lunes, 19 de septiembre de 2016

Presupuestos prorrogados y chantaje de Rajoy


No habrá Presupuesto 2017 y el Gobierno Rajoy aprobará una prórroga del Presupuesto 2016, congelando ingresos y gastos. También aprobará un Decreto para recaudar 6.000 millones más de las empresas, para “calmar” a Bruselas y evitar que nos multe en diciembre. Pero Rajoy no subirá pensiones, sueldos de funcionarios ni ayudas a parados y dependientes, 14 millones de españoles que dependen de los Presupuestos. Dice que legalmente no puede, pero el PSOE le dijo en el debate de investidura que apoyaría un decreto revisando estas partidas. Otro problema grave lo tienen autonomías y Ayuntamientos: Hacienda no quiere subirles su déficit ni darles previsiones de ingresos y gastos, así que no pueden aprobar sus Presupuestos 2017, en perjuicio del gasto sanitario, educativo, empleos y sueldos de funcionarios. Parece un “chantaje” de Rajoy para forzar al PSOE a abstenerse en la investidura, so pena de aparecer como responsable de perjudicar a millones de españoles. Una pelea política que pagarán los españoles más débiles y la economía.
 
enrique ortega

No se ha conseguido pactar un nuevo Gobierno y el gabinete Rajoy, en funciones desde hace 329 días, legalmente no puede aprobar los Presupuestos 2017, que deberían llegar a finales de septiembre al Parlamento. Por eso, el Gobierno en funciones aprobará una prórroga del Presupuesto 2016, como ya sucedió en 1983, 1990, 1996 y 2012, años con Presupuestos prorrogados. Eso significa que se congelan todos los ingresos y gastos públicos, que el año que viene sólo se podrá recaudar y gastar lo mismo que este año. Al menos hasta que haya un Gobierno, antes del 25 de octubre (difícil) o tras unas terceras elecciones, que revise las cuentas públicas, este año o el que viene.

En paralelo a la prórroga del Presupuesto 2016, el Gobierno Rajoy aprobará esta semana un Decreto ley para "calmar" a Bruselas, que nos había exigido un nuevo Presupuesto 2017 y medidas de ajuste (para recortar el déficit) antes del 15 de octubre. Se trata de aumentar este año en 6.000 millones los ingresos públicos, obligando a las grandes empresas a adelantar en octubre y diciembre un 20% del pago del impuesto de sociedades que deben hacer en 2017. Es un “truco contable”: se recaudará más este año, para recortar el déficit, y menos en 2017. La medida es más “chocante”: se aprueba para compensar la drástica caída de recaudación en el impuesto de sociedades (un -85% hasta julio), caída que se ha producido por culpa del Gobierno Rajoy: el año pasado aprobó una bajada de impuestos a las empresas, rebajando el tipo de sociedades del 28 al 25% y limitando drásticamente los pagos adelantados, que ahora sube con el nuevo Decreto. Y es que las grandes empresas apenas pagan impuestos en España, lo que perjudica la recaudación y el déficit. Basten dos ejemplos. el Corte Inglés lleva 5 años sin pagar ni un euro en el impuesto de sociedades y Hacienda le ha devuelto 343 millones de euros desde 2011. Y Hacienda devolvió al Banco de Santander 1.236 millones de euros por Sociedades en 2013 y 2014.

Además de este Decreto para recaudar más ahora, el Gobierno Rajoy aprobó en agosto otra medida para “calmar” a Bruselas: cerrar el grifo” del gasto en todos los Ministerios el 8 de agosto de este año, en vez del 31 de diciembre. A partir de esa fecha, ya no se autorizan gastos nuevos. Otro “truco contable”: las facturas se meten en el cajón y se pagarán el año que viene. Con ello, Hacienda prevé ahorrar 1.000 millones más, a sumar a los 6.000 extras que se recauden por sociedades. Y pretende recaudar 1.000 millones más en la lucha contra el fraude. En total, 8.000 millones más para reducir el déficit este año, el mensaje que se quiere enviar a Bruselas para evitar una multa en diciembre, de la que nos libramos en julio (hasta 2.200 millones), más la posible pérdida de fondos europeos (otros 1.350 millones más) .

