domingo, 29 de julio de 2012

Las peores vacaciones de la crisis


El Gobierno dice que no se va a ir de vacaciones en agosto, con la amenaza de un rescate a España en cualquier momento. Muchos españoles tampoco: uno de cada cuatro no cogerá vacaciones por la crisis y los que lo hagan, saldrán pocos días y gastando lo mínimo. España no está para vacaciones, asustada por una larga recesión que se va a extender hasta 2014, unas cifras récord de paro y una falta de confianza en el futuro, en los políticos y en Europa. Y con la mayoría de las autonomías, desde la Comunidad Valenciana a Murcia o Cataluña con problemas para pagar sus sueldos cada mes, como el Estado. Son las peores vacaciones de la crisis, porque no podremos descansar tranquilos, pensando en lo peor para septiembre (si llegamos). Hay que cambiar de política ya y probar otro camino, en Europa y en España.
enrique ortega

Teóricamente, la última Cumbre europea y el superajuste de Rajoy iban a calmar los mercados: Europa había asegurado el futuro del euro y España cumplía con los recortes y las reformas de los fundamentalistas de Bruselas. Tutti contenti. Pero no era así: los dirigentes europeos sólo habían tratado de ganar tiempo y el mayor recorte de la democracia (65.000 millones) sólo vale para ahondar en la recesión. El propio Gobierno lo reconoció unos días después, al admitir que la economía española iba a decrecer también en 2013 (-0,5%), cuando en abril esperaban crecer (+0,2%). Era la confirmación del temor de los inversores: si España no crece, el Estado no recauda y temen no cobrar su deuda. Venden y se van. O se quedan pidiendo hasta un 7,6 % por prestarnos a 10 años, un tipo cercano ya al de Grecia, Irlanda o Portugal al ser rescatados (8,5%).

Para arreglar las cosas, el ya no sonriente ministro Montoro, habla del riesgo de no poder pagar las nóminas. Y las autonomías, una bomba de relojería para los mercados, lo empeoran pidiendo el rescate del Estado: primero la Comunidad Valenciana (3.500 millones) y luego Murcia (300 millones) y Cataluña (4.000 millones), aunque son varias más las que están en apuros y pidiendo créditos para pagar sus nóminas: Andalucía, Castilla la Mancha, Madrid y Canarias. En conjunto, tienen que refinanciar 15.838 millones de créditos en el segundo semestre y no tienen quien les preste en el mercado. Así que pedirán ayuda al recién creado Fondo de Liquidez Autonómico, dotado con 18.000 millones, aunque a cambio de este rescate pierdan autonomía, como Grecia con Bruselas: Montoro les mandará a sus funcionarios para controlar las cuentas in situ, habrán de presentar nuevos Planes de ajuste (con más recortes y despidos públicos) y tendrán que presentar cada mes su presupuesto para visar ingresos y gastos. Estarán intervenidos: quien paga manda.

¡Vaya panorama¡ España bajo vigilancia de Bruselas, por el rescate bancario (100.000 millones) y las autonomías bajo vigilancia de Madrid. Y todos haciendo recortes que complican más las cosas, porque  hunden sus economías y les restan recaudación, empeorando sus agujeros. Y claro, los inversores huyen de España, asfixiada para poder financiarse, con la prima de riesgo por las nubes (llegó a 649 puntos), por encima de la que tenían al ser rescatados Grecia (578), Portugal (537) o casi Irlanda (662). Un panorama que no puede durar mucho sin ser intervenidos, aunque el rescate no arregla nada: los países intervenidos pagan hoy más por su financiación (Portugal un 11% y Grecia un 26%) y se les ha obligado a unos Planes de ajuste más duros que ha hundido sus economías y provocado grandes sacrificios a sus ciudadanos.

La alternativa sería cambiar de política, ir por otro camino, en Europa y en España, abandonando el fundamentalismo de Bruselas: obsesionarse por el bajo crecimiento europeo (Alemania crece ahora menos del 0,5% y hay 12 países en recesión) y el paro, más que por el déficit y la deuda. Y reanimar la economía europea, con más gasto (y más inflación) en la Europa del norte y con programas de gasto público para reanimar el empleo en la Europa del sur, especialmente en España, donde el paro avanza hacia los 6 millones de personas. Por el otro camino, el de dos años largos de recortes y ajustes dolorosos, ya sabemos donde hemos acabado: en la recesión y a las puertas de ser intervenidos. Sólo si los mercados ven que España crece confiarán en poder cobrar sus inversiones.

Pero no parece que Merkel y Bruselas estén por cambiar de política. Siguen con su fundamentalismo, con creer que hay que seguir haciendo sangrías al enfermo para curarle. Y no quieren que nos ayude el BCE (salvo frases  de Draghi para rebajar de momento la alta tensión de esta semana), por si acaso bajamos la guardia: manteniendo la presión de los mercados seguiremos la senda de los ajustes. Pero ya se les ha ido la mano en el ricino y ni los ciudadanos ni los mercados ven salida. El problema es que nos han llevado demasiado al límite y ahora, evitar la muerte es complicado: España (e Italia) son demasiado grandes para salvarlos, con más de 2,5 billones de deuda pública detrás, una bomba de relojería que si explota se lleva por delante la banca europea, el euro y la economía mundial. Están jugando con fuego, por no dar su brazo a torcer (pura ideología conservadora) y ayudar con la compra de deuda por el BCE. Aunque eso sólo sería ganar tiempo: si España y Europa no crecen, la desconfianza seguirá en los mercados y la tensión volverá antes o después.

