jueves, 27 de noviembre de 2014

Baja el petróleo, pero apenas lo notamos


Hoy se reúne en Viena la OPEP, para intentar frenar la caída del petróleo, que cuesta ya sobre 75 dólares barril, un 35% menos que en junio y el precio más bajo desde 2010. No parece fácil que detengan la caída recortando la producción, porque sólo controlan el 40% del crudo mundial y están divididos. Y sobre todo, el petróleo baja porque hay menos demanda, porque la economía mundial no despega, algo que no cambiará mientras Europa, Japón y los emergentes no mejoren. Mientras, los consumidores apenas nos beneficiamos de esta bajada, que ahorra a España 32 millones diarios: las petroleras han bajado poco los carburantes, las aerolíneas y los autobuses no han rebajado sus billetes y tampoco nos han reducido sus precios las empresas aunque han abaratado su energía. Además, no hay que bajar la guardia: España consume demasiado petróleo (125 millones euros al día), importado (99,8%) y consumido con poca eficiencia. Sea más o menos barato, hay que huir de él.
 
enrique ortega

El petróleo estaba antes de la actual crisis económica a 78 dólares/barril (septiembre 2007) y subió después en dos tandas, julio 2008 (133 $) y abril 2011 (124 $), para colocarse en el entorno de los 110 dólares entre 2011 y 2013. Y la previsión era que bajara algo este año 2014, hasta los 105 dólares. Pero en junio estalló la crisis de Ucrania y se complicó la situación en Irak, con lo que el crudo subió hasta un máximo de 115,58 dólares por barril el 19 de junio. Y a partir de ahí, empezó a bajar y a batir récords: el 5 de septiembre cayó de los 100 dólares, el 10 de octubre de los 90 y el 13 de noviembre de los 80, algo que no se veía desde septiembre de 2010. Al final, hoy cuesta  75,23 dólares barril, una bajada del 35% desde junio. Pero como nosotros compramos el petróleo con euros y el dólar se ha revalorizado un 8,3% desde junio (de 1,3607 a 1,2472 euros por dólar hoy), la rebaja del crudo es menor y queda en el 26,7%.

El petróleo ha bajado por dos razones que se suman. Una, la fundamental, que hay menos demanda de crudo, porque la economía mundial no acaba de despegar: el FMI ha revisado tres veces a la baja este año sus previsiones de crecimiento, por el estancamiento de Europa, la recesión en Japón y el menor crecimiento de China, Brasil y otros emergentes. Y la propia OPEP estima que la demanda mundial de crudo caerá de 30,3 millones de barriles en 2013 a 28,3 en 2017. La segunda es que hay más oferta de petróleo, porque ha vuelto a producir Libia, no ha caído como se temía la producción de Irak y hay más producción en Brasil (aguas profundas) y sobre todo en Estados Unidos, que gracias al fracking (romper las rocas para extraer gas y petróleo) va a acabar el año como segundo productor mundial de crudo.

Hasta ahora, cuando bajaba mucho el petróleo, los países productores buscaban reanimar los precios recortando la producción. Pero ahora, la OPEP no lo tiene tan fácil. Primero, porque sus 12 países sólo controlan un 40% de la producción mundial, siendo clave la producción de Rusia (2º productor, con un 12,5%), EEUU (3º de momento, con el 10,70%) y China (5,40%). Pero sobre todo, porque los países de la  OPEP llegan a esta cumbre de Viena. Por un lado está Arabia Saudí (el primer productor, con el 13% del crudo mundial), que lleva un par de meses dejando caer los precios y dice que ”no le importa que caigan de 90 euros (o incluso de 80) durante uno o dos años”, porque puede ser una forma de sacar del mercado a sus competidores: por un lado a Irak, Irán, Siria y Rusia (en Oriente Medio) y por otro a Estados Unidos. La poderosa Arabia Saudí cree que puede aguantar el tirón de los precios bajos en sus cuentas, pero no otros productores de Oriente Medio ni EEUU, que necesita un crudo a más de 90 dólares para que sea rentable el fracking. Enfrente están Irak, Irán, Libia, Ecuador, Nigeria, Bahréin y Venezuela, cuyas economías no aguantan (ni Rusia) el recorte de ingresos de un crudo barato y que piden recortar producciones para subirlo.

