domingo, 31 de marzo de 2013

Hablar idiomas, la eterna asignatura pendiente


Casi una de cada tres ofertas de empleo exige dominar el inglés. Y pronto hará falta para trabajar hablar dos idiomas, como hace ya uno de cada cuatro europeos. Pero hoy por hoy, España suspende en idiomas, a pesar de que la mayoría ha estudiado inglés muchos años. Hace falta reformar la enseñanza de los idiomas, desde primaria a la Universidad, invirtiendo más en formar profesores de idiomas y no recortando en docentes, plazas  y becas para estudiar en el extranjero, como ha hecho el Gobierno Rajoy. Y hace falta un ambicioso plan de reciclaje en idiomas, para los parados y los que trabajan. Más medios y una enseñanza más oral, para aprender a hablar en uno o dos idiomas. Es la asignatura pendiente de España y de nuestras empresas para aprovechar algún día la recuperación.
enrique ortega

España está a la cola de Europa en hablar idiomas. Somos el cuarto país europeo donde menos adultos hablan idiomas (sólo por delante de Hungría, Italia y Portugal), a pesar de que el porcentaje de alumnos que estudian lenguas (86%) es similar a la media europea. Concretamente, un 46% de españoles dice que puede mantener una conversación en otra lengua (22% inglés), frente al 54% de los europeos (38% inglés). Y sólo un 18% habla dos lenguas, frente a una media de 25% de europeos, según el Eurobarómetro 2012.

El inglés es el idioma que ha estudiado el 81% de los españoles (57% estudió francés), muchos no sólo en el bachillerato y la Universidad, sino que la mitad lo ha estudiado después en clases particulares. Y a pesar de eso, sólo 1 de cada 10 dice tener un nivel avanzado de inglés, según una encuesta de la OCU, que confirma otro estudio de Cambridge University Press: sólo el 13% de españoles dice tener un nivel alto o muy alto de inglés y el 71% se declara poco satisfecho o nada con su nivel. Y las pruebas europeas hechas a los jóvenes que acaban la ESO (14 años) indican que sólo el 24% de los estudiantes españoles habla y entiende inglés con soltura, frente a un 45% de jóvenes en Europa.

España ocupa el puesto 18 en la lista de 54 países que hablan mejor inglés, con un nivel medio, por detrás de 13 países europeos (Portugal, Francia e Italia están peor en este ranking), Singapur, Malasia, India y Pakistán, según el EF English Proficiency Index. Pero este puesto esconde las profundas diferencias dentro de España: el País Vasco tiene un nivel alto de inglés, seguido por Navarra, Galicia, Madrid y Barcelona (nivel medio), pero hay regiones con un nivel muy bajo (Extremadura) o bajo (Murcia, Castilla la Mancha, Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana), precisamente las más atrasadas y con más paro.

¿Por qué los españoles tenemos tantos problemas para hablar idiomas? Para empezar, hay una causa lingüística: el inglés es un sistema de 12 vocales y el español tiene cinco, lo que obliga a pelearnos con 7 sonidos nuevos. Los escandinavos y alemanes, por ejemplo, son lenguas con más raíces comunes con el inglés y los portugueses lo tienen también más fácil por su sistema más complejo de vocales. Pero hay más. El español es la tercera lengua más hablada del mundo (500 millones frente a 1.300 el chino y 1.750 el inglés), lo que nos retrae más a aprender otro idioma. Y no ayuda que las películas en España, en el cine y sobre todo en televisión, se vean dobladas. En Portugal (o en Polonia), los niños ven los dibujos animados en inglés (con subtítulos) y eso educa su oído.

Pero la razón básica es la educación. De entrada, en España no se ha enseñado inglés en el bachillerato hasta los años setenta y tanto mi generación como la de mis padres estudiamos francés. Y hasta 1.996 no empezaron a funcionar los primeros 43 centros públicos bilingües. Con ello, los padres de más de 50 años no han sabido inglés para ayudar a sus hijos y los que tienen entre 30 y 50 apenas lo estudiaron en la Universidad. Y la mayoría de los que lo han estudiado, saben vocabulario y gramática, pero no conversación: no se atreven a hablar, por miedo al ridículo, otra peculiaridad española que nos inhabilita para aprender lenguas. Y otro elemento clave: hay pocos profesores suficientemente preparados para enseñar inglés (sólo 1 de cada 10 lo hablaba de pequeño).

La crisis y los recortes han deteriorado aún más la enseñanza de inglés. Por un lado, se han recortado medios y profesorado, bajando el listón: hay profesores que están dando bilingüismo con nivel B2 (incluso B1), en lugar del C1 exigido. Se aumentan los alumnos por clase, lo que dificulta conseguir resultados. Se han recortado las becas europeas Erasmus y el Gobierno Rajoy ha suprimido en 2013 las becas para cursos de idiomas en el extranjero (había 51 millones en 2011 y 24,5 en 2012). Además, se han recortado plazas (mientras aumenta la demanda) en las 308 Escuelas Oficiales de Idiomas (500.000 alumnos), se les quitan profesores (para trasvasarlos a la enseñanza pública) y se han subido drásticamente las tasas (más del doble en Madrid).

