miércoles, 17 de abril de 2013

Vivienda: escasas ayudas alquiler y rehabilitación


El Gobierno acaba de aprobar el Plan de Vivienda 2013-2016, centrado en el alquiler y la rehabilitación, sólo quince meses después de haber recuperado las desgravaciones a la compra de vivienda, que suprimieron en enero de este año por exigencia del déficit y de Bruselas. Un cambio drástico, muy positivo, que esconde un problema: el Plan de Vivienda nace con pocos fondos, sólo 577 millones al año, la décima parte de lo que se gasta en Defensa o la mitad que en Justicia. Y con unas subvenciones al alquiler que son menos de la mitad de las que se llevan las autopistas y 250 veces menores que las últimas ayudas a las Cajas nacionalizadas. Una oportunidad perdida, porque el alquiler y la rehabilitación podrían ayudar a recuperar la construcción (que ha perdido 1,7 millones de empleos) , reanimar la economía y dar una salida a los jóvenes, más de la mitad viviendo con sus padres.
enrique ortega

El Gobierno Rajoy entró, en su primer Consejo de diciembre de 2011, por el viejo camino de apoyar la compra de viviendas, recuperando para 2012 la desgravación fiscal que había quitado Zapatero en enero 2011 y manteniendo el IVA superreducido del 4%, dos medidas que habían criticado muchas veces la Comisión Europea y el FMI, porque alimentaron la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento. Luego, la presión de Bruselas y la exigencia de recortar gastos les llevaron a quitar ambas ayudas, con fecha 1 de enero 2013. Y ahora, el Gobierno ha hecho de la necesidad virtud, cambiando su política de vivienda y centrándola en el alquiler y la rehabilitación, no en la compra (sólo mantiene la subvención de intereses a 250.000 compradores de viviendas protegidas).

En principio, apoyar el alquiler y la rehabilitación suena bien, pero el Plan de Vivienda 2013-2016 tiene un problema en origen: le faltan fondos. Su dotación es 2.311 millones en cuatro años, 577 millones de euros al año para la política de vivienda, una cantidad ridícula si se la compara con los 6.000 millones que destinó Rajoy a ayudas para la compra de vivienda en 2012 (desgravaciones e IVA). Y una cifra insignificante si se compara con el Presupuesto de Defensa (5.786 millones), Justicia (1.542) o Cultura (721,7 millones), con las subvenciones al transporte (1.178 millones), a los aeropuertos (847,4), a las autopistas (400 millones), a las eléctricas (2.200) o el último rescate a las Cajas nacionalizadas (40.000 millones).

La mayor parte del escaso presupuesto del Plan de Vivienda 2013-2016 se dedica a promover el alquiler :1.500 millones (375 al año), aunque se suprimen las ayudas a los promotores de alquileres sociales. Una cifra ridícula para superar el gran bache de España en alquiler, porque somos un país de propietarios: sólo un 17% de españoles viven en alquiler (83% en propiedad) frente al 38% en Europa (47% en Alemania). Con un país en recesión y 6 millones de parados, el alquiler es la única salida para muchas familias, que no pueden pagar ni la entrada de un piso (25%, con los gastos) ni una hipoteca (cada vez más difícil y costosa). Pero para eso hacen falta dos cosas: un parque de viviendas públicas en alquiler (que no hay) y ayudas para las familias con menos recursos.

El Plan contempla dos medidas. Una, promover  un parque público de viviendas en alquiler, con ayudas hasta el 30% del coste de edificación para organismos públicos, ONGs y empresas privadas que construyan para alquilar en suelo público. Pero el Plan sólo cuenta con 65 millones al año para subvencionar la construcción de viviendas en alquiler, con lo que sólo se podrán subvencionar 2.000 viviendas al año. Poco para un país donde tenemos sólo  un 2% de vivienda pública en alquiler (VPO), cuando en Francia o Reino Unido alcanza al 15%.

