lunes, 13 de enero de 2014

Más negocio para la seguridad privada


Esta primavera encontraremos guardias privados de seguridad vigilando calles y centros comerciales, eventos deportivos o culturales, polígonos industriales y hasta el exterior de las cárceles y centros de inmigrantes. Además, podrán pedirnos la documentación, cachearnos e incluso detenernos. Y si hay algún enfrentamiento, disfrutarán de la protección del nuevo Código Penal, como si fueran servidores públicos. Son los cambios que introduce la nueva Ley de Seguridad Privada, que se debate ahora en el Senado y con la que el Gobierno amplía el negocio de la seguridad privada en España. El objetivo es privatizar una parte de la seguridad que ahora prestan las fuerzas de seguridad pública, que apenas crecen por los recortes. Con ello, tendremos una seguridad de peor calidad, con profesionales peor formados, y más centrada en empresas y particulares que la puedan pagar. Otro servicio público, como la sanidad, la educación, la justicia o el agua, que Rajoy privatiza.
enrique ortega

España es uno de los países europeos con más fuerzas de seguridad pública: 259.791 vigilantes públicos, casi como Alemania (260.000, con el doble de población), entre Guardia Civil (80.300), Policía Nacional (70.733), policías autonómicas (17.160 Mossos, 8.008 Ertzaintza y 1.090 Policías Forales de Navarra) y policías locales (64.500). Ello da una media de 1 guardia público por 198 habitantes, una proporción mucho mayor que la de Francia (1/271), Alemania (1/326), Reino Unido (1/382), Suecia (1/522) o Italia (1/565). Sin  embargo, cuenta con menos guardias privados de seguridad: 82.150, casi la mitad que Alemania (170.000) y la cuarta parte que Reino Unido (365.000). De hecho, España cuenta con un vigilante privado por cada 525 habitantes, una cifra muy inferior a la media europea (1/369) y a países como Francia (1/437), Alemania (1/484), Italia (1/260) o Reino Unido (1/170).

Con ello, España tiene casi tres guardias públicos por cada vigilante privado (2,65/1), mientras en otros países hay más equilibrio (1,61 públicos/1 privado en Francia o 1,48 públicos/1 privado en Alemania) o incluso gana la seguridad privada (0,44 públicos/ 1 privado en Reino Unido). Y eso, a pesar de que desde 2010 se han congelado las plantillas y sólo se reponen el 10% de las vacantes por jubilación, lo que ha aumentado la presencia de la vigilancia privada en tareas que antes cubrían exclusivamente las fuerzas de seguridad públicas: Ministerios e instituciones públicas (estatales, autonómicas y locales), cuarteles, aeropuertos, trenes, Metro, hospitales, centros educativos y Universidades, eventos deportivos (en cada partido del Bernabéu hay más seguridad privada que Policía Nacional), cabalgatas y procesiones, playas, urbanizaciones…

De hecho, un 24% del negocio de la seguridad privada en España lo contratan ahora el Estado central, las autonomías y los Ayuntamientos, con cargo a nuestros impuestos. Pronto, este porcentaje se disparará, cuando entre en vigor esta primavera la nueva Ley de Seguridad Privada, que está ahora en el Senado y que el Gobierno sacó adelante en el Congreso en diciembre, en Comisión (no pasó al Pleno, como es habitual), con el único apoyo de CiU y PNV. El objetivo de esta Ley es legalizar la presencia de la seguridad privada en zonas comerciales (la calle Preciados o Las Ramblas), polígonos industriales, urbanizaciones, eventos culturales o deportivos, exterior de cárceles y centros de detención de extranjeros. O sea, en cualquier lugar. Además, se permite a los vigilantes privados identificar, cachear e incluso detener en caso de fragante delito. Y estos guardias privados (que ahora podrán ser de países no europeos) tendrán la cobertura del Código Penal (nuevo artículo 554) en caso de ser atacados (delito de atentado, como si fueran funcionarios públicos).