En definitiva, se recorta y deteriora la enseñanza de idiomas, cuando la crisis y el paro han hecho que sean imprescindibles para encontrar trabajo. Así, el 28,8% de las ofertas de empleo exigen conocer un idioma extranjero, según un análisis de 750.000 ofertas realizado por Adecco e Infoempleo. Y a los licenciados, se les exige idiomas en el 58% de ofertas, sube al 65% en ejecutivos intermedios y al 100% para alta dirección, según otro estudio de Randstad. El más solicitado es el inglés (86%), seguido por el francés (9,1%), aunque hay un tirón del alemán (4,96%) y ha bajado la demanda de otras lenguas (chino o árabe).

Los expertos advierten que las empresas piden cada vez más dos idiomas, además del propio, un objetivo que Bruselas se ha fijado, a medio plazo, para Europa, donde ya hay ocho países en los que una mayoría hablan dos lenguas además de la suya: Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Malta, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania. Los europeos quieren que sus hijos hablen inglés (79%), francés (20%), alemán (20%), español (16%) y chino (14%), según el Eurobarómetro, aunque los españoles somos distintos: creemos que nuestros hijos deben aprender inglés (92%) y chino (24%), seguidos de francés (19%) y alemán (15%).

España tiene que replantearse seriamente la enseñanza de idiomas, sobre todo inglés, lo que pasa por coordinar mejor los planes de bilingüismo de las autonomías (cada una a lo suyo) y dedicar más recursos a formar profesores españoles de inglés, con reciclaje en el extranjero. Y promover, con becas y ayudas, las prácticas fuera de España. Pero no basta con enseñar mejor en inglés. Hay que lanzar un ambicioso programa de reciclaje para adultos, sobre todo para los 6 millones de parados (también se les han recortado los cursos de idiomas) y para los empleados, con ayudas fiscales a las empresas que promuevan cursos. Y promocionar  la exhibición de películas sin doblar (con subtítulos en inglés), sobre todo en televisiones públicas y canales TDT. Y aprovechar Internet como una potente herramienta de formación audiovisual para aprender idiomas.

La recuperación, cuando llegue, será lenta y las empresas exigirán trabajadores más formados y que hablen más idiomas, sobre todo porque nuestro mercado es ya el mundo. Hay que poner en marcha un ambicioso plan de formación para jóvenes y adultos, en inglés y otras lenguas, para que España apruebe de una vez esta asignatura pendiente. Let’s go ¡      

miércoles, 27 de marzo de 2013

La piratería destruye la mitad de la cultura


Uno de cada dos internautas piratea música, películas, libros y videojuegos, según reconocen ellos mismos. La piratería cultural mueve en España 15.000 millones de euros, más de seis veces el negocio legal. Si no se hicieran copias piratas y una parte de los internautas comprara legalmente, la cultura vendería un 51% más y se crearían otros 25.000 empleos. Por eso, la industria cultural pide medidas eficaces contra la piratería, ya que la polémica Ley Sinde-Wert no ha funcionado. La semana pasada, el Gobierno aprobó una polémica reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, que permitirá ir contra las webs de enlaces, aunque no antes de fín de año. No basta con cerrar webs ilegales : hay que llegar a un pacto entre creadores, intermediarios y usuarios para proteger la propiedad intelectual y a la vez divulgarla a precios asequibles. Pero no podemos seguir instalados en el gratis total, en el “aquí lo pillo, aquí lo veo”. Sin normas no habrá cultura ni creadores. Aunque decirlo sea impopular.
enrique ortega

En España hay ya 24,1 millones de internautas y tres de cada cuatro se conectan cada día, la mayoría más de una hora. Y un millón están permanentemente conectados. Vivimos enganchados a Internet, en casa, en el trabajo, en los móviles. Y utilizamos cada vez más la Red para ver contenidos audiovisuales: un 45% de internautas (y el 77,8% de los jóvenes) usan Internet para ver vídeos y películas (97%), oír música (57%), videojuegos (24,8%) o leer libros (78,1%), según el último informe de Telefónica. Y sólo el 7,2% de los internautas están dispuestos a pagar por estos contenidos, a los que la mayoría accede gratis, descargándoselos o cada vez más con acceso online (streaming).

Uno de cada dos internautas piratea cultura en la Red, sobre todo películas (43 de cada 100) y música (32 de cada 100), aunque también libros (12 de cada 100) y videojuegos (7 de cada 100). Lo reconocen ellos mismos, en una reciente encuesta entre 50.000 internautas encargada por el Observatorio de la Piratería. La mitad de estos accesos ilícitos son novedades: películas, canciones, juegos o libros que acaban de salir o llevan menos de un año en el mercado. Y el valor de esta cultura pirateada alcanzó en 2012 los 15.204 millones de euros, más de 6 veces el negocio que mueve en España la cultura legal (2.394,6 millones en 2012). El sector ha hecho un cálculo: si no hubiera piratería y estos internautas compraran sólo una parte de lo que se descargan, la cultura podría vender 1.220,6 millones más (+51% ventas). Y crear 24.766 empleos nuevos (uno por cada dos que hay). Y el Estado recaudaría 494,7 millones más, entre IVA, IRPF y Seguridad Social.

