miércoles, 21 de noviembre de 2012

Autonomías: el cuarto recorte en tres años


En medio de las noticias sobre la huelga del 14-N, los desahucios y las elecciones catalanas, ha pasado desapercibido que 13 autonomías (todas salvo Asturias, Galicia, País Vasco y Cataluña) han presentado ya sus Presupuestos para 2013. Y con ellos, habrá otro recorte de 9.500 millones, que se suma a los 23.000 millones recortados entre 2011 y  2012 (dos veces). El ajuste se hará en gastos de personal (con la pérdida de hasta 50.000 empleos públicos), en menos subvenciones a familias, empresas y Ayuntamientos, en no hacer inversiones y en nuevos ajustes en educación, sanidad,  gastos sociales y Dependencia.  Estos recortes afectarán más a los ciudadanos que los del Estado central, porque vuelven a recortar el Estado del Bienestar y agudizan la recesión y el paro. Y además, son inútiles: las autonomías no consiguen tapar sus agujeros y se prorroga su Fondo de rescate para 2013.
enrique ortega

Recortes sobre recortes. Las autonomías empezaron a reducir sus Presupuestos en 2011 (-5%) y luego en 2012 (-8%), este año dos veces (con el Presupuesto y en abril, con el requeterecorte de 10.000 millones en sanidad y educación impuesto por el Gobierno. En total, 23.000 millones, a los que se sumarán otros 9.500 millones en los Presupuestos 2013 (-6%). Los mayores recortes los harán Madrid (-1.424 millones, -7,7%), Andalucía (-1.314, -4,1%), Comunidad Valenciana (-1.048, -9%) y Castilla la Mancha (-860 millones, -10,2%), aunque se esperan otros importantes en Cataluña (-1.500 millones) y País Vasco (-1.000 millones).

Los principales recortes llegarán por tres vías. La primera, metiendo la tijera en los gastos de personal (40% Presupuestos): supresión complementos, aumento horas, no reposición jubilaciones, no oposiciones y despidos en empresas públicas (se podrían perder 50.000 empleos públicos autonómicos, al amparo de la reforma laboral, empezando por los 5.000 que ya ha anunciado la Comunidad Valenciana). La segunda, reduciendo las transferencias a familias (menos ayudas), transportes (subirán metro y autobuses), empresas y Ayuntamientos (más asfixiados en 2013). Y la tercera, recortando drásticamente las inversiones: no se harán obras, aunque lo suframos en incendios forestales, inundaciones, barracones escolares o falta de servicios en hospitales y residencias de ancianos.

Además, se vuelven a recortar (del 5 al 9%) los presupuestos de sanidad, educación, ayudas a servicios sociales y a la Dependencia (se reduce de 481 a 199 euros la prestación mensual a los cuidadores familiares, que han de pagar además toda su Seguridad Social) . Y se avanza en privatizar la gestión de la sanidad (hospitales y centros de salud) en ocho autonomías gobernadas por el PP: Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Galicia, Extremadura, Baleares, Castilla y León y La Rioja.

Por el lado de los ingresos, las autonomías no son tan decididas, aunque nos subirán impuestos y tasas. Todas, salvo Madrid, aplicarán en 2013 el impuesto sobre el patrimonio (con el que recaudaron 581 millones en 2011), tras recular en su negativa a aplicarlo Baleares y Comunidad Valenciana. Además, subirán el impuesto de sucesiones, que recupera Castilla y León. Y también los impuestos de transmisiones y el de actos jurídicos documentados (por los que  ingresan 6.500 millones). Y rebajarán las deducciones autonómicas en el IRPF. Baleares estrenará dos nuevos impuestos “ecológicos”, sobre los envases no retornables (copiado también por Canarias para 2013) y las grandes superficies, además de un impuesto turístico (a los coches de alquiler), como Cataluña (por estancias en hoteles). Y todas suben tasas (se notan menos), desde el agua a las tasas universitarias (+66%): Cospedal, en Castilla la Mancha, ha creado 320 tasas.

La mayoría de las autonomías han incluido una partida de ingresos que parece el cuento de la lechera: venta de inmuebles (742 millones en Madrid) y empresas públicas. Y Madrid se apunta al euro por receta de Cataluña (¿inconstitucional?), para ingresar 83 millones: es revelador que el Gobierno conservador madrileño quiera hacer pagar 72 € a los pensionistas y rechace cobrar el impuesto sobre el patrimonio a los que tienen más de 700.000 € (ingresaría 310 millones anuales).

Como los ingresos no llegan (la recesión hunde también su recaudación), las autonomías optan por una tercera vía: retrasar pagos. A 31 de diciembre de 2011 se pudo el contador a cero, con el primer rescate del Gobierno para que pagaran facturas atrasadas (pagaron 17.718 millones). Pero a finales de septiembre ya habían acumulado nuevas facturas por 10.000 millones, la mitad de autónomos y la otra mitad de laboratorios (2.300) y suministradores sanitarios (2.750 millones). Y ahí no se incluyen las deudas a las farmacias (sólo Valencia debe 450 millones), a colegios y hospitales concertados, a residencias y entidades sociales.

Parte de estas deudas deben cubrirse con el segundo rescate del Gobierno, el Fondo de liquidez de 18.000 millones que empezó a llegarles en octubre. Lo han solicitado 9 autonomías: Cataluña (5.433 millones), Comunidad Valenciana (3.500), Andalucía (4.906), Castilla la Mancha (848), Murcia (641), Canarias (757), Asturias (261,7), Baleares (355) y Cantabria (137), cuyas peticiones suman el 93,5% del Fondo. Pero el ministro Montoro se lo está dando con cuentagotas (del 37 al 70%), como hace Merkel con Grecia: quiere asegurarse que hacen los recortes comprometidos antes de soltarles todo el dinero.

El problema de fondo es que el sistema de financiación de las autonomías hace agua por todas partes. Y por eso, necesitarán otro rescate en 2013, con una prórroga del Fondo de liquidez, como ha prometido el Gobierno. Al margen de despilfarros (que los hay), la cuestión clave es que las cuentas de las autonomías no salen: un 80% del gasto es difícil de recortar (sanidad, educación y servicios sociales) y les cae la recaudación y no les llega con los ingresos que les transfiere el Estado central. O se les quitan competencias (difícil a estas alturas) o se les da más recursos, reduciendo los del Presupuesto estatal. Hay que sentarse, repartir competencias, evitar duplicidades y buscar ingresos suficientes. Pero esa reforma se ha dejado sine die,para cuando salgamos de la crisis”.

En consecuencia, con las exigencias de Bruselas, las autonomías están abocadas a los recortes y a los impagos, en perjuicio de los ciudadanos, ya que ellas son las que prestan el 93% de la sanidad, educación y servicios sociales, que no dejan de deteriorarse. Basten dos datos: las listas de espera para operarse han pasado de 32 a 72 días en año y medio. Y hay 3,3 millones de españoles necesitados que acuden a Cáritas y a la Cruz Roja porque no les atienden en los servicios sociales públicos. Además, estos recortes agravan más la recesión y el paro y, encima, no sirven para recortar suficiente el déficit, como acaba de decirnos Bruselas.

En definitiva, nos esperan en 2013 más recortes autonómicos y más subidas de impuestos que agravarán la crisis y perjudicarán la vida de la mayoría de españoles. Hay que buscar otro camino, suavizar los recortes de las autonomías y buscarles vías de financiación que no hundan del todo el Estado del Bienestar. Ahora, no cuando salgamos de la crisis: sería tarde.

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