Con esta nueva Ley, las empresas de seguridad privada van a “tener más negocio”, como ha reconocido el propio ministro del Interior, quien ha resaltado que España sea uno de los países con menos vigilantes privados (200 por 100.000 habitantes, frente a 271 en la UE). De hecho, el Gobierno Rajoy ya había privatizado una buena parte de la seguridad (en mayo pasado privatizó la vigilancia de los perímetros exteriores de 21 cárceles) y ahora se espera que en unos meses se multipliquen los concursos para que las empresas de seguridad entren en las instituciones públicas y suplan la falta de Policía Nacional y Guardia Civil, cuyas oposiciones se convocan con cuentagotas, para rebajar el gasto público.

Las empresas de seguridad privada llevan años presionando para conseguir esta Ley y compensar la caída de negocio (-20%) por la crisis y el fin de los atentados de ETA. En España hay 1.490 empresas de seguridad, que facturaron 3.865 millones de euros en 2012, según DBK. De ellas, sólo 436 empresas se dedican a vigilancia y protección y facturaron 2.503 millones en 2012, un 64,8% del negocio de la seguridad (el 27,6% son sistemas y alarmas y el 7,6% restante, transporte de fondos). Es un sector muy atomizado, con un 70% de empresas que tienen menos de 20 personas y donde sólo 5 grandes empresas controlan más de la mitad del mercado, la mayoría en manos extranjeras: Prosegur (23,6% de cuota, fundada en 1976 por el argentino Herberto Gut y ahora presidida por su viuda)  Securitas (13,7% del mercado, filial de la multinacional sueca Securitas), Securitas Direct (7%, ahora controlada por dos fondos de inversión USA), Eulen Seguridad (6,2%, de David Álvarez y su díscola familia, los propietarios de Vega Sicilia) y Grupo Segur Ibérica (5% del mercado, controlada por dos sociedades extranjeras de capital riesgo).

La privatización de gran parte de la seguridad que ahora hacen los cuerpos públicos de seguridad va a suponer un deterioro de la calidad del servicio. Primero, porque los guardias privados están peor formados: sólo hacen un curso de 180 horas (más 20 horas de reciclaje anual), mientras un Policía nacional hace un curso de 1 año en la Academia (Ávila) y otro año de prácticas en una comisaría. Y segundo, porque hay mucha rotación en este trabajo y están peor pagados: un vigilante privado sin arma gana 1.086 euros brutos al mes, frente a 1.450 euros un Policía Nacional recién salido de la Academia. Pero eso no significa que su empresa facture eso a los organismos públicos, porque hay que sumar su beneficio. A igualdad de servicio y sueldo, lo privado tiene el sobrecoste del beneficio (como en la sanidad).

Casi nadie está en contra de que haya más seguridad privada (ver encuesta). El problema, una vez más, es que la seguridad privada crezca gracias a los recortes de la seguridad pública, que en España, tras los cambios de la transición, se ha ganado el respeto por su profesionalidad y eficacia. Al final, lo que se hace es desviar recursos públicos a las empresas privadas, perdiendo el control del nivel del servicio y la calidad (como se ha demostrado en la privatización de los hospitales). Y con un coste que acaba siendo mayor, por el extracoste del beneficio privado. Y hay otro problema añadido: al privatizar parte de la seguridad, se facilita que esté más seguro el que se la pueda pagar, desde un comercio a una urbanización o un evento deportivo o cultural. Si tienes dinero para pagar guardias privados, vivirás más seguro. Si no, a ver si la Policía nacional o la Guardia Civil dan de sí para incluirte en su cobertura. Eso sí, si tienes una farmacia y contratas una alarma, cuando suene, quien se presenta es la Policía Nacional aunque la mensualidad se la pagues a una empresa privada.

Otro paso más del Gobierno Rajoy para privatizar servicios públicos esenciales, como ha hecho con la sanidad, la educación (España es hoy el país occidental con menos peso de la educación pública), la justicia, la Dependencia o el agua. Ya sabe, dentro de unos meses, una parte de su seguridad estará en manos de vigilantes privados, peor preparados, que pagaremos nosotros con nuestros impuestos, para que un reducido número de empresas privadas aumenten su negocio. No me da seguridad.

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