lunes, 30 de junio de 2014

Cambia el recibo de la luz (y subirá)


El 1 de julio vuelve a cambiar el recibo de la luz: nos cobrarán cada día el precio que tenga la luz en el mercado eléctrico, lo que supondrá  un tobogán de tarifas. Y será imposible saber lo que vamos a pagar. Eso sí, nos dan la opción de pagar un precio fijo anual elevadísimo o contratar una tarifa plana mensual o anual y si consumimos más, pagaremos la diferencia. Al final, quedamos en manos de un mercado eléctrico que es un enigma y donde las compañías pueden manipular precios, por lo que ya se ha abierto un expediente. De hecho, ahora que van a quedar libres, los precios se han duplicado y pagaremos la luz más cara este verano (quizás un 5%). Además, las eléctricas dejan de pagar el bono social y nos lo cargan a nosotros (210 millones). Así, pagando costes extras por todos los lados, tenemos la tercera luz más cara de Europa. Hay que exigir transparencia de una vez por todas.
enrique ortega

Durante el primer semestre de 2014, hemos pagado la luz con un sistema provisional, establecido por el Gobierno en diciembre, para salir al paso del susto que nos dieron las eléctricas con la última subasta, que fijaba un aumento de tarifas del 11,5%. Industria intervino y fijó una subida del 2,8%, estableciendo un precio fijo para la luz de enero a junio (48,48 euros por Mwh). Al final, como la luz subió menos en el mercado durante el primer trimestre, las eléctricas nos tienen que devolver 310 millones de euros, que nos llegarán con el recibo de junio (unos 20 euros de media por usuario). Y el Gobierno dice que la luz también ha costado menos que el precio fijado durante el segundo trimestre. Si es así, las eléctricas tendrán que hacernos otra devolución más, quizás en agosto, de otros 150 millones (otros 10 euros). Es un dinero nuestro, unos 460 millones que hemos pagado de más por la luz estos seis meses (las eléctricas le pueden haber sacado, al 4%, un “jugo” de 9 millones…).

Ahora, desde el 1 de julio, cambia el sistema para fijar la subida de la luz: el precio se establece cada día, según la cotización del kilowatio en el mercado eléctrico entre compañías (pool). El Gobierno quería que pagáramos el precio que tiene la luz cada minuto del día, según cuando la consumimos. Pero los contadores no están preparados: de los 27.8 millones de clientes, sólo 7,9 tienen instalados contadores inteligentes. Pero resulta que sólo la tercera parte de ellos (2,2 millones) permiten la lectura horaria a distancia. Al final, las eléctricas tienen hasta finales de 2018 para tener preparados todos los contadores, así que pagar la luz por horas tendrá que esperar. Mientras, el Gobierno ha hecho “un apaño”: cruzará el precio medio diario de la luz en el mercado eléctrico con tres perfiles de consumidores (normales, con tarifa nocturna y con coche eléctrico) para “estimar” su consumo por horas y facturar (se puede ver el precio diario por horas en esta calculadora de REE). Pero será una estimación media, que no coincidirá con el consumo horario de cada uno de nosotros.

Este es el nuevo sistema por el que pagarán ahora la luz la mayoría de usuarios, los 17 millones que tienen contratados menos de 10 kilovatios y tienen tarifa regulada (ahora se llama precio voluntario pequeño consumidor, PVPC). Pero el usuario tiene dos opciones más para pagar la luz. Una, contratar una tarifa de precio fijo en el mercado regulado: las eléctricas tienen obligación de ofrecerles una tarifa fija anual, según su nivel de consumo. Pero se han  cubierto en salud y es altísima, para “no pillarse” y disuadir al usuario: está entre 701 y 723 euros para un consumo de 3.000 kilovatios (ver tarifas Web CNMC), unos 100 euros más de lo que saldría recibo a recibo. Y además, cobran una penalización si se rescinde antes del año. La otra opción, la que buscan las eléctricas, es que el usuario se pase al mercado libre, no regulado. Aquí ofrecen tarifas planas, por meses o años (como en el teléfono): una cantidad fija a pagar y si nos pasamos de consumo, nos cobran aparte (y mucho) el consumo extra. Ojo a estas dos alternativas, porque tienen mucha letra pequeña (la Comisión de la Competencia les investiga  por “publicidad engañosa”) y salen más caras.

