jueves, 29 de septiembre de 2016

Bajan los medicamentos


Este sábado 1 de octubre bajan de precio más de 1.000 medicamentos, unos céntimos por envase la mayoría, aunque las autonomías se ahorrarán 125 millones. Con esta bajada, la tercera en 25 meses, España se consolida como uno de los paises europeos con las medicinas más baratas, lo que es bueno pero también malo: facilita la exportación de medicinas a paises donde las paguen mejor (fomentando el desabastecimiento en España), dificulta que los laboratorios investiguen aquí y hunde a las farmacias (1.000 necesitan ayudas públicas para no cerrar). El problema es que, a pesar de estas bajadas, el gasto farmacéutico lleva dos años y medio subiendo, porque hay más viejos (gastan más) y porque los medicamentos son más sofisticados y más caros, aunque también se abuse del consumo. Hay que controlar el gasto farmacéutico, pero con cuidado, porque ya es de los más bajos de Europa: si una medicina cuesta ya como una cerveza (y menos), los laboratorios pueden irse a otro país a investigar y muchas farmacias acabarán cerrando. Y lo pagaremos en nuestra salud.
 
enrique ortega

El Estado (las autonomías) pagaba el 100% de las recetas con nuestros impuestos hasta que en julio de 2012 el Gobierno Rajoy introdujo el “copago”, con el que ahora pagamos una parte de las medicinas que nos recetan (40-60% los trabajadores y parados, 30% los mutualistas y 10% los jubilados, con un tope mensual de 8 a 18 euros). Con todo, la factura farmacéutica es muy abultada (26 millones de euros al día, sólo en recetas) y por eso el Gobierno introdujo, en 1997, un mecanismo para pagar menos a los laboratorios por las medicinas: el sistema de precios de referencia. Consiste en que la sanidad pública sólo financia un precio máximo por medicamento recetado y si el fármaco tiene un precio superior, el farmacéutico está obligado a suministrar al paciente un medicamento más barato, preferentemente genérico (con la patente caducada). Es una forma de presionar a la baja los precios de los medicamentos de marca y forzar la venta de genéricos (ya suponen 40% de las ventas), más baratos. Y así, cada año revisan a la baja los precios que se pagan a los laboratorios, para lograr más ahorros en la factura farmacéutica.

Este sistema ha permitido forzar una bajada anual de los precios de los medicamentos, sobre todo desde 2010. Las últimas bajadas fueron el 1 de septiembre 2014 y el 1 de diciembre de 2015, a las que se suma ahora la rebaja que entra en vigor el 1 de octubre y se aplicará a 1.062 medicamentos, los más consumidos (ver listado). La rebaja es pequeña, porque un 75% de las medicinas revisadas bajan menos del 5%, un 6,7% entre el 5 y el 10%, otro 6,4% entre el 10 y el 20% y sólo el 11,5% bajan más, según Diariofarma. En definitiva, que si nos toca la rebaja, lo notaremos sólo en unos céntimos, aunque para el Estado (las autonomías, que son las que pagan la mayor parte de las recetas) supone un ahorro de 125 millones de euros, tampoco mucho (la factura de 5 días de recetas). Pero algo es algo.

Esta nueva rebaja consolida a España como el país con las medicinas más baratas de Europa, salvo Portugal y algunos países del Este, según datos de Farmaindustria para 2014: una media de 0,20 euros por unidad estándar, un 15% menos que la media de precios de la eurozona (0,24 euros/unidad) y un 33% más baratas que en Alemania (0,30 euros). Esto, que parece una buena noticia, también tiene consecuencias negativas. Por un lado, que los laboratorios instalados en España tienen ahora menos incentivos para investigar y descubrir fármacos innovadores: de hecho, lo son 2 de cada 10 medicamentos autorizados. Por otro, al estar los precios tan bajos en España, los laboratorios (y sobre todo almacenes y redes ilegales) tienden a exportarlos, a venderlos fuera (en Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y algunos paises del Este), donde los precios están hasta un 30% más altos. Y eso provoca desabastecimientos de algunas medicinas en España, en farmacias y hospitales, sobre todo de algunas vacunas, anticancerígenos y fármacos para quimioterapia, trasplantes, leucemia, epilepsia y Parkinson. De hecho, a finales de septiembre, hay 199 medicamentos “en falta”, según esta lista que publica cada día la Agencia Española del Medicamento. La mayoría se sustituyen por otro fármaco, pero eso causa incertidumbre a muchos pacientes.

