Sin medios contra los delitos económicos

Las denuncias particulares, la prensa, fiscales y jueces siguen destapando numerosos delitos económicos y una imparable corrupción política, la tercera preocupación de los españoles (tras el paro y la crisis). Pero los juzgados y la policía no dan abasto y han pedido públicamente más medios. Un ejemplo: Pablo Ruz, uno de los seis jueces de la Audiencia Nacional, lleva más de 3.000 causas económicas, con millones de folios. Y los dos fiscales del caso Bankia se enfrentan casi solos a 33 bufetes de abogados. Hacen falta más jueces, más policías, más peritos y más medios en los Juzgados para luchar contra la corrupción y la delincuencia económica, muy compleja y poderosa. Y establecer controles eficaces en las empresas y en la Administración. No puede ser que, mientras la mayoría se sacrifica, los delincuentes de guante blanco se vayan de rositas. Control, transparencia y sentencias ejemplares ya.

enrique ortega

Los delitos económicos aumentaron en España un 38% entre 2009 y 2011 y crecerán otro tanto estos dos últimos años, según un estudio de la auditora PwC. Casi la mitad de las empresas españolas (un 47%) reconoce haber sufrido algún delito económico o informático en 2011 (34,5% en 2010), un porcentaje mayor que en Europa (30% empresas), según la encuesta mundial realizada por PwC. Los delitos económicos más frecuentes son apropiación indebida (47%), manipulación contable (29%: se ha duplicado con la crisis), fraude fiscal (9%) y delitos informáticos (3%), los que más crecen. En España, la mayoría de estos delitos se cometen dentro de las empresas (81%, frente al 50% en Europa), sobre todo por los altos ejecutivos (61% de los casos), mientras tiene poco peso la delincuencia externa a las empresas (17,5% en España y 45% en Europa).

El otro frente es la corrupción política, con más de 500 casos abiertos en los juzgados y 300 políticos electos imputados. La policía investiga actualmente 171 casos de corrupción (59 la Policía Nacional y 122 la Guardia Civil), según el ministro del Interior, con 1.110 personas investigadas y 311 detenciones (sólo la Policía). España es el país de Europa occidental con más corrupción en el sector público: ocupa el lugar 30 en el ranking de Transparencia Internacional, sólo por detrás de Portugal (puesto 33) e Italia (72). Y la corrupción y el fraude se han convertido, desde febrero, en la tercera preocupación de los españoles (30,7%), tras el paro y la crisis económica, según el Barómetro del CIS de mayo.

La crisis financiera, y en especial la reconversión de las Cajas de Ahorros en 2011 y 2012, ha supuesto un salto en la delincuencia económica: unos 100 directivos, de 21 de las 45 antiguas Cajas, están imputados en distintos procesos, por los presuntos delitos de operaciones fraudulentas para beneficio propio, indemnizaciones y jubilaciones millonarias o fallidas salidas a Bolsa. La Audiencia Nacional lleva los grandes procesos: Bankia (33 imputados), Banca Cívica (15), CAM (han declarado 30 ex directivos), NovaCaixa Galicia (5 imputados), Caixa Penedés (3) y Banco de Valencia (10 imputados). Además, numerosos juzgados provinciales tienen causas abiertas sobre la CAN, CAM, NovaCaixa Galicia, Caixa Penedés, el crédito de Caja Madrid que ha llevado a la cárcel a Díaz Ferrán (Marsans) y el caso Blesa (ex presidente Caja Madrid), que ha vuelto a la cárcel.

Junto a estos procesos financieros, la Audiencia Nacional tiene abiertos otros viejos procesos económicos: Eurobank (quebró en 2004), Nueva Rumasa, SGAE, Fórum Filatélico y Afinsa (los dos, con 500.000 ahorradores afectados). Y siguen entrando nuevos, el último Pescanova: están imputados su expresidente y tres ex directivos por falseamiento de cuentas, ocultación de deuda y manipulación de acciones. Precisamente, por intento de manipular acciones del Popular, la Fiscalía pide 2 años de cárcel para el empresario Trinitario Casanova. La CNMV reconoce que cada año recibe más de 100 denuncias de manipulación de precios en Bolsa, la última con las acciones de Bankia en este mes de mayo tras la reciente ampliación.