La pelea pues está en ver cuánto tiempo aguantarán los países productores  un petróleo por debajo de los 80/90 dólares barril. Y, sobre todo, si ese precio bajo disuade o no los proyectos de fracking en Estados Unidos, que han revolucionado el mercado mundial del crudo. Algunos  expertos dicen que esta técnica necesita que el crudo valga más de 90 dólares y que un precio menor podría llevar a cerrar pozos o no abrir otros. En cualquier caso, el fracking tiene otras limitaciones. Por un lado, se necesitan abrir muchos pozos para mantener una alta producción (2.500 nuevos pozos al año sólo para mantener la producción de 1 millón de barriles del yacimiento de Bakken, en Dakota del Norte, mientras en Irak esa producción se consigue con sólo 60 pozos). Y por  otro, los pozos de fracking reducen su producción entre un 60 y 70% al final del primer año, mientras los tradicionales sólo un 55% a los dos años. Por eso, la Agencia Internacional de la Energía (AEI) piensa que el boom del fracking durará sólo 10 años: aumentará hasta 2020, luego se mantendrá y caerá en 2030. Y los precios bajos podrían reducir aún más este boom y fortalecer a la OPEP a medio plazo.

Con este panorama, resulta difícil hacer vaticinios de precios, pero la mayoría de expertos creen que el crudo subirá en unos meses, rozando los 100 dólares barril entre 2015 y 2017. De momento, este año, la rebaja del crudo ya ha sido una buena noticia para la economía mundial, aunque apenas lo esté aprovechando, dada la debilidad del crecimiento. Incluso el crudo barato se ve como un problema en Europa, porque puede agravar los precios bajos, algo que parecería bueno pero que no lo es en un contexto de estancamiento: los ciudadanos piensan que las cosas van a seguir bajando y esperan para comprar, no consumen, las empresas no venden y la economía no crece.

Al margen del temor a la deflación, la realidad es que la bajada del petróleo supone un importante ahorro para los países consumidores. De hecho, a España le supone un ahorro de 32,5 millones de euros al día (un 26,7% sobre 125 millones de euros al día que supone la factura del petróleo en 2014). El problema es que ese ahorro, apenas llega a los consumidores, ni con la rebaja de los carburantes ni con los demás precios. Veamos por qué.

Si el petróleo ha bajado un 26,7% (en euros), nos deberían bajar los carburantes. ¿Cuánto? Primero hay que saber que sólo un 40% del precio del gasóleo (y un 35,5% de la gasolina) son los costes del carburante, ya que el resto son impuestos (50%) y márgenes y otros costes (10%). Así que una rebaja del 26,7% del crudo debería traducirse sólo en una rebaja del 10,6% en el gasóleo (y un -9,3% en la gasolina). Pero además, los costes del carburante no son los del crudo, sino los de las gasolinas y gasóleos en los mercados internacionales (para España, Génova y Rotterdam). Y estos precios internacionales han bajado algo menos que el crudo desde junio, sobre todo el gasóleo. Así que podríamos dejar la rebaja esperada en un 8-9%. Y está claro que los carburantes nos han bajado menos en las gasolineras: un 7% las gasolinas y un 4,3% el gasóleo desde junio hasta hoy. Así que todavía nos “deben” una rebaja adicional de otro 2%-4% al menos, unos 5 céntimos por litro. No es mucho, la verdad.

Otros que también nos debían haber bajado precios son las compañías aéreas: un 30% de sus costes es el carburante y el keroseno les cuesta un 26,7% menos (en euros). Así que debían habernos bajado los billetes un 8%. Y en menor medida, las líneas de autobuses. También las eléctricas, aunque poco: sólo un 3,5% de la luz la producen con fuel, lo que supone que la rebaja del crudo debía traducirse en una rebaja de 40 céntimos en una factura de 100 euros. Y bastante las empresas donde  la energía supone un tercio de sus costes, como la cerámica, las cementeras, la siderurgia o la industria química. Y en general, todas las industrias que consumen petróleo, fuel o gasóleo. Sin embargo, la gran mayoría no ha trasladado esta rebaja del crudo a los precios. Eso sí, cuando sube el petróleo, nos suben todo. Un ejemplo más de la falta de transparencia y competencia en la formación de los precios.

