lunes, 30 de septiembre de 2013

La luz sube más de lo que dicen (3,1%)


Sube la luz el 1 de octubre, la cuarta vez este año, tras otra muy reciente en agosto. Dicen que subirá el recibo un 3,1 %, pero 5 millones de familias pagarán bastante más, porque en julio el Gobierno aprobó cambios que suben la luz por triplicado a muchos usuarios: cambia el sistema de cobro, se restringe el bono social y se penaliza la autoproducción. Tras esta subida, la luz se ha encarecido un 17,85% en estos dos últimos años y un 76% desde 2008. Pero el déficit de tarifa, el agujero eléctrico, sigue creciendo, porque los costes reconocidos a las eléctricas siguen inflados. En lugar de afrontar el problema, rebajando unos costes excesivos, el Gobierno ha aprobado una reforma eléctrica que carga esos extracostes en nuestro recibo, en el Presupuesto y en las energías renovables. Así no evitará que la luz siga subiendo, otro 7% en 2014.
enrique ortega

Nueva subida de la luz en el cuarto trimestre, un 3,1%, tras subir en agosto otro 3,2%. Y sube, aunque cae la demanda de electricidad, porque las eléctricas nos cargan una serie de sobrecostes que quedan fuera del control del Gobierno: compensación por la dispersión de precios en las distintas horas, pagos por capacidad (por tener centrales de gas disponibles, aunque no se usen) y por usar carbón nacional. Otro trimestre más, sufrimos el tener un mercado eléctrico poco transparente, donde las compañías “manipulan los precios”, como ha denunciado la Comisión Nacional de la Energía (CNE), aunque reconoce que no puede multarles porque realizan sus “triquiñuelas” al amparo de la regulación. Estas maniobras supusieron un sobrecoste en el recibo del 8% en 2012, según la CNE. Y otro tanto en 2013.

Esa es la subida “oficial”, el 3,1%. Pero para 5 millones de usuarios, uno de cada cuatro recibos, la subida del próximo recibo será mucho mayor. Y eso porque han entrado en vigor tres cambios que el Gobierno aprobó en julio. Uno, un cambio en el recibo de la luz: sube un 36% la ponderación de la potencia (lo que se contrata), para compensar a las eléctricas la caída del consumo, y baja un 40% la ponderación del consumo. Con ello, se penaliza a los clientes que gastan poco (segundas viviendas y viviendas vacías), unos 2 millones de recibos. El segundo cambio afecta al bono social, un descuento del 30% en el recibo al que tienen derecho pensionistas (con pensión mínima), familias con todos en paro, familias numerosas y clientes con  menos de 3kw de potencia. Ahora, se les pone un tope de renta (34.689 para una familia con 3 hijos), lo que supondrá que más de la mitad de los que reciben este bono social (3 millones familias) lo pierdan. Y además se les revisa la tarifa, congelada desde 2009, a todos. Y en tercer lugar, se pone un impuesto a los usuarios que auto-producen electricidad con paneles solares o molinos, encareciendo su factura un 27%.

Así que para estos 5 millones largos de familias, el recibo subirá mucho más del 3,1 % (hasta el 45%). Y se sumará a las subidas de agosto (+3,2%), julio (+1,2%) y enero 2013 (+3%), no compensadas con la bajada de marzo (-6,6%). Y al 13,95% que subió la luz en 2012, con lo que ya va un aumento del recibo del 18% en estos dos últimos años, diez veces la subida de salarios. Con ello, ya hay un 10% de familias que no pueden pagar el recibo, 4,6 millones de españoles que han caído en la pobreza energética, según un estudio de ACA. De hecho, Iberdrola y Endesa cortaron la luz por impago a 1,12 millones de clientes en 2012.

Remontándonos más atrás, la luz ha subido desde 2006 un 88% para los consumidores domésticos y un 60% para las empresas, según Eurostat, con lo que los españoles somos el tercer país europeo que más paga por la electricidad, tras Irlanda y Chipre: pagamos un 32% más que la media de los consumidores europeos (y un 21% las empresas). A pesar de pagar más cara la luz, el recibo no paga los costes reconocidos a las eléctricas. Y por eso, se ha producido, desde 2002, un déficit eléctrico, un agujero que en mayo 2013 superaba los 26.000 millones de euros. Una deuda que tenemos los consumidores con las eléctricas, una hipoteca que tenemos que pagar hasta 2027 y que nos cuesta unos 3 euros al mes en cada recibo. Y un déficit que sigue creciendo, a pesar de las subidas del recibo: este año, hasta julio, la deuda ascendía a 4.100 millones de euros.

El Gobierno quiere parar esta bola del déficit y para ello aprobó en 2012 y 2013 cinco paquetes de medidas, que, básicamente, consistían en tapar el agujero eléctrico con subidas de tarifas, el Presupuesto (también lo pagamos los ciudadanos) y cobrando impuestos verdes a las eléctricas (que nos acaban cargando en las tarifas). Ahora, en septiembre, ha aprobado una Ley del sector eléctrico que pretende reducir a cero el déficit de tarifa para 2014. Para ello, fija un sistema por el que tapa el agujero eléctrico (unos 4.500 millones cada año) por tres vías: subida extra de tarifas (900 millones), crédito extraordinario (900 millones) y recorte de ayudas a las eléctricas (1.350 millones por distribución y transporte) y a las energías renovables (otros 1.350 millones). Y si no se cubre, nos subirían más las tarifas.