Dicho de otro modo: la piratería se come la mitad del negocio cultural en España. Por eso, la industria cultural pide medidas urgentes al Gobierno, un año después de entrar en vigor la polémica Ley Sinde-Wert, que pretendía cerrar webs de descargas de contenidos protegidos y cuyo balance es pobrísimo: se han abierto 115 expedientes y hay 81 todavía investigándose. Y hay muchos casos de webs de descargas que siguen abiertas tras haber quitado algunos links. La situación es tal que EEUU ha advertido al presidente Rajoy que España podría volver este mes de abril a la lista negra de la piratería mundial (conocida como Informe Especial 301), de donde salió en 2012, tras tres años en ella, gracias a la aprobación de la ley Sinde-Wert (pactada en 2011 por el PSOE, PP y CiU, pero cuyo Reglamento retrasó Zapatero y aprobó Rajoy en su primer Consejo, el 30 diciembre 2011).

La industria cultural está que trina con el Gobierno Rajoy por haber suprimido además (también en su primer Consejo de diciembre 2011) el canon digital, una cantidad que pagaba quien compraba DVds, CDs, memorias, discos duros, móviles o fotocopiadoras, para compensar con ello a los creadores de posibles copias ilegales (se hacen 4.000 millones de fotocopias de material protegido por copyright, según CEDRO). Este canon, además de impopular y poco efectivo (ahora las copias se hacen “en la nube”), fue declarado ilegal por dos sentencias (Audiencia Nacional y Tribunal europeo de Justicia), que llevaron al Gobierno a cambiarlo por una asignación presupuestaria, que pagamos todos, compremos o no CDs o DVDs. Pero si antes la industria cultural recibía 115 millones por el canon (2011), el Gobierno les ha asignado sólo 5 millones en los presupuestos de 2012 y 2013. Y los autores audiovisuales han denunciado al Gobierno español ante Bruselas.

El Gobierno aprobó este 22 de marzo una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, para hacer más efectiva la Ley Sinde-Wert y ser más duros con las webs de enlaces, a las que se podrá sancionar con multas de hasta 300.000 euros, además de poner límites a las copias privadas. Una reforma criticada por los internautas y que tampoco ha sido discutida con la industria cultural .Y que no entrará en vigor hasta final de año. Para entonces, la Comisión Europea quiere tener lista una norma europea contra la piratería cultural, tras dos años de fracasos. En enero de 2011, 22 estados de la UE (entre ellos España) firmaron un acuerdo internacional contra la piratería, el ACTA, promovido también por EEUU, Canadá, Japón, Corea, Singapur y Australia. Pero en julio de 2012, el Parlamento europeo lo rechazó y ahora la Comisión busca reformar su Directiva, con una postura intermedia entre la dureza de Francia (la ley Hadopy obliga a los ISP a vigilar contenidos descargados y desconectar a los piratas a los tres avisos) y la ineficaz Ley Sinde-Wert de España. Mientras, EEUU acaba de poner en marcha la Ley de los 6 avisos contra la piratería, que sustituye a la polémica SOPA (que llevó a un apagón virtual de protesta en Internet).

¿Qué se puede hacer? La industria cultural ha puesto en marcha portales (más de 400) para que los internautas accedan legalmente a contenidos protegidos por copyright (en descargas o en streaming), a precios más bajos. Pero no acaban de funcionar, porque la gran mayoría de internautas tienen metido en la cabeza el modelo del gratis total. De hecho, cuando se les pregunta por qué piratean contenidos, el 75% responde que “no está dispuesto a pagar por algo que puede conseguir gratis”. Y añaden, como justificación, que “lo hace todo el mundo”, que “no es ilegal” y que “no hacen daño a nadie”. Es más: un 32% contesta que descargar gratis contenidos “es un derecho del internauta”. Con esta mentalidad, resultará difícil que accedan a portales de pago, vía que sólo admiten entre un 10% (música) y un 20% (cine) de encuestados. La mayoría, eso sí, admitiría publicidad a cambio de contenidos gratis.

En esta pelea internautas piratas-industria cultural, hay un tercer protagonista que pasa desapercibido: las compañías de Internet (YouTube, Google, Facebook, Twitter, Apple…) y los proveedores de acceso (Movistar, Vodafone, Orange y los operadores virtuales). Unos y otros han sido muy activos contra las normas antipiratería (en defensa de “la libertad de expresión”…) y eso porque su negocio tiene mucho que ver con los contenidos: cuanto más crezcan, más negocio (y publicidad) para ellos. Por eso, Robert Levine les acusa en su libro “Parásitos” de ser los nuevos parásitos de la cultura (se aprovechan del trabajo de los creadores sin pagar) y de temer que un mayor control de la piratería les reduzca el pastel (menos descargas y accesos).Y de fomentar el enfrentamiento entre los internautas y el mundo de la cultura.

