lunes, 10 de febrero de 2014

Los discapacitados, la mayoría sin trabajo


La nueva Ley del aborto que prepara Gallardón obliga legalmente a que las mujeres traigan al mundo a un discapacitado, pero no se ponen los medios para que tenga una vida digna: que estudie, trabaje y viva como los demás. Mientras, la crisis se ha cebado en los discapacitados: sólo trabajan uno de cada cuatro en edad de hacerlo y su tasa de paro, el 35%, rondaría el 70% si buscaran trabajo como los demás. Y están discriminados desde pequeños, al educarse: dos terceras partes tienen estudios mínimos, lo que les dificulta trabajar. Y las empresas no cuentan con ellos: dos de cada tres grandes no cumplen la obligación de contratar a un 2% de discapacitados. Un drama para 3,3 millones de  familias, que también ven recortadas las ayudas a la discapacidad. Gallardón reconoce que los discapacitados necesitan más ayudas, pero dice que tendrán que esperar a que el Gobierno “tenga un Presupuesto suficiente”. Mientras, les condenan a ser “ciudadanos de segunda”.
enrique ortega

Lo primero que llama la atención es que no hay una estadística única de discapacitados. El último dato del INE, la Encuesta de Integración Social 2012 (diciembre 2013), fija en un 16,7% los españoles de más de 15 años con algún tipo de discapacidad: son 6.616.188 españoles, la mitad mayores de 64 años. Pero muchos de ellos son enfermos o personas con limitaciones no permanentes, con lo que otra estadística también del INE, la Encuesta de Discapacidad (EDAD 2008) rebajaba el porcentaje de discapacitados a la mitad, al 8,5% de la población: 3.847.900 españoles. Y esta es la cifra que se utiliza habitualmente. Pero no todos se han registrado oficialmente como discapacitados, por lo que la Base de datos de personas con discapacidad (IMSERSO, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales) cuantificaba en 3.367.456 españoles (diciembre 2011) los que tenían reconocida alguna discapacidad. Y de ellas, 2.552.880 tenían un certificado de discapacidad superior al 33%.

Pues bien, de estos “discapacitados oficiales”, 1.450.800 tenían en 2012 entre 16 y 64 años, la edad para trabajar. Y según el INE, sólo uno de cada cuatro estaban ocupados: 355.500 discapacitados trabajaban en 2012 (hoy serán menos), el 1,8% de los asalariados. La mayoría son hombres (6 por 4 mujeres), con poca formación (20,9% sólo tienen primaria) y empleados en los servicios (80%) y la industria (12,7%). Otros 176.100 estaban parados en 2012, una tasa del 33,1% que hoy supera ya el 35% (26,03% tasa de paro general). Pero en realidad, la tasa de paro es mucho mayor, porque la mayoría de discapacitados no busca siquiera trabajo: su tasa de actividad es el 36,6% (75% la de toda España). Si sólo la mitad de los discapacitados buscara trabajo, su tasa de paro sería del 51%. Y hay expertos que señalan que su tasa de paro ronda el 70%.

La crisis se ha cebado sobre los discapacitados. Por un lado, entre un 35 y un 40% han perdido su trabajo desde 2007, según Randstad. Y su tasa de paro ha crecido un 100% en los últimos cinco años, según Empleo. Además, tienen muchas más dificultades para encontrar trabajo. Primero, por su baja formación: dos tercios sólo tienen educación secundaria de primera etapa o inferior (44% entre personas sin discapacidad) y sólo un 14,5% tienen estudios superiores (31,7% entre personas sin discapacidad), según el INE. Y segundo, porque la mayoría de los discapacitados que buscan empleo no han trabajado nunca: sólo un 7% de parados ha tenido un empleo antes, según una encuesta de Randstad. Con menos formación y sin experiencia, no salen del paro (6 de cada 10 son parados de larga duración).