Y luego están los delitos informáticos, el cibercrimen, que crece sin parar, no sólo en banca (phishing, robo de claves) sino con ataques a empresas. Y otros nuevos delitos, como el amaño de partidos (se investiga el partido Levante-Deportivo), un problema con tal entidad (por el auge del juego online) que la Interpol, FIFA y UEFA han creado brigadas especializadas en Europa para investigarlo (en febrero denunció el amaño de 380 partidos en 15 países).

La crisis y las nuevas tecnologías han disparado los delitos económicos, mientras se destapa la corrupción ligada al boom. El problema es que la Justicia está colapsada. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido en mayo refuerzos, nuevos Fiscales (tiene sólo unos 100, para miles de causas), pero Justicia no se los da  e incluso está despidiendo a los fiscales sustitutos (300 de los 2.400 Fiscales de toda España). Los jueces de la Audiencia Nacional (son 6) también pidieron refuerzos en enero. Baste decir que el juez Pablo Ruz, que lleva el caso Gürtel, acumulaba en 2011 (según Memoria AN) unas 3.000 causas por delitos económicos, con 1,5 millones de folios. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho un informe demoledor: los tribunales tienen abiertos 1.661 causas complejas por delitos económicos y corrupción, de los que 512 son macroprocesos muy complejos, sobre todo en la Audiencia Nacional (77), Andalucía (115), Cataluña (87) y Comunidad Valenciana (80). Y piden a Justicia más medios: 64 nuevos jueces, 18 secretarios judiciales, 150 funcionarios y más ayuda de Hacienda y la Policía.

Precisamente, otro problema es que también está colapsada la Agencia Tributaria y la Policía judicial, que no dan abasto para hacer los informes que les piden los jueces. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UEDF) de la Policía Judicial, unos 300 agentes en Madrid, ya ha denunciado que está superada y están desviando casos a policías provinciales no especializados. Y en el caso de Bankia y algunas Cajas, los jueces, el Gobierno y el Banco de España están recurriendo a peritos privados (más de 120 auditores) porque los juzgados no tienen apenas peritos especializados.

Consecuencias de la falta de medios: los procesos se retrasan (con riesgo de que prescriban) y aumentan las posibilidades de sumarios con errores o con investigaciones incompletas, en beneficio de los procesados. En el caso Bankia, los dos fiscales trabajan casi solos frente a una legión de abogados de los 33 imputados. Y en el caso Banca Cívica, un fiscal frente a 15 imputados. Y los 6 jueces de la Audiencia Nacional no pueden físicamente atender a 77 macroprocesos. Esto lo saben los delincuentes y mafias internacionales, que ven España como un paraíso para delinquir. Además, la escasez de fiscales impide que tengan iniciativa para abrir nuevos casos: la mayoría de los delitos se están investigando por denuncias particulares o populares (UPyD en el caso Bankia y Banca Cívica) o de medios de comunicación.

Hacen falta más medios contra la corrupción y la delincuencia económica, pero también más control de las empresas y el sector público. Habría que ser más riguroso con los auditores (las Cajas intervenidas estaban auditadas) y aplicar sanciones ejemplares (la primera auditora del mundo, Arthur Andersen, desapareció tras los engaños contables de Enron). Y exigir a las empresas más transparencia y unas cuentas más rigurosas, mejor vigiladas por la CNMV (caso Pescanova), que debe aplicar multas más rigurosas (son ridículas) por la manipulación en Bolsa. En la Administración, dar más autonomía a los interventores y más medios y poder al Tribunal de Cuentas, que no pinta casi nada, con ayuda de la Ley de Transparencia, que sin medios, no será efectiva.

En un país donde se piden tantos sacrificios a la mayoría, habría que ser especialmente beligerante con la corrupción y los delincuentes de guante blanco, con más normas, más controles y más medios para jueces y policías. Y con sentencias ejemplares: sólo hay un empresario(Díaz Ferrán) y un banquero (Blesa) provisionalmente en las cárcel (llena de delincuentes de poca monta). Quien la hace, a costa de llevarse dinero de Cajas, ahorradores, inversores, empresas o contribuyentes, la debe pagar especialmente. Es lo justo.