En cualquier caso, los contenidos son cosa de tres (los autores, los distribuidores y los consumidores) y todo apunta a que también en el terreno digital, los distribuidores (intermediarios) se llevan la mayor parte. Por eso, más que una guerra, debería hacerse un pacto, promovido por los Estados, para conseguir los máximos contenidos legales a los mejores precios, incluyendo que paguen los intermediarios que se benefician del tráfico. Pero eso exige también cambiar la filosofía del gratis total. Hay que pagar por el trabajo de otro, sea músico, escritor o cineasta (o periodista). Si no, la parte más débil de la cultura desaparecerá con la piratería. Y perderemos todos.

domingo, 24 de marzo de 2013

Carburantes sin competencia y precios récord


Los precios de los carburantes siguen altos y han subido aprovechando la Semana Santa.El Gobierno se ha decidido a  tomar medidas para frenar las subidas, impuestas por tres petroleras (Repsol, Cepsa y BP)  que controlan el 73% de las ventas. Un triopolio que domina el negocio del petróleo, desde la compra y el refino hasta la distribución y venta (controlan el 80% de gasolineras). Ahora, se facilita que otras empresas pongan gasolineras en centros comerciales para intentar bajar precios, ya que los carburantes sin impuestos son aquí más caros que en Europa. Pero los efectos tardarán tiempo y como mucho servirán para bajar los precios unos céntimos: es el chocolate del loro, mientras subirán los precios internacionales de la energía y Bruselas presiona al Gobierno español a subir los impuestos de los carburantes, más bajos que en Europa. De momento, lo mejor será ahorrar combustible y cambiar (si se puede) a otro coche que gaste menos.
 
enrique ortega

El primer susto nos lo llevamos el verano pasado, entre agosto y septiembre, cuando los carburantes alcanzaron un máximo histórico (1,522 € la gasolina y 1,45 € el gasóleo), desbaratando el IPC. El Gobierno, preocupado por tener que subir las pensiones, amenazó a las petroleras con tomar medidas y la presión surtió algo de efecto en octubre y noviembre. Pero a finales de diciembre, con el mayor consumo navideño, los carburantes volvieron a las andadas, con nuevos récords en enero y febrero (1,509 € la gasolina y 1,40 € el gasóleo), que contrastan con la bajada de los precios internacionales de la energía, según denuncia el último informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNC). Y  esta Semana Santa, han vuelto a subir dos céntimos por litro aprovechado la Operación salida (habrá que ver lo que suben para la vuelta).

El problema es que en el sector petrolero español, liberalizado hace quince años, hay poca competencia y está dominado por tres empresas: Repsol, Cepsa (controlada por IPIC, la empresa estatal de Abu Dabi) y la británica BP. Un triopolio que controla todo el proceso del negocio, desde la compra internacional de crudo y carburantes, el refino (las 9 refinerías que hay en España son suyas, mientras en otros países hay entre 5 y 10 operadores refinando), el almacenaje, transporte y distribución (tienen el 29,15 % de CLH, la antigua CAMPSA, y controlan la logística) y, sobre todo, la venta en gasolineras: controlan el 73% de la venta de carburantes (45% Repsol, 16% Cepsa y 12% BP), aunque en la mayoría de provincias (Madrid entre ellas) superan el 80%, con gasolineras propias o abanderadas. Un poder que contrasta  con el 50% de ventas de las grandes petroleras en Francia o el 31% en Italia.

Con este poder, son capaces de adelantar o retrasar compras de carburantes, establecer cuellos de botella en la logística que perjudiquen a la competencia y, sobre todo, forzar a las gasolineras a pactar precios, a cambio de comisiones, como denuncia un detallado informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que ya les puso en 2009 una multa de 7,9 millones por pactar precios (multa confirmada en 2012 por la Audiencia Nacional). Además, la Comisión nacional de la Energía (CNE) les ha abierto en marzo un expediente informativo por el efecto lunes: acordar bajar precios el lunes (el día que se envían a Europa) y subirlos luego el martes, una práctica comprobada desde el verano.

El precio de los carburantes se compone de tres partes: coste del petróleo o carburantes en el mercado internacional (para España, en Rotterdam y Génova), los impuestos  y el margen bruto, que incluye los costes del transporte, almacenamiento, distribución y comercialización (venta en gasolineras). Pues bien, el coste de los carburantes sin impuestos es más alto en España que en la media de Europa (diciembre 2012): 0,754 € litro para el gasóleo (frente a 0,752€ en la UE-27, 0,752 en Alemania, 0,732 en Reino Unido o 0,718 en Francia) y 0,685 € litro para la gasolina (frente a 0,679€ en la UE-27, 0,678 en Alemania, 0,658 en Francia o 0,649 en Reino Unido). Y eso se debe a que las petroleras en España tienen más margen, o bien porque tienen más costes (menos eficiencia) o más beneficio (o las dos cosas).