Volviendo al nuevo sistema de precios regulados, que cobra la luz por lo que cuesta cada día, tiene un problema de fondo: el mercado eléctrico es muy volátil: el español es el que tiene más altibajos en Europa y en 2013 tuvo días con la luz a 90 euros Mwh y días con precio cero. Y además, las eléctricas influyen mucho en el precio, al poner en marcha o parar unas u otras centrales. Precisamente, la Comisión de la Competencia ha abierto un expediente a Iberdrola por “presunta manipulación de precios” en diciembre. Y curiosamente ahora, cuando los precios van a liberalizarse, el mercado eléctrico lleva un mes subiendo el precio de la luz, que se ha duplicado entre abril (26,44 €Mwh) y junio (52 €Mwh). Y el mercado de futuros augura que la subida seguirá en julio agosto y septiembre, con un precio estimado de 54,53 €Mwh, un 12,5% de subida sobre el precio fijado por el Gobierno para el primer semestre.

O sea que, ahora que dejan que el mercado fije “libremente” el precio diario de la luz, ese mercado sube sin parar. ¿Casualidad? Dicen que es porque hay menos electricidad de origen hidráulico (no llueve) y eólico (más barata) y porque las renovables, al recortarles el Gobierno las ayudas, producen ahora luz más cara. Sea por lo que sea, el caso es que las eléctricas nos van a cobrar más cara la luz: si se mantienen estas subidas en el mercado (el precio repercute un 40% en el recibo), la luz nos subiría un 5% entre julio y septiembre.

Y eso sería lo que sube el coste de producir electricidad, que es sólo una parte del recibo (37,48%). En febrero subió ya la parte fija de la factura, lo que se paga por la potencia instalada (que ahora supone un 60% del recibo, cuando hace un año suponía el 35%). Eso significa que, al margen de lo que nos suban por consumo, estamos pagando mucho más por tener el contrato, consumamos o no. Y también pagan más este año los 2,5 millones de familias que tienen el bono social: se les cobra ahora una cuota fija y se les reducen los descuentos. Además, queda por ver lo que nos sube el Gobierno antes de fin de año la otra parte del recibo (un 41,14% que va a pagar transporte, comercialización y subvenciones, siendo el 21,38% restante del recibo los impuestos). En esta parte, el Gobierno nos va a cargar el coste del bono social (ha pasado desapercibido): 221 millones que hasta ahora pagaban las eléctricas pero que, como ganaron el recurso en el Supremo, ya no tienen que costear y que ahora pagaremos todos con el recibo (nos sale unos 15 euros anuales).

Así que en los recibos del verano pagaremos más cara la luz, por unas y otras cosas. Y aunque este año 2014 podría cerrarse con una escasa subida o incluso bajada (tras la rebaja de la primera mitad del año), la luz ha subido ya un 60% desde 2007 y los consumidores pagamos la tercera luz más cara de Europa (tras Irlanda y Chipre, dos islas): el precio medio de 2013 fue de 0,1752 €/kW frente a 0,1370 €/kW en la UE-28, según Eurostat. O sea, que pagamos la luz doméstica un 27,8% más cara. Y las empresas españolas, un 20% más que las alemanas. Moderamos los salarios para que nuestras empresas compitan mejor y ese sacrificio se lo come la luz (y los gastos financieros de los créditos, también más altos en España).

Pagamos la luz más cara porque el mercado no funciona bien (las eléctricas cobran más de lo que deben por los kilovatios que producen con las centrales hidráulicas y nucleares, un precio garantizado por Aznar en 1997), porque pagamos muchos costes extras (subvenciones al transporte, a la distribución, a las grandes industrias, al pago del déficit de tarifa, al uso del carbón, al parón nuclear, a las renovables, al bono social…) y porque tenemos el doble de centrales de las necesarias (sobran casi todas las centrales de gas, que estamos pagando en el recibo sin que apenas funcionen). Un desmadre al que el Gobierno no quiere poner coto, porque sería recortar ingresos a las poderosas eléctricas, las más rentables de Europa. Y mientras, nosotros pagamos de más en el recibo, sea con el sistema que sea.

