuda o la Bolsa. Los expertos dicen que no hay “burbuja inmobiliaria”, pero el riesgo está ahí, sobre todo en el exceso de inversiones en Centros comerciales y hoteles. El aluvión de compras seguirá dos o tres años más y luego los inversores recogerán beneficios y buscarán otro paraíso, quizás en el este de Europa. Y nos quedaremos con la burbuja y sus problemas. No aprendemos.
 
enrique ortega

España ya fue un “paraíso inmobiliario” a finales del siglo XX y comienzos del XXI. En 2008 estalló la burbuja y agravó la crisis financiera, provocando un desplome de los precios y un sinfín de inmuebles y solares sin vender. Pero al olor de los precios bajos, volvieron a España en 2013 los “Fondos buitres”, buscando oficinas e inmuebles con los que especular. Y así, con la ayuda del dinero barato y los favores fiscales del Gobierno Rajoy (SOCIMIs), la inversión inmobiliaria se ha ido recuperando y creciendo de forma imparable: si en 2013 se invirtieron 4.700 millones de euros, en 2014 se duplicó con creces la inversión (10.200 millones), en 2015 dio otro salto a  los 13.000 millones y se consolidó en 2016 con otros 13.900 millones, el mejor año de la historia inmobiliaria reciente, según datos de la consultora CBRE.

El “boom” inversor  va a más, como lo prueba que en el cuarto trimestre de 2016 se invirtieran más de 7.500 millones en el sector inmobiliario español, más que en los años 2011,2012 y 2013 juntos. España es el 4º país con más inversión inmobiliaria en Europa (13.900 millones de euros), por detrás de Reino Unido (62.200 millones de inversión), donde hay una peligrosa “burbuja inmobiliaria”, Alemania (52.500 millones) y Francia (25.700 millones). En 2016, el mercado más activo han sido las oficinas, que se han llevado 5.037 millones de inversión, con compras destacadas como la Torre Cepsa por Amancio Ortega (490 millones) o Torre Espacio (558 millones). Le siguen las inversiones en Centros Comerciales (4.300 millones), que han crecido un 22%, un negocio donde se han invertido más de 6.000 millones en dos años, con numerosas compraventas y apertura de nuevos Centros. Y el tercer destino inversor son los hoteles (2.155 millones invertidos en 2016), con importantes operaciones en Madrid (Hoteles Villamagna y Ritz) y Barcelona (Silken). Y el resto han sido naves y fábricas (726 millones) e inmuebles de lujo y en zonas turísticas (1.682 millones). Del total de inversiones inmobiliarias, el 43% fueron a Madrid y el 17% a Barcelona.

Varias son las causas de este nuevo “boom” inmobiliario. La primera y fundamental, la caída de los precios, que ha hecho muy atractivo volver a comprar inmuebles, desde oficinas a hoteles y centros comerciales o naves industriales. El sector se ha “purgado”, con una caída de precios de la vivienda del -42,2% entre 2008 y 2014 según la tasadora Tinsa.  Y los precios de los solares llegaron a caer hasta un -80%. Ahora, aunque los precios han subido en 2015 (+4,5%) y 2016 (+4,6%), todavía son muy atractivos y los inversores “huelen” importantes plusvalías en pocos años. Y confían en una mejora de la demanda, porque las empresas están aumentando sus beneficios y sube el consumo. Además, a la vista de los bajos tipos de la deuda pública en toda Europa (por debajo del 1,5%) y de los vaivenes de la Bolsa, el sector inmobiliario asegura una rentabilidad del 6 al 8%, sólo con alquileres (oficinas, inmuebles, hoteles y Centros comerciales), sin contar con las plusvalías al vender.