Esta reforma es otro parche, porque no afronta el problema de fondo del déficit: que a las eléctricas se les reconocen unos costes excesivos, inflados, y así no hay tarifas que los cubran. El origen está en la Ley eléctrica (LSE) de 1997, aprobada por Aznar, que fijaba un doble sistema de precios. Por un lado, los precios de mercado: se paga por la luz lo que cuesta producirla en la central más cara (térmicas de gas y fuel), lo que beneficia a las centrales con menos costes (hidráulicas y nucleares). Es como pagar lo mismo por la carne picada al que la hace con pollo o con chuletón. Y como con esos precios, la mayoría de las centrales (todas, menos hidráulicas y nucleares) apenas cubrían costes y no inversiones, se les compensa con otros ingresos, los pagos regulados, que aprueba el Gobierno: primas, pagos por capacidad, costes de transporte y distribución, incentivos, disponibilidad…

Ahora, el Gobierno y su reforma quieren recortar esta segunda parte, los precios regulados, sin tocar  los precios reconocidos, que están inflados para las centrales hidroeléctricas y nucleares. Y centran el recorte en lo más fácil,  las primas a las energías renovables, donde España es una potencia mundial y que pueden ayudarnos a reducir la desmesurada factura del petróleo. Pero no entra en el fondo del problema: desinflar los costes reconocidos a las eléctricas, sobre todo a las centrales hidroeléctricas y nucleares, que nos venden carne picada hecha con pollo (luz que les cuesta menos) como si fuera de ternera. No en vano, las eléctricas españoles son las más rentables de Europa y ganan el doble que las grandes europeas (un 6,78% sobre ventas frente al 2,62%).

En resumen, pagamos la luz un tercio más cara que en Europa porque a las eléctricas españolas se les reconocen unos costes que están inflados, sobre todo para la luz que se produce en centrales hidroeléctricas y nucleares. Y el Gobierno, para no enfrentarse al poderoso lobby eléctrico, no recorta estos costes (ya amortizados), sino que busca poner un parche al agujero eléctrico con subidas extras del recibo, créditos del Presupuesto y recortando primas a las renovables, las energías que ahora necesitan ayudas hasta consolidarse. Y tampoco afronta una urgente reestructuración del sector, estallando la “burbuja eléctrica”: sobran la mitad de las centrales, por la fuerte caída de la demanda.

Menos centrales y una luz más barata. El Gobierno debe hacer una auditoría de costes, para que paguemos la luz por lo que cuesta, no por lo que piden. Esa es la reforma que hace falta, para que familias y empresas no paguemos facturas infladas. Ya está bien.

jueves, 26 de septiembre de 2013

Aluvión de alumnos a Formación Profesional


Estudiar Formación Profesional está cada vez más de moda: este curso 2013-2014, son los estudios que más crecen, cinco veces que el resto. Y ya hay nueve autonomías donde hay más jóvenes estudiando FP que Bachillerato. El cambio se debe a la crisis, que hace volver a las aulas a muchos jóvenes, y a la subida de tasas, que hace a otros cambiar la Universidad por la FP. Pero aún, la Formación Profesional es minoritaria y la estudian en España un tercio menos que en Europa. Haría falta que 1,4 millones de jóvenes más eligieran la FP para rebajar el paro juvenil. Para eso hacen falta más medios y la colaboración de las empresas. Pero lo que hay son recortes, subidas de tasas también en FP, menos profesores y menos medios. Apostar de verdad por la FP es apostar por emplear a los jóvenes. Que estudien para trabajar.
 
enrique ortega

Este curso 2013-2014, de los 80.971 alumnos nuevos que estudian, casi la mitad (34.516) se han matriculado en Formación Profesional: 697.408 alumnos de FP, casi tantos como en Bachillerato (701.006), un 5,2% más que el curso pasado. Con ello, son ya tres cursos seguidos en que la FP crece más que toda la enseñanza (+1%), sobre todo la FP on line, a distancia, que se ha triplicado con la crisis. Y, ya son nueve autonomías donde hay más alumnos estudiando FP que en Bachillerato: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y La Rioja. Más de la mitad de los alumnos se concentran en Cataluña (123.441), Andalucía (122.046), Comunidad Valenciana (85.781) y Madrid (72.530), con más mujeres que hombres en la mayoría de estudios, concentrados en sanidad, administración, electricidad y electrónica, vehículos e informática.

Al final, los alumnos de FP han crecido un 50% con la crisis, pasando de 462.492 alumnos en 2007-2008 a casi 700.000 este curso. La causa del boom es que muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan (ni-nis) y parados maduros han vuelto a estudiar y han optado por la FP, pensando que era el mejor camino para encontrar trabajo. Además, con la subida de tasas universitarias, otros jóvenes que terminaron Bachillerato (y algunos parados con carrera) han preferido estudiar algo más barato, más corto (2 años la FP Superior) y con mejores salidas laborales (el 67% de los titulados en FP se coloca en el primer año).