Así que estamos en las mismas, aunque el sistema y el recibo cambie: pagamos la luz más cara de lo que cuesta. Sólo hay una solución: hacer una auditoría de costes transparente, recortando unos a las eléctricas y pasando otros al Presupuesto y no al recibo. Si no, seguiremos pagando de más. Y ahora además, un precio distinto cada día. Doble locura.

jueves, 26 de junio de 2014

SOS Dependencia


Por primera vez en los siete años largos de la Ley de Dependencia, en abril había menos ancianos y discapacitados que recibían ayudas (4.400 menos) que cuando llegó Rajoy. Y con la pequeña subida de mayo, son casi los mismos. Además, hay otros 182.060 dependientes a la espera, con ayuda reconocida pero que no la reciben porque las autonomías no tienen dinero. Una lista de espera que ha bajado porque 70.000 ancianos se han muerto esperando: normal, porque el 54% de los dependientes tienen más de 80 años. El sistema está estancado y las familias de los dependientes sufren retrasos, recortes y subidas del copago de los servicios. Y asfixia a las autonomías, que ya financian un 60% porque el Estado ha recortado su aportación a la mitad. La Dependencia está colapsada y sólo hay una salida: que el Estado aporte más. Bastarían 1.300 millones extras al año, una minucia comparada con el rescate bancario. Es una obligación moral con nuestros mayores. Se lo debemos.
 
enrique ortega

La Ley de Dependencia echó a andar el 1 de enero de 2007, para ayudar a los 3 millones de ancianos y discapacitados que no pueden valerse por sí mismos. Siete años después, el sistema está estancado y languidece. En abril, el número de beneficiarios que recibían  ayudas (dinero o servicios) había bajado a 734.187 dependientes, 4.400 menos que en diciembre 2011, cuando llegó Rajoy. Y aunque en mayo ha subido un poco, hasta 738.777, son prácticamente los mismos que hace dos años y medio. Además, hay otros 182.060 dependientes que tienen la ayuda reconocida, pero no la reciben (legalmente, pueden tenerles esperando hasta 2,5 años). El Gobierno se vanagloria de haber bajado esta lista de espera, desde los 305.941 dependientes (diciembre 2011), pero no es para “sacar pecho”: 30.000 se han caído de la lista porque eran dependientes moderados (Rajoy les quitó la ayuda) y otros 70.000 simplemente porque se han muerto esperando. Algo que seguirá pasando, porque el 54% de los dependientes tienen más de 80 años. Al final, un dato visualiza el estancamiento de la Dependencia: el sistema concede ahora 191 ayudas cada mes, frente a 6.724 que concedía en 2011. A este ritmo, acabar con la lista de espera costaría 80 años

Al PP y a Rajoy nunca les gustó la Ley de Dependencia de Zapatero. “La Dependencia no es viable”, declaró Rajoy un mes antes de ganar las generales de 2011. Y a los nueve días de tomar posesión, el Gobierno empieza a torpedear la Dependencia: dejó fuera de las ayudas (hasta julio de 2015) a los dependientes moderados (412.000). En marzo 2012 recortó 283 millones a la Dependencia y en julio 2012 aprobó un decreto con cambios profundos, para facilitar a las autonomías un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la cotización a la seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio, simplificó los baremos (de 6 a 3, bajando las ayudas) y subió el copago a las familias (en 2013 y más en 2014).

El total de medidas supone un recorte a la Dependencia, entre 2012 y 2014, de 2.278 millones, un tercio del presupuesto de 2011. Pero lo peor es que el Gobierno Rajoy ha estrangulado a la Dependencia reduciendo a la mitad la financiación del Estado central: si en 2011, la aportación estatal (1.803 millones) suponía el 40% del coste total de la Dependencia (5.634 millones), en 2013 aportaba ya sólo el 20% (1.317 de 6.363 millones). Eso ha obligado a un esfuerzo extra de las autonomías (que han pasado de financiar del 50% al 60% del gasto total en Dependencia) y de las familias de los dependientes, que pagan ya un 19% del servicio (10% en 2011).