Otra consecuencia negativa de tener los medicamentos más baratos de Europa es que se están hundiendo las cuentas de muchas farmacias: aunque vendan más medicinas (hay más recetas), al haber bajado los precios desde 2010, su facturación ha bajado y con ello sus márgenes y sus beneficios. Las ventas medias de 3.000 farmacias están en unos 400.000 euros anuales (300.000 de recetas) y su beneficio neto anual ronda los 26.000 euros, 2.166 euros al mes. Con eso, difícil mantener la farmacia y contratar a alguien. Y si hay 2.000 farmacias más que en 2011 (ya son 22.000), más a repartir un negocio que se recorta. Sin olvidar las deudas de las autonomías, con meses de retraso en pagarles. La consecuencia es que hay 3.000 farmacias al límite de la viabilidad económica, según la patronal FEFE. Y 1.000 de ellas (sobre todo rurales) sobreviven gracias a ayudas que reciben de las autonomías.

El Gobierno sigue presionando con bajadas a laboratorios y farmacias porque las autonomías están asfixiadas con el gasto sanitario (un tercio de su Presupuesto total) y farmacéutico (16% del gasto sanitario), que ha vuelto a subir en los dos últimos años y medio, tras los recortes y el copago que aprobó el Gobierno Rajoy en 2012: si el gasto en recetas bajó desde un máximo de 12.505 millones en 2009 a un mínimo de 9.183 millones en 2013, volvió a subir en 2014 (9,360 millones) y 2.015 (9.533 millones). Y sigue aumentando en 2016, un 3,68% hasta julio (5.578 millones). Y a eso hay que añadir el gasto en medicamentos en los hospitales, que en 2015 fue de otros 6.675 millones, con un fuerte aumento del  26,2%, aunque este año baje ligeramente (-0,3%, 3.097 millones hasta junio).

La factura de los medicamentos (recetas y hospitales) roza ya los 1.300 millones al mes (casi 44 millones diarios), a pesar de que el Gobierno fuerce a la baja los precios a laboratorios y farmacias. Y eso pasa por tres razones. La primera, porque somos un país envejecido donde las personas viven más años y cada vez consumen más medicinas: cada año hay 120.000 nuevos jubilados que “tiran” más de recetas. En segundo lugar, los medicamentos son cada vez más sofisticados y más caros (sobre todo en tratamientos hospitalarios), lo que lleva incluso a que muchos hospitales retrasen la introducción de nuevos fármacos para “ahorrar”, a costa de los pacientes (caso tratamiento hepatitis C). Y en tercer lugar, todavía hay una “cultura de consumo”, de ir al médico a que nos recete y tener grandes botiquines en casa, aunque el copago haya reducido algo el despilfarro.

España gasta 44 millones al día en medicamentos y parece una barbaridad a la que hay que poner coto. Pero ojo: hay que recortar este gasto “con cabeza”. Primero, porque España gasta menos en medicamentos que el resto de Europa: el gasto farmacéutico por habitante era en España de 224,8 euros (2013), un 25,3% inferior a la media del gasto de la eurozona (300,9 euros) y menor al de Bélgica (342 euros), Francia (369), Alemania (402) o Irlanda (424 euros). Y segundo, porque las medicinas ya están “tiradas de precio”: el 51% de los medicamentos que se recetan cuestan menos de 3,5 euros (y pagamos 1,40 euros o menos). Y con estos precios, a los laboratorios les compensa menos investigar en España (prefieren instalarse en paises con más ventas y mejores precios). Y se arriesga la supervivencia de las farmacias, que no son unas “tiendas” sino un eslabón clave en la atención sanitaria, ayudando a los pacientes y colaborando con los médicos.