El principal motor de este nuevo “boom” inmobiliario han sido los inversores extranjeros. Ya en 2013 empezaron a venir los llamados “Fondos buitres, especialistas en buscar gangas y conseguir plusvalías a corto plazo, Fondos que han empezado a vender y están siendo sustituidos por Fondos internacionales menos especulativos. De hecho, España fue en 2016 el 2º país europeo con más inversión extranjera en inmuebles, tras Polonia. Por un lado son Fondos y gestores de Planes estadounidenses y europeos (británicos, alemanes, franceses y luxemburgueses), a los que se han sumado numerosos millonarios de múltiples paiseschinos (grupo Wanda compró el edificio España y el 20% del Atlético de Madrid, para controlar la operación del nuevo estadio y también están las operaciones inmobiliarias de las empresas chinas ICBC, CIC y grupo GPRO), japoneses (Saltoki compró la sede catalana de Pioneer), coreanos (Fondo de Pensiones NPS), filipinos (Andrew Tan compró Torre Espacio), indios (familia Olayan compró Hotel Asturias), singapurenses (grupo FCL compró Hotel Porta Marina), indonesios, turcos (grupo Dogus compró Hotel Villamagna), árabes (Fondo soberano de Qatar es el primer inversor de la inmobiliaria Colonial), israelíes, mejicanos (el ex dueño de la cerveza Corona entró también en Colonial)… Y el último, para completar el ambiente de “casino inmobiliario”, el dueño de la multinacional de juego online Pokerstars, que ha invertido 375 en el Edificio Canalejas (Madrid), la antigua sede de Banesto-Santander.

A pesar de esta “invasión”, los Fondos, gestoras y millonarios extranjeros sólo suponen el 37% de la inversión inmobiliaria hecha en España en 2016. La mayor apuesta inversora, el 40%, la han hecho las sociedades de inversión inmobiliaria, las llamadas SOCIMI, quedando el 23% restante para inversores particulares (compran pisos para alquilar y especular). Las SOCIMI son unas sociedades creadas a partir de 2014, para aprovechar el nuevo “boom inmobiliario”, al amparo de una legislación fiscal muy favorable que aprobó el Gobierno Rajoy en diciembre de 2012, para que se desarrollaran como en otros paises: no pagan impuestos (sociedades) porque son sus accionistas quienes tributan por dividendos y están obligadas a mantener tres años al menos los inmuebles que compran. Las SOCIMI son los nuevos “señores del ladrillo”, en sustitución de las viejas inmobiliarias que quebraron o suspendieron pagos (Martinsa, Astroc, Royal Urbis…), el vehículo que utilizan bastantes inversores extranjeros y muchos españoles (cotizan en Bolsa), incluidos los bancos. Incluso algunos jugadores del Madrid y del Barça están estudiando participar juntos, con tenistas y deportistas de élite, en una SOCIMI para jugar también en el rentable “casino inmobiliario” español.

Las SOCIMI han crecido como setas al calor del nuevo “boom” inmobiliario: ya hay 34 sociedades de inversión inmobiliaria cotizando en Bolsa, 16 creadas en 2016. Y entre todas manejan más de 14.000 millones en activos inmobiliarios, desde oficinas a hoteles y Centros comerciales, fábricas y naves, inmuebles y solares. La SOCIMI líder es Merlin Properties, controlada por la banca española (22,27% Santander y 6,44% BBVA), con 9.606 millones de activos tras la compra en 2016 de la inmobiliaria Metrovacesa. Le sigue a distancia GMP (1.800 millones en activos), de la familia Montoro Alemán y el fondo GIC de Singapur, que posee la mayor cartera de oficinas. En tercer lugar,  Hispania (1.793 millones), participada por el millonario George Soros y varios Fondos USA, especializada en hoteles. La cuarta es Axiare (1.300 millones en cartera), liderada por Inmobiliaria Colonial y especializada en oficinas. Y la quinta, Lar España (1.210 millones), controlada por el grupo Lar y los fondos USA Pimco y Franklin Templeton, especializada en centros Comerciales. Todavía hay 29 SOCIMIs más que cotizan en el segundo mercado bursátil, el MAB: Uro Property (bancos españoles y Zilotti Holding), ISC Freshwater (Fondo mexicano Fibra Uno), Zambal (magnate francés Pierre Castell), Fidere (Blackstone, el mayor Fondo del mundo)… En paralelo hay dos grandes inmobiliarias: Pontegadea (6.600 millones en activos), de Amancio Ortega (Inditex) y Colonial (5.575 millones), de Villar Mir (OHL) ahora controlada por qataríes y mejicanos.