En definitiva, la retirada del Estado central de la Dependencia (su aportación ha caído un 23% desde 2011, según el Tribunal de Cuentas) ha tensionado a las autonomías, que no pueden hacer frente al coste. Y buscan “ahorrar” por varias vías, según el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes: entre que un dependiente solicita la ayuda y se le reconoce pasan 246 días de media (540 en Valencia) y 11 autonomías incumplen el plazo máximo legal de 6 meses para reconocer el derecho a una prestación. La razón del retraso es ganar tiempo, porque no tienen liquidez, según han reconocido Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia al Tribunal de Cuentas. La otra vía de “ahorro”, cuando ya han reconocido el derecho a la ayuda, es retrasar su concesión lo más posible (Rajoy subió el plazo máximo legal de 2 a 2,5 años), engordando las listas de espera. Entre uno y otro retraso pueden pasar entre tres años y medio y cinco antes de pagar, lo que ha llevado a muchas familias a reclamar ante los Tribunales. Mientras, muchos dependientes se mueren. Más ahorro...

Otra vía de “ahorro” es ser más rígido al valorar a los dependientes. En febrero 2012 se cambiaron los baremos y se endurecieron los requisitos para reconocer la gran dependencia (grado III), con lo que su número ha caído en picado: hay 66.399 menos que en 2011. En unos casos, porque estos grandes dependientes son los que más se mueren por el camino, pero en otros porque se les ha pasado al grado II (dependencia severa), “más barato”: el Estado paga 82,84 euros/mes por estos dependientes frente a 177,86 a los de grado III. Y lo mismo pasando de grado II a grado I (ahora, sin ayudas). La tercera vía de “ahorro” es revisar de oficio las valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja de grado, algo que ha multiplicado denuncias de familias en los tribunales (muchas las ganan, pero dos años después).

Una cuarta vía de “ahorro” que usan las autonomías es ofrecer dinero y no servicios a los dependientes, porque es más barato darle 450 euros a un cuidador familiar (el 50% de los dependientes reciben prestaciones económicas) que pagar la mayor parte de una residencia (13,8% dependientes), ayuda a domicilio (12,8% dependientes), teleasistencia (12,7%) o  centro de día (7,44%). O privatizar servicios. El objetivo es “atender al mayor número posible de dependientes (que salgan más en las estadísticas) con el menor dinero posible”. La quinta vía de gastar menos es aumentar el copago a las familias, ahora entre el 40% y el 90% del coste, según los ingresos del dependiente, los servicios y la autonomía. En Valencia, la peor, el copago ha subido entre 100 y 1.000 euros mensuales en 2014.

Al final, las autonomías se buscan la vida para reducir su déficit y aplicar con restricciones la Ley de Dependencia. Lo más grave son las enormes diferencias entre regiones. Así, las posibilidades de tener una ayuda son cinco veces mayores en Cantabria (se beneficia el 2,5% de su población) que en Canarias (sólo 0,5%). También en Canarias, más de la mitad de dependientes con derecho a  ayuda (52,74%) están en lista de espera, mientras en Castilla y León sólo el 1,6%. En Murcia, Cataluña o Baleares, las tres cuartas partes de los dependientes reciben ayudas económicas y no servicios, mientras en Galicia son un tercio. Y como resumen, Canarias gasta 39 euros por habitante en la Dependencia (Baleares 56, Valencia 62 o Murcia 84), mientras Cantabria gasta 174 (153 la Rioja, 149 País Vasco o 140 Castilla y León).

O sea, que si la Dependencia funciona mal, en gran parte de España peor. El Observatorio de la Dependencia (directores y gerentes de servicios sociales) sólo da buena nota a Castilla y León (9,6 puntos) y País Vasco (8,3), junto a La Rioja y Cantabria (6,3) y Andalucía (5,8) aprobando raspado a Cataluña, Castilla la Mancha y Extremadura (5,4), Navarra, Murcia o Galicia (5 puntos). Y suspende a 7 autonomías: Madrid (4,2), Asturias y Aragón (3,8), Baleares (2,9), Ceuta y Melilla (1,3) y sobre todo, Canarias (0,8 puntos) y Comunidad Valenciana (0,4), los farolillos rojos desde 2009. Malos sitios para envejecer.

En definitiva, la Dependencia no da más de sí y las tensiones aumentarán en 2015, cuando haya que dar ayudas a los dependientes moderados (420.000 ahora). Sólo queda una salida: que el Estado central cumpla la ley de Dependencia, aportando lo mismo que las autonomías (40% cada uno y el 20% restante el copago). Eso supondría, como propone el Observatorio de la Dependencia, que el Estado central duplicara su aportación, de 1317 millones (2013) a 2.634 millones anuales. Un dinero extra (1.317 millones, lo que el Gobierno acaba de devolver a Bruselas del rescate bancario sin pedírselo) que en parte recuperaría con más cotizaciones e impuestos (478 millones) y que crearía 30.000 empleos directos en la Dependencia.

Eso para tapar los agujeros actuales y acabar con los recortes. Pero para el futuro, hay que plantearse una financiación estable de la Dependencia, en base a impuestos (quizás una parte de la futura tasa Tobin a la banca), recargo del IVA o una cotización adicional, medidas propuestas en su día por la Comisión de expertos. Bastaría con unos 8.000 millones anuales entre Estado central y autonomías. Una cantidad mínima si se la compara con el coste de los otros pilares del estado del Bienestar: 121.500 millones las pensiones, 88.000 la Sanidad, 50.000 la Educación o 30.000 millones el desempleo. Y serviría también para liberar camas en los hospitales públicos, ocupadas por ancianos que pueden pasar a residencias y centros geriátricos (hay 50.000 plazas vacías).

Los dependientes y sus familias llevan meses lanzando un SOS: la situación es insostenible. Y cada año será peor, porque seremos el país con más viejos de Europa en 2050 y tendremos 7 millones de dependientes, según el CSIC. No podemos mirar para otro lado y dejar que los dependientes y sus familias busquen cómo sobrevivir. Hay que ayudarles. Tienen derecho por Ley y es un deber para con nuestros mayores. Una obligación moral.

lunes, 23 de junio de 2014

Una mini-reforma fiscal con muchas trampas


El Gobierno Rajoy hace propaganda de que baja los impuestos. Pero poco: baja el IRPF en dos plazos, aunque a cambio dejará a las autonomías que nos suban "los impuestos verdes". Y a las empresas, les baja el tipo escaparate en dos años, pero la mayoría ya pagan menos. Y no toca (de momento) los demás impuestos.Han aprobado unos retoques fiscales plagados de trampas. Al final, frente a los 30.000 millones que nos han subido los impuestos estos tres años, Rajoy los baja ahora 9.000. Seguimos pagando más. Y no toca los impuestos de los ricos (las SICAV pagan un 1%) ni de las grandes empresas (pagan el 4%), culpables ambos del 70% del fraude fiscal. Mientras, las familias pagan el 90% de los impuestos. Esa es la reforma que habría que hacer y no hacen. Además, como España recauda poco y tiene mucho déficit, el Gobierno tendrá que hacer más ajustes en 2015, recortando gastos y subiendo impuestos (IVA), como exige Bruselas. Aunque ahora digan que no, como en 2011.
 
enrique ortega

Rajoy ganó las elecciones de 2011 prometiendo que no iba a subir los impuestos. Y a la semana, empezó a subirlos, aumentando la recaudación de más de 30 impuestos, con una subida total de 30.851 millones entre 2012 y 2014, según Hacienda (a sumar a los 20.097 millones que nos subió Zapatero entre 2010 y 2011). Ahora, a 17 meses de las próximas elecciones, ofrece bajar impuestos, pero sólo algunos y poco. Y aunque lo vende como una “reforma fiscal”, se trata de meros retoques, plagados de “trampas”, para intentar cuadrar el círculo: bajar impuestos a la vez que promete bajar el déficit. Algo imposible sin subir otros impuestos y recortar más el gasto. Es justo lo que hará en 2015, sin que se note.

Esta “reforma fiscal” del Gobierno Rajoy se centra en el impuesto que más se nota, el IRPF, que supone el 40% de la recaudación total. Y hace la rebaja en dos años: 3.000 millones en 2015 y otro tanto en 2016, para venderlo antes de las elecciones aunque la mitad de la rebaja la notemos después. Primera trampa. Aprueba dos cambios importantes. Uno, reducir de 7 a 5 los tramos en que uno está según los ingresos. El otro, rebajar los tipos a pagar: menos para las rentas bajas (del 24,75% al 19) y más a las altas (del 52% al 45). Ambas medidas favorecen más a los que más ganan, a los que declaran más de 60.000 euros (3,8% contribuyentes). Segunda trampa. Y rebajan también los tipos (del 21/27 al 19/23%) a las rentas del capital (intereses bancarios, dividendos y plusvalías Bolsa), que suelen cobrar los más ricos. De paso, crean una nueva ayuda (100 euros al mes) para  familias numerosas y con discapacitados, pero siguen sin descontar el efecto de la inflación (no deflactan tramos, mínimos y deducciones), penalizando a todos.

En Sociedades, el impuesto que pagan las empresas, bajan los ingresos en 3.000 millones en dos años, al rebajar el tipo  (del 30 al 28% en 2015 y al 25% en 2016): Pero este es el “tipo escaparate”, que no pagan la mayoría de empresas por las jugosas deducciones: el tipo real ronda el 10%. Tercera trampa. En principio, la rebaja no beneficia a las pymes y  habrá que ver cómo afecta a las grandes empresas, que sólo pagan un tipo efectivo del 4%. Y la banca sana paga el 5% (2013), por los jugosos “créditos fiscales” (deducciones por pérdidas y saneamientos). Y las multinacionales, ni eso.

En el resto de impuestos, la mitad de lo que pagamos, apenas hay cambios. De momento, no sube el IVA (como piden la Comisión Europea, FMI, Banco de España y la Comisión de expertos fiscales), salvo para algunos productos sanitarios (por sentencia del Tribunal europeo), lo que encarecerá la sanidad pública y las cuotas de los seguros médicos privados. Y no se suben ahora los impuestos a los carburantes (Bruselas lleva años pidiéndolo, porque son de los más bajos de Europa), al alcohol y tabaco, que pueden subir con los Presupuestos 2015. Cuarta trampa. Además, para compensar a las autonomías de la rebaja del IRPF, les dejarán que nos saquen 2.000 millones nuevos en "impuestos verdes" los dos próximos años, según el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. Rebajan unos y nos cobran más otros. Quinta trampa.

En definitiva, sólo algunos retoques de cara a las elecciones (rebaja media del 12,5% en dos años en el IRPF) y no una reforma fiscal en profundidad, como reclamaba Bruselas y planteó la Comisión de expertos fiscales. Unos retoques centrados en el IRPF y en las familias que viven de un sueldo, las que pagan el 90% de todos los impuestos, frente al 10% que pagan empresas, bancos y grandes fortunas, según Intermón Oxfam. Y que no resuelve el problema fiscal de fondo que tiene España: somos el segundo país de la zona euro que menos recauda, tras Irlanda (un paraíso fiscal): un 37,8% del PIB (2013), frente al 46,8% de la UE-18, según Eurostat. O sea, que recaudamos 90.000 millones menos de lo que nos toca. Y eso, porque hay mucho fraude y muchos pagan bastante menos de lo que deben.

España es el décimo país del mundo con más fraude fiscal, estimado en 72.700 millones por Tax Research (para 2012). Y un 70% de este fraude procede de las grandes empresas y de las grandes fortunas, según los técnicos de Hacienda (GESTHA). Los más ricos tributan como empresas (con jugosas deducciones y vías “legales” de fraude)  o a través de SICAV: hay 413.264 grandes patrimonios en 3.051 SICAV, con 9,10 millones de euros por persona. De hecho, hay ya 116.400 españoles millonarios (más de 1 millón de dólares), un 27% más que antes de la crisis, según la consultora Cap Gemini. En cuanto a las grandes empresas, sólo pagan de media un 4% de sus beneficios, según Hacienda. Y los bancos, un 5% en 2013. Y las multinacionales, aún menos: las sucursales de Google, Apple, Microsoft, Amazon, eBay, Facebook y Yahoo pagaron sólo 25 millones de impuestos en los últimos tres años.

