lunes, 14 de septiembre de 2015

Un curso escolar lleno de incertidumbres


Más de 8 millones de niños y adolescentes han comenzado ya las clases en colegios e institutos. El nuevo curso escolar 2015-2016 contará con más alumnos y también con más profesores y más Presupuesto, tras cinco años de recortes, aunque sigue habiendo partidas que se reducen, como la educación compensatoria y la formación de docentes. Será el segundo año de implantación de la última Ley de Educación, la LOMCE, con nuevas asignaturas y una nueva reválida para los alumnos de 6º de Primaria. Y apenas mejoran las becas y ayudas de comedor y transporte, mientras suben los costes de la enseñanza para las familias. Pero sobre todo, empieza un curso escolar marcado por una gran incertidumbre: quién ganará las elecciones de diciembre. Porque si no gana el PP, los demás partidos han pactado por escrito derogar la LOMCE, la séptima Ley educativa de la democracia. Y vuelta a empezar. Urge alcanzar un pacto educativo para las próximas legislaturas.
 

enrique ortega


Otro curso más, aumenta el número de alumnos que inician las clases. Serán unos 8.200.000 en las enseñanzas nouniversitarias, 55.000 más que el curso pasado: 1.850.000 en infantil, casi 3 millones en primaria, 1.850.000 en la ESO, 750.000 en Bachillerato y más de 800.000 en Formación Profesional (FP), la rama educativa que más crece. Dos de cada tres alumnos estudiarán este curso en centros públicos (68%), un 25% en concentrados y el 7% restante en centros privados, aunque en Bachillerato (enseñanza más cara) aumentan los alumnos en los centros públicos (76%), mientras se reducen las guarderías públicas (51,3%).

Este nuevo curso aumenta el Presupuesto para educación, como en 2015, tras cinco años de recortes (2010-2014), donde la enseñanza en España perdió 7.300 millones de euros, entre los recortes del Estado y las autonomías. Para 2016, el Presupuesto de Educación aumenta en 208 millones (2.139,5 millones, +10,8%), pero es una subida equívoca, porque el aumento se va a financiar la aplicación de la nueva Ley de educación, la LOMCE (363 millones), sobre todo para financiar los nuevos ciclos de FP básica y la elección de los nuevos itinerarios en 3º y 4º de la ESO. Con lo que, en realidad, para las partidas ordinarias de la enseñanza hay menos Presupuesto el año que viene (como ya pasó en 2015).

Lo positivo es que este curso se recuperan las ayudas para la compra de libros de texto, que el Gobierno Rajoy quitó en 2012 (había 100 millones de euros anuales), aunque con una cifra menor: habrá 48 millones para ayudar a las familias en la compra de libros, 24 millones este mes de septiembre y otros 24 en 2016 (cuando ya se hayan comprado…). También sube algo la dotación para las becas Erasmus (163,5 millones), menor que antes de 2012) y se recuperan 10 millones de euros (una miseria) para el estudio de lenguas extranjeras. Y lo peor es que sigue habiendo recortes en partidas claves: en educación compensatoria (-26%), destinada a solventar los problemas educativos de colectivos marginados (emigrantes, gitanos, etc.), en enseñanzas artísticas (-29,6%), sobre todo música y en la formación de profesores.

Con todo, los profesores de enseñanzas no universitarias inician este curso con varias buenas noticias. Una, que han aumentado las plantillas docentes, con oposiciones y nuevos contratos (se sustituyen el 100% de los jubilados cuando antes la tasa de reposición era sólo del 50%), aunque no sirven para recuperar cinco años de pérdidas de empleo (se han perdido 24.800 profesores y con interinos y contratos a media jornada, casi 50.000). Dos, que para 2016 les suben el sueldo un 1%, tras cinco años de congelación, además de pagarles en octubre el 26,2% de la suprimida paga extra de Navidad de 2012 (otro 25% se lo pagaron en enero 2015 y el resto se lo abonarán en enero 2016), aunque sólo lo cobrarán los profesores de colegios públicos, no los 130.000 de la enseñanza concertada que también perdieron la extra.

Con más profesores, la otra novedad de este curso es que habrá menos alumnos por aula, tras decidir el Gobierno volver a la situación anterior a 2012, cuando los recortes de profesores y medios obligaron a masificar las aulas. Ahora, se bajan un 20% los porcentajes de alumnos por clase: de 30 a 25 en Primaria, de 36 a 30 en la ESO y de 42 a 35 alumnos en Bachillerato. Esto debería traducirse en una mejora de la calidad de la enseñanza y en una menor conflictividad, aunque los Centros seguirán con presupuestos muy ajustados, que les obligarán a recortes en medios (material, laboratorios, recuperaciones, prácticas) y servicios (calefacción, limpieza, instalaciones…), en perjuicio de esa calidad de la educación.

Las familias afrontan este curso con más gastos, ya que se espera suban algunos servicios, como el coste del comedor escolar (tras varios años con mínimas subidas), transporte escolar, libros y matrículas (cuotas concertada), mientras apenas mejorarán las becas (las del Estado aumentarán sólo 3 millones de euros, un +0,2%). Con ello, las familias, un tercio de ellas con niños en edad escolar, tendrán que afrontar una factura que ronda los 2.000 euros anuales por niño escolarizado. Ya en 2013, un estudio de la OCU revelaba que el gasto medio por hijo alcanzaba los 1.874 euros de media, oscilando entre los 1.268 euros por niño en la enseñanza pública, los 2.386 euros de la concertada y los 5.232 euros de la privada. Los mayores gastos anuales son uniformes (230 euros por niño), libros y material escolar (300), matrícula y seguros (100 euros), mientras que mensualmente los mayores costes son el comedor (110 euros), las extraescolares (de 50 a 90 euros) y el transporte (60 euros).