De hecho, España es el país donde las petroleras aumentaron más sus márgenes brutos (todos los costes sin la energía más el beneficio) entre 2007 y 2010: un 21% en el gasóleo (80% ventas), frente al 16% en Francia, el 9% en Italia, el 7% en Reino Unido o el 5% en Alemania, según la CNC. Baste un dato: en 2006, el margen bruto en los carburantes era 16 pesetas litro (9,68 céntimos euro), que se repartían a medias entre petroleras y gasolineras, y en 2012 es 27 pesetas (16,22 céntimos euro), que van un tercio a la gasolinera y dos tercios a las petroleras, aunque ellas dicen que la mayor parte son costes y sólo ganan entre 1 y 1,5 céntimos por litro.

Al final, aunque el margen de las petroleras es mayor en España, los usuarios pagamos los carburantes más baratos que la mayoría de europeos (el 8º país con el gasóleo más barato de UE-27 y el 9º en gasolinas) porque pagamos menos impuestos, aunque ya suponen la mitad del precio de la gasolina (50,7%) y casi la mitad en el gasóleo (44,5%). Unos impuestos que han subido mucho en los últimos tres años (18 céntimos por litro), por la subida de impuestos especiales (2009), dos subidas del IVA y el céntimo sanitario que cobran ya 11 autonomías, además de la última subida (3 céntimos litro, en enero 2013) por la supresión de exenciones fiscales (ayudas) a los biocarburantes que se mezclan con los combustibles.

Ante este panorama, el Gobierno aprobó en febrero un paquete de medidas en dos frentes. Por un lado, limitar el poder de las grandes petroleras: les prohíben recomendar precios a las gasolineras, con las que tendrán que revisar contratos (de 5 años o más a 1), no podrán abrir gasolineras donde tengan más del 30% del mercado y se supervisará el funcionamiento de CLH y el mercado mayorista. Por otro, se busca introducir más competencia, facilitando que otras empresas abran gasolineras en centros comerciales (sólo un 3% de ventas en España, frente a un 60% en Francia), polígonos industriales y cooperativas, obligando a los Ayuntamientos a dar licencias en menos de 8 meses. Lo que no se hace es facilitar nuevas refinerías (no se abre una desde 1970) ni forzar a una mayor transparencia en carreteras y ciudades, divulgando mejor las gasolineras más baratas.

Las medidas son correctas  (salvo reducir el porcentaje de biocarburantes en los combustibles, una barbaridad para el aire que respiramos), pero tardarán en surtir efecto, mientras hay dos nubarrones en el horizonte. Uno, que el petróleo (y más el gasóleo: importamos un 38%, frente al 10% Europa) va a seguir caro, con una previsión de 200 dólares barril para 2030 (está en 111 $), según la AEI. Y el otro, que Bruselas ya ha pedido al Gobierno que suba los impuestos a los carburantes y  eso podría hacerse en septiembre o para enero 2014. Con ello, los carburantes seguirán caros muchos años, aunque las petroleras bajen sus márgenes (5 céntimos por litro como mucho).

Por eso, se impone una política de ahorro de carburantes (el consumo ha caído otro -6,3% en 2012, pero por la recesión), como país, por el mayor peso del transporte de mercancías por camión (83% en España, frente al 45% en la UE-27) y como usuarios, porque tenemos coches más viejos (el 40% tienen más de 10 años y consumen un 15% más). Hay que fomentar el transporte por tren y barco, el cambio de coche y el transporte público (que no deja de subir para tapar los agujeros municipales). Porque está bien recortar los márgenes de las petroleras, pero es el chocolate del loro. Apenas lo notaremos.

miércoles, 20 de marzo de 2013

Recorte pensiones:mayores 55 años,los "ni-ni-ni"


El Gobierno Rajoy ha aprobado por decreto una segunda reforma de pensiones, desde el 1 de abril, para recortar 4.000 millones hasta 2027 retrasando dos años las prejubilaciones y bajándolas. Una reforma que se suma a la de Zapatero, en vigor este 1 de enero, que supone un recorte del 20 % en las pensiones para 2027. Y falta la tercera reforma (más recortes), que se anuncia en 6 meses, presionada por Bruselas. El problema de fondo es que hay menos gente trabajando y más pensionistas, por lo que no salen las cuentas. Los que más sufren ahora este nuevo recorte de las pensiones son los mayores de 55 años, a quien el Gobierno ha puesto además más trabas para cobrar el desempleo (426 €). Con ello, casi tres millones de españoles mayores de 55 años son ahora “ni-ni-ni”: ni trabajan, ni cobran desempleo ni se pueden jubilar. Y así, a esperar los 65 años.
 
enrique ortega

La primera reforma de las pensiones la hizo el Gobierno Zapatero, en febrero de 2011,con una Ley pactada con sindicatos, patronal y la mayoría de partidos (PP se abstuvo e IU votó en contra). Entró en vigor este 1 de enero, con tres medidas básicas: subir la edad de jubilación (un mes cada mes) hasta llegar a los 67 años en 2027, elevar el periodo de cotización de 35 a 37 años para tener derecho al 100% de pensión y ampliar el periodo de referencia para calcular la pensión de 15 a 25 años. Resultado: un recorte del 20% en la pensión para 2027.

