Déficit excesivo: más ingresos, no más recortes

Tantos recortes para que Rajoy no haya cumplido nunca con el déficit prometido a Bruselas. Y España tiene el mayor déficit público de Europa (Grecia incluida). Montoro echa la culpa a las autonomías, pero olvida algo: de los 10.000 millones que se ha desviado el déficit, 4.800 son porque el Gobierno Rajoy bajó los impuestos, por las elecciones. Y también tiene culpa del agujero de las pensiones, por una reforma laboral que ha desplomado las cotizaciones. Ahora, el Gobierno en funciones quiere recortar el gasto de las autonomías, con muchas competencias y pocos ingresos, que exigen una reforma urgente de su financiación. Mientras, Bruselas amenaza con nuevos recortes (12.000 millones), que hundirían más la economía y la recaudación. Hay que explorar otro camino: recaudar más. Si España ingresara como Europa, recaudaríamos 82.000 millones más. Hay que reducir el fraude y hacer que paguen más las grandes empresas, multinacionales y los ricos. Así no habría que recortar.
 

enrique ortega

España es el país de la Unión Europea (28 países) con más déficit público en 2015: -56.600 millones de “agujero” (gastos-ingresos públicos), un 5,16% del PIB, frente al 2% de media en la UE-28, incluso por encima de Grecia (4,6% de déficit), Francia (3,8%) o Portugal (3%). Pero esto no ha sido siempre así: en 2003 y 2004, España tenía unas cuentas públicas equilibradas y entre 2005 y 2007 tuvo superávit, ingresábamos más de lo que gastábamos. Pero llegó la crisis y la recaudación se desplomó, mientras crecían los gastos públicos para tratar de paliar la crisis (desempleo, Plan E y cheque bebé, medidas inútiles y costosas). Y así, Zapatero dejó el déficit en el 9,4% del PIB en 2011 (-101.265 millones). Rajoy metió la tijera en los gastos y subió los impuestos, pero sólo consiguió bajar el déficit a la mitad, el 5,16% en 2015. Y año tras año, de 2012 a 2015, ha incumplido las promesas de recorte del déficit hechas a Bruselas.

¿Qué ha pasado? En líneas generales, que los recortes impuestos por el Gobierno Rajoy en 2012-2014 frenaron el crecimiento y con ello la recaudación: se gastó menos, se creció menos, se ingresó menos y el déficit se rebajó menos de lo previsto. Es “el círculo vicioso de la austeridad”. Concretamente, en 2015, el déficit superó en 10.345 millones lo prometido a Bruselas: ha sido del 5,16% del PIB en vez del 4,2%. La Administración central cumplió el déficit prometido (2,77% frente al 2,90% de objetivo), los Ayuntamientos tuvieron superávit (+0,44% frente al objetivo del 0% de déficit), pero incumplieron las autonomías (1,66% de déficit frente al 0,70% prometido) y la Seguridad Social (1,26% de déficit frente al 0,60%). Sin embargo, una semana después de dar él mismo estos datos, el ministro Montoro, "reculaba" y decía que la Intervención del Estado iba a "recalcular los datos" (por razones contables) y bajará el déficit de 2015 al 5% del PIB.

Décima más o menos, el desvió del déficit es enorme. Montoro, en funciones, ha aprovechado para echar la culpa del mayor déficit a las autonomías, sobre todo a las ahora gobernadas por el PSOE. Concretamente, las mayores desviaciones de déficit se han dado en Cataluña (2,7% déficit), Extremadura (2,64%), Murcia (2,52%), Comunidad Valenciana (2,51%) y Aragón (2,13%), aunque todas las autonomías incumplieron en 2015 su objetivo de déficit (0,7%) salvo tres: Canarias (0,54%), Galicia (0,57%) y País Vasco (0,69%). Está claro que las autonomías han gastado de más (e ingresado de menos), pero hay que matizarlo. Primero, todas (la mayoría gobernadas entonces por el PP) gastaron de más antes de mayo, de cara a las elecciones autonómicas. Y luego, a la izquierda sólo se le puede achacar el gasto de medio año o menos, porque los nuevos Gobiernos autonómicos tomaron posesión a finales de junio (30) y principios de julio (5 y 7).