Ahora, esperemos que el petróleo suba lentamente y no haya conflictos internacionales que lo vuelvan a disparar, porque entonces sí notaríamos la subida. Y entre tanto, España no debe bajar la guardia contra el petróleo, aunque este más barato. Por tres poderosas razones. Una, porque la factura del petróleo es insoportable: 45.000 millones de euros en 2012 y 2013 (8 veces más que en 1995), lo que nos gastamos en Educación y Dependencia juntas. Dos, porque el 99,8% es importado y así somos el quinto país europeo con más dependencia energética del exterior. Y tres, porque lo gastamos mal: necesitamos un 15% más de energía que el resto de Europa para producir lo mismo (somos más ineficientes). Y por si no fueran suficientes, una cuarta razón: el petróleo escaseará en el futuro (con o sin fracking) y el precio rondará los 200 dólares barril en 2030, según la AEI. Así que no nos dejemos deslumbrar con los bajos precios de hoy: son un espejismo temporal. Hay que huir del petróleo, gastando menos (sobre todo en el transporte, la vivienda y la industria) y fomentando otras energías, sobre todo las propias (hidráulica, eólica, solar). Crudo no, aunque esté barato.

lunes, 24 de noviembre de 2014

Crece la "burbuja" del AVE


A pesar de los recortes, el Gobierno disparará el gasto en el AVE en 2015: invertirá 3.561 millones (más que en Educación y Cultura juntas) para que llegue a 7 ciudades más. Así, seguirá creciendo la “burbuja” del AVE: España ha gastado ya 48.631 millones en el tren de alta velocidad (un tercio más que los recortes hechos desde 2010) y somos el país con más kilómetros en servicio, tras China. Todo para que los trenes vayan medio vacíos. Una inversión ruinosa, pero las constructoras hacen negocio construyendo el AVE y la industria utilizándolo de escaparate para venderlo por el mundo. Ahora, el Gobierno pretende construir 2.400 kilómetros más, para que en 2024 todas las capitales estén unidas por AVE. Una locura a costa de abandonar los demás trenes y las cercanías, lo que usa la gente. Y de recortar en educación, tecnología, sanidad y gastos sociales. Urge pinchar la burbuja del AVE, un despilfarro.
 
enrique ortega

La fiebre del AVE empezó en España con los fastos de 1992, al empeñarse Felipe González en llevar el tren de alta velocidad a su Sevilla natal. Le siguió Aznar, con más entusiasmo: en su segundo debate de investidura (abril del 2000), se marcó como objetivo unir Madrid con todas las capitales de provincia en menos de cuatro horas. Después, Zapatero recogió el testigo con entusiasmo y destinó al AVE una media de 5.000 millones entre 2008 y 2011. Eso sí, dejó el poder con 14.000 millones en obras pendientes y sin pagar. Y Rajoy, tras afrontar esta herencia, ha destinado ya 10.000 millones al AVE en esta Legislatura (lo que ha recortado en Sanidad y Dependencia juntas). Y en 2012 aprobó un Plan de infraestructuras que pretende invertir 25.000 millones más en el AVE hasta 2024, para conseguir  entonces que todas las capitales estén unidas por tren de alta velocidad (incluso Ávila o Soria). Y que 9 de cada 10 españoles vivan a menos de 30 kilómetros de una estación del AVE.

Para 2015, el Gobierno Rajoy ha subido su apuesta por el AVE, la inversión que más crece en los Presupuestos: destinará 3.561 millones de inversión, casi el doble que en carreteras y aeropuertos juntos, casi lo que a Sanidad (3.861 millones) y más que a Educación (2.273 millones) y Cultura (749 millones) juntas. El objetivo es poner en marcha 1.000 kilómetros más de alta velocidad y que el AVE llegue en 2015 (año electoral) a siete ciudades más: Zamora, Orense, Burgos, Palencia, León, Murcia y Cádiz. Eso sí, las nuevas líneas del AVE (a Galicia, Asturias, País Vasco, Extremadura, Andalucía oriental y Murcia) “tienen truco”, son “de segunda categoría”: sobre plataformas dobles, se va a instalar sólo una vía (con pequeños tramos dobles para facilitar cruces) y los trenes circularán sólo a 200/250 km-h. Según Fomento, es una solución “provisional”, que pretende hacer más con menos e inaugurar antes.