Entre los Fondos de inversión internacionales, los millonarios españoles y extranjeros, los bancos y cientos de pequeños inversores que operan a través de las SOCIMIs, el mercado inmobiliario español está en plena ebullición y todo apunta a que seguirá batiendo récords, al menos en 2017 y 2018. Ya en enero de este año hemos visto operaciones como la compra de la Torre Agbar en Barcelona o la nueva venta del Edificio España, para gestionarlo como hotel. Todo apunta a que seguirán aumentando las compras de oficinas, más en Madrid  que en Barcelona y también fuera (se apuesta por Málaga, Valencia y Bilbao), de naves industriales (por el auge de Amazon y el e-commerce), el crecimiento de Centros comerciales (se van a abrir 24 Centros hasta 2018, 1 de cada 9 que se abrirán en Europa) y, sobre todo, las ventas de hoteles (2.000 millones en 2017), al calor del récord de turistas. De hecho, el ladrillo español es una de las grandes apuestas del banco Goldman Sachs para 2017. Y España se puede beneficiar del Brexit, de la huida de multinacionales y bancos fuera de Londres. Además, el mercado se puede reanimar más con las primeras ventas de activos de las SOCIMIs, que ya este año cumplen los tres de cuarentena para poder vender sin tributar por plusvalías. El sector está a la espera de lo que hagan los nuevos Ayuntamientos, que tienen pendientes  importantes remodelaciones urbanísticas, como la aprobación de la Operación Chamartín en Madrid o el freno a nuevos hoteles y apartamentos turísticos en Barcelona.

Los inversores internacionales tienen mucho “dinero caliente” pendiente para invertir, ahora que no es rentable tenerlo en deuda pública o en una Bolsa que sigue muy volátil. Por eso, seguirán llegando inversiones a España, a la caza de “gangas” y al calor de la subida de precios en inmuebles, oficinas, naves, hoteles y alquileres. “Los fondos inmobiliarios tienen 50.000 millones dispuestos para invertir en el sector inmobiliario español”, asegura Neil Livingstone, de la consultora Colliers International, que destaca la enorme liquidez, la confianza de los inversores en España y las oportunidades que hay aquí frente a otros paises, sobre todo en oficinas, Centros comerciales y hoteles, aunque también están interesados en residencias de ancianos (seremos el país más envejecido de Europa) y residencias de estudiantes.

Pero los expertos vaticinan también que en dos o tres años, los inversores “cambiarán de foco” y buscarán otros paises donde invertir con más posibilidades de hacer negocio y plusvalías rápidas. Es lo que ya ha pasado en esta década: primero se lanzaron a invertir en Londres, luego en Berlín o París y ahora en Madrid y Barcelona. Lo próximo puede ser el Este de Europa, en especial Polonia y paises bálticos, donde ya están entrando. Así que para 2020 (o incluso antes), la “burbuja inmobiliaria” podría estallar otra vez, como en 2007. Y “pillar” de nuevo a bancos e inversores españoles, mientras los grandes Fondos y millonarios extranjeros se han ido antes. Es un riesgo que habría que atajar ahora, controlando el “boom” y las subidas especulativas de precios, recortando ayudas fiscales. Y tratando de planificar el crecimiento de las ciudades, desde los Ayuntamientos, autonomías y el Gobierno central, en un gran Pacto inmobiliario de futuro. Porque si no se pincha a tiempo la burbuja, nos estallará encima y acabaremos sufriendo otra crisis. Aprendamos del pasado.

lunes, 20 de febrero de 2017

El subempleo recorre el mundo


Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del subempleo. Contratos temporales, por horas, mal pagados y muy vulnerables. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dado la alerta: con la crisis, la mayoría del empleo que se crea es de mala calidad, desde EEUU a Europa pasando por Asia y Latinoamérica. Y más en España: somos el 2º país europeo  con más empleo temporal y el 4º con más empleo por horas “forzoso”. Además, más de la mitad de los españoles trabajan en empleos inferiores a su cualificación y obligados a hacer horas extras, muchas sin cobrarlas. Y 1 de cada 8 trabajadores españoles son pobres, según la OIT. Un exceso de empleo precario que tiene efectos muy negativos sobre la demografía, la recaudación fiscal y las pensiones, frenando la autonomía de los jóvenes, el consumo, el crecimiento y el empleo. El reto es vigilar la contratación y mejorar la educación, porque a menos formación más subempleo. Tras 5 años de reforma laboral, que ha disparado la precariedad, urge conseguir más empleo “decente”.
 
