jueves, 19 de mayo de 2016

Dependencia: 400.000 ancianos esperan ayuda


Mientras los políticos se preparan para la campaña electoral, hay 400.158 ancianos y discapacitados que esperan una ayuda que tienen legalmente reconocida  y no reciben por falta de recursos de las autonomías. El problema se agrava porque el 54% de estos dependientes “en lista de espera” tienen más de 80 años y muchos se mueren antes de que les llegue. Es la parte más dramática del negativo balance de 9 años de Ley de Dependencia, con 802.269 beneficiarios y que financian las autonomías (62%) y las familias (20% de copago) pero no la Administración Central, que ha recortado drásticamente sus aportaciones con Rajoy (-2.865 millones). Ahora, urge un Plan de choque para que las ayudas lleguen a todos los dependientes reconocidos y buscar una financiación estable del sistema, para que la Dependencia no sea un derecho legal sin recursos. Pero esto depende mucho de quien gane las elecciones: Rajoy ya dijo en 2011 que “el sistema no es viable”. Y por eso languidece.
 
enrique ortega

Las ayudas públicas a los ancianos y personas dependientes llevan vigentes más de 9 años, pero no acaban de despegar. Se pusieron en marcha el 1 de enero de 2007, con una Ley de Dependencia que instauraba “la cuarta pata” del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones) pero que no contaba con un Presupuesto estable. Avanzó con firmeza al principio, incluso con la primera parte de la crisis, y en la Legislatura de Zapatero se triplicaron los beneficiarios: de 228.613 dependientes atendidos en 2008 a 752.005 en 2011. Pero al llegar al poder Rajoy, que no creía en el sistema (“no es viable”, declaró en El País un mes antes de las elecciones de 2011), empezaron los recortes, ya a los nueve días de tomar posesión: dejó fuera a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia (-2.865 millones entre 2012 y 2015) y aprobó un decreto con cambios profundos para facilitar a las autonomías, (la mayoría, gobernadas por el PP) un drástico recorte del gasto en Dependencia: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes, les bajó un 15% su paga (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó baremos (de 6 a 3,rebajando las ayudas) y subió el copago a las familias.

Al contar con menos recursos de la Administración Central (mientras aumentaban las solicitudes de ayuda de los dependientes), las autonomías, que gestionan las ayudas, tuvieron que “buscarse la vida” para cuadrar las cuentas, presionadas también por sus propios recortes. Y se dedicaron a reducir aún más el gasto en Dependencia por vías “propias”, según denunció el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la concesión de ayuda, aumentando “las listas de espera”. La segunda, endureciendo los requisitos en febrero de 2012, con lo que han reducido el número de “grandes dependientes” (Grado III) reconocidos (había 82.016 menos en diciembre de 2015 que en diciembre 2011), los más caros de atender, y han subido el número de dependientes “severos” (Grado II) y, sobre todo “moderados” (Grado I), los más baratos de atender. Y la tercera vía de “ahorro” ha sido revisar “de oficio” valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja el grado (y la ayuda), lo que ha multiplicado las denuncias de las familias en los Tribunales. Las suelen ganar, pero 2 años después y muchos mueren antes.

Después de tanto recorte, el balance de la Dependencia en esta Legislatura sólo podía ser negativo. A 31 de marzo de 2016, había 1.202.427 dependientes con derecho a ayuda, 148.470 dependientes reconocidos más que al llegar Rajoy a la Moncloa. Pero sólo 802.269 de ellos recibían alguna ayuda (60.556 más que a finales de 2011), con lo que hay 400.158 dependientes “en lista de espera”, con derecho reconocido pero sin recibir ninguna ayuda o servicio, 87.914 dependientes más “en el limbo” que al llegar Rajoy al Gobierno. El problema es muy serio porque un 54% de estos dependientes tienen más de 80 años (dos de cada tres son mujeres) y pueden morir antes de que les llegue realmente la ayuda a la que tienen derecho. De hecho, unos 125.000 ancianos que estaban en lista de espera para recibir las ayudas han muerto desde 2012, según estima el Observatorio de la Dependencia.

