El Gobierno desmantela los Ayuntamientos

Este mes de septiembre se inicia en el Congreso el debate de la reforma de los Ayuntamientos, que aprobó de tapadillo el último Consejo de Ministros de julio, tras casi un año de pelea del Gobierno con sus propios alcaldes y las críticas de toda la oposición, que la recurrirán al Constitucional. Se trata de quitar competencias a los municipios y pasárselas a las autonomías y Diputaciones, que ganan poder. Y recortar gastos, quitando el sueldo a los alcaldes de los pueblos pequeños y al 82% de los concejales, recortando personal contratado y privatizando servicios, como el abastecimiento de agua. En la práctica, supone desmantelar la mayoría de servicios que hoy prestan los Ayuntamientos, sobre todo servicios sociales, guarderías, centros de salud y residencias de ancianos, con el temor de que luego no los preste nadie. Se recorta la administración municipal en beneficio de autonomías y empresas privadas. Y eso cuando el gasto municipal en España es el más bajo de Europa. Otro recorte del Gobierno Rajoy, pero este de gran calado social.

enrique ortega

En España hay 8.116 Ayuntamientos, la mayoría en pueblos muy pequeños (83% tienen menos de 5.000 habitantes y el 60% menos de 1.000). Con el boom del ladrillo, la mayoría multiplicaron sus ingresos y sus servicios, desde centros culturales y polideportivos a residencias de ancianos, centros de salud o servicios sociales. Pero con la crisis, sus ingresos cayeron en picado mientras han tenido que hacer frente a más gastos: son la administración más cercana y 8 millones de españoles les piden ayuda cada año. El resultado es que la mitad de los municipios están medio quebrados, con problemas para pagar sus nóminas y facturas, más 35.290 millones de deuda (747 € por habitante). Y han tratado de hacer frente a su grave situación recortando servicios y multiplicando tasas e impuestos municipales.

El Gobierno se agarra a esta crisis para justificar su drástica reforma, argumentando que 4.000 Ayuntamientos son inviables, porque no tienen vecinos suficientes para pagar sus servicios. Y aseguran que un pueblo pequeño (menos 5.000 habitantes) paga el triple por habitante por el servicio de agua o basuras que uno de más de 100.000. En consecuencia, la reforma municipal del Gobierno Rajoy busca recortar costes municipales quitando competencias a los Ayuntamientos, para que las presten las autonomías o las Diputaciones.

Por un lado, la reforma de la Ley de Régimen Local de 1986 quita a los Ayuntamientos los servicios que llama “impropios”, aquellos que creen que no deben prestar y que suponen un 25% de sus Presupuestos (13.223 millones según el IEF) : servicios sociales, sanidad, educación y vivienda, básicamente. En 6 meses, la inspección sanitaria municipal (mataderos, industrias alimentarias) pasará a las autonomías. En un año, los servicios sociales: ayuda a domicilio, apoyo a las familias, ayuda a la infancia, integración extranjeros, políticas de igualdad, residencias de mayores, pisos tutelados… Y en cinco años, tendrán que traspasar los servicios sanitarios, desde la atención urgente (SAMUR) a los Centros de Salud municipales o Centros de día para ancianos. Sólo podrán seguir prestando estos servicios los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes si se los financian las autonomías (todas sin liquidez).

Las competencias “propias” que les quedarían (basuras, abastecimiento de agua, viales, protección civil, salud pública, cementerios y algo de deporte, cultura y turismo) tampoco las tienen aseguradas. En tres meses, la futura Ley obliga a los Ayuntamientos a publicar lo que les cuestan estos servicios. Si su coste está por encima de la media, se les obliga a los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes (el 92%) a traspasar estos servicios a las Diputaciones provinciales, que los prestarán con medios propios o más bien, sacando a subasta los servicios (privatizando su gestión). Y a cambio, las Diputaciones serán las que fijen los precios y tasas que pagarán los vecinos por estos servicios (a  la larga, más caros).

