domingo, 5 de mayo de 2013

Tregua en las "guerras" del agua


El Gobierno ha llegado a un pacto con tres autonomías que controla (Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia) para prorrogar hasta 2027 el trasvase Tajo-Segura, una de nuestras enconadas “guerras del agua”. Y antes del verano quiere conseguir otro pacto sobre el Ebro, muy difícil. Dos treguas (hasta la próxima sequía), presionados por Bruselas, que ha llevado a España a los Tribunales comunitarios por no tener Planes para los 25 ríos españoles y porque un 17% de ciudades no depuran sus aguas residuales. Todo ello revela una desastrosa gestión del agua, en un país con sequías crecientes, agravadas por el cambio climático, y donde la mitad de las aguas están deterioradas o contaminadas. Hay que recortar el consumo (el ministro Cañete dice que da ejemplo "duchándose con agua fría"), reutilizar y depurar más, subir tarifas y hacer una gestión sostenible del agua, con solidaridad entre los que más tienen y los que menos. Porque sin agua no hay futuro.
enrique ortega

Con lluvias (como este invierno) o con sequía (como en 2011 y 2012), España tiene un serio problema de agua. Primero, porque vivimos en un clima mediterráneo donde grandes zonas reciben menos de 200 milímetros de agua dulce al año, cuando la demanda es entre tres y diez veces mayor. Y la lluvia recibida se ha reducido un 5% en los últimos 20 años. Segundo, porque somos más vulnerables al cambio climático: una subida de 2º C en las temperaturas aumenta la evaporación del agua y el consumo agrícola, causando que los ríos hayan perdido un 30% del caudal en los últimos treinta años. Y tercero, porque más de la mitad de las aguas españolas están en mal estado, según la Fundación Nueva Cultura del Agua y WWF: se han perdido el 60% de los humedales, hay 510.000 pozos ilegales y 88 acuíferos sobreexplotados, 10.000 vertidos industriales a los ríos y sólo depuramos el 83% de las aguas residuales.

Poca agua y de mala calidad, con unos ríos maltratados por el riego, las industrias, el consumo y la contaminación. Por eso, la Comisión Europea lleva pidiendo a España, desde 2009, que gestione mejor los ríos, aprobando Planes de cuenca. Pero como si nada: el Gobierno Zapatero, agobiado por las guerras entre autonomías, no lo hizo y en junio de 2011, Bruselas denunció a España ante el Tribunal de Luxemburgo, añadiendo que si 14 estados europeos se habían puesto de acuerdo sobre el Danubio, aquí debía ser más fácil. Cuando el ministro Cañete llegó al Ministerio, sólo encontró un Plan de cuenca (distrito fluvial de Cataluña) de los 25 que debían haberse aprobado. Y se puso a la tarea, empezando por los ríos menos conflictivos. En octubre de 2012, el Tribunal europeo condena a España (habrá multas) y en noviembre, el comisario europeo de Medio Ambiente visita Madrid y da otro toque: hay que aprobar los Planes de todos los ríos ya.

En enero de 2013, el ministro Cañete convoca en Toledo a los tres barones implicados en el trasvase Tajo-Segura (Cospedal, Fabra y Valcárcel) y cierra en marzo un pacto que intenta contentar a todos: aumenta el agua de reserva para Castilla la Mancha (en embalses de Entrepeñas y Buendía), mantiene el caudal del Tajo en Aranjuez Toledo y Talavera y a cambio, Murcia y Alicante (2,5 millones de personas y 70.000 regantes) se aseguran el trasvase de agua (menos) si hace falta, hasta 2027, pudiendo incluso comprar derechos de agua a los castellano-manchegos. Una componenda que funcionará mientras no haya sequía.

Ahora, tras haber aprobado en marzo el Plan del Duero, el Gobierno quiere conseguir, antes del verano, otro pacto político para el Ebro, entre Aragón y Cataluña y Levante, que no parece fácil. Por un lado, el PP gobierna en Aragón con el PAR, que es “anti trasvase”. Y por otro, también hay pelea entre Aragón y Cataluña por el uso interno de las aguas del Ebro.