Este nuevo curso escolar 2015-2016 es el segundo año de implantación de la nueva Ley educativa, la LOMCE (estrenada en el curso 2014-2015), esta vez en los cursos pares de Primaria (2º,4º y 6º), en los cursos impares de la ESO ( 1º y 3º) y el 2º curso de la FP Básica. Otra novedad es que se implantará una nueva reválida a los alumnos de 6º de Primaria, en mayo de 2016 (supondrá un 40% de la nota final), mientras el Gobierno ha decidido de momento “aparcar” la otra reválida, en 4º de la ESO, que estaba prevista para 2017. Y se mantiene la decisión de suprimir la Selectividad en 2017-2018.

Además, la LOMCE modifica el temario escolar, como ya sucedió el curso pasado. Desaparece Educación para la Ciudadanía, se desdobla Conocimiento del Medio (por Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales) y se establecen tres bloques de asignaturas: troncales (reguladas por el Gobierno, 50% del total: Ciencias, Lengua y Literatura, Matemáticas y Lengua extranjera), específicas y de libre designación autonómica. En este grupo está por ejemplo la nueva asignatura “Tecnología, programación y robótica”, que van a estrenar 130.000 alumnos de la ESO en Madrid. Religión es una asignatura voluntaria (que cuenta para la nota media y las becas), que se puede sustituir por Valores sociales (Primaria) o Valores éticos (ESO). Y en 3º de la ESO, los alumnos pueden ya elegir algunas asignaturas optativas para encaminar sus estudios futuros hacia el Bachillerato o la FP. El problema es que este primer contacto con la FP, la FP básica, está teniendo problemas de implantación, por falta de plazas y profesores en muchos Institutos, debido a la escasez de recursos de las autonomías.

Un cambio clave de la LOMCE es que permite un horario desigual de las asignaturas clave entre autonomías, lo que significa que un alumno de secundaria pueda recibir un tercio más o menos de horas de Lengua o Matemáticas según donde viva, como denuncia un informe de los directores de centros públicos (Fedadi). Así, los estudiantes madrileños o cántabros tienen 35 horas anuales más de Lengua y Literatura en 1º de la ESO (con 5 horas semanales) que el resto (que tienen 4 horas). Son casi 2 meses más de clase. Y en Matemáticas, los gallegos dan 5 horas semanales frente a las cuatro horas del resto de comunidades. Aragón o Euskadi tienen un tercio menos de horas de clase de Matemáticas que el resto en 3º de la ESO. Un sinsentido educativo y más cuando la LOMCE establece que todos los alumnos van a hacer una reválida idéntica al final de la ESO.

Con todo, el mayor problema que tiene la LOMCE es la incertidumbre sobre su futuro. La Ley la aprobó el Gobierno Rajoy en solitario, sólo con los votos del PP, pero la tienen que aplicar las autonomías. Y doce autonomías, las 7 gobernadas por el PSOE y las 5 gobernadas por fuerzas nacionalistas, están en contra de la LOMCE y además se quejan de falta de recursos para financiarla: el Estado central aporta unos 350 millones pero otros 614 millones vendrán de Europa, del Fondo Social Europeo, recursos que tendrán que “adelantar” las autonomías con deuda (y ya están bastante endeudadas). Por eso, acaban de pedir al Gobierno que paralice la aplicación de la LOMCE y frene las reválidas.

Pero el problema de fondo es que la educación en España se apoya en una Ley, la LOMCE, que rechazan la mayoría de grupos políticos, por su ideología conservadora, por segregar a los menos preparados y por un esquema de evaluaciones que obvia la formación integral. Y ese rechazo es tan serio que casi todos los grupos de oposición (todos salvo UPyD, UPN y Foro Asturias) han firmado un documento por el que se comprometen a derogar la LOMCE en el primer periodo de sesiones parlamentarias si el PP pierde la mayoría. Algo que podría pasar tras las elecciones generales de diciembre próximo. Eso obligaría de nuevo a cambiar todos los programas educativos y libros de texto (150 millones) en 2016.

Esta es la gran incertidumbre del nuevo curso: qué va a pasar con la LOMCE, la séptima Ley educativa de la democracia, aprobada en 2013 con el único apoyo del PP. Una incertidumbre que agobia a los centros, a los profesores, a los alumnos y familias, que tendrían que volver a cambiar planes de estudio y libros. Por ello, la comunidad educativa exige a los políticos, tras las próximas elecciones, un gran Pacto educativo, que dé estabilidad a la enseñanza por una o dos décadas y evite su politización. Un pacto que debería asegurar una financiación estable para la educación, con un Presupuesto de un 6% del PIB (en vez del 4% actual, lo que supondría casi 20.000 millones más al año para la enseñanza), para reforzarla con profesores, colegios y medios. Y un pacto que estableciera las bases de una enseñanza de calidad, sobre todo en escuela pública (muy deteriorada), con una formación más práctica y dirigida al empleo. Y con programas específicos para luchar contra el abandono escolar (21,9%, el doble que en Europa) y el acoso y la violencia en las aulas.

Así que empezamos un curso nuevo que no sabemos si acabaremos con la misma Ley de educación  o con otra nueva, forzada por los resultados de las próximas elecciones. Una incertidumbre muy negativa para la calidad de la enseñanza y para nuestros hijos. Somos el 2º país con más paro de Europa y mejorar la formación es clave para el empleo. Pero para ello hay que volcarse en la enseñanza, con dinero, medios y profesionalidad, dejando que sea la comunidad educativa y no los políticos de turno quien marque el rumbo docente. Votemos por ello.

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