lunes, 17 de noviembre de 2014

Hay más pobres y congelan el gasto social


Cumplidos ya 6 años de crisis, la pobreza en España ha llegado a niveles intolerables: uno de cada tres españoles sufren problemas de exclusión y 5 millones son pobres marginales, según el último Informe Foessa. Y tenemos 2.306.000 niños pobres, según Unicef. Frente a este panorama, el Gobierno Rajoy ha congelado el gasto en servicios sociales para 2015, tras haberlo recortado un 15% desde 2012. Y eso, aunque 8,3 millones de españoles acuden a los servicios sociales municipales a pedir ayuda, desde ropa, medicinas o comida a un techo, un subsidio o un empleo. Y las ONGs privadas están colapsadas y sin medios: Cáritas atiende ya a 2,5 millones de españoles. La situación va a empeorar por la reforma impuesta a los Ayuntamientos, que dejaran de prestar la mayoría de los servicios sociales a finales de 2015. Y porque Montoro fuerza a las autonomías a más recortes este año y en 2015. La situación es insostenible: la pobreza necesita atención urgente ya.
 
enrique ortega

Uno de cada cinco españoles está en situación de pobreza, según los datos oficiales del INE (2013). Son 9.500.000 españoles (un 20,4% de la población) que se consideran “en el umbral de la pobreza”, porque ingresan menos del 60% que la media: menos de 8.114 euros al año los solteros y  por debajo de 17.040 euros anuales las familias con dos hijos. Son sobre todo familias con varios hijos, mujeres solas con hijos, inmigrantes, jóvenes sin trabajo y ancianos. Y cinco autonomías tienen muchos más pobres que la media de España : Ceuta (40,8% de la población), Castilla la Mancha (31,3%), Extremadura (30,9%), Andalucía (29,1%) y Canarias (28,4%).

Para las estadísticas europeas, en España hay aún más pobres, hasta 12.700.000 españoles (un 27,3% de la población), según el indicador europeo AROPE (Eurostat), que incluye tres conceptos: unos ingresos de pobreza (el indicador del INE), la carencia material severa (no comer carne o pescado cada 2 días, baja temperatura vivienda, retraso pagos, no vacaciones…) y los hogares con poco empleo o ninguno. Con ello, somos el 9º país europeo con más pobres, tras Grecia (34,6%), Italia (29,9%) y seis países del Este. Y destacamos aún más en pobreza infantil: el 33,8% de los menores de 17 años, 2.306.000 niños pobres, según UNICEF, el segundo país de Europa con más pobreza infantil, tras Rumanía.

Hay otras estadísticas privadas aún más dramáticas. Así, el último informe Foessa revela que sólo un tercio de los españoles vive sin problemas económicos y que de los dos tercios restantes, un 40,6 % se va hundiendo en la precariedad y el 24,2% restante sufre ya una exclusión moderada, lo que afecta a 11.746.000 españoles con problemas económicos (tres cuartas partes de empleo, dos tercios de vivienda y la mitad de salud y medicamentos). Y de ellos, 5 millones se encuentran en situación de exclusión severa, en un mayor o menor grado de pobreza. Y son ya 3 millones los españoles con pobreza severa, según Cáritas.

Hay tres colectivos que conforman la nueva pobreza en España hoy. El que peor está, los parados que no cobran ninguna ayuda, 3.036.557 en septiembre, un 56% del paro EPA, según datos de Empleo. El segundo, los trabajadores pobres, que tienen empleo pero ganan el salario mínimo (645 euros) o menos, 2,2 millones de ocupados (un 13,4% de todos los trabajadores), según datos del INE. Y el tercer grupo, los pensionistas que ganan menos de 600 euros al mes, 1.253.000 (1 de cada 6 pensionistas), según los datos de octubre de la Seguridad Social. En total, 6,2 millones de españoles (y sus familias) que malviven. Pobres. Y habría que sumar parte de los 2 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan (los ni-nis, un 25,79% de los jóvenes entre 15 y 29 años), los que no tienen una familia que les acoja.

Frente a estos 7 millones de españoles pobres y sus familias, el Gobierno Rajoy ha optado por congelar el gasto estatal en servicios sociales para 2015 (12% del total), tras haberlo recortado drásticamente desde 2012, como las autonomías (63% del gasto social) y los Ayuntamientos (25% del gasto). En conjunto, las tres administraciones públicas han reducido el gasto social en unos 3.000 millones de euros, recortando un 15%, las tres cuartas partes en ayudas a la Dependencia (ancianos y dependientes) y el resto en servicios sociales. Estos recortes se han traducido en menos ayudas para subsidios, comida, ropa, medicinas (842.000 personas, uno de cada tres atendidos por Cruz Roja, no pueden cubrir gastos médicos), pago de alquileres, centros de acogida, formación y asistencia para el empleo.

