El Gobierno impone su reforma educativa

Tras ocho meses de consultas inútiles, el Gobierno ha enviado al Congreso la misma reforma educativa que aprobó en septiembre, la séptima de la democracia. Entrará en vigor el curso 2014-2015, con la oposición de los demás partidos, varias autonomías y la mayoría de los profesionales de la enseñanza, desde rectores a profesores, padres y estudiantes. La Ley Wert pretende reducir el abandono escolar haciendo que los peores alumnos vayan antes a Formación Profesional y los “buenos” sigan Bachillerato y a la Universidad. Y fomentar la competencia: habrá colegios e Institutos de primera (concertados), que seleccionarán a los mejores alumnos, y otros de segunda (públicos) con los peores. Una enseñanza dual, con menos asignaturas y menos recursos: tras los 6.700 millones recortados desde 2010, Rajoy ha prometido a Bruselas (para recortar el déficit) gastar aún menos en educación hasta 2015. Más segregación, más desigualdades y menos recursos, un cocktail suicida.
 

enrique ortega

Con la democracia, cada Gobierno ha llegado con su reforma educativa bajo el brazo. Primero fue Suarez, con la LOECE (1980), que derogaba la LGE franquista de 1970. Luego, el primer gobierno de Felipe González aprueba la LODE (1985), que incorpora los colegios concertados, después la LOGSE (1990), que amplía la enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años, rematada por la LOPEG (1995). Aznar aprueba en 2002 la LOCE (sólo con los votos del PP y CC), que apenas entra en vigor, porque Zapatero la anula en mayo de 2004 (con un decreto) y aprueba en 2006 la LOE (con los únicos votos en contra del PP). Ahora, Rajoy recupera mucho de la reforma frustrada de Aznar con la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), que cuenta con el rechazo de todos los partidos salvo el PP.

El gran objetivo de la Ley Wert es reducir el abandono escolar, ahora en el 24,9% (el doble que en Europa), y bajarlo al 15% en 2020. Para ello, anticipa una puerta de salida a los peores alumnos: la Formación Profesional (FP). Si hoy los alumnos eligen su futuro (Bachillerato o FP) a los 16 años, ahora la Ley permite que los “malos alumnos” puedan acceder a los 15 años a una FP básica, de dos años, con lo que saldrían a los 17 con un pequeño título, como aprendices, para trabajar (en mini-jobs). Además, se adelanta a 2º de la ESO las vías alternativas para dirigir a FP a los alumnos con dificultades, con itinerarios muy cerrados, que dificultan volver a Bachiller y optar en el futuro a la Universidad.

Otro cambio clave: se reducen las asignaturas, centrando horarios y profesores (recortados) en Lengua, Matemáticas y Ciencias y reduciendo la educación artística y cultural (asignaturas que “distraen”, según Wert). Eso sí, cobra más peso la asignatura de Religión : contará como las demás (para medias y becas) y se impone como alternativa una asignatura fuerte (Valores culturales y sociales) para disuadir a los que no la quieran elegir. Y se suprime, también por presión de la Iglesia, la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Cambio de programas y un proceso de evaluación constante: habrá cuatro reválidas, dos en primaria (3º y 6º, sin consecuencias académicas), otra al terminar la ESO (16 años), distinta para los que quieran hacer Bachillerato y FP, y una cuarta al terminar el Bachillerato (la FP no tiene reválida, otra prueba de cómo se devalúa). Teóricamente, esta prueba sustituye a la Selectividad, pero la Ley permite a las Universidades que hagan pruebas de acceso, que aún no se sabe si será general o sólo para las carreras más solicitadas. En resumen, prueba tras prueba, que convertirá a los centros en “academias para pasar las evaluaciones”, con una enseñanza dirigida a superar estas pruebas y no a la formación integral de los alumnos. Y el riesgo de aumentar el fracaso escolar.