Con este panorama, agosto va a ser un mes complicado, mucho más que el año pasado, y habrá que ver si llegamos a septiembre sin ser rescatados (más), lo que tampoco arreglaría nuestros problemas, sobre todo el principal: crear empleo, algo que el Gobierno retrasa hasta 2014, con la idea de acabar la Legislatura con más paro (22,3% en 2015) que empezó (21,6% en 2011). Este  es el gran fracaso de Rajoy y de los fundamentalistas de Bruselas: poner el país patas arriba, recortando a diestro y siniestro, con millones de españoles pasándolo mal en estos años, para al final acabar con más parados de los que teníamos. Vaya negocio.

miércoles, 25 de julio de 2012

Drástico recorte a los ancianos en Dependencia


El superrecorte de Rajoy no sólo afecta al IVA, funcionarios, parados, jóvenes o autónomos. Gobierno y autonomías han dado un tajo a las ayudas a los dependientes (ancianos y discapacitados): habrá 6.000 millones menos en dos años, se recortan prestaciones, sube el copago y muchos ancianos tendrán que esperar dos años más para recibir alguna ayuda, con riesgo de morirse antes. El sector cree que con estas medidas se deroga en la práctica la Ley de Dependencia, un derecho reconocido desde 2007 y que siempre ha tenido una financiación escasa, aunque beneficia a 768.000 dependientes, la mitad mayores de 80 años . El problema es cada vez habrá más personas mayores necesitadas de cuidados que no pueden prestarles sus familias. Y faltan recursos, residencias y voluntad política para atenderles dignamente, después de toda una vida trabajando. Un drama que debería conmocionarnos.

Hay unos 3 millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos, entre ancianos y discapacitados. La  Ley de Dependencia, en vigor desde enero de 2007, ha concedido alguna ayuda a 1.364.732 dependientes o a sus familiares. Pero siempre ha tropezado con falta de recursos, ya que Zapatero la gestó en pleno boom sin una financiación clara. Y en los dos últimos años, con la crisis y los recortes, la Ley estaba casi paralizada: apenas entraban beneficiarios e incluso se morían más de los que entraban. Y las autonomías, que gestionan la Dependencia, han tratado de salir del paso y reducir el gasto retrasando expedientes y ayudas.

Así, la Ley de Dependencia agonizaba entre cuatro problemas graves. Uno, que junto a 768.611 dependientes que reciben ayudas o servicios hay otros 258.951 que tienen el derecho reconocido pero que están “en el limbo”, a la espera de recibir la ayuda, algunos más de los 6 meses legales de demora. Otro, que dos tercios de los dependientes son atendidos en su casa, por un familiar (46%), ayuda a domicilio (12%) o teleasistencia (12,7%) y sólo el 26 % de los grandes dependientes van a Residencias (y un 6% a Centros de día). La razón es simple: pagar a un cuidador cuesta entre 300 y 800 euros y una Residencia (que no hay) le sale a la autonomía por 1.800. Otro problema es que el Estado aporta cada vez menos a la Dependencia: financia un 30 %, lo que obliga a una mayor aportación de las autonomías (60%), dado que los dependientes tienen pocos recursos (aportan el 10%). Y con ello, cada autonomía hace su política: la atención al anciano depende de dónde viva. El sector da buena nota a Castilla y León (9,6 puntos), País Vasco (7,9) y Andalucía (7,5), mientras suspende a diez autonomías, sobre todo la Comunidad Valenciana (0,4 puntos), Canarias (2,1) y Baleares (2,5).

Al final, la falta de recursos ha creado un sistema perverso: se retrasan los expedientes, se endurecen las condiciones, se retrasan las entradas (se mueren los solicitantes) y se buscan los servicios más baratos (familiares) para “atender” al mayor número de ancianos posible con el menor presupuesto. Y ahora, el Estado ha impuesto a las autonomías recortes y cambios, coincidiendo con el superajuste de Rajoy, que dan la puntilla a la Ley Dependencia.

El primer recorte, aprobado el 13 de julio, son 195 millones menos que el Estado dará a las autonomías (-13% por dependiente) y que se suman al recorte de 283 millones para la Dependencia aprobado con el Presupuesto 2012. Además, el Estado ahorrará otros 220 millones al dejar de pagar la cotización a la Seguridad Social a los cuidadores familiares, unas 180.000 personas (en su mayoría mujeres, hijas y esposas), que así podían un día tener derecho a pensión y que ahora se lo tendrán que pagar ellas.

Con otras medidas, son las autonomías las que ahorran a costa de la Dependencia. Por un lado, recortar un 15% o más (como ya ha dicho Castilla y León) lo que pagan a los cuidadores familiares de los dependientes (cobran una media de 400 euros al mes), con lo que ahorrarán 285 millones. Se empeoran y reducen servicios (sobre todo ayuda a domicilio) y se hace incompatible recibir varios (por ejemplo, ir a un Centro de día y la ayuda a domicilio, aunque el anciano no pueda levantarse y asearse sólo para ir al Centro). Y se les da un plazo de 8 años para compensar a los dependientes que reciben ayudas con retraso (antes, con más 6 meses de demora y ahora, con más de 2 años).