Menos competencias para los futuros Ayuntamientos, a los que se impone varios recortes de costes. Por un lado, los alcaldes de municipios menores de 1.000 habitantes (hay 4.873) dejan de cobrar, se rebajan los sueldos de la mayoría (baremo según población) y se suprime el sueldo para el 82% de los concejales (56.077 de los 68.285 concejales sólo cobrarán dietas). Por otro, se limitará el personal eventual de los Ayuntamientos, con lo que podrían quedar sin trabajo un tercio de los 334.500 contratados actuales. Además, se reducirán a la mitad las 1.134 empresas municipales, lo que multiplicará la privatización de servicios como el abastecimiento de aguas, aparcamientos o transportes. Y se suprimirán la mayoría de las 3.720 entidades locales menores, las pedanías rurales (de 10 a 200 vecinos) que tienen mucho peso en Castilla y León o Asturias (propietarias de muchos montes vecinales) y que ahora pasarán a ser controladas por Ayuntamientos o Diputaciones. Y como guinda, se ahorrarán 815 millones limitando el complemento específico y de productividad que cobran la mayoría de empleados municipales (a veces suponen la mitad del sueldo).

Con todas estas medidas, el Gobierno calcula que pueden ahorrarse 8.024 millones entre 2013 y 2019. Además de quitarles competencias, va a vigilar con lupa a los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes: estarán “bajo vigilancia” y  podrán ser intervenidos por el Gobierno si no controlan sus cuentas o su deuda.

La reforma ha sido criticada por muchos alcaldes del PP (pierden poder y competencias), sindicatos y toda la oposición, anunciando el PSOE un recurso ante el Constitucional. Y tanto Cataluña como el País Vasco amenazan con no aplicarla y aprobar una Ley propia para sus municipios. Quien sale claramente ganando son las Diputaciones: suman competencias y poder, a pesar de que no son elegidas directamente por los vecinos (sino por los alcaldes), con lo que será más difícil pedirles cuentas de su gestión, como ha dicho el Consejo de Estado.

El mayor problema que plantea esta reforma local, que entrará en vigor en 2014 y sobre todo en 2015, es que se desmantelan parcialmente los Ayuntamientos sin asegurar quién y cómo va a prestar sus servicios, sobre todo los servicios sociales, que hoy reciben 2,6 millones de españoles (648.738 reciben ayuda a domicilio, 519.046 servicios de apoyo a las familias y el resto son pobres, ancianos, mujeres y niños atendidos por los servicios sociales municipales). Y luego están las guarderías municipales, los centros de salud o de atención a ancianos o las urgencias tipo SAMUR. Teóricamente, estos servicios los prestarán las autonomías, pero no se sabe cómo, ya que todas están con recortes. Para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, atender lo que hoy hacen los Ayuntamientos, le supondría 1.000 millones de gasto extra al año. El temor: que una parte de estos servicios se pierdan y otros se ofrezcan con recortes o mediante la privatización de algunos servicios. En definitiva, peor.

Por todo ello, esta reforma municipal puede encubrir otro gran recorte social, al privar de servicios de primera línea, muy cercanos a los ciudadanos. La otra vía de reforma hubiera sido, en vez de suprimir y recortar servicios, dotar a los Ayuntamientos de más recursos, ya que España es el país de Europa con menos peso del gasto local: un 13% (51% el Estado y 36% las autonomías) frente al 15% de media en Europa, el 14,2% en Alemania, el 17,8% en Francia o el 27,7% en Reino Unido. Y también los municipios europeos tienen más peso que los españoles en los gastos de protección social (28% media UE frente al 8% en España) o en educación (21% media UE, 31% en Reino Unido o 16% en Alemania frente al 3% en España).

En definitiva, frente a desmantelar los Ayuntamientos, la opción europea sería dotarles de más recursos, para que presten los actuales servicios y más, porque es la administración más próxima al ciudadano. Para eso, necesitarían contar con más recursos estatales, para no tener que asfixiarnos a los vecinos con más tasas e impuestos. Y eso supone que reciban fondos que hoy van al estado y las autonomías. Más poder municipal y menos autonómico y central. Una batalla que los Ayuntamientos han perdido estrepitosamente. Y nosotros con ellos.