Pero con el mito del “despilfarro autonómico” hay que hacer otras dos precisiones. Una, que el Gobierno Rajoy les ha impuesto a las autonomías un ajuste doble del que se ha impuesto a sí mismo, en la Administración central: tenían que bajar su déficit a menos de la mitad (del 1,70% en 2014 al 0,70% en 2015), mientras el Estado central lo tenía que bajar sólo una cuarta parte, del 3,6 al 2,7%. Y eso no es justo, porque las autonomías soportan el 35% del gasto total del país y el Estado central el 50%. Así que se les impone un recorte doble de lo que debían, mientras Montoro suaviza la tijera “en casa”. La otra queja de las autonomías es que están mal financiadas, que tienen que hacerse cargo de la sanidad, la educación, la dependencia, la justicia y muchísimas competencias más sin recursos, sin apenas ingresos. Y que el Gobierno Rajoy no ha cumplido con la reforma del sistema de financiación autonómica, prometida para 2014. Es un problema de reparto de dinero y de poder: las autonomías deberían ingresar más y el Estado central menos.

Está claro que hay despilfarro y mala gestión en muchas autonomías, que además pagan tarde (Hacienda ha "advertido" a 11 autonomías por pagar tarde a sus proveedores, con más de 60 días de retraso), pero también  es un hecho que les faltan recursos y les sobran competencias, mientras el Estado central conserva recursos y tiene menos competencias, además de permitirse un déficit que es cuatro veces el de las autonomías. O sea, que Montoro es juez y parte y al recortar el déficit barre para casa. Lo ha hecho también para 2016: prometió a Bruselas que las autonomías reducirán su déficit a menos de la mitad (al 0,3% del PIB desde el 0,7% previsto, ahora desde el 1,66%) pero su déficit, el del Estado central, solo prometían bajarlo la cuarta parte (al 2,2% desde el 2,9% previsto, ahora desde el 2,77%). La mitad de esfuerzo fiscal: que recorten otros. 

Pero hay más. Rajoy esconde que su Gobierno es directamente responsable de una gran parte del exceso del déficit, por la decisión de bajar los impuestos en 2015 y 2016, de cara a las elecciones del 20-D: de los 10.345 millones que se ha desviado el déficit en 2015, 4.800 millones son por la bajada de impuestos hecha en enero y julio de 2015, en el IRPF y en Sociedades (empresas). Y lo peor es que esta rebaja ha beneficiado más a los que más ganan (los que superan los 60.000 euros) a los inversores (ahorro) y a las grandes empresas, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Y en 2016, Hacienda ha vuelto a ingresar 1.321 millones menos (más déficit) por la nueva rebaja de impuestos hecha en enero. Con todo, los españoles todavía pagamos 19.500 millones más de impuestos ahora que en 2011. O sea, que Rajoy ha hundido la recaudación, pero aun así todavía pagamos más impuestos.

El tercer culpable del déficit son las cuentas de la Seguridad Social, que han acabado con un agujero de 17.000 millones, aunque al final el déficit ha sido menor (12.800 millones, un 1,26% del PIB) porque el Gobierno ha compensado parte del mayor gasto en pensiones quitando dinero a los parados (se ha “ahorrado” 4.000 millones en desempleo). Y el problema no es que se haya desmadrado el gasto en pensiones (ha crecido, pero menos que nunca, por el efecto de los recortes de las “reformas” de Zapatero y Rajoy), sino porque apenas han crecido los ingresos por cotizaciones: un 1,7%, frente al 7% previsto por el Gobierno. Y eso, a pesar de que se crearon 525.100 nuevos empleos en 2015. El problema es que son empleos muy precarios, muchos por horas y mal pagados, con lo que las cotizaciones apenas crecen y menos con las bonificaciones y la tarifa plana aprobadas por el Gobierno. Es el fruto de la reforma laboral de Rajoy, que también por esta vía ha agravado el déficit público.

Ahora, el Gobierno Rajoy, en funciones, quiere calmar a Bruselas y va a tomar como “chivo expiatorio” del déficit a las autonomías. De entrada, la semana pasada, Montoro decidió retener los fondos de financiación a Extremadura y Aragón, como castigo por su reiterada morosidad en el pago a proveedores. Y envió una carta a 12 de las 14 autonomías que han incumplido el déficit en 2015 (a todas, salvo al País Vasco y Navarra), donde les daba 15 días de plazo para que aprueben un control de los gastos de 2016, para que no crezcan más del 1,8%, en cumplimiento de la Ley de estabilidad presupuestaria aprobada en solitario por el PP en 2012. Y les recuerda que si no controlan el gasto (en especial el sanitario y farmacéutico) y si no pagan a tiempo las facturas a los proveedores, no tendrán derecho a las ayudas del Fondo de Liquidez Autonómico (el FLA), unos créditos que han evitado la quiebra de 13 autonomías (todas salvo País Vasco, Navarra, Galicia y Castilla y León). De hecho, todas han sido “rescatadas” por Hacienda, que les ha inyectado 93.645 millones de euros (del FLA) entre 2012 y marzo de 2016. Una prueba clara de que su sistema de financiación no funciona.