Este nuevo empujón al AVE en 2015 engorda la ya impresionante burbuja” del AVE en España. Tenemos 3.100 kilómetros en servicio, la mayor red del mundo, salvo China (11.200 km) y la mayor por habitante con mucho (61 km. por millón de habitantes frente a 31 Francia). Y todavía hay 1.500 kilómetros en construcción y otros 900 en estudio. El AVE llega ya a 31 ciudades en 21 provincias (y en 2015 a 38 ciudades). Y en esta “burbuja” nos hemos gastado ya 48.631 millones de euros (el gasto público en investigación entre 2010 y 2014), un tercio más de los 35.000 millones  recortados por ZP y Rajoy desde 2010.

Una factura de 15 millones de euros por kilómetro, que se ha desviado unos 5.000 millones sobre lo inicialmente presupuestado, por  los sobrecostes (+2.000 millones en la línea Madrid- Barcelona). De hecho, el Congreso ha pedido en octubre al Tribunal de Cuentas que revise los costes de todas las obras del AVE realizadas desde 2002. Obras que se han ligado también a presuntos casos de corrupción, como el caso Bárcenas o el del hijo de Pujol. Y esto es doblemente grave porque casi la cuarta parte de las inversiones del AVE español han salido de los bolsillos de los europeos (unos10.000 millones entre 2004 y 2013). Pero la mayoría han salido de nuestros impuestos y del canon que paga Renfe (o sea, todos los viajeros) al gestor de las infraestructuras ferroviarias, ADIF (una empresa pública con 231 millones de pérdidas), que además se está endeudando para pagar el AVE.

Y no es sólo que el AVE sea una inversión faraónica, es que resulta ruinosa: en 22 años, sólo se ha recuperado por billetes un tercio de la inversión, 14.200 millones en ingresos. Y eso porque los trenes de alta velocidad, muy caros, van medio vacíos: en 2013 tuvieron 24 millones de viajeros, poquísimos comparados con los 160 millones de los trenes rápidos alemanes (con la tercera parte de red) o los 120 millones de pasajeros de Francia (con 2.000 km de TAV). El Gobierno esconde los datos de viajeros y los últimos que dio (año 2012) reflejan que la ocupación ronda el 50%, con muchos trayectos por debajo: 63,8% ocupación Madrid-Málaga, 63,4% Madrid-Barcelona, 61% Madrid- Sevilla, 58% Madrid- Valencia, 32,9% Madrid- Valladolid (costó 4.205 millones), 25,8% Madrid- Cuenca-Albacete (costó 3.530 millones), 24,5% Vigo-Orense, 19,8% Santiago- Orense- A Coruña y 15,2% de ocupación entre Santiago-Orense, las líneas más recientes. Y lo más llamativo: sólo 16 de los 206 trayectos de alta velocidad tuvieron más de 100.000 pasajeros en 2012. En 48 trayectos hubo menos de un viajero al día y en otros 88 menos de 5 viajeros diarios. De hecho, Renfe cerró en julio 2011 la línea AVE de Toledo a Cuenca y Albacete porque sólo tenía 9 viajeros al día.

El Gobierno y Renfe trataron de hacer frente a este desastre bajando los billetes del AVE, en febrero de 2013, lo que aumentó un 23% los pasajeros. Y este año 2014 se esperan 28 millones de pasajeros. Pero es un récord insuficiente: “La red de AVE no tiene ni pies ni cabeza con el actual número de viajeros”, ha reconocido con toda franqueza el presidente de ADIF, la empresa pública que gestiona las infraestructuras del AVE. Cree que haría falta subir al AVE a 50 millones de viajeros, el doble que ahora, un objetivo que el Gobierno se marca para 2018. Y para lograrlo, pretende aplicar una agresiva política comercial e introducir la competencia privada, para forzar bajadas de precios, abriendo las líneas del AVE a empresas privadas. De momento, va a abrir en unas semanas el concurso para que una empresa privada explote el AVE Madrid- Valencia (que llegará a Murcia, Albacete, Alicante y Castellón), con trenes alquilados a Renfe. El quid está en lo que les cobren de canon por usar la red ferroviaria construida con dinero público (Renfe paga un 47% de sus ingresos): si les cobran poco, estaremos subvencionando todos un negocio privado y si les cobran mucho, no será rentable y quizás algún día haya que nacionalizarla, como las autopistas.