Hay otras medidas de más calado. Una, simplificar los baremos, en tres niveles (grandes dependientes, dependencia severa y dependencia moderada, ésta sin ayudas), quitando los dos grados que había en cada uno, con lo que se puede caer más fácilmente de un nivel a otro (más barato). Dos, retrasar hasta julio 2015 (al menos) las ayudas a los dependientes moderados (30.000 al año). Tres, y más importante (permitirá ahorrar 5.000 millones), retrasar dos años el tiempo en que se pueden conceder las ayudas sin generar atrasos: un 54% de los dependientes (260.000 en espera y 60.000 más en dos años) tienen más de 80 años y su esperanza de vida es 3 años, con lo que ahora serán más los que morirán (10% cada año, unos 16.500 en total) sin recibir ayuda .Y por último, se sube el copago de los servicios de los dependientes, según sus ingresos (incluyendo el 5% del valor de su casa), quedando entre el 40 y el 90%.

Al final, el tajo (6.000 millones largos) supone “la derogación encubierta de la Ley de Dependencia”, según el sector, que habla de “medidas desalmadas y crueles“ con los ancianos. Y eso cuando España gasta la mitad que otros países de la OCDE en dependencia, 6.450 millones en 2011, mucho menos que en los otros tres pilares del Estado del Bienestar: Sanidad (88.828 millones), Pensiones (85.800 millones) y Educación (52.000 millones). Una cifra que se va a multiplicar por seis en las próximas décadas, según la OCDE, ya que España será el país más envejecido de occidente a partir de 2021: los mayores de 65 años se van a duplicar, superando los 15 millones para 2050. Y de ellos, un 46% necesitarán atención, el doble que ahora, según un estudio del CSIC.

En definitiva, vamos a tener cada vez más ancianos, que vivirán más y necesitarán más cuidados: en 2050, un 12 % de los españoles tendrán más de 80 años. No podemos limitarnos a hacer recortes y a la beneficencia más urgente. Hay que hacer un gran pacto político para financiar la Dependencia, que además crea empleo (la patronal CEOE estima que habría que invertir 10.000 millones y podrían crearse un millón de empleos), devuelve ingresos (40% de la inversión en impuestos y cotizaciones) y reduce gastos sanitarios. Hay que buscar ingresos ad hoc, desde recargos a cotizaciones, como propuso la Comisión de Expertos. Pero sobre todo, no podemos dejar tirados a nuestros mayores: se han ganado con creces nuestra ayuda.  

domingo, 22 de julio de 2012

La tentación del juego online legal


Si la democracia nos trajo la legalización del juego (1.977), la gran recesión nos ha traído la legalización del juego online, inaugurado a toda prisa el 5 de junio, para aprovechar las apuestas de la Eurocopa. Un negocio que movía 371 millones cuando era “alegal y que puede alcanzar 1.000 millones en unos años. El objetivo es recaudar: la cuarta parte de los ingresos netos son para Hacienda, unos 200 millones al año, que van  a las autonomías. El riesgo es que ahora, con la crisis, muchos españoles se enganchen a apostar con un clic, sobre todo los jóvenes, especialmente con los móviles. Y ya hay un millón de españoles con adicción al juego. Otro riesgo es que el juego online legal aumente el fraude en el deporte, como ha pasado en fútbol y tenis. Hagan juego con cuidado.
enrique ortega

El juego es tan antiguo como el hombre y no podía quedar al margen de Internet, que permite a 24 millones de españoles jugar sin testigos, desde cualquier lugar y a cualquier hora. Si el juego presencial mueve en España 30.000 millones de euros cada año (en bingos, casinos, tragaperras y casas de apuestas), donde juegan la mitad de los españoles de manera habitual, el juego online lleva varios años creciendo y eso que no era legal: España es el sexto mercado europeo del juego online (tras Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Grecia), un negocio que mueve 18.200 millones de euros en el mundo (2011), según H2 Gambling Capital. Y 371 millones en España (2011), donde hay 600.000 apostadores online.

El Gobierno Zapatero aprobó en mayo de 2011, a toda prisa (por procedimiento de urgencia y con el consenso del PP) la nueva Ley del Juego. Y el Gobierno Rajoy ha aprobado en un tiempo récord  3 Reales Decretos y 11 Órdenes Ministeriales para autorizar el juego online el 5 de junio, con vistas a la Eurocopa. El objetivo es claro: recaudar entre 80 y 120 millones este año y 200 el que viene, que irán íntegramente a las arcas de las autonomías.

La nueva Ley obliga a los operadores de juego a ofrecer webs en España (dominios .es), controlando las autoridades españolas el acceso de jugadores y almacenamiento de datos (aunque se permite que los servidores estén en el extranjero), obligando a que el dinero se apueste a través de entidades españoles y fijando un depósito máximo por usuario (600 € al día, 1.500 por semana y 3.000 al mes). En total, se han dado 277 licencias, a 53 empresas españolas y extranjeras y las webs de juego que han quedado fuera se han bloqueado. Ahora, el que quiera apostar legalmente debe buscar una Web con el lema “Juego seguro”.

Las empresas de juego, para conseguir su licencia, han tenido antes que regularizar su situación con Hacienda. Primero, pagando 60 millones de impuestos en 2011, desde que se aprobó la Ley (28 mayo). Y en Semana Santa, Hacienda hizo una inspección a las grandes multinacionales, a las que sacó otros 90 millones para regularizar los últimos 4 años en que operaron sin pagar impuestos. Al final, se ha autorizado a operar a 26 empresas extranjeras (Bwin, Betfair, Sportingbet, Bet 365, Pokerstars, Eurojuego Star…) y a 27 españolas (Loterías, Codere, Cirsa, Recreativos Franco, Grupo MGA, Grup Peralada, Antena 3 TV, Tele 5, Cuatro TV, Grupo diario El Mundo…), que se quejan de “partir de cero” y de “competencia desleal” de las multinacionales, que llevan años haciendo publicidad, patrocinio y fichero de clientes.

Demasiadas empresas para un mercado donde a medio plazo habrá fusiones y cierres, con media docena de empresas fuertes, la mayoría multinacionales. El futuro pasa por el mercado europeo, donde falta una normativa comunitaria (también aquí): el juego online está prohibido en 7 países europeos (como en EEUU) y es legal en otros 20 (en 6, con monopolio del Estado). Y no hay normativa ni supervisión para evitar fraudes, evasión de impuestos y blanqueo de capitales, mientras las multinacionales tienen sus servidores en paraísos fiscales (Bwin y Betfair en Gibraltar). Los operadores se quejan de las limitaciones de la Ley española (negocio restringido al territorio español, no inclusión de apuestas cruzadas entre particulares, límites bajos de los depósitos, limitaciones en el catálogo de eventos deportivos…) y advierten que si no se subsanan, los apostadores españoles jugarán en webs extranjeras.

Con todo, la mayor queja es que Hacienda carga muchos impuestos: un 25% de los ingresos netos (descontados premios), más que en otros países (8,5% en Francia, 15% en Gran Bretaña o 20% en Italia). Y España es el único país europeo, junto a Dinamarca, que también hace pagar al jugador por sus premios.

El Gobierno ha forzado que las empresas de juego y los medios de comunicación aprueben un Código ético para la publicidad del juego online, que será importante: movió 90 millones en 2011 y puede llegar a 200 millones en los próximos años, un ingreso clave para muchas webs y empresas de comunicación. Con todo, hay un temor: que ahora que es legal, el juego online se dispare, más con la recesión. Y se teme por dos colectivos: los jóvenes (está prohibido a los menores de 18 años), sobre todo el juego vía móvil, y los adictos al juego: hay un millón de ludópatas en España, cifra que se ha duplicado con la crisis. Y aunque se pueden dar de alta en un registro para autoexcluirse, ahora tienen más fácil apostar sin testigos.

Otro riesgo: que el juego online corrompa más el deporte, como el dopaje. Ya se ha detectado fraude en el fútbol en Italia, Turquía, China, Corea y hasta en Zimbabue. Y también en el tenis. El deporte mueve millones en apuestas y la tentación de comprar resultados es muy grande para directivos, jugadores y mafias internacionales.

El juego online parece la gallina de los huevos de oro, que va a salvar a Hacienda y a las autonomías, a las empresas y multinacionales, a los medios, a los clubs de fútbol y al deporte (se llevarán una parte no fijada de la recaudación). Pero hay que tener cuidado con el fraude, el juego de menores y jóvenes y el riesgo de adicción en personas con apuros económicos. Luchar contra la ludopatía. Hagan juego sí, pero con cabeza.

miércoles, 18 de julio de 2012

Farmacia: copago y medicamentazo


Calma en las farmacias tras la inquietud por el copago de los pensionistas y el medicamentazo que deja sin financiación pública a 426 medicamentos, algunos muy conocidos. El copago trata de frenar el gasto farmacéutico, sobre todo de los jubilados (7 de cada diez recetas), donde hay mucho despilfarro: 3.700 toneladas de medicinas van cada año a la basura sin utilizarse. La retirada de algunos medicamentos de la lista financiable es un puro recorte de costes, tomado sin acuerdo previo con los médicos y que podría  provocar que se receten medicamentos más caros. Lo peor es que estos cambios se han hecho con improvisación y sin informar bien a los usuarios. Y se sigue con el camino más fácil: recortar en medicamentos sin abordar  reformas de fondo en la Sanidad (sólo recortes), para asegurar su futuro.
enrique ortega

La Sanidad tiene un problema muy serio: el despilfarro en el uso de medicamentos. Cada día se hacen 4 millones de recetas (este año superaran los 1.000 millones), con un gasto anual de 11.136 millones en 2011 (más otros 4.426 millones de gasto farmacéutico en hospitales, que ha aumentado un 55% en cuatro años). Una pelota que crecido  año a año, gracias a un sistema perverso: el gratis total  para los pensionistas (receta roja), que suponen 7 de cada 10 recetas. Y aunque los activos (receta verde) pagábamos el 40%, al final el sistema sólo recibe de los usuarios el 6,83%, o sea que el Presupuesto paga (repagamos) el 93,17% de las medicinas.

En los dos últimos años, el Gobierno Zapatero intentó atajar esta bola de nieve con tres parches. Por un lado, forzando a los laboratorios a bajar los precios de los medicamentos, más de un 30%. Y por otro, reduciendo los márgenes de las farmacias y obligándoles además a devolver una parte de sus ventas (7,5%) a las autonomías, con lo que prevén ingresar 1.500 millones menos en 2012. Como no ha sido suficiente, las autonomías han recurrido a no pagarles para rebajar su factura de medicamentos: deben 6.369 millones a los laboratorios (hay multinacionales que amenazan con no serviles) y 1.966 millones a las farmacias, que sobreviven con créditos bancarios (individuales o colegiales).