En 2012, sólo el 1.06% de los contratos fueron para discapacitados, según un informe del Ministerio de Empleo. Y la contratación de discapacitados cayó el triple que el resto. Eso, a pesar de que la  Ley 13/1982 obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a reservar un 2% de sus empleos a discapacitados. Pero sólo lo cumplen un tercio de las empresas, según la asociación de discapacitados COCEMFE. Muchas se acogen a alternativas que contempla la propia Ley, como contratar con un Centro Especial de Empleo (70% discapacitados) o hacer un donativo a Fundaciones ligadas a la discapacidad. Y eso que contratar a un discapacitado viene con ayudas debajo del brazo (ver vídeo): 3.900 euros de subvención autonómica, 5.000 euros de bonificación a la Seguridad Social y deducción de 6.000 euros en el impuesto de sociedades. Pero ni por esas. Y la Administración Pública, que está obligada a reservarles un 7% de empleo público, tampoco ayuda a emplearles, porque apenas hay ofertas de empleo ni oposiciones. Sólo les queda acudir a un Centro Especial de Empleo (hay 60.000 discapacitados trabajando en estos centros de integración) o a la ONCE y sus empresas, los únicos que están creándoles empleo hoy día.

La discapacidad es un problema para 3,3 millones de hogares españoles (1 de cada 5), que tienen uno o más discapacitados en la familia, lo que supone un gasto extra por discapacitado de 2.874 euros, el 9% del presupuesto familiar, según la Encuesta EDAD 2008. El problema es que, con la crisis, se han congelado o recortado las ayudas. Por un lado, sólo el 54% de los discapacitados en edad laboral (788.400 en 2012, según el INE), reciben una prestación de la Seguridad Social (la mayoría, por incapacidad laboral). Y de los que están parados, menos de la mitad reciben subsidios. Además, hay muchas familias pendientes de recibir ayudas a la Dependencia (190.503 discapacitados están en lista de espera) y sólo hay 753.842 discapacitados con ayudas, la cifra más baja desde que se implantó la ley de Dependencia (2007), mientras suben los copagos por los servicios a discapacitados.

El Gobierno Rajoy aprobó en noviembre 2013 una Ley General de Discapacidad, con 15 meses de retraso, para adaptar la normativa española a la Convención sobre Discapacidad de la ONU. Sólo agrupa normas anteriores, sin apenas novedades, y no avanza en la Estrategia Española contra la Discapacidad 2020, aprobada por el Gobierno Zapatero en 2011, con tres objetivos básicos: aumentar la tasa de ocupación de los discapacitados (que trabajen o busquen empleo el 75%, en vez del 36% actual), mejorar su educación (reducir su tasa de abandono escolar del 53,8% actual al 15%) y reducir su pobreza y exclusión social (del 30,5% actual al 22,9%, sacando de la pobreza a 265.000 discapacitados para 2020).

Mejorar el empleo y el nivel de vida de los discapacitados pasa por actuar en cuatro frentes. El primero, la educación: los niños discapacitados deben recibir una atención especial en los centros y continuar su formación en la adolescencia, especialmente en la ESO y FP (sólo el 0,3% de alumnos de Formación Profesional son discapacitados), para facilitar su empleabilidad. El segundo, la formación y Planes de empleo específicos (con incentivos y Planes de la inspección de trabajo, para que las empresas cumplan la Ley), con el objetivo de duplicar su tasa de ocupación. En tercer lugar, diseñar un Plan de ayudas para evitar la pobreza y la exclusión social: está demostrado que la pobreza aumenta los riesgos de discapacidad y la discapacidad  eleva el riesgo de caer en la pobreza. Y el cuarto, establecer Planes para resolver problemas complementarios de los discapacitados: atención psicosanitaria, facilitar su movilidad, ocio e integración social.

Hoy por hoy, tener un hijo o familiar discapacitado es un grave problema para él y su familia: el entorno social les relega a ser “ciudadanos de segunda”, sin casi ayudas públicas. Por eso, choca que el Gobierno Rajoy quiera modificar la Ley del aborto, para que las malformaciones del feto queden ahora fuera de los supuestos legales para abortar. Por un lado, se obliga legalmente a que las mujeres traigan al mundo a un discapacitado, pero no se ponen los medios para que tenga una vida digna. El ministro Gallardón ha reconocido que “es necesario ampliar las ayudas a la discapacidad”, aunque ha limitado la propuesta “a un futuro en el que el Gobierno tenga presupuesto suficiente”… O sea que los discapacitados y sus familias tendrán que esperar a que baje el déficit público y salgamos de la crisis. ¡Cuánta hipocresía¡

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