Esta “mini-reforma” fiscal de Rajoy no afronta el problema del fraude ni pone los medios para reducirlo (publicarán las listas de morosos, pero no de defraudadores). De hecho, los recortes han desarmado más la inspección tributaria, que dedica sólo un 20% de sus recursos a vigilar a grandes empresas y a los más ricos (el 80% de los inspectores se dedican a particulares, autónomos y pymes). Unos recursos de inspección que son la mitad que en otros países, tanto en dinero (0,13% PIB frente al 0,22% de Francia, 0,23% de Reino Unido, 0,24% de Italia o 0,28% de Alemania) como en personal (tenemos 510 inspectores por millón de habitantes frente a 1.200 en Francia o Alemania).

Al final, el hecho de que los más ricos, empresas, bancos y multinacionales paguen menos obliga a que los demás, la mayoría, paguemos más. Por eso, mientras no se acometa la lucha contra el fraude (“legal” e ilegal), no se podrán bajar los impuestos a los que más pagamos. Y el Gobierno Rajoy, como no quiere enfrentarse a esa minoría de poderosos contribuyentes, trata de salir del paso y afrontar las elecciones con “el cuento de la lechera”: vamos a crecer más y eso aumentará la recaudación, incluso bajando el IRPF. Y no quiere subir el IVA y otros impuestos, porque confían en tres vías para reducir el déficit público: el ahorro por la rebaja de la prima de riesgo (hasta 5.000 millones), el aumento del PIB al incluir la economía ilegal (prostitución y drogas) y la venta del 49% de AENA (2.500 millones extras).

Pero las cuentas no salen y son muchos (Comisión Europea, FMI, OCDE, Fitch, Banco de España, Comité de sabios) los que le han reiterado al Gobierno Rajoy que no puede cumplir con la rebaja del déficit prometida a Bruselas sin subir impuestos, no bajarlos. Y por eso insisten en que suba el IVA o los impuestos a los carburantes. De hecho, como ha recordado el gobernador del Banco de España, España tiene que reducir su déficit público en 55.000 millones entre 2014 y 2017. Y sólo en 2015, lo tiene que recortar en 20.000 millones según la Comisión Europea. Así que es imposible bajar impuestos. Salvo que, en paralelo, se suban otros y se recorten más los gastos. Que es lo que acabará haciendo Rajoy. Sexta trampa, la peor.

Todo apunta a que ahora bajan el IRPF y sociedades (cara a las familias y empresas), pero que en septiembre, con el Presupuesto 2015, el Gobierno tendrá que hacer un doble ajuste. Por un lado, seguir haciendo recortes, forzando a otros en las autonomías (sanidad, educación y dependencia). Y por otro, subir algunos impuestos indirectos, los que menos se notan, desde los carburantes o el alcohol a los impuestos verdes y algunos retoques en IVA. Y forzarán a autonomías y Ayuntamientos a que suban sus impuestos, sobre todo el IBI, sucesiones, "impuestos verdes" y tasas. Si no, no les saldrán las cuentas, aunque la economía crezca más. Y Bruselas se lo exigirá.

Sólo queda otro camino: recaudar más, luchando eficazmente contra el fraude, sobre todo en IVA (somos el país europeo que menos recauda) y sociedades, y haciendo que paguen más los que menos pagan : ricos, grandes empresas, bancos y multinacionales. Si recaudáramos como el resto de Europa, ingresaríamos 90.000 millones más, no habría déficit y podrían bajarse los impuestos a la mayoría, a la vez que dedicar recursos a reanimar la economía, crecer más y crear más empleo. No luchando contra el fraude, al final tendremos que pagar más impuestos, aunque nos bajen el IRPF por las elecciones. Y volverán los recortes, porque no se recauda suficiente. Es el círculo vicioso que resulta de sumar el fraude fiscal y la austeridad. La trampa de fondo.