Estos recortes de precios y la morosidad han reducido la factura de medicamentos en 1.370 millones entre 2009 (12.506 millones) y 2011, rebajando el gasto medio por receta de 13,39 euros (2009) a 11,44 (2011). Pero el número de recetas ha seguido aumentando, un 3% en los dos últimos años. Y es que los pacientes, sobre todo los jubilados, han seguido yendo a la farmacia con tacos de recetas. Y el despilfarro no se ha frenado: cada año se tiran a la basura 3.700 Tm de medicamentos, 1.200 millones de euros. Barra libre para la mayoría, un sistema que fomenta el despilfarro.

El Gobierno se ha atrevido a cobrar algo por receta, para reducir el consumo injustificado. Se cobra un 10% a los pensionistas, con un tope mensual según sus ingresos: 8 euros para los que ganen menos 18.000 euros (85% pensionistas), 18 € para los que están entre 18.000 y 100.000 € (11%) y 60 euros para el resto. Y lo que paguen de más, por encima de esos 8,18 ó 60 euros, se les devolverá hasta en 6 meses (con lo que los jubilados acaban financiando a las autonomías, salvo en Andalucía, que deja de cobrar al superar el tope). Y el resto de activos, o siguen pagando el 40% (si ganan menos de 18.000 €) o suben hasta el 50% (si ganan entre 18.000 y 100.000) o el 60% (si ganan más). Los parados sin prestación no pagarán ahora nada por las medicinas y los funcionarios jubilados siguen pagando el 30%. El País Vasco no aplica el copago y Cataluña retrasa el cobro del copago estatal (por problemas informáticos) a agosto (activos) y octubre (pensionistas).

Los jubilados también empiezan a pagar desde este mes por los medicamentos de aportación reducida (unos 6.000) que son para enfermos crónicos: antes no pagaban nada y ahora pagan el 10%, con un tope que se actualiza a 4,13 euros (llevaba 10 años en 2,6 euros), para ellos y los demás pacientes a los que se recete estos medicamentos marcados con un punto negro en el envase (insulina, Simtrón, antidiabéticos, tratamientos hormonales, antidepresivos, arritmias, gota, Parkinson, tratamiento cáncer hospitalario…) y que son el 20 % de las ventas. Además, desde el 23 de junio, los pacientes que viven en Cataluña pagan ya un euro por receta, ganen lo que ganen (salvo las pensiones no contributivas), con un tope de 61 euros al año, medida con la que la Generalitat espera recaudar 100 millones al año. Y dentro de seis meses, comprar una silla de ruedas o una prótesis supondrá también un copago: 10% para pensionistas y del 40% al 60% los activos, según sus ingresos.

Otra medida, de puro recorte, ha sido reducir los medicamentos a financiar. El  1 de agosto se quitan de la lista 426 medicamentos que el paciente tendrá que pagar al 100%, algunos muy utilizados como antiácidos (Almax), antidiarreicos (Fortasec), contra el estreñimiento (Duphalac), antiinflamatorios (Voltaren), analgésicos anticatarrales (Mucosán) o lagrimas artificiales. La retirada de medicamentos financiables, hecha sin consultar antes a los médicos, puede afectar seriamente al bolsillo de algunos enfermos crónicos, sobre todo ancianos, y se corre el riesgo de que aumente la automedicación. O que, para evitarlo, los médicos receten otros medicamentos, más caros, como ha pasado en otros países (Turquía) y en los anteriores medicamentazos de 1993 y 1998.

Además, desde el 1 de noviembre, los médicos están obligados a recetar no marcas (Clamoxil) ni genéricos (amoxicilina Normon) sino el principio activo (amoxicilina) Y el farmacéutico está obligado a vender el genérico más barato. Una medida que ya se ha generalizado y podría ahorrar 2.500 millones anuales, aunque hay expertos que temen por la guerra de precios a la baja entre laboratorios por colocar sus productos: temen por la calidad (y la efectividad) de algunos medicamentos low cost. Y por el futuro de la investigación farmacéutica.

Aún es pronto para saber si el copago de los pensionistas bajará el consumo de medicamentos, ya que las ventas de julio han caído por el acopio que hicieron en junio (antes del final del gratis total). Pero hay un hecho claro: la caída de precios tiene un suelo y deberían estudiarse medidas para racionalizar el consumo, de acuerdo con los médicos que recetan. Además, no sólo hay que quedarse en los medicamentos, que suponen el 18% de la factura sanitaria. Hay que hacer un Plan estatal para asegurar el futuro de la Sanidad y no dejarla al albur de los recortes de cada autonomía: reducir costosas tecnologías (un 30% ineficientes, según la OMS), afrontar el problema de los ancianos y los enfermos crónicos, potenciar la prevención y la atención primaria, desmasificar las urgencias, cambiar la política de compras y mejorar la gestión de personal. Reformas de fondo y no recortes improvisados, que han servido para deteriorar la calidad y disparar un 17% las listas de espera, no para ahorrar de verdad.