Montoro tiene en sus manos que las autonomías lleguen a fin de mes (como Bruselas con Grecia) y ahora quiere presionarles con no soltar un euro más si no recortan sus gastos. Pero la mayoría de autonomías, controladas por la izquierda y los nacionalistas, no están por la labor, porque eso exigiría más recortes en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, Justicia y tantas cosas más que dependen de ellos. Y así, se va a abrir una dura batalla política, entre un Gobierno en funciones con la llave del dinero y unas autonomías medio quebradas que exigen más recursos y un recorte más equitativo del déficit. Y ya han dicho que "no aceptan ningún castigo "de un Montoro en funciones.

Entre tanto, Bruselas está ahí, vigilante y molesta con España, porque Rajoy les ha engañado otro año más con el déficit y no cumplimos desde 2009. Esta vez, la Comisión está dispuesta a tomar medidas duras e imponer sanciones a España, por déficit excesivo. El problema es que no hay Gobierno a quien exigir más recortes, pero Bruselas no quiere esperar y este mes de abril emitirá un informe sobre España que impondrá más ajustes. Si no suavizan sus objetivos, España tendría que rebajar su déficit público al 2,8% en 2016, lo que supone tener que recortar 23.600 millones de gasto este año. Algo imposible. Todo parece indicar que la Comisión aceptaría “suavizar” el objetivo y que España rebajara el déficit al 4% en 2016 (son 12.000 millones de recortes) y al 3% en 2017 (otros 10.000 millones), a cambio de algunas reformas más (quizás otra vuelta de tuerca en la reforma laboral y en las pensiones).

El futuro Gobierno (o el actual si Bruselas se niega a esperar) tendrá que negociar estos futuros recortes, que serán difíciles de evitar, aunque deberíamos apoyarnos en Francia, Italia o Portugal, cuyos Gobiernos de izquierdas no quieren más austeridad. Pero si nos la imponen, tendremos un grave problema: la economía crecerá menos, se creará menos empleo, se recaudará menos y al final el déficit no bajará apenas, que es lo que ha pasado estos años. Es el “círculo vicioso de la austeridad” impuesta por los fundamentalistas de Bruselas a la Europa del sur: los recortes hunden la economía, caen los ingresos y no se corrige el déficit. Es una política equivocada, como ha reconocido incluso el FMI. Pero ellos, erre que erre :"España debe presentar más ajustes", insiste el presidente del Eurogrupo.

Hay que probar otro camino: recaudar más. Y se puede. El problema de España no es que gaste más: el gasto público en 2015 fue del 42,3% del PIB, por debajo del gasto medio de la UE-28 (48%), según la Comisión Europea. Y gastamos menos que la “austera” Alemania (gasta 43,8% PIB) y bastante menos que Italia (49,6% PIB) o Francia (56,8%). Entonces, ¿por qué tenemos mucho más déficit que todos ellos? Porque ingresamos mucho menos. La recaudación en España supone sólo el 38,2% del PIB (2015), frente al 46,6% del PIB que recaudan los países del euro y el 44,9% del PIB que ingresa la UE-28, según Bruselas. Y recaudamos mucho menos que Alemania (44,9%), Italia (48,2%) y Francia (53,4% de su PIB).

En definitiva, que si España recaudara como los demás países euro, habríamos ingresado 84.000 millones de euros más en 2015. No habría déficit (fue de 56.600 millones) e incluso podríamos haber gastado más. ¿Porqué ingresamos menos? Porque recaudamos peor, porque tenemos más fraude. La Comisión Europea estima que España deja de ingresar 12.000 millones por IVA (por tener tantos tipos bonificados) y los técnicos de Hacienda (GESTHA) denuncian que las grandes empresas, multinacionales y los más ricos evaden (“legal” e ilegalmente) 60.000 millones anuales. O sea, 72.000 millones menos de ingresos porque muchos pagan menos de lo que deben.

Si el futuro Gobierno no rebaja impuestos como Rajoy y ataja de verdad el fraude fiscal, España podría ingresar 25.000 millones más al año. Se puede. Y con este dinero extra, se podrían evitar más recortes y dedicar una parte a reanimar la economía, a invertir y gastar más en cosas necesarias (no en el AVEs), desde la formación, la innovación y la tecnología a las inversiones públicas que tiren de la inversión de las empresas y del empleo. En vez de recortar, reanimar la economía para crecer más y así poder recaudar más y bajar el déficit. Ese es el camino que habría que seguir, no más recortes que ya sabemos a dónde nos llevan. El dilema es más recortes o más ingresos. Austeridad o reactivación para tapar el agujero de las cuentas públicas. Este debería ser el gran debate del déficit en las próximas semanas.