Ahora, el Gobierno Rajoy, presionado también por Bruselas, pone en marcha una segunda reforma de las pensiones (esta vez por decreto y en solitario), que entra en vigor el 1 de abril. Se trata de recortar otros 4.000 millones de gasto de aquí a 2027, retrasando dos años las jubilaciones anticipadas y dificultando la jubilación parcial. Así se pretende retrasar la entrada en el sistema de muchos pensionistas, ya que la mitad de los que se jubilan cada año (280.000) son prejubilaciones (80%) o jubilaciones parciales (20%).

El cambio afecta por un lado a las prejubilaciones forzosas, por despidos (EREs), que podían hacerse a los 61 años y ahora suben (un mes cada mes) hasta llegar a la prejubilación a los 63 años en 2027. Un cambio que llega cuando la mayoría de grandes empresas ya han hecho ERES masivos (25.000 despidos entre Telefónica, Vodafone, Iberia, Bankia y otras Cajas, Santander+Banesto y otros bancos…) con prejubilaciones a los 61 años. Otra novedad: si ahora las empresas tenían que pagar el paro y las cotizaciones de los despedidos hasta la jubilación, ahora volverá a pagarlo el Estado (si no despiden a más mayores de 50 años de la proporción en plantilla), con lo que les saldrá aún más barato “aligerar plantillas”.

La reforma penaliza sobre todo las prejubilaciones voluntarias, que podían hacerse a los 63 años y se suben (un mes cada mes) para no poder prejubilarse hasta los 65 años en 2027. Además, se exigirán 35 años cotizados (ahora son 30) y sube el recorte de la pensión por cada año antes que uno se jubile: quitan del 6,5% al 8%, según los años cotizados. O sea, si alguien se jubila en 2027 a los 65 años, dos años antes de la edad legal (entonces 67), tendrá que haber cotizado 35 años y perderá hasta un 16% de pensión. También se sube dos años la jubilación parcial (a los 65 años en 2027), que permitirá ahora trabajar la mitad de jornada (antes hasta el 25%), con más cotización y más recorte de la media pensión.

Como “guinda” de esta reforma, se permite que los jubilados puedan seguir trabajando y cobrando la mitad de la pensión después de los 65 años (67 años en 2027), no a los que se prejubilen, a cambio de una baja cotización (6% la empresa y 2% el jubilado). Está bien, pero es “pura imagen” (para ingresar más cotizaciones), ya que bastantes problemas tienen los mayores para que no les despidan (para cambiarles por un joven por la tercera parte de sueldo) o encontrar un trabajo con más de 50 años como para encontrar un empleo jubilado.

Esta segunda reforma de las pensiones afecta a todos, porque retrasa dos años las prejubilaciones y baja su importe, pero sobre todo a los mayores de 55 años, un colectivo de 5.222.392 personas, de los que la mitad son inactivos (2.270.192) o están parados (530.700), con lo que son firmes candidatos a prejubilarse. Y ahora se les obliga a esperar dos años más (hasta los 65 en 2027) y tener 5 años más cotizados para pagarles hasta un 16% menos de pensión si se jubilan antes de los 67 años.

Además, el Gobierno Rajoy les ha hecho otro cambio: desde el 1 de abril, los futuros parados mayores  de 55 años (ahora hay 598.600 registrados)  no podrán cobrar el desempleo hasta la jubilación (426 euros al mes, que cobran ahora 347.000 parados +55 años) si tienen ingresos su mujer o un hijo menor de 26 años (+ 967 € al mes) o ambos (+725 € al mes cada uno).Un recorte que se suma a los dos recortes que les hizo el Gobierno en julio: subir este subsidio de 52 a 55 años (dejó fuera a 90.000) y cotizar por estos parados el mínimo (antes el 120% del mínimo), recortando así su futura pensión.

Con estas medidas, el Gobierno transforma a los mayores de 55 años en losni-ni-ni”: ni trabajo, ni desempleo (si tienen a un mileurista en casa), ni pensión (a esperar a los 65/67 años). En total, casi tres millones de españoles sin salida, que serían 6,2 millones de personas si bajamos el listón a los 50 años, una edad con la que las empresas ya no contratan.

Volviendo a las pensiones, los recortes no han acabado. El Gobierno va a crear un grupo de expertos para que preparen en 6 meses un catálogo de más reformas, como ha pedido Bruselas en febrero. Todo apunta a que este año habrá nuevas medidas. Por un lado, se suprimirá el revalorizar las pensiones con el IPC, como ya ha hecho Rajoy este año. Por otro, se podrían revisar los baremos de las futuras pensiones: exigencia de más años de cotización (ahora son 35) o más años de cómputo para calcular la pensión (ahora 25 y podría llegarse a toda la vida laboral). O adelantar cinco años la jubilación a los 67 años (prevista para 2027).Y en el futuro, retrasarla a los 68 o 69 años.