El equilibrio no es fácil, pero resulta obligado: hay que intentar gastar menos en medicamentos sin desatender la investigación y la salud. Y todo ello sabiendo que los tratamientos futuros serán cada vez más caros. Pero hay que huir de las políticas de ajuste a corto plazo, de los recortes sin más. El Gobierno Rajoy, en funciones, obsesionado por cumplir el déficit que exige Bruselas, está presionando a las autonomías a que recorten sus gastos, también en sanidad y en medicamentos (un 16% de sus Presupuestos). De hecho, a finales de julio y principios de agosto, el ministro Montoro (en funciones) envió una carta a 7 autonomías (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Aragón, Castilla la Mancha y Murcia) en la que les instaba a “recortar su gasto” en lo que queda de año, porque tenían su déficit por encima de lo previsto. Y para 2017, aún deberán recortar más, si España quiere cumplir con las exigencias de déficit de Bruselas.

Eso supone que podría haber nuevos ajustes en el gasto sanitario y farmacéutico, a finales de 2016 y sobre todo en 2017, máxime si sigue gobernando Rajoy, aunque la mayoría de autonomías las controle la oposición (pero están sin recursos, financieramente “asfixiadas”). El PP puede seguir avanzando para que el Estado deje de financiar los fármacos para dolencias leves (analgésicos y antipiréticos,antiácidos, laxantes…), como ya empezó a aprobar en 2015, lo que podría “ahorrar” al Presupuesto unos 560 millones al año. También podrían ampliarse los porcentajes del copago o estudiarse otra vez el copago de los medicamentos que se dan en los hospitales. Y está el debate de cómo financiar los tratamientos “supercaros” que se avecinan (cáncer, hepatitis C, VIH, Alzheimer, esclerosis múltiple…).

El debate futuro es muy serio: qué medicamentos se financian y cuánto. “Echar cuentas” a la hora de plantearse salvar vidas con nuevos fármacos. Y en paralelo, forzar a los usuarios a pagar más por las medicinas, con el copago (se pagan dos veces: con los impuestos y en la farmacia) o sacándolas del sistema. Y forzar a los laboratorios y a las farmacias a bajar precios, poniendo las medicinas al precio de una cerveza (y menos), aunque eso se cargue la investigación, la innovación y a una parte de las farmacias.

Las alternativas no son fáciles, pero no pueden quedarse en más recortes y más copagos de medicamentos, que pagan los más débiles (jubilados y enfermos crónicos). Ni seguir forzando bajadas de precios, que hunden la investigación y las farmacias. Habría que actuar en varios frentes. Por un lado, pactando precios con la industria farmacéutica (ya se firmó un acuerdo con Farmaindustria para frenar el gasto, en noviembre de 2015), sin asfixiar sus ventas y sus beneficios, para que sigan investigando. Por otro, racionalizando las recetas, para que los médicos receten sólo lo necesario y los pacientes dejen de tener abultados botiquines que acaban tirando. Y sobre todo, buscando más recursos públicos (haciendo que paguen más impuestos los que pagan poco: grandes empresas, multinacionales y grandes fortunas), para hacer frente a un gasto farmacéutico que, aunque se consigan ahorros, va a seguir creciendo en el futuro. Porque vivimos cada vez más y se descubren nuevos fármacos para salvar vidas cada vez más caros. No podemos ser “tacaños” en esto.  

lunes, 26 de septiembre de 2016

Gastamos más en estar muy conectados


Estamos enganchados al móvil y a Internet y las telecos llevan año y medio subiéndonos las tarifas. Así que cada mes pagamos más: 63,50 euros, un 4% más. Y  las familias están más “pilladas”: un 73% tienen contratado un “paquete, con tres servicios (fijo, móvil e Internet) o cuatro (TV de pago). La última “tentación” son las ofertas de fútbol, mientras siguen cableando el país con fibra óptica, para ofrecernos una conexión más rápida y más datos y servicios. Y así, nos suben la factura, mayor que en Europa. Ahora, las telecos piensan lanzar dos paquetes nuevos: servicios para vigilar y controlar nuestra casa y otro con juegos. Y mientras, proponen ayudarnos a que cobremos a Google, Facebook, Apple, Amazon o WhatsApp  por los datos que tienen de nosotros. Una idea absurda, que pretende esconder sus subidas y utilizarnos en su pelea con ellas. Un “globo sonda” que esconde una realidad: cada vez pagamos más por estar súperconectados y nos tientan con más servicios que suben sin parar.
 