enrique ortega

El informe 2017 de la OIT alerta del auge del empleo temporal, que ha crecido en todo el mundo con la crisis, desde EEUU a Europa (del 14,1% en 2008 al 14,3% en 2015 en la UE-28), sobre todo en Francia (16%), Italia (14,1%) y Holanda (20%). En España, el empleo temporal ya era muy elevado antes de la crisis (récord del 34% en 2006) y ha bajado después, para estabilizarse en el 25,2% de los empleos en 2015, con lo que somos el segundo país de Europa con más empleo temporal, tras Polonia (28%), según Eurostat. Y lo peor es que son empleos temporales “forzosos”: un 90% de españoles con contrato temporal preferiría tener un contrato fijo (el 2º porcentaje más elevado de la UE, tras Chipre), frente al 62,1% de temporales “forzosos” en Europa (y sólo un 23% en Alemania), según los últimos datos de la OIT.

Y lo peor es que muchos trabajadores encadenan estos contratos temporales sin que se transformen en fijos. Así, 545.200 trabajadores encadenan contratos temporales desde hace 6 años, otros 341.100 entre 3 y 6 años y 278.700 más llevan siendo temporales entre 2 y 3 años, según datos del INE. Y al final, sólo un 11% de los contratos temporales se convierten en indefinidos (en 2016, sólo se convirtieron en indefinidos 582.000 contratos, el 3,11% de todos los firmados), cuando en Europa, la tasa de conversión de temporales en fijos es el doble, el 28% en la UE-28 (y en Alemania). Con ello, somos el segundo país de Europa que menos transforma contratos temporales en fijos, por detrás de Francia (10%).

Otro tipo de contrato que crece sin parar en el mundo, según denuncia la OIT, son los contratos a tiempo parcial, por horas o días. En Europa (UE-28) han pasado del 18,2 (2008) al 22% de los contratos (2015), con mayores porcentajes en Suecia (26%), Alemania (28%), Austria (28,5%) y sobre todo Holanda (51%). España tiene todavía un nivel bajo (15,7% de empleo a tiempo parcial) pero es el país donde este tipo de contratos ha crecido más durante la crisis. Y, sobre todo, somos el cuarto país europeo con más empleo por horas “involuntario(tras Grecia, Chipre e Italia): un 60% de los que trabajan por horas preferirían un empleo a tiempo completo, frente al 27,5% de los europeos, que mayoritariamente trabajan por horas porque quieren, según la OIT. Además, en España, los empleos a tiempo parcial son cada vez por menos tiempo: la media ha bajado de 81 días de media (2008) a 51 días y el 26% de estos contratos duran ya menos de una semana, según los datos de Empleo.

Ambos tipos de contratos precarios (temporales y por horas) tienen mucho que ver con la formación de los trabajadores, según un informe de CaixaBank. Así, la tasa de temporalidad más alta se da entre los trabajadores españoles que sólo tienen educación primaria (38% de contratos temporales) y la más baja entre los que tienen educación superior (21,5% son  temporales). Y lo mismo en los contratos por horas “forzosos”: los tienen el 70% de los trabajadores con sólo educación primaria, el 65% de los que tienen secundaria y el 55% de los que tienen educación superior. Pero además, el tipo de contrato no sólo tiene que ver con la titulación, sino con las “habilidades” que tiene el trabajador. Y en España tenemos un problema, derivado de una enseñanza más volcada en la memoria que en la adquisición de “habilidades” para trabajar: incluso el 41% de los adultos con estudios superiores obtuvieron un resultado bajo en el test de habilidades profesionales, frente al 21% de promedio en los 34 paises de la OCDE, según la última encuesta internacional de habilidades (2015).