Pagar más por las medicinas va a deteriorar aún más las maltrechas cuentas de los pensionistas, sobre todo de los enfermos crónicos. Pero no se puede defender el despilfarro, las bolsas de medicinas que no se usan y ponen en peligro financiar lo que se necesita. Falta ver si con 8 euros al mes se acaba la barra libre de medicamentos. Si no, subirán el copago, a los jubilados y al resto. Pagaremos justos por pecadores.  

domingo, 15 de julio de 2012

Superajuste Rajoy: la puntilla a la recesión


Lo venden como el mayor ajuste de la democracia (y lo jalean). El cuarto recorte en seis meses de Gobierno Rajoy. Una vuelta de tuerca más a los impuestos y a los gastos, incumpliendo las últimas promesas electorales. Y todo para satisfacer las peticiones de los fundamentalistas de Bruselas, que sólo aceptan rescatar nuestra banca a cambio de más recortes. Un ajuste injusto, porque recae más en los ciudadanos que menos tienen, e ineficaz, porque ni calma a los mercados ni ayuda a salir de la crisis, como han demostrado ya dos años largos de recortes. Al contrario: el superajuste Rajoy retraerá más el consumo y agravará la recesión, provocando más paro. Y con ello, se recaudará menos y bajará menos el déficit, lo que forzará a más recortes antes de fin de año. Es un bucle suicida.
enrique ortega

El aleteo de Bankia, pésimamente gestionado por el Gobierno, provocó la conmoción del rescate europeo de España por la puerta de atrás. Y ni Bruselas ni Berlín iban a dar 100.000 millones de euros (aunque sean para la banca) sin condiciones. Quien paga manda. Por  eso, al día siguiente de que el Eurogrupo aprobara el rescate a la banca española, Rajoy anunciaba en el Congreso su cuarto ajuste, el más duro: 65.000 millones en dos años y medio (entre recortes y subida de impuestos), frente a 15.000 de Zapatero (mayo 2010) en año y medio. Y ya no había medias tintas: “no tengo más remedio que hacerlo, aunque no me guste”, dijo Rajoy. Bruselas manda: estamos intervenidos, se diga como se diga.

Pero no se trata sólo de cumplir con las recetas de los fundamentalistas de Bruselas. El Gobierno ha visto que no le salen las cuentas, sólo dos meses y medio después de aprobar los Presupuestos 2012: la recaudación del IVA cayó el 10% hasta mayo y la de sociedades un 8%, por culpa de la recesión. Y  con la prima de riesgo por las nubes, el pago de intereses ha crecido un 31,9%. Así no hay forma de rebajar el déficit, ni siquiera con el respiro que nos acaba de dar Bruselas para dejarlo en el 6,3% este año. Y menos dejarlo en el 4,5 % en 2013. Hay que sacar dinero debajo de las piedras y cortar gastos con la guadaña.

“No queda más remedio” que seguir olvidando las promesas electorales y subir el IVA, al 21 % (como Grecia, Portugal e Irlanda, los tres países intervenidos “oficialmente”), para arañar 7.500 millones. Dejar sin la paga de Navidad a 2.700.000 funcionarios (otros 4.000 millones). Recortar el paro desde el sexto mes a los nuevos parados y suprimir la prestación asistencial de 426 euros a los menores de 55 años. Subir el tabaco y poner tasas medioambientales y a los carburantes. Recortar las ayudas ya menguadas a los ancianos a los que cuidan sus familias o en residencias. Y pegar otro tajo de 600 millones al Presupuesto 2012. Eso ya. Y desde enero, se suprime la desgravación por vivienda, un error que recuperaron al llegar al Gobierno (y que cuesta 2.523 millones). Y para 2012 y 2013, como guinda, se rebajan un punto las cotizaciones sociales, una escasa ayuda para emplear en tiempos de recesión. Y se anuncia un tajo a los Ayuntamientos, reduciendo un 30% de concejales para las elecciones de 2015.

Las medidas son injustas, porque recaen más sobre los ciudadanos con menos recursos. El IVA lo pagan igual los ricos que los mileuristas, en un país con los salarios a la baja, alza de impuestos y subidas de la luz, transportes y tasas. Y subirlo será la puntilla para el comercio y el turismo.Y se cargan el cine, el teatro y la música, al subir su IVA del 8 al 21%. Reducir la prestación de desempleo (864 euros de media) es una racanería ideológica (“para animarles a buscar empleo”, Rajoy dixit, como si lo hubiera) que esconde que casi la mitad de los parados no cobra nada. Los funcionarios llevan dos años con el sueldo congelado e incluso rebajado en Cataluña, Andalucía y Castilla la Mancha. El recorte a los ancianos, en la Ley de Dependencia, ya clamaba al cielo y se va a agravar ahora quitándoles 200 millones más. Y sobre  las pensiones futuras, Rajoy promete a Europa acelerar el retraso de la jubilación a los 67 años (prevista para 2027), pensando incluso en subir de 15 a 25 años el periodo de cómputo antes de lo previsto (2023). A los autónomos y profesionales les suben las retenciones que les deducen de sus ingresos (del 15 al 21%). Y a los jóvenes, les quitan 63 € al mes de las ayudas al alquiler (quedan en 147 €), a los que las tenían antes, ya que el 31 de diciembre las quitaron.

