Elecciones 2015: el fracking se la juega

El Gobierno Rajoy intenta acelerar la aprobación en el Congreso y Senado de las nuevas ayudas al fracking (perforar y romper las rocas para extraer gas y petróleo), para que entren en vigor antes de las elecciones y empezar las primeras exploraciones en 2016. De hecho, gracias a estas y otras medidas del Gobierno en apoyo del fracking, España es el tercer país europeo con más pozos autorizados, tras Polonia y Gran Bretaña. Ahora, las empresas energéticas temen lo que pasaría si el PP pierde las próximas elecciones: tanto PSOE como Ciudadanos y Podemos están en contra del fracking y aseguran que paralizarían las exploraciones autorizadas, que también chocan con la oposición de muchas autonomías y Ayuntamientos implicados (incluso los del PP), que además en mayo se renuevan. El futuro del fracking en España es oscuro, mientras bate récords en EEUU y Europa está dividida, con países que lo apoyan, una mayoría que lo prohíbe y polémica en Alemania.
 

enrique ortega

El Gobierno Rajoy lleva un par de años apostando a fondo por el fracking, la revolucionaria técnica de extracción de petróleo y gas (ver gráfico) mediante la perforación de yacimientos en los que se inyecta agua a presión, arena y aditivos químicos para romper las rocas y liberar los hidrocarburos. “No podemos perder este tren”, ha reiterado el ministro Soria. Y para ello, se ha convertido en  uno de los Gobiernos europeos en aprobar más ayudas al fracking. Primero, la noche del 9 de octubre de 2013, introdujo por sorpresa en el Senado una enmienda para incluir el fracking en la ley de Hidrocarburos (de 1998), a través de algo tan estrambótico como dos disposiciones adicionales a la Ley de garantía del suministro eléctrico a Baleares y Canarias… Y el 28 de noviembre, el Congreso aprobó por trámite de urgencia (no habitual) la Ley de Evaluación Ambiental, que complementa la legislación sobre el fracking. Por un lado, centraliza en el Estado la competencia, quitándosela a las autonomías (para evitar varias leyes autonómicas que han prohibido el fracking). Además, acelera los proyectos (al reducir los plazos para resolver los expedientes de impacto ambiental, de 3 años a 4 meses) y les concede la cláusula de confidencialidad, dificultando la presentación de alegaciones.

La tercera medida a favor del fracking, aprobada por el Gobierno el 12 de diciembre de 2014, es un proyecto de Ley de modificación de la Ley de Hidrocarburos, con dos novedades. Una, la creación de un canon de ocupación que pagarían las compañías que busquen petróleo y gas a los propietarios de los terrenos (o a los ayuntamientos y autonomías más próximos de un yacimiento marino), que recibirían un 1% del valor de la producción anual mientras dure la explotación. Y la otra, un nuevo impuesto sobre la exploración de petróleo y gas (en tierra o en el mar), con un tipo que podría ser del 8% y cuyos ingresos serían destinados a las autonomías y Ayuntamientos donde se hagan las prospecciones. El objetivo es contrarrestar la oposición de propietarios, Ayuntamientos y autonomías contra el fracking a base de dinero, de compensaciones (se ha dicho, por ejemplo, que Canarias recibiría con este nuevo impuesto 320 millones anuales de compensación). Este proyecto de Ley salió  adelante (en primera instancia) en el Congreso el 18 de marzo, sólo con los votos del PP, y ahora se debate en Comisión para intentar aprobarlo antes de que se disuelvan ambas Cámaras.

Estas nuevas ayudas intentan frenar la oposición al fracking que se ha ido extendiendo por toda España desde 2012. Primero fueron los Parlamentos de Asturias y Galicia los que vetaron el fracking o aprobaron una moratoria de dos años. Luego, en 2013, fueron Cantabria, la Rioja y Navarra (incluso con Gobiernos del PP) los que aprobaron Leyes anti-fracking. Y en 2014, Cataluña y Andalucía, mientras los Gobiernos de Canarias y Baleares (PP) se han opuesto con fuerza a las prospecciones en el mar. Pero el Gobierno, aprovechando la Ley aprobada en 2013, ha recurrido estas normas autonómicas ante el Constitucional, que le ha dado la razón y ha suspendido cautelarmente (en 2014) las Leyes de Cantabria, la Rioja, Navarra y Cataluña. Además, hay ya más de 400 Ayuntamientos (ver mapa) que han aprobado mociones anti-fracking (muchos de ellos, gobernados por el PP).

Esta creciente oposición se debe a que España se ha convertido, gracias al apoyo del Gobierno Rajoy, en el tercer país con más exploraciones de fracking aprobadas (unas 70) y pendientes (otras 60), por detrás de Polonia  (que cuenta con más de 60 pozos ya perforados y en explotación) y Gran Bretaña (Cameron quiere abrir 20.000 pozos para 2020). Mientras, Francia prohibió el fracking con Sarkozy (por Ley, en 2011) y otros países aplican moratorias, como Bulgaria, república Checa, Dinamarca o Irlanda. Y en Alemania, la Ley sobre el fracking (abril 2015), ha provocado una profunda división en la CDU de Ángela Merkel, con 100 parlamentarios que exigen más garantías. Por todo ello, el fracking es una técnica que divide a Europa, lo que ha provocado que la Comisión Europea no haya aprobado ninguna Directiva y se haya limitado (enero 2014), a hacer una serie de “recomendaciones” y dejar que cada país comunitario legisle a su aire.