Este boom de alumnos en FP contrasta con los problemas causados por los recortes educativos del Gobierno Rajoy (casi 7.000 millones desde 2010). El Ministerio lleva dos años reduciendo los programas de cooperación con las autonomías para impulsar la FP y ello ha agravado el recorte de profesores (sobre 10.000), la masificación de las aulas, la reducción de horas para gestionar prácticas, menos becas y menos medios, en una enseñanza que requiere muchas clases prácticas. Y donde este curso han faltado unas 80.000 plazas, según los sindicatos. Además, tres comunidades cobran ya tasas a los alumnos de la FP Superior: llevan dos cursos Madrid (400 euros) y Cataluña (360 euros) y se estrena este curso Aragón (245 euros). Y Madrid ha decidido retirar las ayudas a 45 centros concertados de FP, donde estudian 6.859 alumnos, que ahora tendrán que pagar diez veces más para estudiar (350 € mes), suponiendo que algún centro no cierre por falta de subvenciones.

A pesar de este boom con la crisis, la Formación Profesional sigue siendo “la pariente pobre” de la enseñanza, retrasada durante décadas por su mala imagen histórica: parecía una enseñanza “de segunda” y para “malos estudiantes”, en un país donde todos querían que sus hijos fueran universitarios, no torneros. Y eso nos ha provocado un gran retraso de la FP respecto a Europa. Basten dos datos. Uno: tras estudiar ESO, sólo el 35% de los jóvenes españoles eligen hacer FP de grado medio en vez de Bachillerato, mientras en Europa son el 58%. Y dos: tras estudiar Bachiller, sólo el 32% de los españoles eligen FP Superior en vez de la Universidad, mientras en la UE la eligen el 58% de jóvenes.

Y la consecuencia inmediata: España tiene el doble de tasa de paro, general y juvenil que Europa. Primero, porque tenemos muchos más jóvenes que han abandonado los estudios, sin acabar su formación: un 26,5% de abandono escolar, el doble que Europa (13,5%). Dos millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ni-nis). Jóvenes sin formar (1 millón de jóvenes en paro no han terminado la secundaria) o excesivamente formados (tenemos más universitarios que Europa), pero que no han estudiado para trabajar.

Y aquí entra la Formación Profesional, más ligada al empleo y con más salidas: 4 de cada 10 ofertas de empleo son actualmente para titulados en FP, según Randstad. Y la Comisión Europea ha advertido que para 2020, un 50% de los empleos van a exigir una cualificación media (FP o Bachillerato) y otro 35% alta (FP Superior o Universidad). Eso obliga a que nuestros jóvenes (y maduros) se pongan las pilas, ya que un 48,2% de los españoles entre 25 y 64 años tiene una formación de la ESO o inferior (frente al 23,2% en Europa).

Para conseguirlo, un informe del Gobierno Zapatero en 2011 advertía que en España hace falta que estudien FP 1,4 millones más de lo que lo harían al ritmo actual. Y proponían crear 200.000 plazas más de FP en esta Legislatura, además de aprobar en julio 2011 un Plan para promover la FP, sobre todo creando puentes entre FP y Bachillerato, que eran dos enseñanzas separadas: si un joven elegía una y luego lo dejaba, no podía cambiar y entraba en una vía muerta. La reforma de 2011 pretendía que un joven que deje la ESO pueda ser recuperado para la FP y que cualquiera que saque el título de FP pueda entrar en la Universidad (sin cupos). El problema es que esta reforma debía ponerse en marcha en el curso 2012-2013 y muchas autonomías aún no la han aplicado, por falta de medios.

El Gobierno Rajoy abrió la vía, en noviembre de 2012, a la FP dual, un sistema mal copiado de Alemania: los alumnos (16-30 años) estudian en un centro de FP un tercio del tiempo y dos tercios en una empresa, durante 3 años, a cambio de un contrato de aprendizaje que paga 450 euros al mes. Este curso ya se imparte, en plan piloto, en casi todas las autonomías, con unos 5.000 estudiantes y 800 empresas. La idea es buena, pero tiene dos problemas. Uno, cómo financiarlo: está previsto que pague casi todo el Estado, cuando en Alemania las empresas asumen el 85% de la formación. El otro, que en España no hay grandes empresas (98% pymes) como en Alemania, que son las que pueden montar plataformas formativas. Por ambas razones, hace años que se optó por la actual FP reglada, más realista: hacer tres meses de prácticas (pagadas por la Administración) en las empresas al final de 2 años de FP.