Otro indicador de precariedad laboral es que, tras la reforma laboral impuesta por el Gobierno Rajoy en febrero de 2012, los trabajadores españoles se ven obligados a hacer muchas más horas extras, porque se dio más poder al empresario para fijar la jornada y muchos optaron por hacer contratos de media jornada y luego obligar a sus trabajadores a hacer horas extras, muchas veces sin pagárselas. Así, a finales de 2016 había 7.778.400 trabajadores que hacían horas extras (el 50,5% de los asalariados), de media 5,48 millones a la semana. El récord de horas se dio en 2013 (6,14 millones, casi 1 millón más que las 5.34 millones de 2011) y han bajado algo porque en 2016 actuó más la inspección de Trabajo, porque muchas de las horas no cotizaban y la SS perdía ingresos. Pero aun así, entre 2012 y 2015, la mayoría de estas horas extras no se le pagaban al trabajador: en 2015 por ejemplo, de 6,3 millones de horas extras semanales, 3,5 millones no se pagaron, según la EPA. Doble problema: los empleados trabajan más (y la mitad gratis) y el país se queda sin crear 150.000 empleos nuevos, a lo que equivalen las horas extras hechas cada año.

Un cuarto indicador de precariedad laboral (tras los contratos temporales y por horas “forzosos” más las horas extras) son los muchos españoles obligados a trabajar “de lo que encuentran”, en empleos muy por debajo de su formación. En España hay 9,5 millones de trabajadores “sobrecualificados, el 52,8% de los empleados (en 2007 eran el 46,3%), según datos de Afi-Asempleo a partir de la EPA. Con la crisis, esta “sobrecualificación“  ha crecido entre los mayores de 45 años y sobre todo entre los más jóvenes (dos tercios de los jóvenes entre 16 y 24 años trabajan en empleos inferiores a su cualificación). Este problema destaca en la hostelería (71,4% de los empleos están sobrecualificados) y el comercio, sobre todo en el País Vasco y Cantabria. Lo que más se da son personas con secundaria trabajando en puestos “bajos” y universitarios en puestos “medios”, según un estudio de CaixaBank.

Con toda esta precariedad, con la falta de “trabajo de calidad”, aumentan las personas que “tiran la toalla”, que dejan de buscar trabajo (está difícil y es “malo”) y se quedan en casa, emigran o vuelven a estudiar. Es un fenómeno mundial, producto del auge del subempleo. Así, en Estados Unidos, la tasa de actividad bajó al 62,8% en 2016 (sólo 2 de cada 3 norteamericanos buscaban trabajo), la más baja de los últimos 30 años, con 92 millones de estadounidenses “desanimados” en un país de 316 millones de habitantes. En España ha pasado lo mismo: 700.000 españoles han dejado de ser "activos" (ni trabajan ni buscan trabajo) entre 2011 y 2016, según la EPA.  Y con ello, también hay menos porcentaje de españoles trabajando, como pasa en Europa, donde han ha caído los  europeos con un empleo: un 64,5% en la zona euro en 2015, frente al 65,5% en 2007, según Eurostat. Y España está aún peor: somos el cuarto país europeo con menos gente trabajando (el 57,8% de los que tenían entre 16 y 65 años en 2015), tras Grecia (50,8%), Croacia (55,8%) e Italia (56,3%). O sea, trabajan  menos españoles que europeos (2 millones menos) y los que tienen un empleo es muy precario.

Y claro, los empleos precarios están peor pagados, lo que ha aumentado el número de trabajadores pobres en todo el mundo, 967 millones de personas que cobran entre 1,90 y 5 dólares al día, según el informe de la OIT. Y no están sólo en los paises emergentes, sino también en Europa, donde un 9,5% de los trabajadores son “pobres” (ganan menos del 60% de la media), un 1,6% más que en el año 2.000. Y otra vez, España supera la media: tenemos un 12,5% de trabajadores pobres (1 de cada 8), un 4% más que en 2000, según la OIT. Son ya 2.196.137 “trabajadores pobres”, españoles con un trabajo que “malviven”. Y los que no son pobres, al tener contratos tan precarios, ganan muy poco: el sueldo más habitual de los españoles es de 16.490 euros brutos al año (2014, último año con datos oficiales del INE), que se traduce en 950 euros netos en 14 pagas. El español medio es mileurista.