De hecho, la enorme inversión pública de España en el AVE ha beneficiado sobre todo a las empresas privadas que han construido las infraestructuras (las grandes constructoras, que se han quedado sin otros trabajos en vivienda, carreteras, puertos y aeropuertos), que ya han hecho el negocio aunque luego los trenes vayan vacíos. Y también a la potente industria ferroviaria creada alrededor de la burbuja del AVE: facturan unos 5.000 millones al año y son el segundo sector exportador, porque se han dedicado a vender AVEs por el mundo (La Meca, Brasil, USA, Rusia, Turquía, Kazajistán) gracias al escaparate y la experiencia del AVE en España, que pagamos españoles y europeos con nuestros impuestos y billetes.

Además de ser un negocio ruinoso, la burbuja del AVE tiene otros problemas. Uno, que se ha construido una red que permite circular sólo trenes de viajeros, no de mercancías, un uso mixto que podría haberse conseguido si España hubiera optado, como otros países (Francia, Italia, Alemania y ahora Portugal) por trenes de velocidad alta (de 180 a 250 km/h) que circulan por vías que permiten el paso de mercancías. Otro problema es que se mantiene el diseño radial, partiendo de Madrid, con lo que se puede viajar en AVE de la capital a Tardienta (un pueblo de Huesca de 1.000 habitantes) pero no de Valencia a Barcelona o a Málaga, por ejemplo. Y el tercero y más grave, que la inversión en AVE se ha comido a la carretera (no se mantienen viejas carreteras ni autovías) y sobre todo, al resto del ferrocarril.

Ciertamente, la apuesta por el AVE ha sido a costa del resto de trenes: en 2015, el AVE se llevará (3.561 millones) el 69% de la inversión nueva en ferrocarril (y el 80% del gasto ferroviario total), la red convencional el 9% (461 millones) y cercanías el 3% (153 millones), aunque transporte 412 millones de viajeros al año (17 veces más que el AVE), el 88% de los españoles que cogen el tren. La apuesta por el AVE ha llevado además al Gobierno a buscar dinero recortando del tren tradicional: en el verano de 2013, Rajoy decidió el cierre de 27 líneas de trenes regionales (el 20% de la red) y 172 estaciones, perjudicando a 1 millón largo de viajeros. Además, redujo frecuencias, quitando uno de cada cuatro trenes regionales. Todo para ahorrar 26 millones de euros el primer año, lo que costó un kilómetro del AVE Barcelona-frontera francesa.

Pocos temas están tan claros como el despilfarro del AVE, propio de “nuevos ricos (Francia y Portugal han frenado sus líneas de alta velocidad por la crisis). Es carísimo y se come recursos que necesitaríamos para otras cosas y para el resto de trenes. Y además, no es rentable, porque los españoles lo usan poco, por sus altos precios y la crisis. Habría que parar ya la burbuja, no echar un euro más al AVE y apostar por trenes rápidos (180/250 km es suficiente), modernos y más baratos, junto a las mercancías y las cercanías. Y dejar de presumir de un AVE en cada ciudad, porque es un capricho ruinoso.

jueves, 20 de noviembre de 2014

Más recortes en sanidad y farmacia


El ministro Montoro está trabajando con Sanidad y los laboratorios para recortar el gasto sanitario este año y en 2015, con medidas que plantearán a las autonomías este mes. Buscan ayudarlas a recortar más su déficit, algo que casi ninguna conseguirá este año. Para cuadrar sus cuentas, pretenden reducir sobre todo el gasto en farmacia (que ahora sube, después de tres años cayendo) y rebajar el gasto diario en la sanidad pública, ahora que va a aumentar por la subida del IVA sanitario y la inauguración de 15 nuevos hospitales (para las elecciones autonómicas de 2015). Lo malo es que son recortes sobre recortes: desde 2010 han quitado 7.179 millones a la sanidad pública, que ya gastaba menos que el resto de Europa. Con estos nuevos recortes, se deteriorará aún más la calidad de nuestra sanidad, la cuarta preocupación de los españoles. Hacen falta más recursos, no más recortes para cumplir con Bruselas.
 
enrique ortega

A las autonomías no les salen las cuentas. Este año, ya hay 6 que incumplían en julio el objetivo de rebajar su déficit al 1% del PIB: Navarra (2,59% de déficit), Extremadura (1,93%), Murcia (1,42%), Castilla la Mancha (1,40%), Andalucía (1,39%) y Cataluña (1,22%), más de media España. Incluso Hacienda acaba de reconocer que Murcia y la Comunidad Valenciana superarán su objetivo de déficit para 2014. Y la propia Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), creada por el Gobierno, ya advirtió en octubre que las autonomías incumplirán el objetivo de déficit, que será del 1,5%. O sea, gastarán 5.000 millones de más, porque “su margen de maniobra en ingresos y gastos  es muy limitado”. Los expertos privados de FEDEA van más allá y creen que la desviación será de 8.000 millones (1,8% de déficit) y que todas las autonomías incumplirán su objetivo del 1% de déficit en 2014, salvo Navarra y Canarias.