Los más afectados son los servicios sociales municipales, que han visto recortados sus ingresos (del Estado central, autonomías y sus propios presupuestos) y su personal, habiendo perdido unos 3.000 empleados de casi 50.000. Y con menos medios, atienden a 8.319.000 españoles (2013), un millón y medio más que antes de la crisis, según un documentado informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS). Y estos servicios municipales recibirán sólo 27,41 millones del Estado en 2014, 3 euros por persona atendida, una miseria que se mantiene para 2015. Y también se congelará la aportación de autonomías y Ayuntamientos, mientras las ONGs privadas no dan más de sí, con Cáritas atendiendo a más de 2,5 millones de españoles, 600.000 más que en 2012.

El problema no son sólo los recortes y el escaso presupuesto para atender a los españoles más pobres. Lo más grave es que la ayuda está muy mal repartida, con un esfuerzo muy desigual entre autonomías (que hacen el 63% del gasto social): mientras el País Vasco gasta en servicios sociales 541,24 euros por habitante/año en servicios sociales (306,91€ es la media de España), la Comunidad valenciana gasta menos de la mitad (196,13 euros). Y con esta disparidad de gasto, se produce una gran disparidad en la atención: hay 127 plazas para personas sin hogar por 100.000 habitantes en Navarra frente a 17 en Extremadura; 1 trabajador social por 720 habitantes en Navarra frente a 1 por 7.916 habitantes en  Madrid; y cobran las rentas mínimas de inserción (cuatro veces más altas, además) 1 de cada 17 habitantes en el País Vasco frente a 1 por cada 355 habitantes en Castilla la Mancha. Hay cientos de ejemplos: lo malo no es sólo ser pobre sino dónde te toque serlo.

La consecuencia es que 8 autonomías suspenden en servicios sociales, según la nota de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales: Comunidad Valenciana (0,60 puntos sobre 10), Murcia (2,10), Canarias (2,60), Galicia (2,85), Madrid (3,70), Baleares (3,85), Andalucía (4) y Extremadura (4,15 puntos). Mala atención social precisamente cuando cuatro de estas autonomías suspensas son donde más ha crecido la pobreza con la crisis, según el INE: Extremadura, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Lo malo no es solo el deterioro de la asistencia social por los recortes sino que aún puede empeorar en el futuro, por dos motivos. Uno, por la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013), que trasfiere la prestación de los servicios sociales municipales a las autonomías (en ciudades de más de 20.000 habitantes) o a las Diputaciones (pueblos con menos de 20.000 habitantes), a partir de diciembre de 2015. Con ello, los Ayuntamientos sólo quedarán para detectar necesidades y atender la asistencia social más urgente. El problema es que las autonomías no tienen recursos (ni las Diputaciones), por lo que existe el riesgo de que nadie preste en el futuro los servicios que hoy prestan los Ayuntamientos. Y hay otro motivo de preocupación: las autonomías aún han de recortar gastos este año y en 2015, para recortar el déficit como ha prometido Rajoy.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2013 un Plan contra la pobreza 2013-2016 que apenas contaba con recursos nuevos y sólo aglutinaba viejas acciones en marcha en distintos Ministerios, según la crítica de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y se retrasa la aprobación de un subsidio para los parados que no cobran nada, prometido por Rajoy para octubre. Al margen de nuevas promesas ante las próximas elecciones, la lucha contra la pobreza exige un abanico de decididas actuaciones en varios frentes. Por un lado, hay que considerar la pobreza (y la desigualdad) como un indicador clave de la marcha del país, como lo que crece el PIB, el paro o el déficit público. Y hay que fortalecer la protección social, aumentando el gasto estatal, autonómico y local (con mayores ingresos fiscales obtenidos de los que más tienen) y destinando más ayudas a los grupos más desfavorecidos (los parados que no cobran, las familias con hijos, los ancianos y los jóvenes desprotegidos, en especial los niños pobres). Además, hay que homogeneizar la protección social, estableciendo un catálogo nacional de ayudas y servicios sociales mínimos, para que no dependan de donde uno viva.

Al final, queda claro que la crisis se ha cebado más en los que menos tienen, agravando la pobreza y la desigualdad. España y todos nosotros tenemos la obligación moral de ayudar a los que peor lo están pasando, para que sobrevivan dignamente y no pierdan el tren del futuro. A más pobreza, más ayudas, no menos. Por decencia moral y social.

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