El problema de fondo es que las pensiones son una bomba de relojería, porque no salen las cuentas. Por un lado, crece la esperanza de vida (de 81 años ahora a 86,5 en 2048), con lo que las pensiones se van a duplicar (de las 9 millones actuales a 17 millones en 2050) y con ellas el gasto (del 10,1% del PIB al 13,7% en 2060), más que en el resto de Europa porque España es el país más envejecido. Y por otro, no crecerán igual los que trabajan y pagan las pensiones: hoy hay 3,4 personas en edad de trabajar (16-64 años) por cada pensionista (y sólo 1,9 trabajando), mientras en 2060 sólo habrá 1,6 activos por pensionista (y quizás 1,2 trabajando).

En definitiva: o aumentamos drásticamente el empleo o no habrá dinero para pagar las pensiones en el futuro y habrá que ir de recorte en recorte. La clave es reanimar la economía, recuperar los 3,5 millones de empleos perdidos y más, con un crecimiento basado en la industria, la tecnología y la exportación. Pero además, habrá que buscar nuevos ingresos para las pensiones, vía impuestos y más cotizaciones, porque si no, los recortes serán drásticos. No podemos conformarnos con repartir la miseria entre los pensionistas. Hay que aumentar el pastel, para que, tras una larga vida trabajando y cotizando, nos quede una pensión digna. Es lo mínimo.

domingo, 17 de marzo de 2013

Dependencia: entre los recortes y la privatización


Rajoy ha dinamitado la Dependencia, el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que ha ayudado ya a 1.400.000 ancianos y discapacitados: ha reducido a la mitad la aportación pública y ha permitido a las autonomías que hagan recortes drásticos en los servicios. Además, las autonomías (más las gobernadas por el PP) han optado por dos medidas privatizadoras. Una, subir el copago a los dependientes, del 16% actual al 40% y hasta el 90%. La otra, favorecer el cheque-servicio: dan un dinero (de 426 a 715 euros) para que las familias busquen una residencia o servicio privado. Una opción que crece imparable en Extremadura, Aragón, Castilla León y Galicia. Y alientan el miedo de que la Administración no puede pagar la Dependencia, para que las familias contraten seguros privados. Algo falso: se puede y se debe atender a ancianos y discapacitados. Pero hay que financiarlo bien.
enrique ortega

La Ley de Dependencia, en vigor desde enero de 2007, fue la niña bonita de Zapatero, que la aprobó en pleno boom y no se preocupó de financiarla bien. Pero nunca le gustó a Rajoy ni al PP, quizás porque su ideología no comulgaba con que el Estado se ocupara de ayudar a los 3 millones de ancianos y discapacitados dependientes (“para eso están su familia o la beneficencia, como siempre”). Por eso, el primer parón de la Ley se dio en mayo de 2011, cuando el PP copó la mayoría de autonomías. Y al llegar al Gobierno, Rajoy dinamitó la Ley en sólo ocho meses: en diciembre mismo dejó fuera (hasta julio de 2005) a los dependientes moderados (412.020 solicitudes), en marzo recortó 283 millones para la Dependencia (Presupuestos 2012) y el 13 de julio aprobó un decreto con más recortes que desmantelaba 14 artículos básicos de la Ley de Dependencia.

El cambio fundamental de Rajoy ha sido estrangular financieramente la Dependencia, recortando unos 1.000 millones del Estado entre 2012 y 2013. Con ello, la aportación del Estado se reduce a la mitad: del 39,2% en 2009 pasó a financiar el 21,4% en 2012, a costa de las autonomías (del 50.8% al 62,6%) y los dependientes (pagan del 10 al 16%). A cambio de darles menos recursos, el Gobierno permite a las autonomías que ellos recorten servicios y derechos, pero no tanto y de forma desigual. Así, en 2012, les quita 370 millones y les permite recortes por 305. Y además, recorta más a las autonomías que lo están haciendo mejor (Castilla y León, la Rioja, Madrid y Asturias) y menos a las que gestionan peor (Canarias, Baleares y Murcia), según el Observatorio de la Dependencia.

Con esta menor aportación del Estado central, aumenta más la desigualdad de atención entre unas autonomías y otras, ya importante. Las que lo hacían mal, suspendidas por el Observatorio de la Dependencia, acaban teniendo menos recursos y lo harán peor: Comunidad Valenciana (nota: 0,8 sobre 10), Canarias (2,1), Baleares (2,5) y Murcia (3,3). Y las que lo hacían bien (Castilla y León, con 9,2 de nota, Andalucía, 7,5 y País Vasco, 7,1), sufrirán más el recorte de fondos y tendrán que hacerlo peor. Y entre todas, recortarán otros 666 millones entre 2012 y 2013 (en total, -1.666 millones de gasto público en Dependencia).  

