jueves, 3 de julio de 2014

Patrimonio: con la Iglesia hemos topado


Si Mendizábal pasó a los libros de Historia por quitar muchas propiedades a la Iglesia, Rajoy  (y Aznar) pasarán por dejarles que registren miles de iglesias, ermitas, casas rectorales y otras propiedades, que mayoritariamente son de los pueblos. Una Ley que aprobó Aznar en 1998 permite a los Obispos registrar sus propiedades como si fueran notarios y ahora Rajoy ha aprobado otra Ley que les da un año más (todo 2015) para “rematar la tarea”. Muchos alcaldes y plataformas cívicas han denunciado estos registros ante los tribunales (como la Mezquita de Córdoba), pero la mayoría los pierden por falta de documentos. Así, la Iglesia asentará su inmenso patrimonio (salvado en muchos casos por ayudas públicas), del que obtienen importantes ingresos. Y los pueblos perderán definitivamente la propiedad de iglesias, ermitas e inmuebles que ayudaron a levantar en su día. Entre tanto, sigue sin plantearse la financiación de la Iglesia católica, que recibe casi 6.000 millones del Estado. Son intocables.
enrique ortega

Históricamente, la Iglesia católica y las órdenes religiosas acumularon propiedades como fruto de donaciones, testamentos y abintestatos, consolidando el segundo mayor patrimonio de España (tras el Estado), con más de 100.000 inmuebles, miles de tierras, 22.859 iglesias, 860 monasterios  y 540 santuarios, según datos de un reciente folleto de la Conferencia Episcopal. Hasta 1.861 no se crea en España el Registro de la Propiedad, aunque los bienes de la Iglesia, como los del Estado, no se solían registrar, porque todo el mundo sabía quién era el titular y no estaban en el mercado. Eso sí, a raíz de las desamortizaciones de los gobiernos liberales, en la primera mitad del siglo XIX (Mendizábal en 1836, Espartero en 1841 y Madoz en 1855), se hizo necesario que las diócesis elaboraran una relación de bienes exentos de la amortización, una especie de certificaciones de posesión que normalmente no se registraron.

Franco aprobó en 1946 una Ley Hipotecaria que transformó esas certificaciones de posesión en certificaciones de dominio, permitiendo que los Obispos actuaran como notarios: bastaba con su declaración, sin más pruebas, para que la Iglesia pudiera inscribir en el Registro bienes a su nombre. Así se “inmatricularon” (nombre que se da al primer registro) miles de propiedades, antiguas y nuevas (algunas “recuperadas” tras la Guerra Civil): casas rectorales, cementerios, huertos y tierras, almacenes, garajes… En 1998, el Gobierno Aznar extiende este privilegio de registro de la Iglesia a templos de culto: iglesias, ermitas, catedrales y mezquitas.

Y se abre una carrera en la que la Iglesia registra, con secretismo, miles de Iglesias y ermitas, junto a grandes propiedades, como la Mezquita de Córdoba (registrada en 2006), las catedrales de Pamplona (2007) o de Tudela y la catedral de Sevilla con su Giralda (2010). No hay una estadística de estas inmatriculaciones, porque el Gobierno Rajoy se ha negado a darla en dos ocasiones, pero algunas estimaciones hablan de que se han registrado 4.500 bienes, aunque más parece que podrían llegar a 10.000. Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado en abril de 2014 una reforma de la Ley Hipotecaria que, cuando salga del Parlamento (a finales de año, como pronto) dará a la Iglesia un año más de plazo (todo 2015) para “rematar la faena”, para acabar de registrar propiedades sin necesidad de documentos, sólo con su palabra.

La decisión de Rajoy (y antes de Aznar) ha multiplicado las demandas en los Tribunales de  miles de alcaldes, que reivindican la propiedad municipal de Iglesias, ermitas, catedrales o inmuebles que gestiona la Iglesia. Pero la mayoría pierden los juicios, por falta de pruebas al no quedar documentos de un patrimonio levantado hace siglos. Es el caso de este alcalde (del PP) de Aldeanueva del Codonal, un pueblo de Segovia de 130 habitantes, al que el juez le ha rechazado la demanda contra el Obispado por registrar  la Iglesia y la ermita, construidas en su día por el pueblo (lean aquí su carta abierta al Obispo). Tampoco avanza la Plataforma en defensa de la Mezquita de Córdoba, con 366.000 firmas de apoyo para que vuelva a ser de propiedad pública, que ha visto como la Dirección General del Patrimonio (Hacienda) daba en mayo la razón a la Iglesia ante una denuncia de un particular. Eso sí, están dispuestos a llegar al Tribunal Europeo de Estrasburgo, apoyados en juristas que opinan que las inmatriculaciones son anticonstitucionales: entran en colisión con los principios de “igualdad ante la Ley” y “aconfesionalidad” que defiende la Constitución.