El superajuste de Rajoy es ineficaz, como los ajustes que llevamos desde el primero de Zapatero en mayo de 2010: la economía ha ido a peor, hemos pasado de crecer a decrecer, el paro aumenta sin cesar, hay más pobreza y desigualdad. Y España será el único país europeo que no crezca tampoco en 2013 y que no cree empleo neto hasta 2015. Y la prima de riesgo está 200 puntos más arriba de cuando llegó Rajoy. Ni eso. Más desconfianza.

“¿Servirá de algo?”, se preguntaba Rajoy sobre su ajuste. Sí, para hundirnos más en la recesión, para traer más paro. No hay que ser economista para entender que si se sube el IVA y los impuestos, si se recortan ingresos a funcionarios y parados, si se hacen recortes por doquier, la gente consumirá menos, las empresas venderán menos y la economía caerá más, aumentando el paro. Es lo que ha pasado en Grecia, en Portugal, en Irlanda. Y en España. La receta de los fundamentalistas, de Bruselas y de España, hunde más la economía. Y  los mercados temen no cobrar su deuda si la economía no crece. Elemental.

¿Qué se puede hacer? Ir por otro camino: hay que reanimar la economía, el consumo (público y privado), buscando ahorrar en lo que se pueda pero incentivando la inversión y el empleo entre los jóvenes y en sectores con futuro, desde el turismo a las energías alternativas pasando por la exportación, las pymes y las nuevas tecnologías. Olvidarnos de Merkel y seguir la senda de Obama, poniendo el paro y no el déficit como el primer problema del país. Pero España no puede hacerlo sola: hace falta un cambio drástico de política en Europa, que tiren Alemania y la Europa del norte y un Plan Marshall de verdad, no los ridículos 120.000 millones de la última Cumbre.

Mientras, a cortísimo plazo (este lunes), Bruselas debe pedir al BCE que salga en apoyo de España, comprando deuda para rebajar la prima de riesgo y compensarnos de los sacrificios del superajuste. Y cuanto antes, compartir la deuda europea (eurobonos), para que no haya dos Europas: los países que los mercados quieren financiar (Alemania, Holanda, Austria Finlandia y Francia), incluso con tipos negativos (pagándoles) y el resto (la Europa del sur), asfixiados por tener que financiarse a precios imposibles.

Por el camino de Rajoy (y los fundamentalistas de Bruselas), la economía se hundirá más en el pozo: caerá el consumo, caerá la actividad (más del 2% PIB), el paro llegará a los 6 millones y caerá la recaudación, con lo que tendrán que hacer otro recorte antes de fin de año, usando ya las últimas balas: pensiones, el paro y los sueldos de los funcionarios, más la  sanidad y educación. Y eso llevará a más recesión y a más recortes. Un bucle suicida que temen los mercados. Es el problema de hacer muchas sangrías a un enfermo: se te acaba muriendo.

Tenemos una triste papeleta: un Gobierno que no hemos votado (Bruselas) nos está imponiendo una política suicida, que no da frutos y que empeora la vida de la mayoría de los españoles. Lo mismo pasa en media Europa. Y en España, un Gobierno apoyado sólo por la mitad de los españoles va de traspiés en traspiés, improvisando día a día, sin rumbo y llevándonos al precipicio con la idea de que no hay otra elección que el sufrimiento o la ruina. Para eso no necesitamos líderes ni economistas. Ya nos hundimos solos. Es menos frustrante.  

miércoles, 11 de julio de 2012

Aeropuertos: más caros y con menos horario


Volar este mes de julio es más caro, por la subida de las tasas aeroportuarias: un 50% en Madrid y Barcelona y por encima del 20% en otros 5 grandes aeropuertos. Además, en octubre se reduce el horario en 19 pequeños aeropuertos, con despidos de personal, para reducir costes. Dos medidas que tratan de paliar el agujero de los aeropuertos, que pierden 220 millones porque sólo 10 de los 47 ganan dinero. La falta de pasajeros no justifica mantener abiertos 19 aeropuertos pequeños, muchos de ellos nacidos por presiones políticas y subvenciones autonómicas y locales a las compañías. El Gobierno dice que no va a cerrarlos, pero las compañías ya han empezado a suspender vuelos regulares. Mientras, se busca sanear los aeropuertos subiendo tasas hasta 2016, aumentando los ingresos en sus tiendas y recortando servicios. Para al final, privatizar los rentables.
enrique ortega

España es el cuarto país del mundo con más tráfico aéreo, por detrás de EEUU, China y Reino Unido: 204 millones de personas utilizaron nuestros aeropuertos en 2011, el segundo año récord (+6%) tras 2007. Pero aun así, “la situación de nuestros aeropuertos no puede ser peor”, según la ministra de Fomento: perdieron 220 millones en 2011, porque sólo 10 de los 47 aeropuertos públicos (y dos helipuertos, Ceuta y Algeciras) ganaron dinero : Palma (44,6 millones), Gran Canaria (22,33), Tenerife Sur (24,98), Alicante (10,02), Lanzarote (8,67), Sevilla (6,05), Valencia (5,63), Ibiza (3,45), Bilbao (1,71) y Fuerteventura (1,21). Los dos más grandes pierden (-95 millones  Barajas y -22 millones el Prat), como Málaga (-20,5 millones), porque tienen que amortizar sus inversiones, las nuevas terminales, algo que no hace Renfe con las vías ni las autovías, obras que se cargaron a los Presupuestos. Por eso, los aeropuertos, además de perder dinero (como la mitad de los 460 aeropuertos europeos) arrastran la losa de la deuda: 14.000 millones, cuyos intereses pagan cada año.