Cara al futuro, al curso 2014-2015, la nueva Ley Educativa del ministro Wert pretende impulsar la FP por una vía tramposa: llevar a Formación Profesional a los peores alumnos de la ESO. La reforma crea una tercera FP, la FP Básica, de dos años, a la que irán los alumnos con 15 años tras 3º de la ESO (o tras 2º si tienen 15 años y han repetido): “el que vale, vale, y el que no a FP”, piensan en Educación. Y con ello, el Gobierno Rajoy mata dos pájaros de un tiro: consigue antes aprendices para trabajar, con 17 años (en lugar de los 18 de FP grado medio) y hace “ingeniería estadística”, se quita a estos alumnos conflictivos de las listas de abandono escolar, que ha prometido a Bruselas bajar al 15%.

Es grave seguir considerando a la FP como el desagüe de los malos alumnos o el mal menor contra el paro. Hace falta una apuesta decidida por la Formación Profesional, destinando más recursos (el 88 % lo financian las autonomías), más profesores, más centros, más títulos renovados (140 en España frente a 320 en Alemania) y más medios, en colaboración directa con las empresas. Dignificar la FP y ponerla a nivel europeo. Apostar por enseñar para trabajar.

lunes, 23 de septiembre de 2013

Menos hijos: la cigüeña está en crisis


La crisis, que ha cumplido cinco años, tiene unas consecuencias inmediatas y palpables: paro, menos sueldo, precariedad laboral, recortes sociales y más pobreza y desigualdad. Otras se notan a medio plazo, como la caída de la natalidad: los nacimientos llevan cuatro años seguidos cayendo, con la crisis, y ahora nacen dos tercios de los niños que en 1976. Con ello, los hijos por mujer han caído a 1,32, cuando harían falta 2,1 niños por familia para cubrir el efecto sustitución, para asegurar las pensiones y el Estado del Bienestar : tendrían que nacer 280.000 niños más cada año. Para eso, hace falta una política de ayudas a la familia (como otros países) y no recortes, como está haciendo el Gobierno Rajoy con becas, ayudas, desempleo, pensiones y Dependencia. Y apoyar el trabajo de la mujer, la conciliación laboral y familiar y más ayudas fiscales a las familias. Sin más niños no hay futuro.
 
enrique ortega

En 1976, a poco de morir Franco, en España nacieron 677.456 niños, 1.856 al día. Después de tres décadas largas de crecimiento, en 2008 ya sólo nacieron 517.779, 1.424 al día. Y con la crisis, llevamos cuatro años seguidos de caída fuerte de la natalidad, con 453.637 nacimientos en 2012, 1.242 al día, un tercio menos que en 1976, según el INE. En consecuencia, hemos pasado de 18,7 nacimientos por  1.000 habitantes (1976) a la mitad, a 9,7 (2012). Y con varias autonomías muy por debajo de esa media: Asturias (7,1 hijos por 1.000 habitantes), Castilla y León (7,5), Galicia (7,6), Canarias (8,2), Extremadura (8,5) y Cantabria (8,6).

Dos son las causas inmediatas de esta caída de la natalidad. Una, obvia, que las mujeres tienen menos hijos: 1,32 hijos de media, la mitad que en 1976 (2,80 hijos por mujer) y menos que la mayoría de mujeres europeas (1,59 hijos de media en la UE, 1,8 en Reino Unido y 2 hijos en Suecia o Francia). Además, los tienen más tarde: a los 31,6 años de media (en 1976 a los 28 años). Y la otra, demográfica, que ahora hay menos mujeres en edad fértil (15-49 años, según el INE), porque estamos pagando la crisis de natalidad de los años 80 y primera mitad de los 90. Y además, hay menos mujeres inmigrantes, que tienen más hijos (1,44 hijos de media frente a 1,28 hijos las españolas).

Pero hay otras causas vinculadas a la crisis: el temor al futuro es el mayor anticonceptivo. Y con 6 millones de parados, una de cada 5 familias con la mitad de sus miembros en paro y una de cada 10 sin ningún ingreso, los salarios congelados o bajando, los precios y los impuestos subiendo, pocas familias se animan a tener hijos ahora. Y si 4 de cada 10 familias sobreviven gracias a las prestaciones sociales, los recortes de los tres últimos años han sido la puntilla a la natalidad: menos becas y ayudas (comedor, libros de texto, transporte), subidas de tasas y guarderías, copago de recetas y servicios sanitarios, recortes en el subsidio de desempleo, recortes en las ayudas a la Dependencia, limitaciones al  bono social de luz y agua para las familias numerosas, recortes de ayudas autonómicas y municipales a las familias y pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que ayudan a muchas familias. En total, menos ingresos y mucha incertidumbre como para plantearse traer más hijos al mundo.

Y un factor clave, la penosa situación de la mujer en España: hay dos millones menos de mujeres trabajando que hombres (para una población similar), debido entre otras cosas a que la maternidad juega en su contra para encontrar trabajo. Y un 23% de mujeres dejan su trabajo para cuidar a sus hijos pequeños, por culpa de la falta de guarderías (o su alto precio), de ineficaces políticas laborales de conciliación y de la escasa ayuda de sus maridos. Y con la crisis, las empresas han reducido un 40% sus ayudas para conciliación laboral. En consecuencia, tener hijos tiene un alto coste para las mujeres y cada vez se lo piensan más si quieren hacer una carrera profesional.