Entre tanto, el fracking sigue avanzando en Estados Unidos, donde ha permitido que el país haya sido en 2014 (como en 2013) el primer productor mundial de petróleo (por delante de Arabia Saudí) y de gas (por delante de Rusia), lo que ha impulsado su economía y ha revolucionado la geopolítica mundial. Ahora, el “boom” del fracking en USA podría amainar, por dos factores. Uno, la caída del precio del crudo: por debajo de 90 dólares barril, esta técnica no es rentable. Y el otro, que EEUU acaba de aprobar, el 20 de marzo, normas más estrictas  para las exploraciones en territorio federal (afecta a unos 100.000 pozos), lo que ha recibido las críticas de la industria petrolera norteamericana. Y no cesan en EEUU las críticas contra el fracking, por sus riesgos para el medio ambiente y el hombre: contaminación del agua y del suelo, escapes de gas y metano, microseísmos, generación de residuos…

En España, el lobby del fracking  está impulsado por multinacionales norteamericanas, canadienses, británicas e irlandesas (BNK. Heyco, Trofagas, Schuepbach, Heritage Petroleum, True Oil, Cambia, R2 Energy, Leni Oil Gas y San Leon), las españolas Repsol o Cepsa y la empresa pública vasca SESHA, creada por el ex lehendakari Patxi López para explotar el yacimiento alavés de Gran Enara. Sus estudios hablan de que España alberga gas para cubrir 90 años de consumo y petróleo para cubrir el 20% del consumo durante 20 años, reservas que los ecologistas consideran “infladas”. Los Colegios de Geólogos e Ingenieros de Minas hablan de reservas para 39 años y apoyan el fracking, asegurando que los riesgos son “controlables y mínimos” (mientras, el Servicio Geológico de EEUU acaba de alertar de que el fracking puede provocar terremotos de magnitud 7...). Y las empresas interesadas en explotarlo dicen que esta nueva industria podría crear en España 260.000 empleos (15% directos) y generar 40.000 millones de euros.

De momento, no hay ningún pozo de fracking en España. Los 70 permisos de exploración ya concedidos por el Gobierno Rajoy se concentran en Burgos, Álava, Soria, Cantabria, la Rioja, Huesca, Castellón, Guadalajara, Jaén, Sevilla y Cádiz. El proyecto más avanzado son las 12 prospecciones de la multinacional canadiense BNK en el norte de Burgos, que han  chocado con la oposición de los vecinos y los cinco Ayuntamientos de la zona (gobernados por el PP). Los 6 yacimientos del proyecto Urraca están pendientes de la respuesta del Gobierno central a su plan de impacto ambiental (porque incluye terrenos de Burgos y Álava, en dos comunidades). Y los otros 6 del proyecto Sedano tropiezan con el problema de que están en suelo municipal y los Ayuntamientos no les quieren arrendar o vender las parcelas, por lo que BNK ha pedido a la Junta de Castilla y León que las declare “de utilidad pública” y las expropie (además la Junta tiene que aprobar su Plan de impacto ambiental). Todo ello está retrasando el inicio de estas primeras exploraciones, previstas para 2016. Y detrás iría el proyecto de Álava (Gas Enara), que aún no ha presentado el informe de impacto ambiental.

Todo ello indica que los primeros pozos de fracking  no se verán hasta dentro de un año, como pronto, y que la mayoría serían para 2017. Pero serían pozos de exploración, para saber si hay gas o petróleo y si es rentable extraerlo. Porque para que haya pozos de explotación hacen falta nuevos informes, con lo que si se autorizan y hay gas y petróleo, no se vería arriba, para consumirlo, antes de 10 0 15 años. Y para entonces, quien sabe cómo estarán los precios y cuánto habrán avanzado las energías alternativas. Claro que España no puede quedar al margen de una nueva tecnología energética, por lo que algunos expertos (como las Academias de Ciencias de Europa) defienden “no cerrar las puertas a los sondeos exploratorios”, por supuesto con las mayores garantías de seguridad.

En cualquier caso, el futuro del fracking  en España va a depender de la política y, sobre todo, del resultado de las elecciones que se van a celebrar en 2015. Tanto el PSOE como Ciudadanos y Podemos no son partidarios del fracking  y prometen incluso “prohibirlo y paralizar los yacimientos autorizados”. Y eso afecta no sólo al futuro Gobierno central, sino a los gobiernos autonómicos y municipales que salgan en mayo: si aumentan los ediles y autonomías anti-fracking, será difícil que las exploraciones autorizadas lleguen a iniciarse. Y que se aprueben otras nuevas que ahora están en espera.  

Al final, una cuestión energética (el potencial o no del fracking), que debía resolverse en el terreno técnico y económico, ha pasado a ser un tema político y visceral (amparado en el desconocimiento), por culpa de unas empresas que no son transparentes sobre los posibles riesgos (reales en algunos casos: ver documental Gasland)  y de un exceso de demagogia en algunos opositores (como culpar del último seísmo de Ossa de Montiel al fracking, cuando no hay ninguna exploración en marcha). Haría falta contar con estudios científicos independientes y afrontar un debate serio y riguroso, con criterios energéticos, económicos  y ecológicos. Pero antes, habría que dar al fracking la importancia que se merece: secundaria en España. Aquí, el futuro de la energía no se juega en el fracking, sino en las energías alternativas. No sabemos si hay gas y petróleo bajo tierra, pero si sabemos que nos sobran el sol y el aire, energías limpias, seguras y que con el tiempo serán rentables. Y no se apuesta por ellas: hay más energía solar en Alemania que en España. Ese debía ser el debate.