El problema en España es el exceso de capacidad: sobran aeropuertos. Somos un país líder en trenes de alta velocidad y autovías y tenemos 47 aeropuertos, cuando Francia tiene 43 y Alemania 39. En la pasada década se invirtieron 17.211 millones (la mitad en Barajas y el Prat), bajo la presión de gobiernos autonómicos y locales, que alimentaron la burbuja aeroportuaria con subvenciones a las compañías, sobre todo low cost, para que vuelen a sus ciudades: 250 millones entre 2007 y 2011, sobre todo Castilla y León (84,3 millones), Aragón (34 millones), Cantabria (20,7), Cataluña (17,3) y Comunidad Valenciana (16,4). Ayudas que han ido sobre todo a Air Nostrum (filial de Iberia) y Ryanair (casi 100 millones), que ha presionado a la Generalitat para volar a Girona y Reus a cambio de 8 millones y prebendas.

Al final, demasiados aeropuertos públicos, la mayoría con pocos pasajeros: 19 tienen menos de 500.000 pasajeros al año. Y los grandes (Barajas y el Prat) tienen una capacidad imposible de llenar. EL Gobierno ha puesto en marcha un Plan estratégico con el objetivo de pasar de 12 a 30 aeropuertos con beneficios de explotación en 2016. Para ello, pone en marcha tres medidas: subir las tasas aeroportuarias, mejorar los ingresos comerciales (aumentando 22% la superficie comercial en los 7 aeropuertos con más tráfico) y recortar costes, reduciendo los horarios  (un  tercio) en los 17 aeropuertos y 2 helipuertos con menos de 500.000 pasajeros, para ahorrar 35 millones. Ya desde octubre, algunos abrirán sólo medio día, lo que supondrá despidos entre sus 688 empleados. Antes, los sindicatos de AENA ya han denunciado recortes de horas, Plan pensiones, interinos y no cubrir  jubilaciones.

La medida fundamental es la subida de las tasas aeroportuarias, el 71% de los ingresos de AENA. Ya subieron en 2011 un 5% y ahora suben desde julio otro 10,2 % de media, aunque en los 7 grandes aeropuertos (72,8% del tráfico) suben mucho más: 50,3% en Barajas, 53,6% en El Prat y por encima del 20% en Palma, Málaga, Gran Canaria, Alicante y Tenerife Sur. Y la previsión es subirlas hasta un 5% por encima del IPC (el 7%) hasta 2016. AENA dice que las tasas (hasta 7 diferentes) son un 34% más bajas en España que en el resto de Europa, pero las compañías y el sector turístico se quejan de que nuestros aeropuertos no compiten con los europeos sino con los de Grecia, Turquía o el norte de África, que tienen tasas más bajas y eso puede disuadir a los tour operadores. De hecho, en 2012 ha caído el tráfico aéreo (un 5.4% hasta mayo), incluso los vuelos low cost (-1,8%).

Con todo, la subida de tasas, que pagaremos en nuestros billetes y que va a ser investigada por Bruselas, tiene un límite y los expertos apuestan por subir más los ingresos comerciales, que suponen el 26% del presupuesto de AENA y deberían subir al 40% (en Gran Bretaña, aportan el 60% de ingresos). Además, España tiene que mejorar la calidad de sus aeropuertos, reduciendo retrasos: en 2010, entre los 20 aeropuertos europeos con más retrasos, 7 eran españoles. Y AENA es responsable de la mitad de los vuelos europeos con retraso, según Eurocontrol.

Al final, el problema es qué se hace con los 19 aeropuertos con menos de 500.000 pasajeros, que no son viables, ni subiendo tasas ni llenándoles de tiendas: Madrid-Cuatro Vientos, Huesca, Albacete, Córdoba, Logroño, Algeciras(helipuerto), Madrid-Torrejón, Vitoria, La Gomera, Burgos, Salamanca, Ceuta (helipuerto), Badajoz, León, el Hierro, Pamplona, San Sebastián, Melilla y Valladolid. El Gobierno dice que no piensa en cerrarlos “por ahora”. Pero no tienen salida (pierden 96,5 millones), aunque se han invertido más de 500 millones, que se tirarían a la basura si se cierran. De momento, las compañías ya les están cerrando: han dejado de operar vuelos regulares en Badajoz, Huesca, Albacete, Córdoba y Vitoria. Y podrían seguirles Burgos, León, Logroño, Salamanca, Pamplona y San Sebastián.  

A medio plazo, el objetivo del Gobierno Rajoy es privatizar los aeropuertos (los rentables, claro), algo que el Gobierno ZP tenía previsto hacer al 49%. Es un riesgo dejar en manos privadas la vía de entrada de 4 de cada 5 turistas, la primera industria del país. Y un instrumento clave de dinamización regional. La experiencia de algunas privatizaciones (Gran Bretaña) revela que los operadores descuidaron inversiones y servicios, para asegurar beneficios, en perjuicio de usuarios y compañías aéreas. Por eso, no podemos arreglar la burbuja de los aeropuertos sólo privatizando los rentables. Hay que poner orden con cabeza y gestión pública, por el turismo y los usuarios, que somos los que vamos a pagar el saneamiento de los aeropuertos, con los billetes y nuestras compras. No lo olviden.