Por todo esto (demografía, crisis y penalización a la mujer), la natalidad cae y seguirá cayendo, según el INE, que estima 14,6 millones de nacimientos en España en los próximos 40 años, un 24% menos que en los 40 años anteriores. Por ello y por la marcha de los inmigrantes, la población española ha caído en 2012, por primera vez en la historia reciente, y seguirá cayendo: España perderá 4,7 millones de habitantes en los próximos 40 años. Y además, como crece la esperanza de vida, seremos menos españoles y más viejos: en 2052, un 37% de la población tendrá más de 64 años. Menos niños y más jubilados, un grave problema: menos a cotizar (en 2052 habrá una persona en edad de trabajar por cada niño o jubilado) y a pagar impuestos, en perjuicio de las pensiones y el Estado del Bienestar (sostener la educación, la sanidad, la atención a la Dependencia y los servicios sociales).

El problema es serio porque para mantener el equilibrio y cubrir el efecto sustitución (padres por hijos) haría falta tener 2,1 hijos por mujer, frente a los 1,32 actuales. Eso exige que nazcan 280.000 niños más cada año para asegurar el relevo generacional, según el Instituto de Política Familiar. Algo difícil en España, que está a la cola de Europa en gasto social destinado a las familias y uno de los pocos que no tiene una prestación universal por hijo: muchos países conceden 110/120 euros mensuales por hijo (en Alemania, 180 euros al mes) y aquí sólo 24 euros al mes para familias que ganen menos de 12.000 euros. Y además, se ha recortado el catálogo de ayudas (estatales, autonómicas y municipales).

El Gobierno, que prometió el oro y el moro para las familias en la campaña electoral, ha anunciado un Plan integral de apoyo a la Familia para 2013, aunque parece que se retrasa hasta 2014, mientras sigue haciendo recortes que penalizan a las familias. Frente a promesas más ideológicas que concretas, hace falta una política decidida de ayuda a la familia y fomento de la natalidad, asentada en cuatro patas. Una, establecer un Plan de ayudas a las familias, desde guarderías y enseñanza o sanidad al transporte, la vivienda, la luz, el agua o el cobro del desempleo o las ayudas a la Dependencia. Dos, establecer una fiscalidad de apoyo a la familia y a la natalidad, incorporando propuestas como la de mejorar la pensión de los que tengan más hijos (campaña de recogida de firmas “Más hijos, más pensión”) o que cuente como tiempo cotizado los años en que las madres cuidan a sus niños pequeños. Tres, avanzar en las políticas de conciliación laboral en las empresas, ampliando el permiso de paternidad (de 2 a 4 semanas, como prometieron ZP y Rajoy), creando más guarderías y racionalizando horarios. Y cuatro, dar prioridad a las familias más vulnerables: familias numerosas, familias monoparentales con hijos y familias con algún discapacitado.

España y la Europa del sur, que siempre habían tenido más hijos, están ahora por detrás de la Europa rica del norte, que apoya más a la familia y a la natalidad. Apuestan por el futuro. Porque un día saldremos de la crisis y nos encontraremos con que nos faltan jóvenes para trabajar y cotizar, para sostener las pensiones y las prestaciones del Estado del Bienestar. Y aumentar la población no se improvisa, hay que pensar en mejorar la natalidad a veinte años vista. Empezar ya, sin demagogias, con ayudas de verdad. Apostar porque nazcan más niños es garantizarnos el futuro. Penalizar los nacimientos, como ahora, es un suicidio.

jueves, 19 de septiembre de 2013

Así nos van a recortar las pensiones


El Gobierno ha aprobado otra reforma de las pensiones, la tercera en dos años. Los cambios, en vigor desde 2014, implican que habrá una revisión mínima de las pensiones cada año y que los que se jubilen a partir de 2019 cobrarán una pensión inicial más baja que ahora. Si la reforma de Zapatero ya supone un recorte de pensiones del 20%, esta reforma de Rajoy provocará otro recorte adicional: un  20% para todos los pensionistas y hasta un 23% para los que se jubilen en las cuatro próximas décadas. Se busca recortar el gasto (nuestras pensiones) en otros 33.000 millones hasta 2022, ahora que la Seguridad Social tiene déficit, por la caída de cotizantes y el aumento de pensionistas. Es el camino fácil y un recorte injusto e inútil. Porque para asegurar las pensiones hay que dedicarles más recursos públicos, subir cotizaciones, fomentar la natalidad y hacer otra política para que más españoles trabajen. Sin empleo no hay pensiones.
enrique ortega

La primera reforma de las pensiones la hizo el Gobierno Zapatero, en febrero de 2011, con una Ley pactada con sindicatos, patronal y la mayoría de partidos (PP se abstuvo e IU votó en contra). Entró en vigor en enero de 2013, con tres medidas claves: subir la edad de jubilación (un mes cada mes) hasta llegar a los 67 años en 2027, elevar el periodo de cotización de 35 a 37 años para optar al 100% de pensión y ampliar el periodo de referencia para calcular la pensión de 15 a 25 años. Resultado: un recorte medio del 14 al 20% para 2027.