Pero el Gobierno Rajoy no quiere aprobar nada más. Y por ello, no podrán revisarse al alza algunos gastos que afectan a 14 millones de españoles: la subida de las pensiones (9 millones), el sueldo de los funcionarios (2 millones), las prestaciones a parados (2 millones) o las ayudas a ancianos y Dependientes (1 millón). Estas pensiones, sueldos y prestaciones se congelarán en 2017, al no haber Presupuesto. El Gobierno Rajoy dice que legalmente no puede tocarlas, pero el PSOE le dice que sí puede, que ya lo hizo Zapatero en la prórroga de 2011 y que la Ley de Gobierno (aprobada por Aznar en noviembre de 1997) permite aprobar un Decreto así a un Gobierno en funciones “por razones de urgencia e interés general”. Y ya en el debate de investidura de Rajoy, Pedro Sánchez le dijo explícitamente que si mandaban al Parlamento un Decreto revalorizando pensiones, sueldos y prestaciones de paro y Dependencia, “los socialistas lo iban a convalidar” (a apoyar). Pero Rajoy insiste en que no lo hará, como tampoco revisará otras ayudas y gastos necesarios, como las becas y ayudas escolares, según acaba de confirmar el ministro de Educación en funciones. Y por supuesto, otras partidas que exigen mejoras, como muchas prestaciones sociales, ayudas a la pobreza o urgentes inversiones en infraestructuras.

Pero el problema de la falta de Presupuestos 2017 no está sólo  en la cerrazón del Gobierno Rajoy para aprobar un decreto de revalorización de prestaciones a los españoles más débiles. También preocupa mucho a los Ayuntamientos y, sobre todo, las autonomías. Básicamente, porque el Gobierno Rajoy se niega a aprobarles un “techo de gasto” para 2017 (el máximo que pueden gastar, compatible con la rebaja del déficit prometida a Bruselas): dicen que un Gobierno en funciones no puede hacerlo, aunque sí lo hizo Zapatero en 2011. Y tampoco les quiere decir la previsión de ingresos que pueden tener para 2017, en función de lo que espera recaudar el Estado central (una parte importante son transferencias a autonomías y Ayuntamientos). Así, sin saber sus ingresos y su límite de gastos, autonomías y Ayuntamientos no pueden elaborar sus Presupuestos 2017, que deben aprobar en octubre y noviembre. Y eso paraliza su actividad y perjudica el Estado del Bienestar (sanidad, educación, dependencia, gastos sociales), que depende básicamente de las autonomías.

Otro chantaje del Gobierno Rajoy para presionar a autonomías y Ayuntamientos (la mayoría controlados por la oposición) a que presionen al PSOE para que se abstenga en la formación de un nuevo Gobierno, so pena de paralizar los gobiernos autonómicos y municipales. Además, en el caso de las autonomías, el Gobierno Rajoy está utilizando otro instrumento de presión: no dejarles tener más déficit este año, lo que les obligaría a hacer 4.500 millones de recortes extras de aquí a diciembre, recortes que tendrían que salir de la sanidad, la educación, el empleo y los sueldos de los funcionarios o retrasando el pago a proveedores. En abril pasado, Hacienda pactó con las autonomías un aumento del déficit de este año 2016, permitiendo que fuera del 0,7% del PIB en vez del 0,3% inicialmente previsto (4.500 millones más de gasto), debido a que Bruselas había abierto la mano y permitía que España tuviera este año más déficit (hasta el 4,6%). Pero hasta ahora, el Gobierno Rajoy no ha materializado este nuevo déficit y dice que como está en funciones no puede legalizarlo. Y las autonomías se ven ahora con que tienen que hacer un ajuste mayor del previsto.

Las autonomías están agobiadas, porque sin techo de gasto y sin previsión de ingresos, no pueden aprobar los Presupuestos de 2017 y eso paraliza su actividad. Encima, si Hacienda no les sube el déficit de 2016, tienen que gastar este año 4.500 millones menos de lo que contaban hasta hace unos días. Y por si fuera poco, si el Gobierno Rajoy no aprueba un Decreto ad hoc, se quedarán también en 2017 sin los 937 millones que recaudan por el Impuesto de Patrimonio, que exige prorrogarlo explícitamente en cada Presupuesto. Por todo ello, las autonomías han presionado a Hacienda, para que convoque un Comité de Política Fiscal y Financiera (obligatorio si lo piden un tercio), que finalmente se celebrará este mes. Y allí exigirán información sobre ingresos y gastos para 2017 y que se respete el nuevo límite de déficit, tras haberlo cambiado Bruselas. Y se quejan de que el Gobierno Rajoy les “chantajea” financieramente (en perjuicio de sus ciudadanos), para presionar al PSOE (que gobierna en 7 autonomías y muchos Ayuntamientos) a que se abstenga.