Hay otros dos problemas más ligados a esta enorme “lista de espera”, de 1 de cada 3 beneficiarios reconocidos (33,27%). Uno, que muchos de estos dependientes “en el limbo” son dependientes “severos” a los que urge más la ayuda o servicio, que al no llegar obliga a un enorme esfuerzo de sus familias: así, un 10% de los dependientes en lista de espera (40.000) son dependientes graves, ancianos que precisan de atención y ayuda las 24 horas, y otro 18% (72.000 más) son dependientes “severos”, que exigen atención varias veces al día. Y el otro, que la “lista de espera” de la Dependencia es muy desigual entre autonomías. Así, hay 5 autonomías con muchos dependientes en espera: Canarias (53,76% de los dependientes reconocidos esperan, más de los que reciben ayuda), Aragón (44,26% esperan), Castilla la Mancha (41,44%), Cataluña (41,31%) y Andalucía (“sólo” esperan el  36,83%, pero son 104.321 dependientes). Y hay otras 5 con una baja “lista de espera”: Castilla y León (6,8% dependientes reconocidos), Ceuta y Melilla (7,8%), Asturias (18,8%) y Madrid (20,9%). Con la misma Ley y los mismos recortes del Gobierno central.

Eso tiene mucho que ver con el gasto propio en Dependencia que hace cada autonomía y cómo gestionan las ayudas y servicios. Las que más gastan son Cantabria (768 euros por habitante potencialmente dependiente), País Vasco (737 euros), Rioja (646€), Castilla la Mancha (645€) y Madrid (619€) y las que menos son la Comunidad Valenciana (283 euros), Ceuta y Melilla (287) y Canarias (288€). Y las que mejor gestionan su gasto, porque tienen a más dependientes beneficiarios en relación a su población, son Castilla y León (3,06 dependientes atendidos de cada 100 habitantes), Cantabria (2,42), País Vasco y Rioja (2,26), Andalucía (2,13%) y Extremadura (2,05). Y los que peor gestionan, con menos dependientes atendidos sobre su población total, son Canarias (0,67 sobre 100), Comunidad Valenciana (0,89), Aragón (1,36), Ceuta y Melilla (1,43) y Navarra (1,45 sobre 100).

A la hora de ver quién paga la Dependencia, el cambio ha sido drástico durante la Legislatura de Rajoy. El gasto total en Dependencia, que pasó de 3.874 millones en 2009 a 6.157 millones en  2011, se estancó en estos niveles entre 2012 (6.566 millones) y 2014 (6.358 millones), para gastarse 6.589 millones en 2015: 432 millones más de gasto (+7%) para 148.470 dependientes reconocidos más (+14%). Pero lo peor es que el Gobierno central, que aportaba el 24% del gasto en 2011 (y el 39% en 2009), ha “abandonado” la Dependencia, ya que en 2015 sólo financiaba el 18,1% del total. Y han tenido que cargar con la mayoría del coste las autonomías (financiaron el 62% en 2015, frente al 46% en 2009 y el 59,6% en 2011) y las familias de los dependientes, con el copago (del 16,4% en 2011 al 19,9% del gasto total en 2015). Con ello, Rajoy incumple la Ley de Dependencia, que establecía que las autonomías financiarían la Dependencia como la Administración Central (50/50 y ahora es 77,4/22,6).

Al final, los profesionales de la Dependencia, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, han valorado esta Legislatura concediendo a Rajoy el “Premio Corazón de piedra” por sus recortes a la Dependencia. Y han hecho una valoración anual más, en febrero de 2016, sobre la gestión de la dependencia de las autonomías (puntúan 14 indicadores), con un balance muy negativo: sólo aprueban a 6 autonomías y suspenden a las 11 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla. A la cabeza del ranking están Castilla y León (8,75 puntos sobre 10), Andalucía (7,50), País Vasco (6,79), La Rioja (6,07), Castilla la Mancha y Madrid (5,71 puntos). Y a la cola de los demás, todos suspensos, se encuentran la Comunidad Valenciana (con un 0), Canarias (0,71), Aragón (0,11), Baleares (2,14), Navarra (2,50) y Murcia (2,86 puntos), malas regiones” para ser un anciano o discapacitado.