El Gobierno Rajoy, presionado por Bruselas, puso en marcha la segunda reforma de las pensiones el 1 de abril de 2013, con un decreto en solitario que retrasa dos años las jubilaciones anticipadas (de los 63 a los 65 años para 2027) y dificulta la jubilación parcial. El objetivo es retrasar la entrada en el sistema de muchos pensionistas, ya que la mitad de las jubilaciones anuales son anticipadas, lo que perjudica sobre todo a los mayores de 55 años, muchos sin trabajo ni desempleo. Y así recortan otros 4.000 millones de gasto hasta 2027.

Ahora, el Gobierno Rajoy da la tercera vuelta de tuerca a las pensiones, con una nueva Ley que entrará en vigor en enero de 2014, a pesar del rechazo sindical y político (PSOE e IU). Contempla dos medidas propuestas por un Comité de Expertos, dos caminos para recortar el gasto en pensiones. Una, modificar el sistema de revalorización anual de las pensiones, una revisión que supone el 27% del gasto total. Y la otra, cambiar las reglas (factor de sostenibilidad) para los que se jubilen a partir de 2019, que tendrán una menor pensión inicial (dicen que porque vivirán más años). En conjunto, un tercer recorte para ahorrar (quitarnos) 33.000 millones sólo hasta 2022.

El primer cambio supone que ya en 2014, las pensiones no se revalorizarán con el IPC, sino con una fórmula compleja (FRA) que tendrá en cuenta la situación del sistema de pensiones, a través de cuatro factores: ingresos de la Seguridad Social (si caen o suben), aumento número de pensionistas, subida de la pensión media y superávit o déficit del sistema de SS (en déficit desde 2012). Y se tomará, en cada caso, la media de esos factores ese año, los cinco anteriores y la previsión de los próximos 5 (11 años en total). Con ello, saldrá lo que se revalorizan las pensiones cada año, con un suelo (no menos del 0,25%) y un techo (el IPC+ 0,25%) Pero como esos factores juegan en contra (y así será al menos hasta 2018), todo apunta a que habrá muchos años de revalorización al 0,25%, mientras la inflación sube entre el 1 y el 2%. Resultado: pérdida de poder adquisitivo, entre 0,75 y 1,75% por año. Una pérdida para los pensionistas actuales y futuros del 15 al 28% en los próximos 15 años, según CCOO. Un recorte medio de 1.500 euros año por pensión (Calcule aquí lo que perderá).

El otro cambio, aplicar el llamado factor de sostenibilidad, afecta a los pensionistas futuros, que desde 2019 cobrarán una menor pensión inicial, aunque durante más años (porque tendrán más esperanza de vida… si no se mueren). Los que ahora tienen entre 50 y 60 años (jubilación entre 2019 y 2029) recibirán un 5,8% menos de pensión. Y así cada década: los que tienen hoy entre 40 y 50 años (jubilación entre 2029 y 2039), tendrán un 11,6% menos de pensión que el que se jubila ahora. Los que tienen entre 30 y 40 años (se jubilarán entre 2039 y 2049) tendrán una pensión un 17,4% menor. Y finalmente, los que tienen hoy entre 20 y 30 años, se jubilarán (si consiguen cotizar 37 años) con un 23,2% menos de pensión inicial, según estimaciones de Ignacio Moral-Arce, experto del Instituto de Estudios Fiscales.

En resumen, que los jubilados actuales perderán con las tres reformas un 40%, entre menos pensión y pérdida de poder adquisitivo. Y los trabajadores que tienen hoy entre 20 y 60 años tendrán entre un 5,8 y un 23% menos de pensión inicial, más el poder adquisitivo que pierdan después (según el IPC) por la escasa revalorización anual (0,25% mucho tiempo).

Es cierto que el sistema de pensiones es una bomba de relojería, que no salen las cuentas, por culpa de la crisis económica y demográfica. Por un lado, crece la esperanza de vida (de 81 años a 86,5 en 2048), con lo que las pensiones se van a duplicar (de 9 millones hoy a 17 millones en 2050), disparando el gasto. Y por  otro, han caído drásticamente los ingresos, las cotizaciones, al haber menos empleos y peor pagados, mientras la baja natalidad  y el envejecimiento de la población provocan que hoy haya sólo 1,9 personas trabajando por cada pensionista. Y en unas décadas será peor (1,2 empleados por pensionista para 2050). Pero dicho esto, la única alternativa no son los recortes, a costa de los pensionistas. Es el camino fácil, pero tan injusto como inútil, porque no afronta el fondo del problema.

Y el fondo del problema es que fallan los ingresos del sistema de pensiones, no sólo por la crisis sino también porque España gasta menos en pensiones que otros países: un 10,1% del PIB (2010), frente al 11,3% media UE, 10,8% de Alemania, 14,6% de Francia o el 15,3% de Italia. Luego habría que destinar más recursos a pagar pensiones para ponernos “a nivel europeo”. Además, habría que fomentar la natalidad, con ayudas a las familias para tener más hijos que un día trabajen y coticen para pagar la pensión de sus padres: en España nacen 1,32 hijos por mujer frente a 1,59 en la UE, 1,94 en Gran Bretaña o 2,03 hijos en Francia. Y sobre todo, hay que recuperar la mayor parte de los 3,5 millones de empleos perdidos con la crisis, para que coticen. Sin más empleos, no se pueden salvar las pensiones. Y los recortes son sólo un parche tras otro, que no afrontan los problemas de fondo de las pensiones: el empleo y la demografía.