La falta de Presupuestos y la actitud “pasota” del Gobierno Rajoy, no queriendo paliar los efectos negativos de la situación, no sólo puede perjudicar a pensionistas, parados, funcionarios, dependientes, Ayuntamientos o autonomías (sanidad, educación, ayudas sociales e inversiones) sino que también afecta muy negativamente a la actividad de la Administración, así como por supuesto a la economía y al empleo (que cayó en agosto). De entrada, hay más de 100 nombramientos de altos cargos que están paralizados. El 6 de octubre deberían renovarse la presidencia y vicepresidencia de la CNMV, el organismo que controla la Bolsa. Y a finales de año se va al Banco de Pagos de Basilea el subgobernador del Banco de España. Hay 3 consejeros de la Comisión de la Competencia (CNMC) que llevan un año en funciones y habría que renovarlos, lo mismo que 44 embajadores jubilados, fallecidos o cesados. Y están pendientes de nombramientos más de 30 Fiscales.

El Gobierno Rajoy dice que está en funciones y no puede hacer nombramientos, aunque sí propuso al ex-ministro Soria para el Banco Mundial y Defensa ha nombrado sin problemas 6 nuevos altos cargos militares (además de aprobar sin problemas, este mes de septiembre, un gasto militar extra de 1.160 millones para este año, como viene haciendo desde 2012). También están pendientes de trasponer 19 Directivas europeas y tomar decisiones que no permiten demora, como la renovación del Plan de Vivienda 2013-2016 (si no, el 1 de enero se paraliza) o decidir si se revisan las declaraciones de los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal (como pactaron el PP y Ciudadanos), para lo que hay plazo sólo hasta el 30 de noviembre. Ell Gobierno está en funciones, pero por el bien de todos urge pactar una solución a los problemas y nombramientos más urgentes, para no paralizar aún más el país. Pero parece que Rajoy piensa que “cuanto peor mejor”: más presión sobre el PSOE y más votos para el PP si hay terceras elecciones, en las que culpará de todos estos males al “obstruccionismo” de Sánchez (y no a la incapacidad de Rajoy para conseguir más apoyos a su investidura).

Entre tanto, la Comisión Europea nos vigila y Bruselas está esperando “con la escopeta cargada”. Saben que sin Gobierno no pueden exigir un Presupuesto para 2017 antes del 15 de octubre, pero advierten que España debe de tomar “medidas”. A lo claro: recortes. Como 2016 será “un año perdido”, tendrán que concentrarse en 2017. Y eso supone que para cumplir con el 3,1% de déficit que Bruselas nos exige para el año que viene, habría que recortar entre 16.500 millones (si cerramos 2016 con el déficit objetivo del 4,6%, algo casi imposible, ya que hasta julio tenemos más déficit que en 2015) y 21.300 millones, una barbaridad. Y otros 10.000 millones más de recortes el año siguiente, para dejar el déficit público al 2,2% del PIB que nos exigen para 2018. Y si no hacemos este duro ajuste, la Comisión Europea amenaza a España con una multa de hasta 5.000 millones de euros, según el ministro de Guindos.

Así que el panorama está muy negro. No hay Gobierno ni visos de lograrlo. Y si se consigue en septiembre o en octubre, tendría que empezar con recortes este año. Y aprobar muchos más para 2017. Algo que sufriremos todos, en más impuestos y sobre todo en recortes en sueldos, empleos públicos, pensiones, sanidad, educación, dependencia, gastos sociales e inversiones en Ciencia y en infraestructuras que tanta falta nos hacen. Y con estos recortes, la economía crecería menos y crearía menos empleo, en un año 2017 que ya se prevé crecer menos (2,3% frente al 3% este año) y crear menos empleos (439.000 frente a 460.00 en 2016 y 525.000 en 2015). Y con la mala suerte que los recortes y el menor crecimiento coinciden con una Europa estancada y una economía mundial que no despega.

Esto es lo que hay y lo que está detrás de la falta de Presupuestos y de las peleas políticas sin salida, mientras Bruselas sigue con su austeridad, un suicidio económico y político. Habría que cambiar drásticamente, en Europa y en España, reanimando la economía alemana y europea (lo ha pedido el BCE)  y pactando casi todo en España para mejorar el futuro, buscando aumentar la recaudación de grandes empresas, multinacionales y los más ricos, para poder gastar más y recortar el déficit público. Hacer otra política económica y social, en beneficio de la mayoría de españoles. Pero no parece que estén por la labor.

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