La Iglesia argumenta que lleva siglos cuidando de este patrimonio. Y tienen razón. Pero también es verdad que una gran parte del patrimonio que gestionan se ha rehabilitado gracias a ayudas públicas que hemos pagado entre todos. Es el caso de los más de 100 millones de euros públicos invertidos en los Planes nacionales para rehabilitar 90 catedrales o el Plan nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, al que se han dedicado otros 100 millones en diez años. Y luego, la Iglesia recauda mucho dinero con las visitas a estos monumentos (8 millones anuales con la Mezquita de Córdoba), con diversos negocios, desde  alquileres de casas a residencias, albergues, hoteles y restaurantes. Dos ejemplos solo en Segovia: el Hotel en el Convento de San Antonio el Real y el restaurante dentro del Palacio Episcopal (marisco con indulgencias...). Eso sí, cuando el patrimonio está en ruinas, entonces no se preocupan de registrarlo: en 2012, el arzobispado navarro devolvió al pueblo de Leoz tres iglesias medio derruidas.

Mientras la pelea por la propiedad de edificios religiosos sigue en cientos de pueblos, se plantea la polémica de las cuentas de la Iglesia católica en España. En 2012, el debate saltó porque la Iglesia no pagaba el IBI, un impuesto municipal con el que se ahorraban unos 100 millones de euros anuales. Al final, el Tribunal Constitucional avaló en diciembre la exención del IBI, exigido por muchos Ayuntamientos, incluso del PP. La Iglesia tiene también otros privilegios fiscales, avalados por el Concordato de 1953 y los Acuerdos con la Santa Sede de 1979: exenciones en el impuesto de plusvalías, en sucesiones y  transmisiones patrimoniales y en el pago de las licencias de obras municipales (ICIO).

En paralelo ha saltado el tema de la financiación de la Iglesia en España, donde recibe unos 5.800 millones anuales del Presupuesto. La menor parte (250 millones) es el dinero que los contribuyentes católicos (7,4 millones) marcan en su casilla del IRPF, algo que no pueden hacer los creyentes de otras religiones. Otros 700 millones son los sueldos del Estado a los profesores de religión. Luego está el pago a los capellanes en instituciones públicas (25 millones), ayudas a ONGs (91,3 millones a Cáritas y Manos Unidas), el coste de la sanidad a los religiosos (700 millones), la rehabilitación del patrimonio de la Iglesia (13 millones) y, sobre todo, los 4.000 millones destinados a financiar la enseñanza religiosa concertada (1.434.524 alumnos), que si no tendría que impartir la enseñanza pública. La polémica es si todo este dinero tiene que salir del Presupuesto o si la Iglesia católica debe autofinanciarse, como hace en Alemania y muchos países. Un debate pendiente, como tantos otros.

Al final, los impuestos y la financiación de la Iglesia es un debate recurrente, que no debe hacernos olvidar la cuestión más urgente: si se permite a la Iglesia católica registrar sus propiedades sin más, sin documentos, por ser vos quien sois. Y si se les da otro año largo para que legalicen el expolio de bienes públicos, de un patrimonio levantado con el esfuerzo de pueblos y ciudades. No se trata de poner en cuestión que la Iglesia gestione este patrimonio, sobre todo el vinculado a los cultos religiosos. Lo que se debate es si los ciudadanos tienen que perder la propiedad de un patrimonio levantado con su dinero. Y si una parte al menos de los ingresos que reporta este patrimonio no deben ir a los ciudadanos más necesitados.

No se trata de volver a desamortizar a la Iglesia católica  ni de poner en cuestión que gestionen iglesias, ermitas o catedrales. El tema de fondo es que en un país laico, la justicia y el Registro de la Propiedad debe ser igual para todos, sin privilegios para que los Obispos. Y que no pueden expoliar una propiedad pública, levantada con el esfuerzo de todos. Que den misa, que cultiven la oración y la meditación, que ayuden a los demás, pero sin quedarse con nuestro patrimonio. Es inmoral.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada