jueves, 26 de noviembre de 2015

Cambian las bajas laborales: más control


A partir de este 1 de diciembre, cambia el sistema de las bajas laborales: los partes de baja se recogerán  cada más tiempo pero el trabajador enfermo tendrá que pasar revisiones médicas de las Mutuas patronales, que podrán pedir al médico y al INSS el alta del trabajador si no están de acuerdo con su baja. El Gobierno Rajoy cede así a la presión de los empresarios, que llevan años pidiendo más control de las bajas laborales, aduciendo que hay mucho fraude. El absentismo laboral parece haber subido algo en los últimos meses, pero los pagos por bajas laborales han caído un 35% con la crisis. Y hay trabajadores que van enfermos a trabajar, por miedo al despido. Recordemos que los españoles trabajan más horas que la mayoría de europeos y la mayoría hacen horas extras, la mitad sin cobrarlas. Hay que controlar el absentismo, sí, pero sin demagogia. Y a la vez, gastar más en mejorar  la salud laboral, porque con la crisis nos ponemos más enfermos.
 

enrique ortega


En España se pierden al año 221 millones de horas de trabajo por absentismo laboral, lo que cuesta 9.381 millones de euros, algo más de la mitad a la Seguridad Social (4.878,37 millones en 2014), que paga las bajas a partir del día 16, y el resto a los empresarios (4.503 millones de euros en 2014), que pagan las bajas del 4º al 15º día (del 1º al 3º día de baja no se cobra nada). Este coste, aunque no es muy abultado y apenas crece (un 1,3% en 2015), nunca ha gustado a la patronal CEOE, que lleva décadas quejándose del absentismo laboral y denunciando un “abuso” en las bajas de los trabajadores (se ha quejado incluso de los 4 días por fallecimiento fuera de un familiar directo), por lo que exigen más control y una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan cada mes para costear las bajas.

Rajoy recogió el guante de la batalla patronal contra el absentismo y empezó cambiando la norma en la reforma laboral que aprobó en febrero de 2012: permitió que una empresa pueda despedir a un trabajador si falta al trabajo 10 días en dos meses, incluso con baja médica. Hasta entonces, ese despido era improcedente si la plantilla tenía una tasa baja de absentismo (“los jetas podían salvarse si tenían compañeros cumplidores”). Ahora, si un trabajador falta a su trabajo, aún con bajas justificadas, más del 20% de las jornadas hábiles en dos meses (más de 9 días) o el 25% en cuatro meses (los discontinuos, en un año), puede ser despedido con 20 días por año (máximo 12 meses). Se excluyen las bajas de más de 20 días, con lo que la diana de la reforma son las bajas más cortas, que son las que pagan las empresas (del 4º al 15º día). Un catarro o un esguince mal curado que vuelven, por ejemplo.

Pero el Gobierno Rajoy no se quedó ahí. En julio de 2014 aprobó una nueva Ley de Mutuas, las asociaciones patronales (creadas en 1900) que se ocupan de las bajas por accidente laboral o enfermedad profesional y que gestionan también el pago de las bajas por enfermedad común, con un Presupuesto de 10.000 millones de euros, aportado por la Seguridad Social y las cuotas empresariales. Esta nueva reforma dio más poder a las Mutuas patronales en la gestión de las bajas laborales, a la vez que se privatizaba una parte de su trabajo: los chequeos médicos a los trabajadores y la prevención están ahora en manos de hospitales privados, en especial del grupo IDC-Quirón (se ha adjudicado Fremap, Mutua Universal, la Fraternidad y MC Mutual), y la aseguradora Catalana de Occidente (que se ha quedado con Asepeyo). Y en paralelo, aprobó un decreto-ley para cambiar el sistema de bajas laborales, un cambio que entra en vigor este 1 de diciembre.

El cambio en el sistema de bajas laborales tiene dos partes. Una modifica las normas por las que se rigen las bajas laborales, agilizando el proceso. Si ahora hay que renovar las bajas cada 7 días, desde el 1 de diciembre, la fecha para recoger los partes de confirmación varían según las bajas: si son muy cortas (menos de 5 días), el médico entrega la baja y el alta a la vez; si son cortas (5-30 días), el parte de confirmación es cada 14 días; si son medias (31-61 días), cada 28 días; y si son largas (de 61 días a 365), el parte de confirmación se entrega cada 45 días. Pero a cambio de estas menores visitas, el médico tendrá que hacer más papeleo. Por un lado, cuando dé una baja, tendrá que incluir en ella cuál es el tiempo previsto para el alta (si es corta, media o larga), ayudado por una tabla estadística que le van a proporcionar con  lo habitual según las dolencias. Y además, el médico tendrá que hacer informes periódicos para informar de la evolución del trabajador al que ha dado la baja.

El otro gran cambio, el más importante, es que las Mutuas patronales tienen ahora un gran poder en la gestión de las bajas: desde el primer día, podrán pedir al empleado de baja que acuda a una revisión médica con ellos, para investigar su dolencia (ahora tenían que esperar al día 16 de la baja para pedir esa revisión). Y si tras ese análisis deciden que puede volver a trabajar, enviarán un informe motivado de alta al médico, que deberá contestar en cinco días. Si no lo hace o se niega a dar el alta, la Mutua puede recurrir a la Seguridad Social (INSS), que tiene cuatro días para contestar. Y tanto la sanidad pública (SNS) como la Mutua podrán pedir al INSS el cambio en la consideración de la baja (si es enfermedad profesional o enfermedad común, por ejemplo) y también puede reclamar el trabajador. Algo importante: si el trabajador de baja no acude a la revisión de la Mutua, automáticamente deja de cobrar la baja, aunque luego tiene 10 días para justificar por qué no acudió (si lo hace, recuperará el cobro y si no, lo pierde definitivamente).

El nuevo sistema, según el Gobierno, ahorrará papeleo y costes, unos 500 millones al año según el Ministerio de Empleo. Pero los sindicatos lo critican, porque dicen que sólo busca reducir las bajas y no se preocupa de la salud de los trabajadores. Los que están más molestos son los médicos de familia de la sanidad pública (SNS), con tres quejas serias. Una, que se les ha puesto unos “vigilantes”, los médicos de las Mutuas, para “poner en duda” su trabajo. Dos, que se les obliga a hacer mucho más papeleo: tendrán que estimar la duración de cada baja (no siempre fácil) y emitir muchos más informes, ya que se les exige ahora un informe complementario cada dos partes de confirmación (eso da hasta 9 informes en una baja de un año frente a los 2 informes actuales). Y la tercera queja, que las Mutuas patronales tendrán acceso a los historiales médicos de todos los trabajadores, algo potencialmente peligroso.

Además, los médicos del SNS se quejan de que las Mutuas (y las empresas) están cargando en la sanidad pública el coste de atender bajas por enfermedad común que en realidad deberían ser bajas por enfermedad profesional. La diferencia es importante: una baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo la gestionan las Mutuas al 100% (ellos dan las bajas y altas) y las empresas tienen que pagar al trabajador el 75% del sueldo (o lo que diga el convenio). Si la enfermedad es común, la atención al trabajador y la gestión de la baja recae en la sanidad pública y la empresa se ahorra dinero, porque se paga sólo el 60% del sueldo (salvo que el convenio haya pactado un pago mayor). Los sindicatos critican este fraude (estiman que una cuarta parte de las bajas son realmente enfermedades profesionales), que engorda los costes de la sanidad pública, en beneficio de las Mutuas privadas.

Estos importantes cambios en el sistema de bajas laborales llegan cuando algunas fuentes hablan de un cierto repunte del absentismo laboral, desde mediados de 2014, año en que las horas perdidas habrían aumentado, por primera vez en 6 años, desde el inicio de la crisis: estaríamos en el 4,4% de absentismo (2014), frente al 4,9% en 2007, según estimaciones de Addeco. Con todo, hay otro dato más importante: el pago por bajas laborales ha caído un 35% con la crisis, al menos en la parte que paga la Seguridad Social (a partir del 16º día de baja): si el INSS pagó 7.533,87 millones para bajas en 2008, en 2014 pagó sólo 4.878,37 millones. Y para este año 2015, hay presupuestado sólo un 1,3% más (4.972 millones). Así que no se ha disparado el coste de las bajas, sino que ha bajado mucho con la crisis, algo lógico porque hay menos empleados y  los trabajadores se lo piensan mucho, con tanto paro, antes de no ir a trabajar. Incluso, los sindicatos denuncian que muchos van a trabajar enfermos.

Parece claro que el absentismo laboral es algo muy negativo, para las empresas y para la economía, pero quizás se esté utilizando para forzar más recortes en las bajas, con la excusa de un mayor control. Y en paralelo, no se habla de otros datos que hablan de lo contrario, de que los españoles trabajan más que el resto de europeos. De hecho, hay 11 países europeos que trabajan menos horas que España (1.665 horas en 2013), entre ellos Alemania (trabajan 280 horas menos al año) o Francia (176 horas menos), aunque trabajamos 100 horas menos al año que la media de la OCDE. Y por si fuera poco, el 85% de los trabajadores españoles hacen más horas de las que deben, según Randstad. De hecho, 2 de cada 5 trabajadores españoles (el 41%) hacen al menos 8 horas extras a la semana, según un informe de Regus. Y cada semana se hacen en España  10 millones de horas extras “ilegales” (que superan las 2 horas extras legales por semana), según datos del INE recogidos por el PSOE. Y otro dato más, que no suele citar la patronal: más de la mitad de las horas extras hechas en 2014 no se pagaron, se hicieron “gratis”, según un informe de UGT. Eso es “presentismo”, no absentismo.

A estas alturas del mundo, todos los expertos reiteran que por trabajar más horas no se es más productivo, sino que el objetivo es trabajar menos con más eficacia, para que haya empleo para más gente. Sobre todo en España, un país con horarios laborales de locos (se sale de trabajar a las 8 de la tarde, cuando la mayoría de europeos están cenando), que dificultan la conciliación familiar y no favorecen la productividad, que depende más de la organización del trabajo, la integración laboral, la innovación y la tecnología.

Otro tema preocupante es la salud laboral, que la crisis ha deteriorado: el paro, la precariedad y los problemas laborales han agravado el estrés laboral, provocando más accidentes y un aumento de los problemas psicológicos y psiquiátricos, que son ya el tercer motivo de las bajas laborales, tras las gripes y las dolencias musculares o roturas. España invierte poco en prevención laboral y las empresas han recortado su gasto en salud laboral, lo que puede provocar un aumento de las horas perdidas. Tener trabajadores sanos (y satisfechos con su trabajo) es la mejor receta contra el absentismo, no multiplicar los controles y “criminalizar” las bajas por una minoría que defrauda. La mayoría quiere trabajar y cobrar su sueldo íntegro, no estar de baja.

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