Desde agosto, las familias de los dependientes ya sufren los recortes de unos y otros. Por un lado, a los 423.000 cuidadores no profesionales de ancianos y discapacitados (la mayoría mujeres) ya no les paga el Estado la Seguridad Social (160 euros) y 150.000 se han dado de baja. Además, las autonomías les han recortado un 15% o más (Valencia un 70%) la paga que les daban por atender a dependientes (unos 400 euros, ahora 55 € menos al mes). Otros recortes afectan a la atención a los dependientes: se empeoran y reducen los servicios (sobre todo la ayuda a domicilio), no se permite más de un servicio por dependiente, se simplifican los baremos (de 6 a 3, lo que reduce las ayudas) y se endurecen los criterios (revisando incluso niveles), se permite retrasar hasta 2 años las ayudas sin generar atrasos y se sube el copago por todos los servicios.

Esta medida, subir el copago del 16% actual a una franja del 40 al 90% del coste de los servicios es la principal vía de privatización de la Dependencia. Las autonomías están decidiendo los porcentajes (tienen hasta junio), pero va a suponer un gran coste para la mayoría de las familias con dependientes, los que tengan rentas superiores a 532 euros al mes (contando la pensión y un 5% del valor de su vivienda). Un par de ejemplos. Un jubilado con 618 euros de pensión y una vivienda tasada en 90.000 euros pasará de pagar 462 euros por una residencia a 892. Y un jubilado con 900 euros que tenga 60 horas de ayuda a domicilio pasará de pagar 39 euros al mes a 244. Si no puede, lo pagará su familia cuando muera: si el copago es mayor que la pensión, el dependiente genera una deuda con la Administración que heredará su familia con cargo a la vivienda del dependiente.

Unas autonomías van a ser más duras con el copago y otras están pensando en otra vía de privatización: el cheque-servicio, un dinero que se da al dependiente (entre 426 y 715 euros al mes) para que él o su familia elijan con quien contratan el servicio (residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia). Con ello, la autonomía se quita el problema de tener que ofrecer servicios (públicos o concertados) e invertir en centros y plantillas. Esta modalidad, llamada “prestación económica vinculada al servicio”, está en la Ley, pero era marginal. En los últimos meses, su importancia se ha disparado en cuatro autonomías del PP: Extremadura, Castilla y León, Aragón y Galicia (en las tres primeras, era ya en febrero la segunda prestación).

Este cheque-servicio, denunciado ya por Andalucía y Asturias, tiene dos problemas: uno: que no son las familias las que eligen residencia, sino las residencias quien eligen dependiente (el que pueda pagar más servicios). Y dos, que si la dependencia se convierte en un negocio, ¿quién atenderá a los dependientes de las zonas rurales, donde hay menos demanda y ancianos o discapacitados con menos recursos?. Acabaríamos con una Dependencia dual: privada para ricos (de ciudad) y pública para pobres (y de campo).  

Lo que está claro es que la Dependencia, tal como está financiada, está tocada de muerte y condenada a los recortes y a las listas de espera. A finales de febrero, casi un millón de dependientes (983.154) tenía reconocida una prestación, pero sólo 755.374 recibían ayuda (sólo un 13,18% para una residencia, un 13,07% para ayuda a domicilio, el 6,96% para centros de día, un 13,37% para teleasistencia y la mayoría, el 54,4% reciben una ayuda económica, más barata que una residencia o un servicio). Los demás, 227.780 dependientes están a la espera de recibir ayuda, aunque la tienen reconocida. La mitad tienen más de 80 años y muchos se mueren antes de que les llegue.

Con este panorama, muchos alientan el temor de que la Dependencia (como las pensiones) no se pueda pagar. Y con ello, las aseguradoras están lanzando seguros privados de dependencia, caros y poco útiles para dependientes (sólo valen para los sanos). La solución no es privatizar la dependencia, sino financiarla bien. Se puede: costó 6.750 millones en 2012, muy lejos del coste de las pensiones (121.556 millones) o la sanidad (88.828 millones). Y se debe: tenemos una deuda con nuestros mayores y discapacitados, además de ser uno de los sectores con más potencial de crecimiento y empleo.

Para financiarla bien, primero hay que apuntalarla, con un crédito extraordinario que recupere los 2.000 millones perdidos desde 2011 (el Gobierno acaba de aprobar uno de 2.200 millones para tapar el agujero eléctrico). Luego, buscar ingresos estables y suficientes, vía impuestos o recargo en las cotizaciones, para hacer frente a un gasto que se va a disparar: en 2050 habrá 15 millones de ancianos, el doble que ahora, y un 46% necesitarán atención, según el CSIC, con lo que habrá 7 millones de dependientes. Y algo tendremos que pagar con nuestros ahorros, por lo que debe mejorar el trato a los planes de pensiones privados.

Algo hay que hacer y ya, para hacer frente a un grave problema que no se resuelve ni con recortes ni con privatizaciones. Tras toda una vida, no podemos dejar tirados a nuestros mayores: ayudarles es una prioridad de todos. No miremos para otro lado.