Cuarto cambio clave: el Ministerio quiere poner a los centros “a competir”, con la promesa de dar más recursos a los que mejor resultados tengan. El riesgo es que haya colegios e Institutos que seleccionen a los alumnos (la nota contará un 20% en el acceso) para Bachillerato y FP, dejando fuera a los “malos”, que acabarán en centros públicos, después con menos recursos porque tendrán peores resultados que los concertados, los más favorecidos con esta reforma. De hecho, España es ya hoy el país occidental con menor peso de la educación pública : 67,8% en la ESO frente al 85,8% en la OCDE (91,1% en Alemania y 78,2% en Francia) o 77,5% en secundaria postobligatoria, frente al 81,2% en la OCDE (92,5% en Alemania).

Hay más cambios polémicos. Uno, que padres y profesores pierden poder de decisión en la elección del director de los centros (del 60% actual al 30% votos) y no decidirán apenas sobre presupuestos, proyectos educativos y proceso selección de alumnos, dando más poder a los directores para cambiar a los profesores incluso de centro. Dos, que el Ministerio fijará los temarios de las asignaturas importantes, dejando a las autonomías sólo las secundarias (pero controlando también qué avalúan y cómo). Además, obliga a las autonomías a asegurar la enseñanza en castellano y a pagar los estudios en un centro privado si no hay uno público o concertado que lo haga. Y se asegura la subvención pública a los colegios concertados que separen a los alumnos por sexo, 70 centros en toda España, la mayoría del Opus Dei.

El rechazo a esta Ley Wert ha sido unánime, desde los sindicatos de la enseñanza, alumnos, asociaciones de padres, rectores y Universidades, expertos, autonomías (Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias) y todos los partidos, salvo el PP. Incluso el Consejo de Estado ha pedido cambios y consensuar la reforma, tras criticar que no incluya una Memoria económica. El Gobierno dice que costará 408 millones al Estado en tres años y hasta 927 millones a las autonomías, las encargadas de poner en marcha estos cambios (en el curso 2014-2015) y pagarlos en el futuro. Y creen que su coste será elevado y no podrán financiarlo.

Una reforma polémica y sin recursos, cuando el mayor problema de la enseñanza hoy es la falta de medios tras los recortes: 6.700 millones menos de presupuesto desde 2010 y unos 60.000 profesores menos, a pesar de que hay más alumnos. España dedica menos gasto público a la educación que el resto de Europa (4,7% en 2011 frente al 5,3% en la UE-27), mientras muchos países lo aumentan (Francia va a contratar a 60.000 nuevos profesores). Y lo peor es que Rajoy, para recortar el déficit, ha prometido a Bruselas seguir recortando el gasto en educación: del 5,01 % del PIB en 2009 al 3,9% en 2015. Y eso, a pesar de ser el país con el doble de paro juvenil (57,22%) que Europa.

La enseñanza en España se ha deteriorado mucho y es claramente mejorable. El problema de la reforma educativa de Rajoy-Wert es su ideología conservadora: creen que la educación es un bien para los que lo merecen (excelencia) y no para todos (equidad), por lo que apuestan por volcarse en ”los que se esfuerzan” y no en los que “no quieren estudiar” o “no tienen capacidades”. Es una filosofía segregadora, que no cree en la educación para integrar y formar a todos. Y que apuesta por resultados medibles por evaluaciones más que en una formación integral de los jóvenes para el futuro. Optan por EEUU (salvar a los mejores) frente a Finlandia (recuperar a los peores). Y por eso, han pegado un tajo, en 2012 y más en 2013, a las clases de refuerzo, los desdobles y las tutorías, en perjuicio de los alumnos con problemas.

La educación es demasiado importante para que cada partido imponga su visión ideológica, en contra de los que saben, profesores y expertos. Hay que pactar los cambios y conseguir más dinero y más profesores, no más recortes. Educar a todos, sin segregar a los peores alumnos y a los centros públicos, con una enseñanza de calidad accesible para todos. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y la salida de la crisis. Demasiado.