Lo fácil es repartir la miseria: decir que como no hay ingresos, los pensionistas que han cotizado toda su vida tienen que pagarlo. Hay otro camino. Por un lado, recaudar más impuestos (en este blog he explicado cómo conseguir 50.000 millones más sin que pague más la mayoría) y destinar una parte a financiar las pensiones (20.000 millones propone el PSOE). Por otra, subir las cotizaciones, para que empresas y trabajadores con empleo paguen algo más: se podrían ingresar otros 7.000 millones extras .Si se habla de contratar un plan privado de pensiones, ¿por qué no pagar ese plus al sistema público para consolidarlo? Y con ello, salir del bache a corto plazo. Pero la clave sigue estando en el empleo y la demografía: hacer otra política que la de Rajoy, para reanimar la economía y crear dos millones de empleos que salven las pensiones. Y ayudar a las familias a tener más hijos, porque hace falta que nazcan 280.000 niños más cada año para asegurar el relevo generacional.

Los recortes nos llevan a unas pensiones de miseria. Hay que enfocarlo al revés: ¿qué hay que hacer para tener unas pensiones dignas? Pues crecer, crear empleo, recaudar más y destinar más impuestos a pagar las pensiones. Y si hace falta, cotizar más. Y tener más hijos que trabajen y coticen. No es fácil, pero es más efectivo que los recortes año tras año. Y sobre todo, más justo para los que llevamos toda la vida cotizando. Nos lo deben.

lunes, 16 de septiembre de 2013

Empeora la Sanidad


Cuatro años de recortes y casi 7.000 millones menos de presupuesto se notan en nuestra Sanidad: cae por primera vez la satisfacción de los usuarios, empeoran las notas de todas las autonomías y se agravan las diferencias entre ellas, aumentan las listas de espera y se recortan servicios. Y eso, aunque la sanidad pública española siga  siendo de las mejores de Europa. Pero ya no soporta más recortes, como los que se esperan para 2014, por el Estado y las autonomías. El Gobierno quiere reducir el catálogo de prestaciones básicas y aumentar el copago para el resto, a la vez que privatiza hospitales. Pero este camino, desmantelará la sanidad pública, en beneficio de los seguros privados. La alternativa es destinar más ingresos para la sanidad (más barata que en la OCDE) y hacer cambios drásticos en su gestión, pactados con los profesionales. Un tratamiento de choque.
enrique ortega

Basta ir a un ambulatorio o a un hospital para comprobar cada día que la sanidad española no es lo que era. Pero un reciente informe de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FDSP) ha puesto cifras: la sanidad ha empeorado en todas las autonomías, según un amplio abanico de parámetros analizados. Y lo peor: aumenta la desigualdad en el servicio sanitario entre autonomías, nos atienden muy diferente según donde vivamos. Hay 5 autonomías con buena nota: Navarra (65 puntos sobre 78), Aragón (60), Asturias (59), País Vasco (55) y Castilla y León (54). Tres con servicios sanitarios “aceptables”: Galicia (53 puntos), Cantabria (49), y Andalucía (48). Cinco con servicios “regulares”: Extremadura (47 puntos), La Rioja (47), Cataluña (46), Madrid (44) y Castilla la Mancha (43). Y cuatro con una sanidad “deficiente”: Baleares (41), Murcia (41), Canarias (32) y Comunidad valenciana (30).

Dos Españas para la sanidad. Y lo malo es que el mapa no ha cambiado desde 2009, según los distintos informes de la FDSP: las autonomías con buena sanidad son las mismas que antes de la crisis. Y también las “malas”, con Canarias y Valencia de farolillo rojo. Eso se debe, sobre todo, a que las autonomías con mejor sanidad han recortado menos con la crisis y gastan más en sanidad. No en vano, el País Vasco (1.550 euros por habitante) o Navarra (1.419) gastan un tercio más que la Comunidad Valenciana (965 euros). Y tienen el doble de médicos/enfermeras por mil habitantes (2,38/4,65 frente a 1,63/2,63).

Al final, la valoración de los usuarios ha caído en todas las autonomías, sobre todo en Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid, según la FDSP. Algo que confirma en el último Barómetro sanitario, elaborado por el CIS y Sanidad: la satisfacción con la sanidad pública ha caído en 2012, por primera vez desde 2004, bajando la nota a 6,57 puntos. Y se espera que baje más en 2013, por los últimos recortes y copagos.

El peor indicador  son las listas de espera, que han sufrido el mayor aumento desde que Sanidad publica datos. En diciembre de 2012 había 571.395 personas aguardando operación, con un tiempo medio de espera de 100 días (76 en junio 2012) y con un 16,5% de pacientes esperando a operarse más de 6 meses (máximo plazo legal). Y para acudir a un especialista, la espera media es ya de 59 días (53 en junio 2012). Retrasos que agravan la salud de los pacientes y encarecen luego su tratamiento (si no han muerto en la espera).