El Gobierno quiere tener aprobados los 25 Planes de cuenca para fin de año, como ha prometido a Bruselas. Y luego, pactar con las autonomías un Plan Nacional del Agua, la base de un nuevo Plan Hidrológico Nacional (el último lo aprobó Aznar en 2001). Ahora lo tendrá más fácil, porque el PP controla 11 de las 17 autonomías y porque no hay sequía. Pero hacer una política de agua coherente y sostenible no será fácil, porque España tiene un grave problema  de estrés hídrico (falta agua) que se va a agravar: el caudal de los ríos  mediterráneos se reducirá un 30% de aquí a 2050. Habrá que repartir la escasez.

Lo más urgente es reducir el consumo, más quien más agua gasta: el 77,87% lo consume la agricultura (INE 2010) y el resto es para abastecimiento urbano (71% lo gastan los hogares, un 20% las industrias, turismo y comercio y el resto los municipios). Pero hay un 17,5% del agua que se pierde (un tercio del consumo hogares), por fugas, roturas y averías (en Holanda es sólo el 5%), porque las redes de abastecimiento son viejas y no se invierte.

Además, hay que aumentar la reutilización y depuración de aguas (aunque depurar dos veces el mismo litro de agua cueste hasta 40 veces su precio inicial). Y aquí, España viene incumpliendo desde 2000 la normativa europea que obliga a depurar las aguas residuales. Bruselas nos ha apercibido varias veces, nos ha llevado al Tribunal de Luxemburgo, nos ha abierto expedientes y aún hoy quedan un 17% de aguas residuales sin depurar, en 23 ciudades de más de 15.000 habitantes (entre ellas, Gijón, Santiago, Vigo o Nerja, con depuradoras en construcción que no funcionarán hasta 2015), otras 39 de más de 10.000 y 912 pueblos de más de 2.000 (300 en Andalucía). La patronal estima que habría que invertir 1.000 millones al año para depurar bien (y sólo hay recortes).

Otra fuente de agua son las desaladoras, que el Gobierno ZP lanzó en 2004, tras anular el trasvase del Ebro y para paliar la grave sequía en Levante. Hay 17 en explotación y 15 en construcción, se han invertido 1.664 millones (la mayoría, de la UE) y Bruselas nos ha dado otro préstamo de 450 millones para acabarlas. El problema es que no se usan (funcionan al 16,45% de capacidad y aportan un 3,3% del agua que consumimos), porque ahora hay menos demanda (ha pinchado la burbuja inmobiliaria en Levante) y porque su precio es caro: entre 6 y 10 veces el del resto del agua, por culpa de la fuerte subida de la luz (70% costes). Pero las desaladoras son un seguro in extremis, que ya el verano pasado evitaron un grave problema de suministro en Murcia y Alicante al averiarse el trasvase Tajo Segura.

La clave es ahorrar agua, reducir el consumo (el ministro Cañete da ejemplo y dice que "se ducha con agua fría"), con planes y ayudas para la agricultura, el turismo y la industria (muy hipotecados por el agua, porque consumen de pozos y aguas subterráneas muy agotados), junto a una subida de tarifas del agua, para disuadir el consumo y financiar inversiones. De hecho, el precio del agua a los hogares en España es la mitad que en Europa: 2,76 € por m3 frente a 5,55 € en Reino Unido, 5,92 € en Francia o 6,96 € en Alemania, según Global Water Intelligence. Y una familia española paga 80 euros por habitante al año en agua frente a  400 euros en móviles, por ejemplo.

El agua es un bien escaso en todo el mundo, más que el petróleo, y la demanda superará en 40 veces la oferta para 2030, según el Foro Económico Mundial. Y España es aún más vulnerable, por ser un país mediterráneo y por la desastrosa gestión del agua en las últimas décadas. Hay que alcanzar un Pacto del Agua (no componendas políticas) para reducir el consumo, subir tarifas, recuperar acuíferos, reutilizar y depurar, sanear las cuencas y hacer una gestión sostenible y solidaria del agua. Porque sin agua no tenemos futuro.

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