Para 2015, el compromiso del Gobierno con Bruselas es que las autonomías sigan recortando su déficit, hasta el 0,7% PIB, lo que supone otro ajuste de 3.119 millones, que el Gobierno propone conseguir con una subida de impuestos (+1.462 millones) y otro recorte de gastos (-1.737 millones), aunque la mayoría de las autonomías han presentado un Presupuesto 2015 donde pretenden gastar más que este año, un 1,6% más de media, aprovechando que es año electoral (+2,5% Madrid, +2,30% Extremadura y del resto, la mayoría un 2% más).

Al final, quien manda es Hacienda, que es quien controla transferencias y préstamos. Y Montoro ya ha mandado varios “recados” a las autonomías insistiendo en que tienen que hacer ajustes, este año y sobre todo en 2015. Entre 8.000 y 11.000 millones de ajuste, según quien haga las cuentas. Y eso va a obligar a nuevos recortes en el Estado del Bienestar, porque la sanidad, la educación y los gastos sociales (Dependencia y servicios sociales) se llevan las tres cuartas partes del Presupuesto de las autonomías. Montoro quiere empezar por la sanidad, no sólo porque es la principal partida del gasto autonómico (se lleva del 40 al 45% de los Presupuestos) sino porque opina que “la sanidad es el gasto más dinámico, el que más tensiona las cuentas de las autonomías”, según dijo en octubre en el Congreso.

Además, Montoro sabe que el gasto sanitario va a crecer en 2015, al menos por dos factores. Uno, la subida del IVA sanitario, del 10% al 21%, forzados por Bruselas. Una subida de impuestos que va a encarecer la factura sanitaria de las autonomías, al subir el coste final del instrumental y los equipos sanitarios, de los medicamentos (suben impuestos materias primas y equipos para fabricarlos), escáneres, TAC, aparatos de rayos X, mobiliario, equipamiento, vendas, apósitos, jeringas, guantes y hasta las sábanas para los hospitales. Y también aumentará la factura sanitaria la inauguración de 15 nuevos hospitales públicos, prevista para 2015 (año electoral): 7 en Andalucía (Vejer, Cazorla, Pepe, Lebrija y Écija, Cártama y La Línea), 2 en Valencia (Gandía y Llíria), 2 en Galicia (Vigo y Orense), 1 en Castilla y León  (ampliación Valladolid), 1 en Aragón (Alcañíz), 1 en Cantabria (ampliación Valdecilla) y 1 en Murcia (materno-infantil La Arrixaca).

Montoro y Sanidad llevan varias semanas trabajando en medidas para recortar el gasto sanitario ya este año y sobre todo en 2015. Por un lado, propondrán a las autonomías (en la Interterritorial de este mes) que hagan nuevos planes de ahorro en los costes del día a día, donde todas han metido ya la tijera: revisar plantillas, horarios y turnos, cierre de instalaciones, recortes en la compra de material (desde compresas y pañales a sábanas y pijamas), ahorros en limpieza y lavandería, en luz, calefacción y hasta en la comida. Además, les presionarán para conseguir nuevas fuentes de ingresos, desde la renovación por tarjeta sanitaria al cobro de copagos: un tema problemático, porque la propia ministra Mato dio marcha atrás a tres nuevos (ambulancias, dietoterapéuticos y prótesis) y la mayoría de autonomías (incluidas las del PP) se negaron a aplicar un pago a la entrega de fármacos hospitalarios. Y encima de la mesa están las medidas ya propuestas en  julio, difíciles de proponer en vísperas de elecciones: revisión de la cartera de servicios sanitarios, copago por no acudir a citas programadas o por ir a urgencias, tasas por estancia en  hospitales o incluso extender a toda España el pago de un euro por receta.