Todo esto es el fruto de cuatro años de recortes en la sanidad española, agravados por las huelgas y conflictos de finales de 2012. El presupuesto en Sanidad se ha recortado en 6.875 millones desde 2010: 5.365 millones las autonomías (78%) y 1.510 el Estado central (22%). De hecho, Sanidad ha sido la principal partida de ajuste de las autonomías: si han recortado su déficit en 8.715 millones desde 2010, el 61,5% del ajuste total ha sido en Sanidad, cuando esa partida supone sólo un 40/45% de su presupuesto.

Y ¿dónde han sido los recortes? Una parte (1.850 millones) en gastos de personal: recortes de plantilla (despidos de contratados e  interinos, precariedad, no cubrir bajas ni vacaciones, jubilaciones forzosas de médicos), supresión de horas extras (cerrando quirófanos por la tarde para no pagarlas), congelación de sueldos y supresión de pagas, complementos y ayudas. Otra fuente de “ahorro” han sido los recortes en servicios: cierre de centros de salud por las tardes (Cataluña, Extremadura y Cantabria), cierre de urgencias en zonas rurales (Extremadura, Cantabria, Navarra, Castilla y León, Murcia  y el intento fallido de Castilla la Mancha) o guardias localizadas (en perjuicio de una atención más inmediata). Y menos conciertos con clínicas privadas (lo que aumenta las listas de espera).También se ha recortado en gastos de material, mantenimiento e instalaciones. Además, se han buscado ingresos con nuevos copagos, desde el pago por prótesis o ambulancia hasta por tener una habitación individual (Hospital Clinic de Barcelona). Pero el mayor ajuste (67% del recorte sanitario) se ha dado en el gasto farmacéutico, con el copago por receta, la retirada de medicamentos financiables y el recorte de márgenes a farmacias y laboratorios.

Al final, todos estos recortes se han traducido en menos personal (peor pagado) y menos medios, lo que redunda en un peor servicio y más listas de espera. Y lo grave es que se esperan nuevos recortes en Sanidad, en los Presupuestos para 2014 que presentará este mes el Gobierno y después las autonomías, obligadas a recortar más su déficit. “La sanidad está al borde del colapso financiero”, ha advertido el consejero catalán. Y es que los costes siguen creciendo estructuralmente (por la mejora de la tecnología sanitaria y la mayor esperanza de vida) y caen los ingresos, obligando a impagos crecientes.

Pero el compromiso de Rajoy de recortar el déficit es inamovible y ha prometido a Bruselas recortar un 25% el gasto en Sanidad para 2015 (sobre 2009). Algo imposible si no se desmantela el sistema. Sanidad está preparando una estrategia: elaborar un catálogo de servicios básicos (que ofrecerían gratuitamente todas las autonomías) y dejando el resto como servicios complementarios, a limitar (como se ha hecho con la reproducción asistida) y ofrecer con copagos de los pacientes. En paralelo, proseguir con la privatización de la gestión de hospitales públicos, con el pretexto de que es más barata (falso) . Ya la han puesto en marcha 8 autonomías gobernadas por el PP: Comunidad Valenciana, Madrid (paralizada cautelarmente por los tribunales), Castilla la Mancha, la Rioja, Galicia, Extremadura, Castilla y León y Baleares. Y esperar que los españoles sigan haciendo seguros privados (ya  hay casi 11 millones con seguro médico privado) y descarguen de trabajo a la sanidad pública.

Pero este camino sólo lleva a hundir más a la sanidad pública, que “ya no aguanta más recortes, como ha advertido el presidente de los médicos. La alternativa es doble. Por un lado, recabar más ingresos (vía impuestos) para la sanidad, ya que está infra-financiada: España ya gastaba menos que la OCDE en 2009 y ahora es mucho menos (1.292 euros por habitante en 2013). Por otro, mejorar drásticamente la gestión, porque no es de recibo que un quirófano o una máquina de TAC, una consulta especializada o una urgencia rural sólo funcionen unas horas al día, por ejemplo. Es clave hacer otra política laboral (horarios, nuevas plazas, reclasificaciones personal, incentivos productividad…), otra política de tratamientos y uso de las tecnologías (un 30% del gasto es ineficiente, según la OMS), centralizar compras, potenciar la atención primaria y la prevención, despolitizar la gestión… Y sobre todo, conseguir un pacto con los profesionales, porque los conflictos los pagamos los pacientes.

Si la sanidad pública no se hace más eficiente y siguen los recortes, perderemos uno de los activos mejor valorados por todos y ganará la sanidad privada, lanzada a una guerra de tarifas para ganar clientes a costa del empeoramiento de la pública. Aún estamos a tiempo de que el actual deterioro no sea irrecuperable. No pueden admitirse más recortes ni más conflictos. Hay que pactar más medios y un urgente cambio de gestión. La Sanidad está enferma.