enrique ortega

Los españoles estamos entre los europeos más conectados, sobre todo porque somos el país con más penetración de los móviles inteligentes (smartphones), un 88% frente al 78% en la UE. De hecho, la telefonía móvil llega ya al 97% de los hogares españoles, superando a la telefonía fija (83,4% de familias). El 73,3% de los hogares españoles están ya conectados a Internet, dos tercios de ellos con ADSL y el resto con fibra (19,2%), cable (15,6%) o banda ancha móvil (12,9%). Y casi un tercio de las familias (30,7% de hogares) tienen ya contratada TV de pago, según los últimos datos del informe“ La Sociedad en Red 2015”, de Red.es.

Estos servicios antes se contrataban uno a uno, pero, en marzo de 2014, Movistar fue pionera en Europa en ofrecer a los usuarios “paquetes de servicios”, para que contrataran juntos el teléfono fijo y el móvil más el acceso a Internet, una estrategia a la que enseguida siguieron en España las demás compañías de telecomunicaciones (“telecos”), ampliando la oferta en 2015 a la TV de pago. Con esta estrategia, se ofrece al cliente un producto más sencillo y un pago único, pero las telecos consiguen sobre todo “fidelizar” al cliente, impedir que se vaya a otra operadora a golpe de oferta. De hecho, las fugas de clientes, que se habían disparado en 2013 (más de medio millón al mes), bajaron en 2014 y 2015, aunque han remontado esta última primavera. La otra ventaja de los paquetes es que las telecos van ampliando servicios poco a poco y el cliente cada vez paga más (también poco a poco).

El resultado es que un 74% de las familias españolas tienen contratados con las telecos paquetes de servicios, la mayoría (un 44,2%) un pack con tres servicios (teléfono fijo, móvil e Internet) y una cuarta parte (26,6%) un pack con cuatro servicios (añadiendo la TV de pago), según el informe de Red.es. Y con ello, las telecos han aprovechado para subir tarifas en el último año y medio, tras varios años de “guerra de precios”, que habían abaratado la conexión a Internet y el móvil. La última subida la ha hecho Movistar, el 3 de julio, subiendo entre 2 y 5 euros su paquete Fusión +, a cambio de incluir fútbol en su oferta. Ya antes, en febrero, había subido 3 euros todos sus paquetes Fusión, a cambio de una mayor velocidad y regalar 1 Gb de datos para móviles. En marzo fue Orange quien subió 3 euros al mes sus planes Canguro, a cambio de aumentar velocidad y datos. Y en subió sus tarifas Vodafone One, entre 2 y 3 euros al mes, también con el gancho de incluir el roaming o la TV en el móvil. Subidas que se sumaban a las ya hechas por las telecos a lo largo de 2015.

Con más paquetes contratados y estas subidas, los usuarios han visto subir en 2015 y 2016 su factura de teléfono e Internet, que había incluso bajado los años anteriores. Así, el gasto medio era de 63,50 euros al mes a finales de 2015, un 4% más que un año antes, según el informe de Red.es. Y los que tienen contratado cuatro servicios (fijo, móvil, Internet y TV) pagan una media de 88,40 euros al mes. Lo que más ha subido es la parte del móvil, que casi ha duplicado su gasto, hasta alcanzar los 31,2 euros de media al mes, seguido de la TV (24,2 euros mensuales), el acceso a Internet (16,6 euros) y el teléfono fijo (16,4 euros). Y pagamos más que otros europeos por estar conectados: una media de 47 euros al mes por un pack de telefonía fija e Internet de alta velocidad por fibra óptica, mientras en Francia cuesta 39 euros, 37 euros en Reino Unido e Italia y 36 euros mensuales en Alemania, según Kelisto.com.

Las telecos justifican sus subidas periódicas de tarifas porque a cambio ofrecen más servicios y porque necesitan ingresos para financiar las enormes inversiones que han hecho y tienen que seguir haciendo. Por eso, las subidas van a seguir y el usuario sólo puede pagar o borrarse, para irse a otra compañía que hace lo mismo. La asociación de consumidores FACUA tiene una pelea legal con Movistar y otras telecos, argumentando que las subidas invalidan  los contratos y son ilegales. Pero los jueces están divididos: dos sentencias de Pamplona y Segovia han determinado que las subidas hechas en 2015 por Movistar son “ilegales”, porque modifican el contrato, pero dos Juzgados de Madrid (el 44 y el 48) las validan, argumentando que las tarifas “no son para siempre”.