No se trata sólo de que haya muchos dependientes reconocidos en “lista de espera”, que el Gobierno haya “medio abandonado” la financiación de la Dependencia  o que la mayoría de autonomías suspendan en su gestión. Es que además, hay muchas diferencias en las ayudas y servicios que prestan unas y otras a los dependientes. Algunas optan por ofrecer servicios “low cost”, como la teleasistencia (14,6% de las ayudas totales): sale barato y cubre a muchos. Otras optan más por dar ayudas a las familias (35,5% de las ayudas totales), para que sean ellas las que cuiden a sus dependientes (95% de las cuidadoras de padres e hijos dependientes son  mujeres: hay una enorme desigualdad de género). Felizmente está aumentando la ayuda a domicilio (15,26% de las ayudas) y las residencias (14,9%). Y hay autonomías que han optado por el cheque-servicio, que es una manera barata de quitarse problemas y privatizar ”la Dependencia: dan dinero y que la familia contrate lo que quiera (y pueda: “eligen” poco). Este tipo de ayuda es ya la dominante en Castilla y León (23,10%), Extremadura (38,63%) y Canarias (14,32%) y la segunda en Aragón (20,4%).

El panorama de la Dependencia, según los expertos y las familias de los dependientes, es desolador. “O se invierte de manera decidida o se admite que el Estado no es capaz de garantizar los derechos contenidos en la Ley de dependencia”, señalan desde el Observatorio de la Dependencia. Y añaden que al ritmo actual de las ayudas “se necesitarían 16 años para acabar con la lista de espera”. Algo inadmisible. Pero conseguir que esos 400.158 dependientes reciban sus ayudas tiene un coste, estimado en 2.753 millones de euros extras anuales. Es mucho dinero, pero es de justicia que alguien que tiene reconocido un derecho por Ley reciba la ayuda o el servicio. Urge que el futuro Gobierno apruebe un Plan de choque para dejar esa lista de espera en cero en un año. Y que no crezca. No se puede olvidar que sí ha habido dinero para pagar la extra de 2012 de los funcionarios (1.000 millones en total), las ayudas a Cajas y bancos (más de 100.000 millones) y la bajada de impuestos, sobre todo a las empresas, que sólo este año 2016 nos costará otros 2.641 millones 

Pero no basta con suprimir la “lista de espera”. La Ley de dependencia tiene “un pecado original de nacimiento”: se concibió sin pensar mucho en cómo financiarla. Y eso exige buscar un sistema de financiación estable y suficiente a medio plazo, en base a más ingresos fiscales (se puede y se debe recaudar más), posibles recargos del IVA o cotizaciones sociales adicionales, tres medidas propuestas en su día por la Comisión de Expertos que informó sobre la Ley de dependencia en el Congreso. El objetivo sería recabar entre 8.000 y 10.000 millones anuales para financiar de forma estable la dependencia. Un coste mucho menor al de los otros tres pilares del Estado del Bienestar, las pensiones (120.000 millones), la Sanidad (88.000 millones) o la Educación (50.000 millones). Además, la inversión en Dependencia crea mucho empleo (35 empleos directos por millón) y muchos “retornos”, dinero que se recupera (el 38% de la inversión) vía impuestos, cotizaciones y menos subsidios de paro.

En resumen, la Dependencia está en una encrucijada y sólo queda invertir y avanzar o poner en cuestión el sistema. Y más cuando sigue creciendo la esperanza de vida (ya está en 82,87 años, la segunda mayor del mundo tras Japón) y eso supone un creciente envejecimiento de la población española: cada vez habrá más ancianos que necesiten cuidados. De hecho, la estimación del CSIC es que se duplique con creces el número de dependientes, pasando de los 3 millones actuales (ancianos y discapacitados) a 7 millones en 2015. O sea, que si ahora faltan recursos y hay lista de espera, las necesidades irán en aumento. Así que la Dependencia debería ser una de las grandes preocupaciones de la próxima Legislatura, junto al empleo, las pensiones, la educación, la sanidad o la pobreza y la desigualdad. Y uno de los temas que más deberíamos mirar a la hora de votar. Por asegurar una ayuda digna a millones de dependientes y sus familias. Y por puro egoísmo: pronto, los ancianos que necesiten ayuda podemos ser nosotros.

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