En paralelo, Montoro (no Mato) ha negociado con la patronal farmacéutica Farmaindustria un pacto para rebajar la factura farmacéutica, donde tienen puestas más esperanzas de ahorro. El problema hoy es que, pasados dos años del copago en los medicamentos (julio 2012) y del medicamentazo (en septiembre 2012 sacó 426 fármacos de la financiación pública), la factura de los medicamentos (que cayó un 27% entre 2010 y 2013), está volviendo a subir: a finales de septiembre, se habían dispensado más recetas que el año pasado (+1%), con más gasto (+6,2 millones, un 2% más).  Y lo peor, las autonomías no tienen liquidez ni para pagar las recetas a un tercio de las farmacias: en septiembre, Cataluña y Murcia agotaron su presupuesto farmacéutico para 2014 y en octubre les pasó a Valencia, Baleares, Canarias y Extremadura. Solución: o no pagan (deben 345 millones a las farmacias) o pagan tarde gracias a un crédito del Estado central (Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA).

Así que van a meter tijera sobre todo en el gasto farmacéutico, forzando a los laboratorios a un pacto que prefieren  a rebajas impuestas por decreto (ya han sufrido 4 desde 2010, la última en septiembre, a 14.500 medicamentos). El Gobierno va a fijar un tope de gasto y cada mes vigilará si se cumple o no, para forzarles a nuevas rebajas de precios (más posibles rebajas de márgenes a las farmacias). De momento, no afectaría al ciudadano, aunque en la práctica sí. Porque si los precios de los medicamentos siguen cayendo (y cada vez más cuestan lo que una cerveza), los laboratorios perderán incentivos para investigar y además se verán forzados a exportar más medicamentos, que son más caros en el resto de Europa, lo que fomentará (junto al contrabando de medicinas) el desabastecimiento. Además, las farmacias, pierden más márgenes e ingresos, y muchas cerrarán (300 ya han suspendido pagos).

Pero para el Gobierno y las autonomías, lo más fácil es centrar el recorte sanitario en los medicamentos, que es lo que han hecho en estos años: de los 7.179 millones recortados en la sanidad pública entre 2010 y 2014, un 42% ha sido en medicamentos, con el copago, la retirada de medicamentos financiables y la bajada de precios y márgenes. El problema es que se han pasado de frenada: el gasto farmacéutico del SNS ha bajado al 0,88% del PIB, el nivel más bajo desde 2003 y un gasto inferior al de los países europeos intervenidos por la troika. Y si tomamos también el gasto farmacéutico hospitalario, el gasto público total en medicamentos fue de 292,5 euros por español, un 22% menos que la eurozona (UE-18).

Ahora, estos recortes en medicamentos y los nuevos recortes en Sanidad van a deteriorar aún más la sanidad pública, que ha perdido 1 de cada 8 euros desde 2010 (-7.179 millones).Con ello, si el gasto público en sanidad ya estaba por debajo de Europa (6% del PIB en 2011 frente al 8,8% de Holanda o Dinamarca, el 8,66% de Francia o el 8,43% de Alemania), ahora nos alejamos aún más. Y la consecuencia de este recorte (más la pérdida de 45.000 empleos sanitarios y una plantilla donde el 46,7% de los médicos son interinos, la mitad con contratos temporales inferiores a 6 meses) es el deterioro de la sanidad pública, según revelan los informes de la Fundación en Defensa de la Sanidad pública. Y sobre todo en ocho autonomías, a las que califican de tener servicios sanitarios malos (Comunidad Valenciana 4,6 puntos, Canarias 4,7, Murcia 5,3, Baleares 5,4) o deficientes (Madrid 5,6, Extremadura 5,6, Cataluña 5,7 y Castilla la Mancha 5,9). Además están las listas de espera: 559.335 españoles esperando para operarse (98 días de media) y 67 días de espera media para ir al especialista.

El problema de la sanidad no es sólo de falta de recursos, pero seguro que con más recortes no se arregla. Y sobre todo, los recortes en la sanidad y la farmacia no van a arreglar las cuentas de las autonomías: su problema es un sistema de financiación deficiente, que Rajoy no se ha atrevido a reformar para que tengan más ingresos (aunque racionalicen gastos). Y mientras, buscan sobrevivir a base de recortes y de créditos (este Gobierno ya les ha prestado 148.911 millones del FLA que tendrán que devolver). Es sólo un parche, doloroso porque así se cargan la sanidad y el Estado del Bienestar. La verdadera solución es buscar una financiación suficiente y estable para las autonomías y la sanidad. No meter más la tijera.