Ahora, las telecos son más fuertes para imponer subidas periódicas y controlar el mercado, tras las fusiones producidas en 2014 y 2015: Vodafone y Ono (julio 2014), Telefónica con Digital + (abril 2015) y Orange con Jazztel (mayo 2015), que han dado lugar a un “triopolio” de compañías con un gran poder, porque controlan el 83,6% del mercado de móviles y el 93,1% del mercado de acceso a Internet. Con esta concentración, hay menos competencia y las tres grandes telecos “se siguen” a la hora de hacer ofertas y subidas, sin dejar mucho margen a los clientes. Y están obligadas a imponernos nuevas subidas, porque necesitan más ingresos para seguir creciendo y afrontar las futuras inversiones.

La gran batalla ahora de las telecos es ampliar su red de fibra óptica, la “autopista” por la que nos ofrecen (con menos costes de gestión y mantenimiento) nuevos productos y servicios para justificar que nos suben “el peaje”, las tarifas. De hecho, las tres multinacionales (Telefónica, Vodafone y Orange) han hecho un despliegue de fibra óptica en España que es líder en Europa: tenemos más hogares conectados por fibra que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos. Y España es el tercer país más conectado del mundo por fibra óptica, tras Japón y Corea. Una inversión de 40.000 millones de euros en los últimos cuatro años, las tres cuartas partes hecha por Telefónica, que tiene conectados por fibra 16 millones de hogares. Ahora, el reto es “llenar esta red de servicios” y ofrecer con ella más velocidad, para que el usuario consuma más datos y más productos, junto a nuevos servicios (conexión a relojes inteligentes, gafas de realidad virtual, nuevos terminales y coches conectados). Y con ello, subirnos las tarifas, para pagar la inversión y tener beneficios.

Otro reto de las telecos es rentabilizar su red, con nuevos negocios y contenidos. La prioridad ahora es consolidar la TV de pago, sobre todo con el fútbol, sin olvidar el cine y las series. Y quieren entrar también en la industria de contenidos, produciendo series, programas y películas. Y pelear con competidores como Netflix, Apple TV o Amazon Prime, para que no sean ellos los que se benefician de vender contenidos por redes que las telecos han pagado (de ahí la pelea con Netflix, para no ampliar banda para facilitar su negocio).

Un tercer reto de las telecos es ganar negocio a costa de otros grandes competidores. Así, este otoño, Movistar va a lanzar un nuevo servicio (en alianza con Google, Microsoft y varios fabricantes de móviles) para competir con WhatsApp, ofreciendo un servicio de mensajería instantánea en los teléfonos Android que incluya pagos por móvil, tienda online, domiciliación de facturas, transferencias y aplicaciones. Se trata de defenderse frente al éxito de WhatsApp, que canaliza cada día más de 100 millones de llamadas de voz, quitando una parte de su negocio a las telecos. Y también quieren competir con Skype.

El cuarto reto es prepararse para lanzar los móviles 5G, que multiplicarán por 250 la velocidad del 4G, permitiendo conectar no sólo móviles sino coches, aviones, redes y hogares. El objetivo es lanzarlo para 2020, pero eso exige que la nueva señal viaje por una nueva banda, la de los 700 MHz, por la que transita ahora la señal televisiva de la TDT. Y eso ya ha abierto otra “guerra” entre las telecos y las TV, que se niegan a cambiarse otra vez de banda, sin recibir compensaciones (hace unos años tuvieron que emigrar para la implantación del 4G, lo que obligó a reducirlas licencias de TDT y resintonizar los televisores). Pero las telecos se juegan mucho, porque el 5G les permitirá dar un gran salto de clientes e ingresos.