El trabajo precario es una fuente de problemas, no sólo porque el trabajador subempleado es más vulnerable si una empresa tiene problemas. También tiene más incertidumbre ante el futuro, a la hora de formar una familia y tener hijos (algo grave en un país como España con bajísima natalidad, 1,32 hijos por mujer, y que ya pierde población), de comprar o alquilar una vivienda (el 80% de los jóvenes siguen viviendo con sus padres), de pensar en lo que les quedará cuando se quede en paro o se jubile. Y por supuesto, a la hora de gastar y consumir. Por eso, la precariedad laboral es una pesada hipoteca para la recuperación: desalienta el consumo, el crecimiento y el empleo. Y además, reduce la recaudación de impuestos y las cotizaciones, agravando el “agujero” del Presupuesto y las pensiones.

España ha creado 1.372.900 empleos entre 2014 y 2016, pero un empleo muy precario, vulnerable y mal pagado: baste decir que sólo el 4,96% de los contratos hechos en 2016 (1 de cada 20 empleos) fueron “de calidad: fijos y a tiempo completo. Y todavía faltan 2,5 millones de nuevos empleos para recuperar los 3,8 millones de empleos perdidos desde 2007. Un reto enorme porque la economía se está desacelerando, en España y en el mundo (hay incluso riesgo de una nueva crisis), y creceremos menos y se creará menos empleo en 2017 y 2018 (unos 400.000 al año). Además, hay dos factores estructurales que van contra el empleo: la digitalización de la economía (más Internet y menos trabajadores) y la entrada de robots en muchas empresas. De hecho, España es uno de los tres paises más expuestos (junto a Alemania y Austria) a la “cuarta revolución industrial”, a la llegada de los robots: podría suponer la pérdida de 2 millones de empleos, sobre todo en la industria, la Administración y los servicios, según un informe de la OCDE (mayo 2016).  

Se pierdan o no empleos por las nuevas tecnologías, todo apunta a que el empleo del futuro seguirá siendo precario y será un empleo que exigirá una alta cualificación. Para 2020, el 50% de los empleos en Europa serán para trabajadores con formación media, el 35% para niveles altos y sólo quedará el 15% para niveles bajos de formación (los que tienen el 45% de españoles), según un estudio de CEDECOP. Y centrados en España, de los nuevos empleos disponibles  aquí dentro de una década (entre 8,8 y 10 millones), sólo el 2,3% serán para los que tienen baja formación (ESO o menos), un 39,3%  para los que tengan estudios medios (bachillerato o FP) y más de la mitad (58,4% para los que tengan educación superior (estudios universitarios o FP Superior), según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie.

Así que al final, la clave del futuro, tanto para reducir el subempleo como para conseguir los nuevos empleos, será mejorar la formación, un reto especialmente urgente para España porque el 42% de la población tiene baja cualificación. Hay que gastar más en educación, porque sólo gastamos el 4,1% del PIB frente a 4,8% en la zona euro, el 4,3% en Alemania, 5,2% en Reino Unido y 5,5% en Francia, según Eurostat. Y reformar la enseñanza, desde los colegios a la Universidad, para formar mejor a los jóvenes en lo que necesitan las empresas. Y volcarse en la formación y el reciclaje de los parados y los trabajadores actuales, porque el 42% de los ocupados tienen una baja cualificación. Y así, sólo accederán a los peores empleos. En paralelo, el Gobierno debe reforzar la inspección de Trabajo, con más personal (hay la mitad de inspectores que en Europa) y más control, para luchar contra el subempleo.

En resumen, la crisis ha cambiado el empleo en todo el mundo: ahora es de peor calidad, más precario, peor pagado y más vulnerable. Y España se lleva la palma en Europa, con una mayoría de españoles que trabajan temporalmente o por horas “contra su voluntad”. Esta precariedad actúa como un cáncer que corroe nuestra economía, desde el consumo y la familia a la recaudación o las pensiones. Tras 5 años de reforma laboral, urge tomar medidas para mejorar la calidad del empleo (como pide la OIT), con más vigilancia de la inspección, más ayudas fiscales al empleo estable y más gasto en educación y formación. Hay que conseguir más empleo "decente”. No podemos ir a peor.