La otra medida del Plan de Vivienda 2013-2016 es ayudar a jóvenes y familias sin recursos a pagar sus alquileres. Aquí, el Gobierno Rajoy ha endurecido las condiciones y recortado las ayudas. El tope de ayuda baja a 200 euros al mes por alquiler (antes era 266,66), no se permite subvencionar alquileres de más de 600 euros (en Madrid o Barcelona, la media de alquiler de un piso de 90 metros supera los 800 euros) y ahora se mira el número de personas de la familia y lo que ingresan (para recibir ayuda, han de ganar menos de 532,57 € si es un soltero, 798,86 para una pareja, 1.118,36 € un matrimonio con dos hijos y un máximo de 1.597,53 € para cualquier familia, que era el único tope antes). Con ello, el Gobierno pretende repartir menos ayuda entre más personas, unas 133.000 al año, mientras se quedarán fuera incluso muchos mileuristas. Y eso en un país donde el 54,4% de los jóvenes viven con sus padres (46% en Europa) porque no pueden pagarse un piso o un alquiler.

La otra pata del Plan de Vivienda 2013-2016 es apoyar la rehabilitación, aunque con sólo 647 millones (161 al año). La idea es mejorar nuestro parque de viviendas (26 millones), donde más de la mitad (15 millones) tiene más de 30 años y 2 millones están en mal estado. Viviendas además con malos accesos (4 millones sin ascensor) y que gastan demasiada energía (luz y calefacción). Rehabilitar mata tres pájaros de un tiro: reanima el maltrecho sector de la construcción (que ha perdido 1,7 millones de empleos con la crisis), reduce el consumo de energía (las viviendas consumen el 17% de la factura energética de España, 125 millones al día) y evita tener que cambiar de vivienda y construir otras nuevas.

El Plan contempla una ayuda a las comunidades de vecinos, de hasta 6.000 euros por piso (que puede llegar a 11.000 si se hacen obras para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad). Una idea que está bien, pero tiene dos problemas. Uno, que 161 millones al año sólo dan  para rehabilitar entre 14.000 y 26.000 viviendas año, cuando hay 2 millones con graves problemas. Y la otra, que como el tope de ayudas es el 35% de la rehabilitación, los vecinos han de poner el 65% del presupuesto y no están las cosas para gastar. Y menos si el crédito oficial (ICO) sólo destina 250 millones año en créditos para rehabilitación. La esperanza del Gobierno es que empresas e inmobiliarias se dediquen a rehabilitar edificios y para ello les dan el “caramelo” de modificarles la Ley del Suelo, dejándoles que construyan más o cambien incluso el uso de los edificios.

La propia patronal CEOE había pedido al Gobierno medidas para apoyar la rehabilitación, pero con más ambición: rehabilitar 250.000 viviendas al año (diez veces más que el Plan), calculando que así se crearían 135.000 empleos año. Con el Plan cicatero del Gobierno sólo se crearán, entre rehabilitación y alquiler, 105.000 empleos en cuatro años. Y encima, se pone “un nuevo impuesto” a todos los propietarios de vivienda, por exigencia de Bruselas: el que quiera vender o alquilar su piso, a partir del 1 de junio de 2013 tendrá que entregar al comprador o inquilino un certificado energético de su vivienda (para ver la letra que le corresponde, de la A a la G, como la lavadora o el frigorífico), que le hará un técnico y que costará unos 250 euros (y renovarlo, porque sólo le vale por 10 años).

Al final, el Gobierno Rajoy, acuciado por recortar el déficit, ha perdido otra oportunidad de oro para reanimar la economía y el empleo: destinar muchos más fondos al Plan de vivienda, al alquiler y a  la rehabilitación. Una inversión pública  no excesiva (bastarían 2.000 millones al año) que dinamizaría la actividad de muchísimas empresas privadas y que en su mayor parte se recuperaría vía más ingresos fiscales, más cotizaciones, menos desempleo y menos gasto en energía. Así, y no con recortes, es como saldríamos de la crisis.

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