Pero la gran batalla de las telecos, en España y en Europa, es su pelea con los gigantes de Internet, los llamados GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), sin olvidar WhatsApp, Netflix, e-Bay (Pay Pal) o Twitter. Multinacionales que sin hacer casi inversiones ingresan  millones con servicios que prestan a través de las redes de las telecos, que hacen inversiones millonarias para mantener y ampliarlas. Dos ejemplos: “la caja” de Apple es mayor que la capitalización conjunta de las 4 grandes telecos europeas (Telefónica, Vodafone, Orange y Deutsche Telecom). Y Facebook vale en Bolsa más que las 4 juntas. Inicialmente, las telecos pelearon por conseguir que estas grandes de Internet les pagaran un canon, una tarifa por usar sus redes, sin conseguirlo. Luego, presionaron a las autoridades europeas para que les exijan las mismas normas que a ellos (WhatsApp o Skype no tienen iguales obligaciones si se cae el servicio, por ejemplo). Y en septiembre, acaban de lanzar una última propuesta: ofrecer a sus clientes una plataforma con los datos que los grandes de Internet tienen de ellos y ofrecerse como intermediarios para forzar a Google y otras compañías a que paguen a los usuarios por estos datos o si no, prohibirles usarlos.

Un globo sonda sin sentido, por dos razones. Una, que Google y el resto de empresas de Internet ya ofrecen al usuario saber los datos que tienen de él (en el apartado “Mi actividad” de “Mi cuenta”. Y la otra y fundamental, que los usuarios de Google y demás empresas de Internet permiten que se utilicen sus datos para vender publicidad a cambio de recibir servicios “gratis”. Y mientras, las telecos también utilizan los datos de sus clientes, pero para venderles nuevos productos y servicios, cada vez más caros. Y además, las telecos son las empresas más sancionadas por la Agencia de Protección de Datos: 270 de las 693 sanciones impuestas en 2015, por un importe de 7 millones de euros (el 51% del total de multas). Y también son las empresas con más quejas y reclamaciones, lo que no pasa con las grandes de Internet.

En definitiva, una cortina de humo de las telecos, quizás para encubrir sus constantes subidas de tarifas, que seguirán , justificadas por nuevos servicios. Tras “la batalla del fútbol”, las telecos piensan ahora en dos nuevos paquetes para los próximos meses: el pack para el hogar (incluiría vigilancia y servicios de conexión de aparatos, luz o calefacción vía móvil) y el pack de juegos (ocio a través del móvil y la TV). Y en paralelo, más velocidad y más datos en los otros paquetes, con más contenidos y servicios, a cambio de nuevas subidas. Es como la bicicleta: si se paran, si no ingresan más para invertir más, se caen. Y nosotros damos pedales, pagando una factura que ya supera los 2 euros diarios.

En paralelo, las telecos, un “lobby” muy poderoso, presionan a Bruselas y a los Gobiernos, para mejorar su situación, a través de varias “batallas”. Una a corto, la del roaming, el pago extra por estar conectado en otro país europeo. La Comisión Europea había propuesto limitar a un máximo de 90 días el roaming gratis, antes de suprimirlo definitivamente en junio de 2017. Pero el 21 de septiembre, Bruselas ha dado marcha atrás y ha retirado esa propuesta, dejando el límite gratuito (por viajes) en manos de las operadoras, lo que han aprovechado las telecos para pedir que no se suprima totalmente el roaming en 2017. Además, insisten en que la UE les someta a una menor regulación (“como a Google o Whats App”, dicen), lo que mejoraría sus beneficios a costa de menor protección a los usuarios. Y también piden pagar menos impuestos.

Frente a estas telecos más poderosas, que crecen y dominan el mercado (ofertas y tarifas), los usuarios estamos cada vez más “enganchados” al móvil y a Internet y caemos en casi todas las tentaciones de nuevos servicios, desde el fútbol a la TV o los pagos en el móvil. Y esa combinación hace que seamos “carne de subidas”, que cada vez vayamos a pagar más por estar “súperconectados”. Que pronto paguemos más por el móvil que por la luz o el agua. Y que no podamos hacer nada, porque no podemos vivir sin ello. Y porque las telecos imponen sus precios, sin que nadie diga nada.

jueves, 22 de septiembre de 2016

Aumentan los accidentes de trabajo


Casi dos personas mueren cada día en España en accidentes de trabajo: 301 muertes en el primer semestre, 16 más que el año pasado. Y llevamos ya dos años y medio creciendo los accidentes laborales, que cayeron a la mitad con la crisis. También crecen las enfermedades profesionales derivadas del trabajo. Patronal y Gobierno dicen que se debe a que hay más actividad y más gente trabajando, pero los sindicatos denuncian que la culpa de esta mayor siniestralidad laboral es doble: las empresas gastan menos en prevención y hay más precariedad en el empleo (hay más rotación en los trabajos, con gente menos experta en contratos por días o semanas). Y que si se cumpliera la Ley de prevención de riesgos laborales, se evitarían un tercio de los accidentes. Por eso piden dedicar más campañas y medios a la prevención, más control de la inspección de Trabajo y un Plan de choque contra los accidentes laborales. No es de recibo que en pleno siglo XXI, trabajar mate.
 
enrique ortega

Un hombre de 41 años murió antesdeayer en una empresa de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), al caerle encima unas bobinas de cable eléctrico que pesaban más de 300 kilos. Es el penúltimo trabajador fallecido en un accidente laboral en España, donde el primer semestre hubo 276.069 accidentes laborales y murieron 301 personas, 16 muertos más que el año pasado, según el Ministerio de Empleo. Con ello, sigue la tendencia de los dos años anteriores, en los que también aumentaron los accidentes y las muertes en el trabajo, tras haber caído a la mitad con la crisis. El récord se alcanzó en 2007, con 1.022.067 accidentes laborales y 1.136 muertes. En los años posteriores, la cifra de accidentes cayó a la mitad, sobre todo porque 3,8 millones de personas perdieron su empleo. Pero en 2014 cambia la tendencia (suben los accidentes a 491.099 y los muertos a 580) y volvió a aumentar  la siniestralidad en 2015, con 529.000 accidentes y 629 trabajadores muertos, la mitad que en accidentes de tráfico (1.126 muertos en 2015). Y este año 2016 aún vamos peor.

El 86% de los accidentes laborales se producen en el centro de trabajo (238.526 accidentes, con 226 muertes, en la primera mitad de 2016), pero otro 14% se producen yendo a trabajar,”in Itinere” (37.543 accidentes, con 75 muertes), dos tercios de ellos por accidentes de tráfico, que son los que más han aumentado este año. La mitad de las muertes por accidente laboral se producen en los servicios (312 de las 629 de 2015), porque es donde trabajan tres de cada cuatro españoles, seguidos de la industria (157muertos), la construcción (87) y el campo (73), pero la actividad más peligrosa sigue siendo la construcción (con el doble de accidentes que la media), seguida del campo y la industria. Hay 8 autonomías que superan la media de accidentes, encabezadas por Baleares, Castilla la Mancha, Asturias, Canarias y Andalucía, aunque en 2016 ha sido Navarra donde más han crecido los accidentes laborales.

Un dato destacable es el aumento de accidentes y muertes entre las mujeres, sobre todo en accidentes camino del trabajo. Los expertos lo achacan a que las mujeres tienen más contratos precarios y a tiempo parcial, a la vez que se ocupan más de los hijos y las tareas del hogar, lo que multiplica sus desplazamientos y sus riesgos de tener un accidente yendo o viniendo de trabajar. También es mayor la siniestralidad laboral entre los jóvenes (los menores de 25 años tienen un 20% más de accidentes laborales), debido a su menor experiencia y a las peores condiciones de trabajo: tienen más contratos temporales y reciben menos formación para prevenir riesgos laborales. De hecho, las estadísticas revelan que un 38% de los accidentes con baja laboral se producen en trabajadores con menos de 1 año de antigüedad.

El trabajo no sólo provoca accidentes y muertes sino también enfermedades profesionales, que no siempre se diagnostican como tales. En 2015 se diagnosticaron 24.627 enfermedades profesionales, un 47% con baja laboral, según el Ministerio de Empleo, lo que convierte a España, junto a Francia, en el país de Europa con más enfermedades profesionales. Y en la primera mitad de 2016 ya se han diagnosticado 11.657, casi mil más que el año pasado. Las enfermedades profesionales se dan sobre todo en la industria y la minería, también en la construcción, destacando Navarra, País Vasco, la Rioja y Aragón.

UGT denuncia que un 20% de las enfermedades profesionales no se contabilizan como tales, (serían 2.320 más al año), porque no se reconocen así por las empresas, los médicos o las Mutuas. Y eso porque es una manera de que Mutuas y empresas se ahorren dinero, pasando la factura de estas enfermedades a la sanidad pública. Y dan dos ejemplos. Uno, el cáncer laboral: mientras algunas estimaciones hablan de 9.000 nuevos diagnósticos anuales atribuibles a exposiciones laborales, las Mutuas sólo comunicaron 23 casos en 2015 (19 por exposición al amianto). Y lo mismo pasa con el aumento de enfermedades psíquicas y depresiones, muchas de ellas derivadas de situaciones laborales muy críticas.

¿Por qué aumentan los accidentes laborales y las enfermedades profesionales? Según los empresarios y el Gobierno, porque hay más actividad económica y un millón más de españoles trabajando que hace dos años y medio. Es cierto. Pero hay más razones de peso. Para los sindicatos, dos son claves. Una, el aumento de la precariedad, a partir de la reforma laboral  aprobada por el Gobierno Rajoy en febrero de 2012: han aumentado los contratos temporales (92% de los que se hacen) y a tiempo parcial (35%), por lo que hay más rotación en el empleo, gente trabajando poco tiempo, sin formación en riesgos laborales y sometidos a tensos ritmos de trabajo, con plantillas muy recortadas. De hecho, el 36,7% de los accidentes con baja se concentran en trabajadores con contrato temporal (que son el 24% de todos los trabajadores). La otra causa es que las empresas, con la crisis, invierten menos en prevención. Y otras han externalizado el servicio, lo que dificulta el control sindical.

Para los sindicatos, la causa principal de que haya más muertes en el trabajo es porque no se cumple la Ley de prevención de riesgos laborales, de noviembre de 1995, en su opinión “una buena Ley”. Y lo argumentan en que el 31% de los accidentes de 2015 se produjeron en empleos donde no se había llevado a cabo la obligatoria evaluación de riesgos laborales para los trabajadores que los ocupan, según un estudio de UGT. Eso significa, añaden, que 1 de cada 3 accidentes laborales en los centros de trabajo (no “in Itinere”) se podrían haber evitado: serían 140.232 accidentes y 148 muertes evitables, sólo en 2015.

Urge un Plan de choque contra los accidentes laborales y las muertes en el trabajo, que invierta más en prevención, con formación en las empresas y campañas públicas de concienciación social. Y dotar de más medios y personal especializado (expertos en prevención) a la Inspección de Trabajo, para multiplicar los controles en las empresas. Ahora, en muchos casos, la empresa donde se produce un accidente trata de calificarlo de “leve”, para evitar la intervención de la inspección de Trabajo, porque cuando el accidente es grave interviene de oficio la inspección de Trabajo y sanciona a la empresa si es culpable. Y en muchos casos, el trabajador no denuncia, por miedo a represalias o al despido. Otro problema a resolver es el atasco de los Tribunales a la hora de fijar las indemnizaciones: tardan de media 5 años y medio en dictar una sentencia, según la última Memoria judicial.

Otro problema a resolver es el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades profesionales, que exigiría un menor papel de las Mutuas y un mayor protagonismo de la sanidad pública, a la que habría que trasvasar recursos que ahora tienen las Mutuas, para crear unidades básicas de salud laboral en las áreas de atención primaria, formando a especialistas (no existe la especialidad de medicina del trabajo en la Sanidad pública).

Al final, UGT y CCOO enviaron al Congreso de los Diputados en abril una propuesta para que se cree una Comisión parlamentaria para analizar la salud laboral en España y tomar las medidas necesarias para reducir la siniestralidad laboral, esos 1.500 accidentes y casi 2 muertos diarios, que tienen un gran coste humano, sanitario y económico para España. Es otra tarea urgente para el futuro Gobierno, en colaboración con sindicatos y empresarios. Porque no es admisible que en pleno siglo XXI, el trabajo mate. Y más, cuando un tercio de estas muertes podrían evitarse, con dinero y formación. La vida no tiene precio.